Conflictos en torno a los corredores bioculturales en sistemas altamente antropizados

Los corredores biológicos y los corredores bioculturales[1]

En cuanto a la cuestión de la conservación del ambiente, de la fauna y de la vegetación en ambientes sumamente antropizados, podemos decir que la mayoría de los trabajos intelectuales y de los esfuerzos colectivos referidos al tema, se han abocado por trabajar con la noción de Corredores Ecológicos o biocorredores, dejando en un segundo plano cuestiones de índole culturales o de relaciones sociales. En esta línea encontramos como referencia al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible[2], en donde se argumenta que las limitaciones de tamaño de las áreas protegidas, sumado a la expansión agropecuaria y urbana, interrumpen el necesario intercambio genético de las poblaciones silvestres. A partir de esta situación se crearon los Corredores Ecológicos, que son extensas porciones de territorio en donde se busca garantizar la conexión biológica de las distintas áreas protegidas que se engloban mediante un manejo integrado y un uso sostenible de los recursos. La Administración de Parques Nacionales trabaja en conjunto con naciones fronterizas, provincias, comunidades locales, ONGs ambientalistas y productores en la implementación de este tipo de iniciativas. Ejemplo de esto son el Corredor Verde Misionero, el del Alto Bermejo, el Andino Norpatagónico y los del Gran Chaco Argentino.[3]

Desde nuestro equipo de trabajo se venía trabajando en este sentido, con una noción de corredor biológico como espacio geográfico que proporciona conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitat, naturales o modificados, que fueron desconectados debido a las diversas actividades humanas, asegurando el mantenimiento de la diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos. Siendo estas las ideas predominantes, existen por otro lado, otras propuestas que intentan incorporar un mayor número de dimensiones al análisis de la situación y a las propuestas de manejo de las mismas. En este sentido desde el “Proyecto de Ley de Corredores Bioculturales en la Provincia de Buenos Aires” manejan la noción de que los ecosistemas deben mantenerse relacionados para permitir la continuidad de los procesos ecológicos, pero, agregan, un corredor biocultural también involucra los conocimientos, las prácticas y las expresiones culturales del territorio. Se destaca la importancia de la conservación de la diversidad biológica y se incorporan cuestiones sociales e identitarias, destacando la importancia de que estos espacios puedan relacionarse con la producción o la generación de ingresos económicos. Otro ejemplo en este sentido se da en la  región chaqueña Argentina, donde la Fundación Pro-Yungas[4], establece que el objetivo no debería ser evitar la transformación de los bosques, sino asegurar que exista un balance entre producción y conservación. Su director Alejandro Brown decía que más del 90 % de la tierra donde desarrollan sus actividades son de propiedad privada o de comunidades indígenas, por lo cual si no se incluyen a los productores y a las comunidades en la protección del ambiente, no habrá futuro.

Volviendo ahora a las cuestiones más técnicas o teóricas, Biasatti y Rimoldi (2022) plantean que, modificados sustancialmente los componentes del paisaje, emerge la paradoja de que, en el territorio, la mecánica más efectiva identificada para rescatar espacios de conservación, consiste en desarrollar estrategias para fragmentar la matriz antropizada, mediante la implementación de parches y corredores biológicos para interrumpir la homogeneidad de la matriz del agroecosistema. A esto lo denominan fragmentación inversa, la cual comprendería un área alternativa para la conservación de biodiversidad en un escenario económico- productivo y socio-ambiental complejo, cuya fisonomía de paisaje dominante (matriz) es netamente antrópica.

Relaciones sociales y conflictos (ambientales)

En la dinámica del conflicto se modifican representaciones de los bienes comunes y del territorio y, a la vez, se crean actores sociales. En materia de representaciones hay una puja de racionalidades: el saber cotidiano queda deslegitimado ante el saber técnico profesional. Frente al discurso técnico burocrático que aprueba la permanencia o la instalación de una obra argumentando que no contamina y que generará empleo, surge un discurso de confrontación por parte de las organizaciones demandantes que se van apropiando de saberes técnicos. La apropiación de un lenguaje técnico que se produce en el proceso de confrontación está dada por un conjunto de conceptos técnico-científicos que se reproducen en la necesidad de explicar los daños ambientales y a la salud, como también en la necesidad de instalar la problemática en la agenda pública buscando el diálogo o la confrontación con gobiernos. Resulta necesaria la apropiación de saber experto académico para validar el proceso de confrontación. (Suárez, F. y Ruggerio, 2012)

Así dentro del campo de los estudios de la movilización social hay un tipo de efectos que a los cuales hay que prestar especial importancia, que Itatí Moreno (2022) denomina: incidencia política, y refiere a aquellos efectos estatales (“buscados y no buscados”) generados por actores que activamente intentan influenciar el rumbo de determinadas políticas públicas. Esta definición permite identificar efectos estatales de la acción colectiva más allá del análisis de la mera consecución total, inmediata, se si se tuvo “éxito o no”. Hay ocasiones donde los actores que demandan inciden en las políticas públicas generando respuestas que no habían previsto o que, incluso, son contrarias a lo que pretendían. Los cambios en programas o políticas vigentes se pueden observar en modificaciones en el diseño, la implementación, el monitoreo o la evaluación de los programas; la utilización de nuevos instrumentos de política pública en el área en cuestión; modificaciones en torno a los actores u organismos encargados de implementar o monitorear la política pública; cambios normativos; sentencias judiciales que exijan una mayor implementación de las normas ya existentes. En el caso de los conflictos ambientales es esperable que se desarrolle algún tipo de efecto estatal en materia de políticas públicas, ya que los actores involucrados están bregando constantemente por incidir en la esfera estatal con el fin de romper con el status quo o mantenerlo en cuestiones vinculadas al control del territorio.

Hay que decir en este punto que hasta la década de 1990 en Argentina, era las ONG las protagonistas en el ejercicio de la demanda por temas ambientales, allí residía el saber técnico y la capacidad de movilizar. Luego, con la crisis de 2001, se forjaron nuevas formas de demanda social y pasaron a tener protagonismo los grupos de autoconvocados, organizaciones flexibles movilizadas ante un evento o un hecho puntual. Hoy en día hay también una búsqueda de respuestas en ámbitos universitarios, al tiempo que las universidades también están más territorializadas. Asimismo, los grupos de autoconvocados tienden a desconfiar de las ONG, dado que vinculan a gran parte de ellas con el poder político y económico. Con este contexto es que Maristella Svampa (según Suarez y Ruggerio; 2012) señala seis características comunes de los movimientos socioambientales de América Latina que se reproducen en la Argentina: 1. La territorialidad, como forma de potenciación de un lenguaje de valoración divergente enfrentado a la lógica económica extractiva. 2. La acción directa, que implica el uso de medidas de presión directa combinadas con demandas legales e incluso la utilización de mecanismos constitucionales (plebiscitos). 3. La democracia asamblearia, que implica la formación de espacios políticos horizontales encargados de proponer un saber contra experto. 4. La demanda de autonomía, que se observa en la formación de organizaciones autoconvocadas sin lazos explícitos con el sistema político. 5. El carácter intersectorial de su composición, que incluye diferentes clases sociales, grupos profesionales, diversidad de filiaciones culturales y étnicas. 6. La multiescalaridad, pues en los conflictos frecuentemente se genera un cruce de actores que operan en diferentes escalas territoriales y jurisdicciones.

Dado que por regla general los conflictos ambientales surgen cuando existe un impacto negativo humano, consciente o inconsciente, en los recursos naturales o cuando algún aspecto ambiental o de biodiversidad, generalmente son aquellos que afecta inmediatamente (o se supone que lo harán) el bienestar humano los que logran mayor trascendencia. Así, en los conflictos entre los humanos y el ambiente, los individuos o poblaciones, el gobierno o las organizaciones ambientalistas, tienen valores diferentes en relación con el ambiente y los recursos naturales, por lo que las consecuencias dependen de la valoración que cada comunidad les da. (García Jiménez et al., 2019). En tanto Franco Lucero (2015) entiende que la conflictividad ambiental se origina cuando un grupo social siente bajo amenaza el uso, la apropiación o el significado que da al territorio a causa de los impactos generados por las prácticas de otro grupo. Pero la mera presencia de una problemática ambiental no implica per se la concurrencia de un conflicto. De este modo, mientras las problemáticas ambientales se definen como aquellas situaciones de alerta frente a algún escenario de desequilibrio, deterioro o uso contradictorio del ambiente, los conflictos ambientales emergen cuando en dicha situación dos o más partes entran en confrontación producto del desacuerdo de la acción de una de ellas. Para el autor la conflictividad es el estado permanente de enfrentamientos entre las fuerzas políticas que procuran crear, conquistar y controlar sus territorios. Mientras el conflicto puede ser resuelto, reprimido o solucionado, la conflictividad no puede serlo. El conflicto es una circunstancia y un componente de la conflictividad.

Resumiendo la cuestión teórica tenemos que decir que si consideramos a la conflictividad social como un punto indispensable a tener presente cuando abordamos la temática ambiental, será indispensable entonces que dejemos de lado la mira solamente biológica de los corredores naturales e incorporemos aspectos socioculturales los cuales nos permitirán a su vez, poder generar mejores condiciones para la biodiversidad.

La delimitación territorial y “los problemas metodológicos” de la contaminación

Como decíamos, para esta “macro” zona de estudio nos encontramos tanto con problemáticas como con algunos conflictos ambientales. Y los orígenes de estos pueden ser diversos ya sea si hacemos referencia al por qué se inicia una situación conflictual, o al donde es que lo hace, ya que muchas veces es difícil poder delimitar territorialmente el área a abarcar para analizar dicha situación de este tipo. Para que quede más claro, un hecho que se origina en una zona puede repercutir en otra, sobre todo cuando tenemos en presente que las fronteras o limites naturales son distintos a los políticos u organizacionales. Tomemos por ejemplo la división política de las provincias de Santa Fe y de Entre Ríos por el río Paraná, y como se enfrenten (o acompañan) los incendios forestales intencionales en la zona del delta. O como la contaminación del Río Cuarto (afluente del Río Carcarañá), a través de la contaminación difusa, puede llegar a hasta partes más bajas.

Otro caso con directa relación tiene que ver con el caso de la “Represa Semino”, la cual se construyó en el año 1875, sobre el Rio Carcarañá, para abastecer de energía a las instalaciones del molino harinero que lleva el mismo nombre. Hoy en día se sabe que este tipo de represas en ríos de llanura provocan grandes cambios en la dinámica de los cursos de agua y zonas aledañas, además de afectar la fauna que existe en este hábitat al bloquear, por ejemplo, las rutas de migraciones de peces, al alterar dinámicas de nutrientes, imposibilitar la reproducción de algunas especies, etc. Existen estudios puntuales de como la Represa Semino altero la diversidad de peces presentes en ambos lados de la represa, donde se denota una disminución de individuos aguas arriba, con una notable diferencia del margen que sigue curso para desembocar en el Rio Paraná. En este caso hablamos del Bagre picudo (Parapimelodusvalenciennis), del Dorado (Salminusbrasiliensis), o del Sabalo (Prochiloduslineatus) por solo citar los casos más emblemáticos.

Son de este modo “escenarios de tensión latente” (Suarez y Ruggerio; 2012), que pueden activarse o no, de acuerdo a una sospecha de convivencia entre gobiernos y empresas (como en las minas de Esquel, Chubut, en Argentina), una denuncia (por afecciones a la salud, como en el caso del relleno sanitario de la CEAMSE, en Villa Domínico (municipio de Avellaneda, Buenos Aires), o por contagio de lo producido en otra región, más o menos cercana, como paso con las quemas en las islas frente a Rosario, y la réplica de la lucha ciudadana en Casilda ante la instalación del palacio de Justicia (situación que luego desarrollaremos). Si bien la “modernización” es parte casi inherente al orden urbano, la deficiente planificación de la ciudad, las situaciones de vulnerabilidad social, los casos de corrupción estatal/empresarial, el poco cuidado a “las formas de hacer” de los dirigentes políticos, son antesalas de escenarios conflictivos.

Y este tipo de emprendimientos (un edificio “de justicia” o un tendido eléctrico son muestras diferentes) suelen configurar para la sociedad un juego dialéctico: por un lado, se manifiesta la necesidad del desarrollo de equipamiento productivo y urbano para generar fuentes de trabajo y satisfacer necesidades, por otro, se confronta con los potenciales impactos negativos sobre las condiciones de vida que tales desarrollos traen aparejados durante su construcción y funcionamiento. Se expresa así la disyuntiva entre satisfacción de necesidades y trabajo vs ambiente. (Suárez, F. y Ruggerio, 2012)

La situación particular de la cuenca Saladillo – Carcarañá

Dentro de la zona de estudio, que es la que delimitan en gran medida los márgenes comprendidos entre el arroyo Saladillo y el río Carcarañá, se destaca como principal ciudad la localidad de Casilda, cabecera del departamento Caseros. En esta ciudad se está construyendo (se comenzó durante el 2023 y se terminarían para finales del 2024) los tribunales provinciales de Justicia (en la provincia de Santa Fe dichos tribunales generalmente se ubican en las cabeceras de departamento). Resulta necesario aclarar que este edificio se está construyendo sobre el segundo espacio verde de acceso público que se encuentra en la ciudad, (el primero funciona dentro del predio de la Universidad Nacional de Rosario) el denominado Parque Sarmiento, a escasos metros del Arroyo Candelaria. Este cuerpo de agua se encuentra al sur de la ciudad, circula paralelo a la Ruta Nacional nº33 en sentido oeste-este atravesando toda la ciudad. Además resulta pertinente destacar que existen estudios donde se denota que ambos márgenes de dicho arroyo se consideran zonas de riesgo hídrico. Incluso en el año 2007 se reportaron casos de desbordes del arroyo en las ciudades de Los Molinos, Sanford, Arequito, Chabás y Casilda.

El proyecto para la construcción del mismo se aprobó en el año 2007 por parte del concejo deliberante de la ciudad. Para ser más precisos, lo que aprobaron fue el traspaso de tierras de la Municipalidad al poder Judicial provincial, un hecho que paso desapercibido en su momento, entendemos que en gran medida porque los niveles de conciencia colectiva que se tenían sobre las consecuencias ambientales que podrían llevar dicho emprendimiento eran menores (o diferentes) a los actuales. En su momento contó con el respaldo del entonces intendente (hoy senador provincial) Eduardo Rosconi. Pero dicha noticia, 15 años después, alcanzo otro nivel de notoriedad, en parte por un contexto social y político totalmente diferente, donde ya se habían puesto en debate por ejemplo la necesidad de una Ley de Humedales y donde los santafesinos ya habían sufrido las consecuencias de la sequía, las olas de calor y sobre todo las quemas en las islas del río Paraná. Esta situación no solamente afecta a la comunidad de Casilda, si no que este parque actúa como refugio e incluso sitio de nidificación para distintas especies de aves, como por ejemplo: Hornero (FurnariusRufus), Martin pescador grande (Megaceryletorquata), Alilicucú Común (Megascopscholiba), Garza blanca (Ardea alba), entre tantas otras.

Conocida la noticia de que se abría la licitación para la construcción del Edificio (con un total de 1.300 millones de pesos destinados y un plazo de 730 días para realizarlo) desde el 29 de noviembre de 2002, se comenzaron a realizar pedidos de informes, asambleas en el lugar y se presentaron cuatro amparos judiciales, pero sin respuesta alguna por parte de las autoridades. De esta manera vecinos autoconvocados empiezan a demostrar su descontento y oposición ante lo que consideraron una "tala indiscriminada" de árboles en el Parque. A esto se le sumó un acampe en el lugar, primero dentro del predio y luego, tras una orden judicial que negaba la posibilidad de hacerlo, se trasladaron a uno de los ingresos del predio.  “Tribunales sí, en el parque no” es la consigna del grupo de personas, en su mayoría estudiantes, que no se oponen a la construcción del nuevo edificio pero califican como un "ecocidio". Finalmente el 9 de diciembre de 2022 la policía local con apoyo del Grupo de Operaciones Tácticas que respondían directamente al ejecutivo provincial (gobernador Perotti perteneciente al partido Justicialista) desalojaron por la fuerza con una violencia represiva que no se vivía en la ciudad desde enero del 2002 en ocasión del “Casildazo”, que fue una manifestación de miles de personas con motivo de la crisis socioeconómica que vivía el país. La intención fue deforestar toda la zona donde construir el edificio. Como las movilizaciones, asambleas y el acampe continuaron, unos 15 días después, otro operativo policial volvería a desplegar la fuerza institucional, para que en ese momento ingresaran las maquinarias y operarios para comenzar con las excavaciones destinadas a elaborar los cimientos y el subsuelo del tribunal, con lo que se abalo la construcción ilegal del mismo. Y decimos ilegal porque no fueron presentados los trámites necesarios para cualquier obra que se realiza en el ejido urbano: estudios de impactos ambientales e hídricos, estudios de consumo eléctrico, planos de regularización de obra en el colegio de Arquitectos o de Ingenieros, permisos municipales, inscripción en catastro de la municipalidad. Nada de eso fue entregado antes de comenzada la obra. Incluso al haber existido una denuncia judicial con un recurso de amparo, se debería haber aplazado el inicio de la construcción. El Poder Judicial no respeto ninguna de todas esas instancias.

Lo que demostró, o al menos puso en evidencia este conflicto, es que las relaciones sociales que se tejieron en ese momento modificaron el esquema político y de poder de la ciudad. Por un lado se evidenció un bloque sólido conformado por los partidos políticos tradicionales (Partido Justicialista y Unión Cívica Radical), el sindicato de Municipales, el poder judicial, las fuerzas represivas y los medios de comunicación, junto con entidades intermedias (la mayoría de los clubes, vecinales, ONG como Acadin o la Asociación Diabéticos del Departamento Caseros) que presionadas por el senador departamental jugaron su papel. Ese bloque estaba a favor de la construcción del edificio. Por otro lado, muchos vecinos y vecinas, organizaciones sociales, ambientalistas y académicas, autoconvocados, algunos gremios, se oponían.

Además de estas relaciones expuestas, observamos cómo piensan, se imaginan, construyen su visión de la realidad ciertos espacios actores o conjuntos como pueden ser una parte del Estado (en los 3 poderes que lo representan), la Municipalidad de Casilda, empresarios de la construcción, legisladores y gobernantes locales, hasta una parte de vecinos que entienden al “cemento” como muestra de progreso, recordándonos a los planteos positivistas del siglo XIX. Y otro grupo de vecinos y entidades como ONG ambientalistas, autoconvocados, cátedras universitarias, un partido político local, entre otros, que parten de concepciones que consideran la sustentabilidad ambiental como un pilar para el avance de la ciudad.

Este territorio en disputa demuestra cómo fue pensada, diseñada y levantada esta ciudad, junto con todas sus posteriores reformas y modificaciones. Se aprecian las influencias culturales de las que habla Carlos Velázquez Muñoz (2011: 40): “Es posible captar en cada calle, barrio o plaza, el interés, la necesidad, la imposición, la polémica, que con el paso del tiempo recibe nuevos usos y destinos, en el que se superponen funciones contradictorias o permanecen incólumes al paso del tiempo”. Aquí es donde se puede tensionar estas ideas de ciudades plenamente urbana, aunque suene contradictorio de por sí. Si las principales funciones de estas tienen que ver con alojar a las personas y a gran parte de las actividades cotidianas, ¿por qué no intentar que estas adquieran también un rol de sostenimiento de la biodiversidad? Lo cual también nos llevaría a plantearnos que no solo son las aéreas rurales las responsables de la degradación de la fauna y la flora. Porque aunque no se desarrollen conflictos ambientales (en la zona en cuestión) derivadas del uso de agentes químicos y semillas modificadas genéticamente, está en la conciencia colectiva instalado que es “el campo” el que contamina. Obviamente que este supuesto tiene una base empírica concreta. Como resaltan Rimoldi y otros (2013) los biomas de la pradera pampeana son los que más transformaciones han sufrido a causa de la intervención humana a través del desarrollo de actividades agropecuarias y solo se conservan remanentes naturales en zonas con serios impedimentos para la agricultura. De hecho, la pampa húmeda prácticamente ha desaparecido como un bioma propiamente dicho, a lo cual se le suma el criterio sesgado de la conservación de la biodiversidad y riqueza escénica o paisajística histórica de las sucesivas administraciones de las dependencias oficiales que por años desarrollaron un proceso de afianzamiento para la conservación de los ecosistemas argentinos que poseen “bellezas” paisajísticas o escénicas, y desestimando aquellos que por su “monotonía” no tuvieran nada para conservar como en el caso de la pampa. (Biasatti et al 2017: 16) Así para la zona que nos ocupa, los agroecosistemas han avanzado hasta donde los límites topográficos lo han permitido, en donde la llanura es interrumpida por un relieve más irregular en las cercanías del río Carcarañá lo que impide el acceso con maquinarias.

Conclusiones:

La primera reflexión que podemos hacer para ir finalizando este trabajo es la necesidad de que pensemos a los corredores biológicos junto con su dimensión sociocultural. Y si hacemos esto, tendremos la capacidad de resignificar el diseño, planificación y modificación de esta o cualquier ciudad, para integrarlas dentro de dichos corredores, como aéreas que conserven la biodiversidad además de volverse amigables con el ambiente.

Por otro lado, analizando los porqués del desarrollo de las problemáticas y los conflictos ambientales, entendemos entran en juego una multiplicidad de relaciones que tienen los sujetos, junto con trayectorias colectivas, algunas recientes y otras no tanto. ¿Cuál es la razón por la que tanto la Represa Semino no genera conflictos, más allá del consenso acerca del impacto ictícola producido?

¿Podemos considerar a la producción agrícola como un punto de conflicto o solo de problemática ambiental? Es una discusión importante desde el momento en que la cuestión sobre el impacto de la producción agrícola hegemónica está en la carpeta de gobiernos, universidades, empresas privadas, el periodismo, etc. Estamos ante un reclamo que crece y se reproduce, pero no se han llevado a cabo conflictos propiamente dichos.

Y en este punto dos cuestiones interesantes que se relacionan dialécticamente. Por un lado, tanto en la producción directa sobre la tierra destinada a la agricultura como en el caso de la Represa, entendemos que al ser prácticas que generan trabajo y recursos económicos a la región hacen que no sean cuestionadas en profundidad. Si bien el planteo no es algo novedoso (por ejemplo lo hacen Suarez y Ruggero en el texto ya citado), no hemos encontrado trabajos en esta región en particular que lo aborden (desde esta u otra perspectiva) a diferencia del parque sarmiento.

Y del otro lado, emerge la contradicción entre el campo y la ciudad, en donde por más que prácticamente el 100% de los trabajadores rurales vivan en zonas urbanas, sigue existiendo una diferenciación identitaria muy importante. Que sin embargo no alcanza, al menos por el momento, como para llegar a un punto de inflexión tal en donde el conflicto ambiental sea inevitable.

Por último, si bien estas pueden ser las contradicciones principales, hay otras que deben ser analizadas para poder desarrollar los corredores bioculturales, como son: el Desarrollo urbano y la conservación de espacios verdes; la urbanización irregular y la calidad de vida de los vecinos; la contaminación urbana/industrial y la contaminación rural. Porque hasta que los residentes de las urbes no dimensionen que son parte del problema y sigan descargando la culpa sobre los productores, será muy difícil que se resuelvan estos problemas.

Notas de la ponencia:

[1] Sistema de referencias bibliográficas utilizado: APA

[2] A partir del gobierno del presidente Javier Milei este ministerio paso a ser una secretaría de Deportes, Turismo y Ambiente, dependiente del ministerio del Interior.

[3]https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/conservacion/corredores-ecologicos

[4] Es necesario aclarar que la Fundación Pro-yungas tiene una relación estrecha con el Ingenio Ledesma. Este Ingenio de origen terrateniente, con más de100 años en la región del NOA, se ha caracterizado por la explotación de los pueblos originarios en sus inicios, y por la persecución de los trabajadores durante el S. XX. Además de ser la empresa responsable de la “Noche del Apagón”, donde se reportaron cortes de electricidad programados durante el período del 20 al 27 de julio de 1976, con la intención de secuestrar a trabajadores y representantes de organizaciones sociales.

Bibliografía de la ponencia

- Biasatti, R., Marc, L. Rimoldi, P.  Spiaggi, E. (2017) Los valores ambientales de ecosistemas relictuales en la pampa húmeda: caso de “El Espinillo” y el tramo medio del río Carcarañá en Santa Fe. Centro de Estudios Ambientales (CEAV). Fac. de Cs. Veterinarias. U.N.R.

- Biasatti, N., Rimoldi, P.  (2022) “Paradojas de la conservación de biodiversidad en los agroecosistemas pampeanos: la fragmentación inversa” Estudios en Ciencias Ambientales y Animales, Curitiba, v.3, n.3, jul./sep., 2022

- Rimoldi, P.; Chimento, N.; Noriega, J. (2013) “Riqueza específica y abundancia relativa de la mastofauna nativa en un relicto de Espinal en el sur de la provincia de Santa Fe, Argentina”. En Acta zoológica lilloana 57 (2): 201–211.

-García Jiménez, C., Vargas Rodríguez, Y., Quiroz Caro, B. (2019) “Conflictos ambientales y sus efectos en la calidad de vida en una región occidental de México”. En Economía, sociedad y territorio vol.19 no. 60. May/ago. 2019. Toluca. México. Versión online

- Lucero, F. (2015) “Problemas y conflictos ambientales. Estado de situación de la ciudad de Río Cuarto (Córdoba, Argentina)”. Rev. Universitaria de Geografía vol.24 no.2 Bahía Blanca. Argentina.

-Moreno, I. (2022) “Los efectos no buscados de la movilización social El caso del conflicto ambiental en torno al relleno sanitario de González Catán, La Matanza, Buenos Aires, Argentina (2003-2019)” en Los conflictos ambientales en América Latina III: reflexiones sobre casos de estudio en la Argentina, Brasil, Colombia y México. Ruggerio, C. [et al.] Universidad Nacional Autónoma de México. Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, 2022. Libro digital.

-Suárez, F. y Ruggerio, C.A. (2012) “Conflictos ambientales en argentina-Paradigmas en tensión”. Capítulo de libro en: Preciado Coronado, J. 2012. Anuario de la integración Latinoamericana y Caribeña 2012. REDIALC-Universidad de Guadalajara (editores).

-Velásquez Muñoz, C. (2011) “La protección del medio ambiente urbano en Colombia: análisis del sistema ambiental colombiano a la luz de la acción comunitaria europea” (Tesis doctoral). Salamanca, España.

Fuentes de la ponencia

·       Anillo Biocultural del Gran La Plata y Proyecto de Ley de Corredores Bioculturales en la Provincia de Buenos Aires

·       https://www.casariolab.art/2023/07/13/anillo-biocultural-del-gran-la-plata/

·       https://periodismodeizquierda.com/casilda-un-mes-del-acampe-en-defensa-del-parque/

·       https://ctasantafe.ar/casilda-el-parque-sarmiento-no-se-toca/

·       https://www.elciudadanoweb.com/tras-la-construccion-de-edificio-de-tribunales-vecinos-de-casilda-frenan-nuevos-avances-en-humedal/

·       https://www.miradorprovincial.com/index.php/id_um/358720-casilda-vecinos-autoconvocados-rechazan-la-construccion-del-nuevo-edificio-de-tribunales-en-el-parque-sarmiento-conflicto.html

·       https://www.rosario3.com/informaciongeneral/Escalo-la-tension-en-Casilda-vecinos-defendieron-el-Parque-Sarmiento-ante-un-operativo-policial-20230112-0031.html

·       https://www.lacapital.com.ar/la-region/casilda-vecinos-se-oponen-la-tala-arboles-el-parque-sarmiento-n10035195.html