La producción del conocimiento antropológico en la Argentina durante las últimas décadas del siglo XX. Algunos ejes para el debate

Presentación

En los meses que siguieron a la última recuperación de la democracia en la Argentina, las autoridades normalizadoras del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) dieron inicio a un proceso de reestructuración de ese organismo en diferentes niveles.[1] Dicho proceso incluyó la puesta en marcha de diversas medidas administrativas –y posteriormente judiciales– para dar cauce a una serie de denuncias que se habían recibido y que cuestionaban el funcionamiento institucional y el manejo presupuestario del Consejo durante el período de la dictadura militar.

En ese contexto, se realizaron auditorías y se examinó el funcionamiento de algunas unidades de investigación (centros, institutos y programas) pertenecientes al Consejo. Al mismo tiempo, se dispuso la realización de instancias internas de evaluación académica de algunas unidades dependientes del organismo, las cuales fueron encomendadas a comisiones ad hoc confirmadas por especialistas de las distintas disciplinas.

En esta ponencia se presenta y analiza un conjunto de documentos vinculados con esos procesos, entendiendo que no fueron ajenos a las ciencias antropológicas, en tanto involucraron a actores e instituciones de esta disciplina y atravesaron fuertemente sus debates teórico-académicos y político-institucionales durante al menos una década más. Los documentos fueron elaborados entre 1984 y 1989 por diversos actores del campo académico y político-académico, y ponen en evidencia una trama compleja de problemas, debates y discusiones que requieren de una lectura atenta y en clave antropológica, que pueda considerar integralmente distintos niveles de análisis. Si bien pueden resultar algo dispares – algunos son publicaciones institucionales de amplia circulación mientras que otros parecen ser documentos de trabajo, de limitada circulación– mirarlos en conjunto resulta desafiante en tanto nos “hablan” de procesos y debates que continúan funcionando en la construcción de nuestra identidad y nuestra memoria disciplinar.

Los escritos fueron hallados durante el desarrollo de una investigación en curso sobre los procesos de conformación de un campo específico de estudios y práctica profesional en nuestra disciplina en la Argentina: la denominada «antropología de la salud».[2] Mientras buscábamos dar cuenta de debates específicos de ese campo en la Argentina de los años ‘90, nos topamos con estos documentos, que nos condujeron a explorar nuevas líneas de reflexión.

 

Los documentos hallados

Por razones de espacio, en este trabajo nos referiremos sólo a cuatro documentos. No obstante, es preciso señalar que hemos hallado al menos tres escritos más vinculados con el tema, que serán considerados en trabajos posteriores.

Para facilitar su la identificación, se asignó un número a cada uno (ver Tabla 1) que utilizaremos toda vez que debamos nombrarlo. La tabla incluye también información referida a la fecha de publicación y/o elaboración de cada escrito, así como a la cantidad de carillas de cada uno.

Tabla 1: Documentos a analizar en la ponencia

N°	Autor/es	Año	Título	Extensión
1	CONICET	1989	Informe sobre investigaciones de hechos ocurridos en el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). Período 1976-1983.	90 carillas (incluye anexos)
2	Comisión Asesora en Antropología, Historia, Geografía y Urbanismo del CONICET	1985	Centro Argentino de Etnología Americana. Informe de la Comisión Ad-hoc de la Comisión Asesora en Antropología, Historia, Geografía y Urbanismo del CONICET’	11 carillas
3	CAEA	Sin fecha (¿1986?)[3]	Algunas consideraciones sobre el contenido del Expediente 012/86 del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas titulado ‘Centro Argentino de Etnología Americana. Informe de la Comisión Ad-hoc de la Comisión Asesora en Antropología, Historia, Geografía y Urbanismo del CONICET’	71 carillas (incluye anexos)
4	Comité Argentino Contra la Discriminación de Investigadores Científicos	1988	Destrucción de equipos de investigación y persecución de científicos, CONICET 1984-87. TOMO 1: Humanidades	414 carillas (incluye anexos)

 

Como puede observarse, se trata de textos escritos, de extensión muy variable (desde 11 carillas a más de 400), cuyos alcances han sido muy distintos en un caso y el otro.

El orden en que se presentan no obedece a las fechas de publicación y/o de elaboración de los mismos sino que está definido en función del recorrido que fuimos realizado hasta llegar a los mismos y de la argumentación que se desarrolla en esta ponencia.

Documento N° 1

El primer documento se titula “Informe sobre investigaciones de hechos ocurridos en el CONICET. Período 76-83” y se trata de un cuadernillo de 90 carillas en total (aproximadamente 40 de texto y 50 de anexos) publicado por las autoridades del CONICET en mayo de 1989, es decir, unos meses antes de la finalización del gobierno de Raúl Alfonsín como presidente de la Argentina. Junto con otros documentos que datan casi la misma fecha (véase, por ejemplo, CONICET, 1989b, 1989c, 1989d, 1989e, 1989f; SECyT 1989), contribuye a ofrecer un balance de gestión del período en el que el Dr. Carlos Abeledo estuvo al frente del Consejo y el Dr. Manuel Sadosky se desempeñó como Secretario de Ciencia y Técnica de la Nación,[4] mencionando los desafíos afrontados y las líneas de acción que se encararon durante el período.[5]

En particular, en este informe las autoridades denuncian, con un tono de fuerte consternación, presuntas “irregularidades” que tuvieron lugar en el Consejo durante el período dictatorial en lo que respecta a la administración de los recursos provenientes de subsidios de investigación. Según se señala, las mismas consistieron en “una sistemática derivación de recursos del organismo” (Documento 1, p. 5) a manos privadas, mediante operaciones financieras que se realizaban a través de personas jurídicas (fundaciones o asociaciones civiles sin fines de lucro) vinculadas con unidades o centros de investigación.

A lo largo de las páginas se detalla minuciosamente el “andamiaje” a través del cual fue posible el desvío de fondos públicos durante la dictadura, “impidiendo su utilización en beneficio de la investigación científica” (Documento 1, p.9). Se señala que los subsidios del Consejo no se otorgaban directamente a los centros de investigación que de éste dependían sino a personas jurídicas con potestad de administrarlos, que en su mayoría habían sido creadas durante esos años. Dichas personas jurídicas administraban los institutos y programas de investigación, en el marco de “convenio(s) oportunamente suscripto(s) por el CONICET y la correspondiente entidad, creando el instituto o programa. (Documento 1, p. 11). El mecanismo de apropiación de fondos -dice el documento- funcionaba de la siguiente manera: antes de ejecutarlos, las entidades que los administraban, efectuaban colocaciones financieras y se apropiaban de las rentas que ello generaba, haciéndose de un notable incremento patrimonial, fundamentalmente a partir de la adquisición de inmuebles y la compra de otros bienes de uso (mobiliario, equipamiento de computación, insumos, etc.). Como agravante, el documento menciona que las personas que integraban las mencionadas fundaciones y asociaciones eran agentes del propio Consejo.

Frente a estos hechos, que las autoridades normalizadoras califican como “una situación harto grave y compleja que no puede merecer crítica o disenso para ninguna opinión objetiva” (Documento 1, p. 5), se tomaron dos tipos de medidas. En primer lugar, se modificaron las normas de otorgamiento de los subsidios con el propósito de transparentar la administración de los mismos.[6] Y, en segundo lugar, se instruyeron investigaciones sumarias y, cuando fue considerado pertinente, se inició un proceso judicial para esclarecer la situación y tomar medidas frente al accionar fraudulento de algunas de esas asociaciones y fundaciones. El propio Consejo actuó como querellante de ese proceso.

El detalle de los casos que se investigaron se despliega en las sucesivas páginas de este documento, el cual se acompaña además de documentación probatoria de los hechos. Si bien ninguna de las asociaciones y fundaciones cuyos nombres aparecen de manera explícita en este escrito corresponde estrictamente al campo antropológico, el documento resulta fundamental para enmarcar los procedimientos y las disputas que se llevaron a cabo en este período, que constituyen el “mar de fondo” en el que se produjeron las disputas y discusiones que se presentan en los documentos siguientes.

Documento N° 2

El segundo documento consiste en un escrito de 11 carillas en total (8 de texto y 3 de anexos) que se titula “CENTRO ARGENTINO DE ETNOLOGÍA AMERICANA. Informe de la Comisión Ad Hoc de la Comisión Asesora en Antropología, Historia, Geografía y Urbanismo del CONICET”. Formó parte de otra medida llevada adelante por las autoridades normalizadoras del Consejo en su plan de “reestructuración integral” que consistió en la evaluación, en términos académicos, de diversos institutos, programas y centros que habían funcionado durante la dictadura. Esta medida se puso en marcha a partir del mes de mayo de 1984[7] y se implementó con la designación de comisiones ad hoc, a las que se les encomendó la tarea de realizar diagnósticos y elaborar informes para las Comisiones Asesoras por disciplina, dando cuenta de la conformación, el funcionamiento y el desempeño de institutos, centros y programas.

En este informe, efectuado por la Comisión Ad hoc en Antropología, Historia, Geografía y Urbanismo, se revisaba el desempeño y el funcionamiento de un centro de investigaciones antropológicas asociado al CONICET: el Centro Argentino de Etnología Americana (CAEA). Dicho Centro había sido creado en el año 1973 como unidad de ejecutora del CONICET y se integraba por un equipo de investigadores y becarios dirigido por Marcelo Bórmida. Ese equipo se había formado varios años antes en el marco del Instituto de Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y trasladó su lugar de trabajo al CAEA por conflictos de índole política.

El documento está fechado en septiembre de 1985 aunque, por lo que se señala en otros documentos, posiblemente haya sido entregado al Consejo a inicios del año siguiente. Lo suscriben quienes integraron la comisión ad hoc para este caso: tres antropólogos del área sociocultural (Leopoldo Bartolomé, Esther Hermitte y Carlos Herrán), un arqueólogo (Pedro Krapovickas) y un arqueólogo/historiador (Rodolfo Casamiquela).

Si bien el informe parece tener como principal propósito la evaluación de ítems científico-académicos, el documento contiene un primer apartado con observaciones referidas irregularidades en el proceso de creación del centro como sociedad civil sin fines de lucro.

En ese primer apartado, también se efectúan observaciones sobre el financiamiento de sus actividades. Se transcriben a continuación dos extractos que resultan significativos en este sentido, en los que se mira con preocupación el hecho de que el CONICET financiase casi la totalidad del funcionamiento del centro:

 “En la actualidad el CAEA funciona en un departamento situado en Avenida de Mayo 1437, teniendo además otra dependencia (…). El primero de estos inmuebles es –según el Director– propiedad del CAEA, mientras que el segundo es alquilado (…). El equipamiento disponible (máquinas de escribir eléctricas, etc.) ha sido adquirido con subsidios del CONICET, pero son considerados como parte del patrimonio del CAEA. La biblioteca fue iniciada a partir del núcleo representado por la biblioteca personal de Bórmida, a la que se fueron sumando volúmenes adquiridos mediante subsidios, donaciones, y los que se reciben a través del canje (…). Casi todo el personal profesional, técnico y administrativo del CAEA es financiado por el CONICET, el que también cubre los gastos de funcionamiento y mantenimiento (gastos de electricidad, limpieza, etc.). (Documento 2, p. 2).

En el segundo extracto se señala que:

“…el CAEA ha recibido numerosos subsidios de investigación (…). Edita asimismo una revista anual, Scripta Ethnologica, y una serie monográfica denominada Suplementa; ambas subsidiadas totalmente por el CONICET. Estas publicaciones, impresas en papel de alta calidad, carecen de Comité Editorial y de sistema de referato para la selección de contribuciones. En realidad, los autores publicados se circunscriben al ámbito del CAEA y al de sus allegados nacionales y extranjeros. La distribución es sumamente reducida –baste señalar que son muchos los antropólogos y centros universitarios que desconocían su existencia–, y su destino fundamental, parece ser el canje con el extranjero (Documento 2, p. 3-4).

A partir de la cuarta página, el informe de la Comisión se aboca exclusivamente a la evaluación de la producción científica del CAEA, focalizándose sobre todo en la dimensión teórico-metodológica de sus investigaciones. Observa con preocupación que todos sus integrantes “manifiestan una adhesión rígida y acrítica al enfoque antropológico preconizado por Bórmida” (Documento 2, p. 5) en vez de producir nuevas perspectivas, por lo que considera a sus trabajos “de escaso valor científico”.

Respecto del enfoque de Bórmida, los evaluadores se preocupan por aclarar que sus observaciones no tienen como propósito criticar a una determinada corriente teórica sino “mostrar cómo lo que en el fundador pudo haber sido una posición filosófica e intelectual dudosa pero respetable, en sus seguidores se ha convertido en una improductiva parodia de la actividad científica”. (Documento 2, p. 5).

En los párrafos siguientes, buscan sintetizar las principales características del marco teórico-conceptual propiciado por Bórmida. Con un tono pretendidamente neutral, pero que denota un fuerte cuestionamiento, caracterizan como una falencia metodológica el hecho de que este enfoque “propugna la consideración del dato despojado de todo intento de interpretación o de imposición de significados externos al mismo (epogé), y al mito como única vía válida de acceso a la comprensión de una cultura. (Documento 2, p. 5).

Finalmente –y ya sin pretensión de neutralidad– el informe cierra su análisis con una valoración altamente negativa de la producción científica del CAEA en relación con otras formas contemporáneas de hacer antropología:

“En síntesis, la relación entre lo que lleva a cabo el CAEA y la antropología sociocultural contemporánea (en todas sus variantes y escuelas), es similar al que guarda la alquimia con la química científica, salvaguardando el mayor contenido filosófico y metafísico de la alquimia. Lo único rescatable de su producción es la acumulación de datos y de narraciones míticas; lo que evidentemente tiene su utilidad y explica que algunos especialistas extranjeros en folklore, mitos y literatura oral hayan publicado materiales (en bruto) producidos por el CAEA. Sin embargo, la existencia de estos subproductos no alcanza para justificar el apoyo otorgado por el CONICET durante tantos años…” (Documento 2, p. 8).

Concluidas las observaciones sobre el funcionamiento y la producción del centro, el informe culmina con un apartado que se titula “Recomendaciones”. Allí señala que en opinión de los evaluadores, es “altamente negativa la continuidad del apoyo brindado por el CONICET hasta el presente” a este centro, y recomienda a las autoridades del organismo “proceder sin dilaciones a la denuncia del Convenio CONICET-CAEA”. (Documento 2, p. 8).

Documento N° 3

El tercer documento consiste en un descargo efectuado por el CAEA al informe presentado en el apartado anterior. Se titula “Algunas consideraciones sobre el contenido del Expediente 012/86 del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas titulado ‘Centro Argentino de Etnología Americana. Informe de la Comisión Ad-hoc de la Comisión Asesora en Antropología, Historia, Geografía y Urbanismo del CONICET”.  Consiste en un cuadernillo de tamaño “bolsillo” de 71 carillas en total (49 de texto y 22 de anexos) editado de manera rudimentaria. No consigna fecha ni referencias editoriales, pero por sus contenidos se deduce que data de principios de 1986.

A lo largo de sus páginas, el documento busca responder una a una las observaciones efectuadas por la Comisión Ad hoc en su informe, el que considera permeado “por un alto contenido de subjetividad y plagado de errores y afirmaciones intencionadas que en ningún momento aparecen medianamente probadas o justificadas” (Documento 3, p.2). En la mayoría de los puntos, desmiente o relativiza lo informado por la Comisión, y advierte además de “graves omisiones” en el escrito.

Comienza con un fuerte cuestionamiento a los plazos y los procedimientos llevados adelante para la realización del informe. Sobre los plazos, critica la excesiva demora de la Comisión para expedirse, lo que perjudicó el funcionamiento de la unidad ejecutora en tanto se la privó de apoyo económico en ese lapso, frente a lo cual, el CAEA inició un proceso judicial a fin de que se acelerasen los tiempos. Sobre el procedimiento, aporta información –no incluida en el Documento 3– acerca de las acciones realizadas como parte de la evaluación: menciona la cantidad de visitas que recibió el centro, la modalidad en la que fueron entrevistados los investigadores, los temas sobre los que se los interrogó, etc. Señala, asimismo, que una de las investigadoras firmantes del informe nunca visitó el CAEA.

El escrito continúa objetando las aseveraciones de la Comisión acerca del financiamiento de las actividades del organismo, remarcando que ello no se ajustaba a la verdad. En su defensa, argumenta:

“Que los bienes adquiridos con subsidios del CONICET se integren al patrimonio de la institución es simple resultado de la aplicación de la reglamentación vigente en el Consejo hasta su reciente modificación. Además, la Comisión Evaluadora Ad Hoc olvida tener presente que los Estatutos del CAEA establecen que en caso de disolución de la sociedad civil todos los bienes (los adquiridos con subsidios del Consejo y los adquiridos en forma personal por los miembros o integrados por cualquier otro medio a su patrimonio pasarán a ser propiedad del CONICET (Documento 3, p.9)

También cuestiona una y otra vez, a lo largo de sus páginas, lo que considera son apreciaciones de índole ideológica, características de toda la evaluación. En este punto, señala que el informe “es ilustrativo de la animadversión que caracterizó en todo el tiempo que lleva su gestión la actitud de la Comisión Asesora en Antropología e Historia” (Documento 3, p.2) y que la evaluación está plagada de un “manifiesto sectarismo ideológico” (Documento 3, p. 17)

Tal vez, uno de tramos más interesantes del documento sea la respuesta a las observaciones de índole metodológica referidas, en particular aquellas referidas a una presunta adhesión rígida y acrítica al enfoque bormidiano por parte de los miembros del centro. En un tono indudablemente acalorado, los miembros del CAEA responden diciendo que ese señalamiento “es un latiguillo que la Comisión Asesora en Antropología e Historia viene reiterando rígida y acríticamente en repetidas ocasiones” (Documento 3, p. 18). Se refieren aquí a evaluaciones de informes de investigadores, como podrá verse en el próximo documento. Luego, continúan:

“En lugar de realizar una verdadera labor crítica, con el aparato erudito correspondiente y la exposición de argumentos y razonamientos que justifiquen sus asertos, la Comisión Evaluadora ad hoc elige la forma arbitraria y autoritaria de su mera opinión como único criterio de verdad. La sola lectura de la variada producción del CAEA bastaría para refutar la afirmación” (Documento 3, p. 18)

Finalmente, en el descargo destinan varias páginas a cuestionar y a discutir la interpretación que la Comisión efectuó sobre la perspectiva bormidiana. Al respecto, finaliza diciendo:

“Ha quedado suficientemente claro que Comisión Evaluadora ad hoc no ha cumplido con su cometido de evaluar la producción científica del CAEA. Su análisis se ha centrado en la figura de Marcelo Bórmida, oscureciendo su obra etnológica con falsas afirmaciones cargadas de contenido ideológico y vacías de rigor científico y académico” (Documento 3, p. 32)

Documento N°4

El último documento que se analiza en esta ponencia se titula “Destrucción de equipos de investigación y persecución de científicos, CONICET 1984-87. TOMO 1: Humanidades”. Fue publicado en 1988, es decir, aún durante la gestión de Carlos Abeledo frente al Consejo, pero habiendo transcurrido más de cuatro años de la misma. Presenta la postura de un conjunto de investigadores que se opusieron fervientemente a las medidas descriptas a partir de los Documentos N° 1 y N° 2 entre los que, se presume, se ubican también los integrantes del CAEA.

El documento consiste en un escrito de 414 páginas (aproximadamente 360 de texto y 50 de anexos), encuadernado en formato de libro de tapa blanda, elaborado por un grupo de investigadores autodenominado “Comité argentino contra la discriminación de investigadores científicos”, cuyos nombres no están consignados en el mismo. En tanto no contiene referencias editoriales, puede suponerse que se trata de una edición casera, aunque de una notoria calidad. Aparentemente tendría un segundo tomo, que hasta el momento no he podido ubicar. No fue posible, por otra parte, esclarecer cuáles fueron sus canales de circulación, aunque según se menciona en el Documento N° 1, fue distribuido a los medios periodísticos y entre distintas personalidades de la ciencia y la cultura.

El libro es, en sí mismo, un hallazgo, que merecería un análisis extenso y detallado. Aquí sólo nos referiremos a los puntos más sobresalientes.

A lo largo de sus páginas se desarrolla la postura de un conjunto de investigadores del CONICET que consideran haber sido objeto de persecución política y discriminación ideológica como parte de un plan deliberado “desmantelamiento” de la estructura del Consejo que había funcionado hasta entonces.

Llama la atención que siendo una publicación de más de 400 páginas en las que se mencionan casos específicos y se incorpora documentación anexa referida a centros y a evaluaciones específicas, no sea posible identificar a las personas que suscriben este informe, más allá de lo que pueda deducirse de sus contenidos. Al respecto, es interesante mencionar que el primer documento que presentamos hace referencia a este libro, calificándolo como un “libelo” en tanto resultaba “una publicación agraviante y plagada de falsedades, lanzada irresponsablemente desde la cobarde protección del anonimato (Documento 1, p. 6) siendo que sus autores “se han mantenido en las sombras” (Documento 1, p.38).

El libro se inicia con una introducción de 12 carillas (páginas 5 a 16) que cuenta con una versión en castellano y otra en inglés, titulada “Estrategias para la destrucción”. La misma, comienza refiriéndose a “las penosas alternativas que viene sufriendo la comunidad científica argentina dependiente del CONICET en el área de las Humanidades” (Documento 4, p. 2). En las páginas que siguen se despliegan innumerables planteos plagados de calificativos valorativos orientados a dar sustento al objetivo central del escrito, que es la denuncia a la gestión del Consejo por “persecución política” y la acusación de que en el CONICET del retorno de la democracia “se llevó a cabo una política de tierra arrasada” (Documento 4, p. 8)

A fin de que pueda dimensionarse el tipo de argumentos que se desarrollan en el escrito, nos permitimos citar textualmente algunos extractos, a riesgo de que resulten algo extensos. En sus primeras páginas, el documento señala:

“En un informe elevado por Carlos Abeledo, Director del CONICET (…) quedó trazado en líneas indelebles el plan de acción a llevar contra el sistema de Institutos y Programas (…) Su parte más sustantiva se extendía en consideraciones sobre la ‘estrategia’ a seguir para liquidar a lo que denominaba ‘una elite decididamente antidemocrática, la cual, traducida en el lenguaje vergonzante de Abeledo y sus colaboradores, engloba a todos los científicos refractarios a admitir los postulados del marxismo gramsciano y de las demás subespecies ideológicas sedicentemente ‘progresistas’ que controlan hoy el CNICET” (Documento 4, p. 2)

Más adelante dice:

“Para llevar a término su proyecto de desmantelamiento y liquidación de Institutos y Programas de Investigación, y eliminación de investigadores calificados como enemigos ideológicos, el doctor Abeledo y sus colaboradores aplicaron, sucesiva o simultáneamente, los procedimientos que se enumeran a continuación: 1) se los acusó de desviación y malversación de fondos públicos (…); 2) se les retaceó o negó, según la conveniencia, respaldo económico (…); 3) se pretendió ejercer censura previa a éstas [se refiere a sus publicaciones], violando lo establecido en el Reglamento correspondiente; 4) se las presionó exigiéndoles contra derecho, en el caso de las asociaciones civiles, la devolución de bienes adquiridos con subsidios; 5) se rechazaron la inmensa mayoría de los informes científicos de becarios e investigadores en términos vejatorios e infundados; 6) se les negaron a sus becarios promociones de categoría e ingresos a Carrera plenamente justificados; 7) finalmente, después de evaluaciones maliciosas se disolvieron, manu militari, sus grupos de investigación constituidos a lo largo de muchos años de esfuerzos. (Documento 4, p. 6-7)

Por último, bajo el subtítulo ¿Qué pasó en diciembre de 1983?, el texto señala:

“De pronto, a partir de diciembre de 1983, un pequeño grupo colateral al partido gobernante –el Centro de Participación Política– tomó por asalto el CONICET (…) Para poder llevar adelante su plan de impunidad, lo primero que hicieron las nuevas autoridades fue dejar cesantes a los miembros de las Comisiones Asesoras (…), todos ellos figuras relevantes de la Ciencia Argentina, que fueron sustituidos, en general, por personas con escasos antecedentes en la investigación o sin ellos, o bien por gente bisoña que tan solo por su corta edad jamás podría haber reemplazado a una generación de maestros ” (Documento 4, p. 8)

A la Introducción la siguen cuatro capítulos con títulos igualmente sugerentes, en los que se profundiza en los procesos ya mencionados. El Capítulo 1 (páginas 27 a 40) se titula “Destrucción de Asociaciones Civiles”; el Capítulo 2 (páginas 41 a 146), “Hostigamiento y dispersión de diez institutos y programas”; el Capítulo 3 (páginas 147 a 262), “Las evaluaciones de las Comisiones Asesoras: sectarismo, arbitrariedad, capricho, mala fé”; y el Capítulo 4 (páginas 263 a 360), “Repercusiones en la prensa”). Finalmente, el informe termina con un “Apéndice Documental”, que incluye un poco más de 50 páginas que contienen en total diez anexos a los que se hace referencia en los capítulos.

Vamos a detenernos brevemente en algunos puntos del segundo y del tercer capítulo porque tienen relación con los otros documentos analizados en esta ponencia.

En el capítulo 2 se cuestiona la política de fortalecimiento de la articulación entre el CONICET y las universidades nacionales llevada adelante por la gestión normalizadora del Consejo. Esta política, como ha sido explicitado en diversas oportunidades (entre otros, Abeledo, 2009; Hurtado de Mendoza, 2009; CONICET, 2006), tenía como función el fortalecimiento de la función “promotora” de la ciencia por sobre la función “ejecutora”, y estaba en consonancia con la definición fundacional del consejo. [8]

Para los autores de este documento dicha política se interpretaba como un atropello contra los institutos, que “han sido excluidos arbitrariamente del CONICET, sus miembros (…) dispersados a otros lugares de trabajo (algunos de los cuales debieron renunciar o quedar cesantes por no satisfacerle al CONICET sus propuestas alternativas (…)” (Documento 4, p. 43). De ese modo,

“Podría decirse sin exageración que mientras un obrero industrial está asistido por una cantidad de derechos laborales que impiden a la parte patronal tratarlo discrecionalmente, en el CONICET actual, los investigadores y técnicos han sido sometidos a una flagrante arbitrariedad, sus autores gozando de la mayor impunidad. Por ahora.” (Documento 4, p. 43)

Uno de los 10 institutos que los autores del informe consideraron víctima de esta política fue el CAEA. Entre las páginas 44 y 54 se despliega información referida al cado, de la que reproducimos el siguiente fragmento:

“A partir de mayo de 1984, al darse comienzo a un proceso irregular y errático de evaluaciones académicas de institutos, centros y programas del CONICET, el CAEA fue uno de los primeros en ser examinado (…) De inmediato pudo percibirse una sensible restricción en el apoyo del Consejo a las actividades del Centro con el pretexto de que en el interín se estaba haciendo la referida evaluación (…) A pesar de que el Convenio oportunamente firmado con el CONICET no había sido rescindido, el CAEA dejó de percibir abruptamente fondos durante 1984 y desde entonces los candidatos a becarios de iniciación (…) fueron rechazados a priori en su totalidad.” (Documento 4, p. 51-52)

En el tercer capítulo se cuestiona el accionar de las Comisiones Asesoras disciplinares del área de las Humanidades[9] por considerar que las evaluaciones de informes y de miembros de carrera de investigador realizadas en los años 1984 y 1985 resultan arbitrarias y perjudican laboralmente a los investigadores. En particular, se señala que la Comisión Asesora de Historia y Antropología es una de las que ofrece “los despachos más arbitrarios, más extensamente infundados y con mayor carga de agresividad y tinte de subjetividad” (Documento 4, p. 148), lo que atribuyen al hecho de que sus miembros cuentan con escasos antecedentes académicos y una “decidida inclinación totalitaria”.

El capítulo incluye más de 110 páginas de anexos con extractos de evaluaciones de las Comisiones Asesoras disciplinares, junto con las respuestas que algunos investigadores fueron presentando como recursos de reconsideración. Varios de estos anexos corresponden a evaluaciones realizadas a informes de investigadores pertenecientes al CAEA. El análisis en profundidad de dichos anexos será retomado en futuras presentaciones.  

Pistas para un posible análisis

Mirar en conjunto los cuatro documentos nos permite poner sobre la mesa una trama compleja de problemas, debates y discusiones que no son autoevidentes y para las cuales es preciso excavar mucho más allá de la superficie si buscamos comprender su complejidad. Son infinitos los interrogantes que se abren cuando nos encontramos cara a cara con eventos o episodios como los que aquí se describieron. ¿Qué hilos conductores es preciso trazar para hilvanar información a simple vista tan similar, pero al mismo tiempo tan heterogénea? ¿Qué historias previas -y posteriores- debiéramos conocer para lograr una comprensión de esos procesos? ¿Cómo analizar la densidad de esos “episodios” sin quedar atrapadxs en aquello que éstos dicen de manera explícita? ¿Qué dimensiones de análisis debieran considerarse para una comprensión “antropológica” de los mismos?

A continuación, esbozaremos dos ejes de reflexión, aún preliminares, con el propósito de contribuir a la comprensión de los procesos aquí descriptos en términos de lo que H. Crespo (1999) llama una “historia-problema”. Intentaremos distanciarnos de lo meramente anecdótico para proponer reflexiones que nos permitan desenmarañar aspectos significativos de la conformación de algunas disciplinas sociales en la Argentina, en particular la antropología.

En primer lugar, queremos señalar la importancia de poner el foco en el modo en que los acontecimientos histórico-políticos, los vaivenes institucionales y los procesos “internos” de producción del conocimiento se encuentran imbricados en el desarrollo de la antropología argentina, y no solo en los procesos. Con ello nos referimos a lo siguiente. Una primera lectura de los documentos nos llevaría a interpretarlos casi exclusivamente en clave de disputas político-ideológicas, otorgándole un lugar central a los cambios que atravesaba la Argentina con el retorno de la democracia, las repercusiones que esto tuvo en las políticas de ciencia y la tecnología, y en particular la incidencia de ello en las dinámicas de funcionamiento internas del CONICET. Sin dudas, ésta es una dimensión central y constitutiva de los procesos que se describen en los documentos. No obstante, a nuestro entender el análisis sería incompleto si sólo consideráramos ese aspecto. Tanto por los argumentos esgrimidos en cada documento como por el “tono” en que fueron planteados, parece necesario preguntarse por otras dimensiones que nos permitan situar y comprender esos enfrentamientos no sólo en el contexto histórico-político en que se produjeron sino considerando también las continuidades y/o rupturas que puede haber habido con debates teórico-conceptuales precedentes dentro de la propia disciplina. Ello no es fácil de evidenciar si se analiza cada documento en forma aislada, pero a medida que se recorren y se analizan conjuntamente los cuatro escritos, las dimensiones de los procesos históricos y de los debates teórico-disciplinares comienzan a yuxtaponerse.

Esta yuxtaposición, por otra parte, no es privativa de los procesos que tuvieron lugar en la antropología del período analizado sino que continuaron –y de manera aún más compleja– en etapas posteriores. Como señalamos al inicio de esta presentación, nos topamos con estos documentos buscando respuestas para entender otro “episodio” de características similares, que tuvo lugar en el CONICET en los primeros años del menemismo y que analizamos en otra oportunidad (Name, 2011). Allí también aparecían enmarañadas y yuxtapuestas las dimensiones político-ideológicas y las teórico-conceptuales. Y no sólo en lo concerniente a los debates generales de la disciplina sino a propósito de la definición de conceptos propios y específicos de una especialidad disciplinar (en mi caso, el campo de la antropología médica).

En segundo lugar, me interesa señalar que los documentos aquí analizados permiten reflexionar sobre el modo en que ciertos espacios institucionales –en este caso, el CONICET– pueden funcionar, en ocasiones, como ámbitos de disputa en los que se dirimen conflictos “internos” de una disciplina. Esto es, como una instancia en la que se dirimieron no sólo disputas político/ideológicas sino también discusiones internas de la disciplina. Qué es “antropología” y qué no, qué método es antropológico y cuál no lo es, etc., no son cuestiones que resultan únicamente de consensos y del trabajo acumulado de investigación científica, sino que también es preciso incorporar la dimensión de la disputa y el modo en que éstas se dirimen.

A modo de cierre

Cuando investigamos sobre procesos vinculados con la historia de la propia disciplina, es frecuente toparse con “eventos” o “episodios” que se tornan significativos para nuestro análisis, no sólo por su carácter de hallazgos sino también porque pueden funcionar como analizadores de tramas complejas, a veces difíciles de abordar. En cierto modo, se puede decir que algunos de eventos no sólo funcionan como clarificadores de nuestros interrogantes sino que funcionan también como hitos en tanto nos abren nuevas líneas de indagación.  

Se ha señalado una y otra vez que los procesos de transformación académica y los debates al interior de un campo disciplinar van de la mano de los procesos histórico-políticos e institucionales.^[10] Varios autores han planteado la importancia de estudiar, al mismo tiempo, los factores “internos” y “externos” a la hora de analizar estos procesos. Pero, tal vez, lo que no se ha dicho o no se ha profundizado aún es que lo interno y lo externo forman parte del mismo proceso de configuración de nuestra identidad disciplinar.

En ese sentido, cuando hablamos de “antropologías argentinas” resaltando su carácter plural, debemos dar cuenta no solamente de las especificidades locales (regionales o institucionales) que fueron configurando la disciplina sino también de sus procesos internos, de sus heterogeneidades y de sus debates y disputas para imponerse en la agenda de la disciplina y de las instituciones.

 

Bibliografía

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Bibliografía de la ponencia