Intereses, reivindicaciones e idearios: cultura política en la población del Perú contemporáneo

Introducción

La motivación empírica del presente estudio se enmarca en el atraso social que evidencia gran parte de la población peruana, acaecido por la constante alteración del orden político interno. Soy consciente que esta problemática encierra un enorme número de factores o desencadenantes que explayan, en mayor o menor medida, las razones por las que en el Perú persiste una conducta generalizada de limitadas iniciativas políticas que incentiven el desarrollo social partiendo de consensos entre los diferentes grupos o sectores de la población y las instituciones del Estado.

En ese sentido, es nuestro objetivo describir y analizar la realidad que experimenta la población del Perú en el campo de la cultura política. Para ello, abordaremos indicadores clave que nos permitan analizar integralmente a los diferentes grupos de la población peruana entorno a las condiciones económicas, las decisiones políticas y las percepciones culturales que comparten, enfocado en el estudio del aparato civil y estatal en el Perú.

En esta labor se ha recurrido a la estrategia de investigación antropológica que ofrece el materialismo cultural sobre un conjunto de postulados que reflejan la propiedad, ambiental, tecnológica, social-dinámica y estructural de la cultura. Marvin Harris, exponente de esta corriente menciona que:

“El pensamiento del hombre en torno a las instituciones viene determinado por las instituciones que están en torno al hombre. Marx intentó resolver esta cuestión considerando separadamente las diferentes variedades de instituciones. [...] Así vino a distinguir tres segmentos socioculturales principales: 1) la base económica; 2) los dispositivos políticos y legales que en términos modernos llamaríamos estructura social u organización social; 3) la conciencia social o ideología” (Harris, 1997, p. 202).

El materialismo cultural de Harris formula una estrategia investigativa que nos permite interpretar y teorizar de forma más objetiva los resultantes culturales de la operatividad humana en los campos estructurales de la sociedad. Denominamos “estrategia investigativa” dado que marca una directriz de entendimiento al investigador para discernir elementos significativos de la realidad en estudio. De tal modo consideramos que “la concatenación economía - estructura social - ideología es un modelo causal, a la vez diacrónico y sincrónico, que proporciona una base para discernir qué partes del sistema son más o menos influyentes, más o menos persistentes” (Harris, 1997, p. 205). Siguiendo esta premisa, podremos comprender cómo las interacciones humanas comunicativas y (re)productivas (economía) aperturan las facultades individuales y estatales para el ejercicio del poder (política) y establecen la durabilidad de ciertas propiedades informativas e ideológicas (cultura) que a su vez sostienen tal estructura.

Nuestro entendido de cultura política lo precisamos como la manifestación de las estructuras económicas y productivas, normativas y jurídicas, simbólicas e ideológicas, que resultan de los espacios, actos y razonamientos políticos de la vida humana en sociedad e interceden en la misma. Refiere también a las acciones de participación, identificación y subordinación a las formas de partidismo, gobierno y representatividad según los modelos políticos (constitucionales) que han sucedido en el devenir de la historia de los Estados.

En ese sentido, cada escenario político se fundamenta en el éxito de algún discurso o movimiento social, sujetado a información convincente que otorga y difunde el contenido conceptual, práctico e ideológico de los modelos políticos proyectados por un grupo de poder, así como el beneficio social de las mismas. Bajo la implementación de tales políticas se genera el ejercicio del poder y su masificación en las clases populares. Michael Foucault (2019) rebatía acertadamente que “el saber mismo, tal como se presenta, implica ya una conformidad política” (p. 68). Es así como simple información, verídica o no, fomentado por grupos de poder y con potestad política, se materializa en el mundo de la vida (lebenswelt). En tal sentido, es ineludible que el sentido politicus del homo se encuentre supeditado a un poder dirigencial y, por lo tanto, alineado a un discurso de inspiración. Generalmente, las figuras de autoridad familiar, organizacional, comunitario o nacional cuentan con el status para decretar, imponer o deformar verdades y, por ende, puntos de vista que solo serán sostenidas por un público, seguidor o creyente de los ideales planteados.

Por tanto, la información de operatividad política que se impregna en las propiedades culturales no solo se moviliza y modifica en el plano psíquico-mental de cada persona, sino que trasgrede al plano físico-material para imponerse como el determinante de las conductas y relaciones de carácter social que intervienen en las condiciones, decisiones y percepciones comunes. Así supone la génesis de un estilo de vida personal y social normalizado.

Asumimos que la problemática al que nos introducimos manifiesta una severa realidad de desigualdad social que rige en las marcadas deficiencias institucionales de la sociedad civil y el Estado. La realidad es que la población peruana de nuestros días es el resultado de encuentros entre múltiples grupos sociales de la nación, que subyacieron a un estilo de vida mayoritariamente urbano y en muchos casos marginales, aseverado por un modelo de Estado paternalista que fomentó el capitalismo de corte oligárquico, y tuvo que lidiar con las exigencias entorno a la mejora de las condiciones de vida de la población en diversos frentes políticos.

Es así como la desigualdad social como determinante de la cultura política en la población peruana de nuestros días, parte de una principal premisa: en la extensión histórica de luchas y reivindicaciones sociales que cuestionan el modelo político y los canales tradicionales de poder, la población peruana no ha demostrado poder ser responsable de las consecuencias político-sociales entorno a las decisiones tomadas en el plano de las facultades democráticas, civiles y representativas, porque aún se encuentra en proceso la constitución de un sentido civil, así como una identidad con la nación peruana en común, es decir, una actitud de ciudadanía en base a la conciencia social de pertenencia conjunta.

Esta conducta social responde a las teorías formuladas por Habermas y Höffe cuando postulan que los individuos afectados por experiencias de desigualdad y la regulación moral se pronuncian desde una postura de exclusión. Al propugnar las diferencias humanas o culturales como fundamentos de origen, justicia o demandas, la población no solo remarca los elementos que propician la desigualdad, sino también presupone el éxito del discurso discriminatorio. Esta idea da cabida a entender cómo Michael Walzer asimilaba que la desigualdad es una problemática históricamente asociada a la dominación, de modo que el rico puede vivir del pobre al imponerle su pobreza y conseguir su comportamiento sumiso (Cotler y Cuenca, 2014). En otras palabras, la población peruana arrastra una llaga histórica de continuos grupos de poder que ejercieron la dominación a las clases populares (entendiéndose como la mayoría poblacional) a través del trabajo, las oportunidades políticas, el arte y la cultura, siempre sobre condiciones e intereses particulares que lo permitían.

Pero el debate va más allá cuando se enfoca el problema de la desigualdad social como un enfrentamiento de categorías. Charles Tilly argumentó como “gran parte de las desigualdades que parecen resultar de diferencias individuales o grupales de actitud se originan en esta aplicación autoritaria y organizada de dichas interacciones” (Cotler y Cuencia, 2014, p. 40). Es así como el solo enfoque discursivo de las diferencias sociales propias de la naturaleza humana y cultural, son reforzadas y materializadas mediante la aplicación de los criterios discriminatorios que la propia sociedad impone y que en muchos casos funcionan como “ejes morales” de particulares grupos.

De modo tal se hace efectiva la desigualdad social, dado que se sostiene por la conducta civil institucionalizada que tienen lugar dentro de una cultura política precaria. Esta situación puede efectuarse ya que la población peruana toma el carácter de “público objetivo” de diversas doctrinas o posturas discursivas, encarnados en las más volátiles personalidades, que limita, por lo menos en las generaciones vivientes, un sistema político beneficioso para la población en general. En la República del Perú perduran las brechas de distinción regional, étnica, política y socioeconómica, definiendo un clima de disgregación perenne aún en la población, así como un profundo resentimiento de injusticia social.

Este clima de conducta generalizada da cabida a la incursión de ciudadanos oportunistas que encuentran en la política un canal de capitalización en todas sus formas: económica, por sostener un control indiscriminado de las arcas públicas; social, por contar con acceso abierto a contactos y actores claves en el control del poder; políticos, por las potestades y honores dispuestos por el servicio público; y culturales, por tener acceso a información clave o a decisiones de alto impacto social. Estas características calan en el capital simbólico, que muchas veces está marcadamente deformado por la injerencia directa de los individuos, familias o agrupaciones que sostienen el statu quo. Situación que da paso a que, dentro de un sistema burocrático amplio y poco fiscalizado, se afiance las redes de corrupción y se creen organizaciones con fines delincuenciales dentro del mismo aparato estatal.

 

Esta democracia, ¿ya no es democracia?[2]

La República del Perú surge como resultado de los conflictos militares entre las causas realistas (intereses de perpetuación imperialista) e independentistas (intereses liberalistas alineadas a los resentimientos populares) de 1824 y de un imaginario nacional que consolidó (con el aval del agrupado criollo en el Congreso) Simón Bolívar, José Faustino Sánchez Carrión y sucesores republicanos, muchos más militares que civiles; marcando el comienzo de una etapa en el que los grupos de la naciente población peruana, ahora soberanos para ejercer el orden político “por la voluntad general de los pueblos”, pocas veces fomentaron los acuerdos, calando más las diferencias por el origen, la propiedad y el título.  

Tal como ocurre en la actualidad, las clásicas diferencias que la población concibe entorno al poder adquisitivo y el nivel socioeconómico, primaron sobre las diferencias fenotípicas o étnicas, ya que en la sociedad del “antiguo régimen” las facultades político-administrativas también fueron destinados para los nobles indígenas y mestizos. No fue hasta las reformas borbónicas de la segunda mitad del siglo XVIII que las pugnas de poderes se agudizarían, formándose las primeras intenciones de reivindicación contra las tradicionales redes de poder. Las instituciones entorno a las actividades laborales, educativas o políticas y la procedencia, formaron los lazos sociales que cohesionaron - y distinguieron - los grupos que componen la población peruana.

En adelante, la introducción del capitalismo de corte oligárquico, las derrotas militares y civiles, la formación de clases populares en base a trabajadores e ilustrados, la industrialización de los principales sectores económicos, la migración de población altoandina y amazónica a las capitales urbanas mayormente de las regiones costeras, y la reformulación del plan nacional con mayores mecanismos democráticos que nunca terminó por definirse; componen los antecedentes sociales de mayor impacto en el estilo de vida de la población actual. Siempre afianzando las brechas según las circunstancias históricas, que tendieron a distanciar a los “oligarcas” de los “mitimaes”, a los “hispanizados” de los “indigenistas”, a los “criollos” de los “cholos” y hoy distancia a los “burócratas” de los “civiles”, a los “indiferentes” de los “reaccionarios”.

Más de doscientos años después pareciera que la historia es similar porque los grandes patrones de conducta social se siguen imitando: bonanzas económicas que permiten el aprovechamiento circunstancial de los recursos naturales, un modelo de Estado con poderes poco comunicativos e instituciones poco beneficiosas, así como una ideología predominantemente conservadora que prima las decisiones autoritarias, la discriminación, y el clientelismo en la población.

Hoy en día las clases populares de la población en el Perú, miembros declarados que forman parte del Estado peruano, viven en un contexto alejado de los avances tecnológicos y del desarrollo humanístico, que nos coloca en una posición de desventaja en comparación con otros países, no solo del lejano oriente asiático, sino de la propia región hispanoamericana[3].

Ante ello se refleja una disconformidad generalizada del ciudadano peruano por la insuficiencia de su Estado, y en la práctica, por las reprochables conductas individuales con las cuales se consolida el gobierno, la representatividad y la justicia. Lo que deduce una desvinculación práctica entre lo que dicta la normatividad como principio para cada actividad en el Estado: “promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación” (Constitución Política del Perú, art. 44), y lo que cumplen, meramente de forma autómata y somera, los ciudadanos a cargo de su gesta.

 

Condiciones económicas

Observando las condiciones infraestructurales en el Perú de forma macroscópica, se evidencia como hasta el presente el poblamiento marginalizado de las ciudades carece de planificaciones urbanas en las capitales regionales, como de la implementación de medios de transporte y sus respectivas vías. La conectividad de las instituciones estatales en la atención pública mediante plataformas web o mediante el uso de apps para dispositivos digitales se encuentra desfasada. Se observa contaminación ambiental en las áreas urbanas, el poco seguimiento de estándares ambientales en la incineración de residuos, en la producción minera o petrolera, y la poca importancia otorgada a la conservación de las Áreas Naturales Protegidas, escenarios de depredación. Es sabido la reducción de los empleos en que se ve sumido la población económicamente activa, consecuencia de los cambios en las condiciones laborales, pero principalmente determinado por la fuerte reducción de la inversión privada[4] y la inoperancia estatal ante las demandas laborales.

Así ha surgido un modo de empleabilidad independiente, desvinculado de la formación profesional, ambulatoria, temporal y sobretodo informal[5]. Este modelo de empleabilidad ha llegado a impregnarse en las competencias que poseen las autoridades políticas y que la población del país tolera por costumbre. Sobre estas relaciones informales se establecen las instituciones de corrupción que integran a más individuos, acaparando y enquistándose en más instancias de poder, creando estructuras delincuenciales para fortalecer y prevalecer su operatividad.

Sobre el tema, Ganoza y Stiglich (2015) describieron algunas características del escenario económico peruano en la llamada década dorada, analizadas en seis trampas que recrean el “falso milagro de la economía peruana”. En lo que concierne a la conducta económica dan una narración del vano aspiracionismo que el empresariado nacional mantuvo en la última bonanza económica que recibieron los commodities nacionales. Entre 2003 y 2013, explican, el Perú se vio beneficiado por cuatro booms económicos que permitieron impulsar la producción minera y agroindustrial, lo que aumentó las exportaciones y la introducción de nuevos productos nacionales a los mercados extranjeros. Ello fomentó los ingresos fiscales, y con ello el gasto fiscal y la inversión pública. A su vez, los ingresos de diferentes divisas impulsaron el tipo de cambio a la baja y la inversión privada de capitales extranjeros. Esta idea concebida en el empresariado sobre un “tiempo de abundancia”, chocó con la realidad en tendencia: regresar a los niveles normales de crecimiento económico, números que nos sigue catalogando como un país en vías de desarrollo[6]. Asimismo, tampoco contaron con las circunstancias adversas para la economía que suscitarían de forma seguida con el Fenómeno del Niño Costero, la pandemia de coronavirus, la reducción de los precios del petróleo y otros recursos minerales, las guerras internacionales, y la actual recesión económica.  Hoy el Perú se ha conformado en ser una fuente extensa de minerales para China y de productos agropecuarios para la región Latinoamericana, Norteamérica, Europa occidental y Asia del Este[7].

En ese mismo lapso la economía peruana no logró superar la trampa de la baja productividad[8] porque el Estado no ha emprendido mejoras significativas en factores clave de este campo: educación de ahorro e inversión, acceso al financiamiento, eficiencia del mercado laboral, desarrollo tecnológico, innovación y desarrollo de infraestructura. Ante estas condiciones, la población de las clases populares entra en modo “sálvese quien pueda”.

Y en esta competencia altamente desleal, los individuos menos favorecidos que divagan en actividades económicas de escasa remuneración y optan por la informalidad, no gozan de los derechos y garantías que la formalidad establece, marcando una distancia económica visible en la cantidad de bienes y en la calidad de vida que otros grupos sociales poseen. “Las personas que siguen atrapadas en el mundo informal, recurséandose con ocupaciones de muy baja productividad (…) se van sintiendo cada más frustrados conformen ven a los demás mejorar mucho más rápido que ellos” (Ganoza y Stiglich, 2015, p.75). Este sentimiento de insatisfacción se encauza en las decisiones electorales que adopta este amplio sector de las clases populares que dan preferencia a personajes con discursos dirigidos a lidiar con estas “desventajas” económicas.

“El problema de la informalidad se vuelve más grave cuando esta alcanza representación política. La lógica con la que los congresistas que parten esa visión participan en comisiones o promueven leyes es frecuentemente contraria a la formalidad. El populismo del que hacen gala se sustenta, a veces, en una falta de comprensión sobre cómo funcionan las empresas formales y las instituciones públicas, y otras veces, en una visión mercantilista ‘chicha’ que socava la economía nacional y pervierte el rol del Estado” (Torres, 2020, p. 109-110).

En concreto, la condición económica de la mayoría de peruanos se ve menguada por el aprovechamiento circunstancial del Estado sobre los recursos naturales, la escasez de empleos formales y la escasa inversión privada, la alta densidad de trabajadores del sector público, la manchada acreditación internacional del Estado peruano para establecer nuevos lazos comerciales, y la estabilidad de los vínculos con las potencias económicas en el mundo.

 

Decisiones políticas

Si la población peruana ha cimentado este modus vivendi, este conjunto de conductas inapropiadas – antidemocráticas, anticivilizadas o antiéticas - pero normalizadas sobre la base de las condiciones antes mencionadas, es consecuencia de no superar los círculos viciosos que desdeñan la institucionalidad del Estado peruano. Y cuando nos referimos al Estado no solo damos cuenta de las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo, el Congreso o el Poder Judicial, sino de todas las entidades que involucran su funcionamiento y que en la norma busca establecer el bienestar común de todos los ciudadanos en diversos campos de necesidad humana. Actuaciones de instituciones como las Fuerzas Armadas, las Iglesias, la Defensoría del Pueblo, los gobiernos regionales, municipalidades, el BCRP, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, los sindicatos, colegios de profesionales o partidos políticos; se encuentran muy activos en el escenario político actual. Instituciones retratadas en la retribución de sus miembros, personas comunes y corrientes que se rigen por la concatenación de sus virtudes y debilidades, y las decisiones tomadas en el ejercicio del servicio público.

Al respecto, como vengo manifestando en trabajos anteriores (Suing, 2021), la desigualdad social se percibe en el distanciamiento entre la clase política dirigente[9] (en el que se integran generalmente un número grande de ciudadanos “oportunistas politizados” sobre un menor número de ciudadanos “políticos de formación”) y las clases populares de la población civil (ciudadanos no burócratas). Aquí hallamos el impacto social de las acciones y decisiones de aquellos “demócratas precarios” de los que hablara Eduardo Dargent (2019), tanto de líneas doctrinarias de izquierda, derecha o ambivalentes, para quienes “la democracia se mantendrá mientras haya cierta igualdad de condiciones entre los actores políticos o mientras algunas presiones externas restrinjan la posibilidad de gestos autoritarios” (p. 41).

Por su parte Ganoza y Stiglich (2015) distinguen dos tipos de “bandidos” que concentran las facultades políticas por el radio de influencia de sus decisiones. Primero, los bandidos sedentarios, compuestos por personas con una carrera política, muchas veces desconocida, quienes actúan con ciertos límites que evitan que se derriben los lazos partidarios o se desestabilice el sistema. Bandidos (cada vez minoritarios) que lideran las cúpulas de los partidos políticos y cuentan con las potestades para designar o colocar a sus adeptos más cercanos en puestos clave, y con ello velar por la estabilidad de sus corruptos intereses. Por lo tanto, encabezan las redes de clientelismo político del que se benefician[10]. Segundo, los bandidos pasajeros, corruptos más rapaces para vivir y devorar el aparato institucional democrático del Estado, quienes han sido atraídos a la política por el gran crecimiento en los recursos de los gobiernos locales y regionales obtenidos a partir de la mayor recaudación tributaria y las transferencias del canon. Asimismo, se sostienen en la popularidad que han ganado en actividades productivas locales, muchas veces alternas a la formalidad (como la minería artesanal, el cultivo de hoja de coca o el contrabando) representados por dirigentes, profesionales, sindicalistas, o empresarios regionales[11].

La tendencia que se percibe de las actividades políticas más comunes de estos “bandidos” empieza por la apropiación de necesidades públicas que el Estado no ha tomado atención, minimiza o reprime, acercándose a la población que se ve afectada con ello. Liderando las causas más superficiales y poniéndose los objetivos más rudimentarios, el demócrata precario accede al poder político con el apoyo electoral de esta población afectada. Pero una vez tomado el poder, en cualquiera de sus niveles, trata de guardar las apariencias ideológicas que sustentan su puesto hasta que se le presentan las oportunidades para proceder de forma incongruente a sus “iniciales principios” en pro de sus intereses personales, secundarizando las expectativas que sectores de la sociedad le han concedido. Más grave aún es el caso en los que abandonan sus ideas prefabricadas en favor de los privilegios que un círculo autocrático les ofrece, donde probablemente visionen una carrera política. “Los candidatos suelen hacer promesas desmesuradas para ganar una elección, y luego cuando son elegidos y no pueden cumplir con ellas, el electorado los abandona y se inclina por una alternativa que generalmente representa lo contrario al gobierno en ejercicio” (Torres, 2020, p. 91). Como ha sido repitente, esta conducta no supera los dos años de aguante desde el inicio de algún mandato público[12].

De modo que la población forma una conducta de hostigamiento contra las acciones de la política tradicional y lo transmite en su juicio electoral que, en lugar de avocarse por una motivación consciente e informada, se toma como un mecanismo para evitar que un individuo y su círculo político llegue a ocupar los puestos públicos y tomar el poder. Así, el antivoto resulta una facultad democrática que manifiesta la conducta civil de insatisfacción. El debate alternativo está en la cantidad y la calidad de la oferta electoral.

Por tales razones, el discurso neoindigenista, o discurso nativista como recoge Raúl Asensio (2021), triunfa en un espacio de individuos con las sensibilidades trastocadas, en el cual pululan las más efervescentes emociones por las exigencias humanitarias o de repudio a la impartición de la justicia. Sus seguidores, tal como anota el autor, se concentran generalmente en las zonas rurales y en las pequeñas ciudades, y su presencia es menor en grandes capitales o ciudades con una mejor posición internacional para el intercambio de productos, personas e ideas. Sobre los creyentes del discurso nativista añade que:

“Son casi siempre conservadores, y con frecuencia rechazan las agendas de derechos civiles de los grupos minoritarios, pues consideran que ponen en cuestión los valores tradicionales de sus sociedades. En su lugar postulan la necesidad de recuperar y defender las tradiciones y los llamados vínculos fuertes, categoría que según las culturas puede incluir el matrimonio, la religión, la familia, la comunidad, el vínculo humano-naturaleza o la nación entendida en el sentido étnico-cultural [...] Actualizan conflictos con décadas o siglos de antigüedad, lo que acrecienta su contenido emocional y reivindicativo. Otras veces, en cambio, generan nuevos clivajes sociales y redefinen el juego político. También varían sus referentes ideológicos y el tipo de alianzas al que llegan con otras formaciones políticas” (Asensio, 2021, p. 53-54).

El plano político descrito manifiesta un ambiente social cuyos mecanismos de interacción y conducta ciudadana se basan en el oportunismo, la astucia (el peruanismo de la “viveza”) y la corrupción para conseguir los intereses individuales o grupales.  

 

Percepciones culturales

En este mar de serias problemáticas estructurales se ha instalado una capa cognitiva, comprendida como un conjunto de símbolos (imágenes, coloquialismos e íconos) que alterna esta realidad deficiente y deprimente donde, citando a Alex Huerta (2020), como mecanismo de defensa, aprendemos a reírnos de nosotros mismos y de nuestros problemas. No solo eso, aprendemos a mofarnos o caricaturizar las conductas obviamente reprochables, desde el padre que abandonó el hogar, pasando por el alcalde pedante, hasta las absurdas declaraciones a las que nos tienen acostumbrado los congresistas. Más que todo, aprendemos a reírnos de nuestra pobreza (mental), a percibirla como don de humildad o simpleza, o definirlo como “desfavorecimiento, pero felicidad”. En otras ocasiones solemos albergar nuestro débil sentimiento nacionalista en los partidos importantes de la selección de fútbol, en los premios gastronómicos o en el gran turismo por la diversidad biológica y cultural, efímeros en la memoria social porque distraen nuestras responsabilidades -y deudas- civiles a mediano y largo plazo. Ello nos conduce a manifestar un comportamiento individualista que antepone los pensamientos personales y por ende la ética individual, sobrepasando los valores, las normas o los méritos básicos que debería regir en una sociedad “civilizada” con el cual se rige la competencia electoral y las decisiones públicas. La exploración de las raíces de este carácter superestructural nos induce profundizar la discusión sobre la efectividad de nuestro rol ciudadano en la visión que guarda la población sobre la democracia, la representatividad, la participación política y la conciencia social.

El plano de la cultura hegemónica o, dicho de otro modo, la ideología que predomina en el imaginario de la nación peruana, se compone por una población que nunca podría ser llamada únicamente nativa o extranjera, sino un conjunto de mezclas y urdimbres sociales. En crítica a lo manifestado por José María Arguedas, hoy en día el Perú es un país de “una sola sangre”, la mestiza, pero de diversas fuentes genéticas. Las condiciones económicas internas, las decisiones políticas circunstanciales y las demandas intelectuales de la sociedad abrieron paso a una mestización de las poblaciones que convivían en los escenarios urbanos que heredamos de la fundación española o que se apuntalaron como puntos regionales de comercio, religiosidad, o administración estatal. De este modo florecieron los espacios en donde suscitaron los mayores movimientos sociales que resultaron en la cultura predominante de hoy en día.

Sin embargo, el folclore, raíz de esta diversidad cultural, es percibido - y mercantilizado en diversos capitales estatales y extranjeros - como simple expresión de las artes regionales, y no como agregados de la herencia etnohistórica de la población peruana en general. Lo que en lo ideal debería ser el fundamento de una conciencia social como nación. Asimismo, el apoyo a las industrias culturales como la pintura, la música, el cine y la literatura es ínfima, por lo que no se destacan obras que promuevan ideas para la asociación de los pueblos a través de mecanismos de expresión, participación o capacitación (interculturalidad) que devengan del apoyo estatal; lo que se deja notar por el “relajado” puesto que supone el Ministerio de Cultura para sus encargados, una fuente financiera para ejecutar proyectos intrascendentes, pagar formalmente favores del gobierno o forzar una línea editorial en los medios de comunicación oficiales. Lo mismo ocurre con el Patrimonio Cultural de la Nación que se encuentra en un estado de abandono[13], la poca atención que reciben los proyectos arqueológicos o antropológicos, la falta de apoyo para las instituciones involucradas, y la ineficaz administración de los atractivos turísticos del país.

Esto nos lleva inexorablemente a reflexionar sobre un criterio fundamental que explica el estado actual del contexto narrado en este apartado y posibilita acceder a posibles vías para la superación de los problemas estructurales acotados: el modelo educativo. Si lo vemos desde este punto, mientras que las autoridades públicas y la propia sociedad civil no prioricen la educación en un Estado (que antes que nazcan ya ejercía su influencia), la participación política seguirá siendo mínima y expectativa, y la impartición de la justicia seguirá siendo desigual. Ello atañe la forma en cómo apropiamos la información y, lo que más destacamos acá, la aplicabilidad de la sensatez al interpretarla.

 

Deudas y responsabilidades de la población peruana

El trabajo de Matos Mar (1986) nos ofrece un panorama sociocultural que se estaba gestando en las ciudades del Perú, especialmente en Lima de los años 80. El autor explica el surgimiento de una cultura popular, imperante en nuestros días, de una clase media percibida como marginal, cuyas condiciones de vida fueron radicalmente disimiles en la economía que establecieron, la política que profesaban y la cultura que expresaban los poderes dirigentes del Estado. El autor plantea este problema como la existencia de los dos “Perúes”. En la historia de estos dos Perúes se han relacionado y fuertemente diferenciados dos poblaciones en dos grandes espacios físicos: por un lado, las ciudades de la costa, criolla y europeizada; por otro lado, el campo, la ruralidad, dominada por el gamonalismo mestizo y la explotación del indígena. Cabría agregar a las comunidades amazónicas que para entonces recién eran incorporadas a las políticas por habitar los potenciales territorios a explotar. El capitalismo latifundista, el trabajo de la hacienda y del campesinado mantuvo la distinción de los dos Perúes. Sin embargo, el Estado paternalista no pude contener sus claras negligencias que afectaban a la población mayoritaria, grupos ignorados por el plan nacional, en la ciudadanía, en las facultades democráticas y representativas. El autor se encargó de distinguir las tres principales categorías estructurales del materialismo histórico en la realidad peruana de la época. Haremos un breve análisis de tales alcances.

Para el marco económico, resulta clave entender que las grandes desigualdades son producto de un estilo de vida globalizado, muy dinámico y cambiante, donde la recaudación capitalista es el motor por el cual se conforman las clases más favorecidas, como el sector empresarial, y los sectores denominados marginales, que son en sí la población trabajadora de clase media. Atribuye que especialmente estos sectores sufren los embates salariales y la reducción de las garantías de trabajo que no les permiten desarrollar los medios y recursos económicos para su progreso personal o familiar. A nivel colectivo y temporal, conforman una estructura asociativa precaria, informal y exclusivista. Desde la visión política, la población marginada constituye la manifestación social de los rezagos del capitalismo oligárquico dominante hasta entonces, por lo que constantemente está más proclive a emprender transformaciones a pequeña escala en la estructura social predominante, lo que les permite denunciar abiertamente al Estado - represivo y doctrinario - y a sus medidas, al cual pide abogar por sus derechos legales y jurídicos en el modo de producción y la rentabilidad del recurso humano del que formaban parte. Por el lado cultural, la población marginalizada se integra al conjunto ideal de códigos, normas, pensamientos y conductas replicados en la esfera social que constituyen el marco simbólico por el cual perduran los criterios de asociación como de discriminación, por el cual las personas lograron agruparse en fines comunes de adaptación y la solvencia de las necesidades primarias y culturales. Es así como logra visualizarse los distintos planos de actividad humana, mediante el cual se efectúan los factores determinantes que dan paso a un contexto de marginalidad en la población que se desenvuelve dentro del espacio físico de las ciudades.

La sobrevivencia natural de los individuos a las precariedades de sus condiciones dio paso a que ese campesinado, esa población semiproletaria, se movilizara a los espacios sociales con mayor capacidad asistencial, así como a la incorporación de nuevas técnicas de trabajo, nuevas estrategias sociales de conductuales para el “progreso” lejos del lugar de natalicio. Con estos hechos emerge una nueva cultura que se distancia de ese “Estado Oficialista”, más propensa a la demanda de sus deficiencias, convirtiendo a las ciudades en espacios de múltiples convergencias culturales, de expresiones e intereses chocantes y de un arte andino urbanizado. Así los diferentes grupos de la población empezaron a organizarse para atender el cumplimiento de sus derechos y la conservación de sus oriundas tradiciones culturales. Estas diferencias se manifiestan hoy en el plano físico de las ciudades, con la existencia de barriadas y sectores marginales, de los pequeños y esporádicos movimientos locales o regionales, del arte y las costumbres chicha; productos de la histórica desigualdad social de la población peruana.

Pese a tales conductas segregacionistas en la población y el Estado, el Perú de nuestros días cimentó sus bases económicas y políticas en la Constitución de 1993, implementada en el inicio dictatorial del fujimorismo. La historia le atribuye a Alberto Fujimori emprender las políticas neoliberales que la situación y los organismos internacionales demandaban, pese a sus iniciales discursos que le dieron ventaja frente a Vargas Llosa. Como recuerda el Foro “El Ajuste Social”, el entonces presidente electo declaraba que el “ajuste económico”, que debía ponerse en marcha a consecuencia de la hiperinflación derivada de las políticas estatistas durante el primer gobierno de Alan García, tenía entre sus objetivos fundamentales el bienestar de la infancia.

Fujimori alentaba a la población a una “estabilización económica con compensación social”, que aclaró como “una reconstrucción nacional que debe sentar las bases para el desarrollo económico de largo plazo de nuestro país” (Unicef, 1991, p. 16) y donde el bienestar infantil sería un indicador del bienestar social. Richard Webb, entonces director del Banco Central, apelaba a la priorización de las personas, grupos y problemáticas de mayor urgencia, y mencionaba que para ello se debía “poner de lado temporalmente, los problemas y necesidades de la gran parte de la población que no son de la más extrema urgencia” (p. 17). Tales relegaciones parecen efectuarse hasta nuestros días.

Con estos discursos se manifestaban las alineaciones estructurales del régimen político que perdura al presente, apresuradas por un contexto crítico que había empobrecido a una población aún en proceso de integración a la institucionalidad de un Estado débil y paternalista. Así se consolidaron los outsiders de la política peruana favorecidos por una temporada en que el país nuevamente se introducía a flote a los mercados internacionales. Con estas circunstancias implantadas, hoy en día múltiples grupos de poder coaptan los puestos públicos de los ministerios, el Congreso, gobiernos regionales y municipalidades, especialmente dirigentes sindicales o civiles, cúpulas partidistas, y empresarios regionales.

Como se mencionó, el problema que arrastra el Perú en el actuar político deviene de que continúe el clientelismo – y no una verdadera representación – en la ciudadanía por parte de los partidos políticos que lideran personas con comportamientos cuestionables o que acceden a la política no por la vía profesional, sino por el “fervor” popular. La crítica se enmarca en que, si la población dejara de percibir el bienestar social en los extremos politizados o en figuras personalistas como los líderes idóneos para ocupar los cargos de funcionarios públicos, la competencia electoral se rigiera principalmente por una normatividad adecuada, en la que, por ejemplo, se tomara mayor importancia a los candidatos y los plazos de las elecciones primarias previo a una militancia seria, identitaria y comprometida con la democracia. En ese sentido, lo que desestiman los dirigentes políticos no es tanto la formalidad, ya que la burocracia es teóricamente técnica en el sistema político del país (la discusión alterna estaría en la eficacia que cumple), sino la interpretación y aplicación objetiva los textos normativos que se rige por la ética individual que sustenta las acciones de la ciudadanía y el gobierno; es decir la práctica civil.

Los medios y las herramientas políticas están disponibles para la conducción del Estado de una forma medianamente eficaz. La mejora es constante y funcional según la realidad social que surja en el contexto de la nación. Sin embargo, aunque la forma del sistema político está relativamente bien definida según la exigencias y acuerdos internacionales, el contenido textual, el fundamento o el discurso que conducen el orden, la justicia y el desarrollo de la vida civil, muchas veces es inconexa con las acciones de la ciudadanía. Ese es la explicación del por qué las instituciones públicas, es decir, los organismos institucionales del Estado, no funcionan con la objetividad, tecnicidad y normatividad regulada para el bienestar ciudadano. Por ende, las personas que ocupan los puestos públicos son percibidos como una “clase política” apartada de la dura realidad en la que se sumerge la mayoría de la población. No representan a la ciudadanía ya que proceden de forma irregular, pero por las vías formales, lo que desdeña ferozmente el sistema suscrito para el ejercicio de la política en el Perú.

Asimismo, el crecimiento convergente de la población crea una serie de voluntades, intereses y demandas sociales heterogéneas, condicionadas por la producción y el impacto de las políticas aplicadas en las distintas regiones. El conservadurismo histórico de la población consiente que el manejo de la información normativa o legal sea conducido por intereses individualistas, olvidando que la formación ciudadana surge de la conciencia social. Como reflexiona el expresidente Francisco Sagasti (2021): “La preferencia tradicional por resolver problemas sociales a través de la adopción - o eliminación - de leyes y otros dispositivos legales refuerza el desplazamiento de las preocupaciones hacia el ámbito de las normas, preceptos y reglas” (p. 68). Bajo esta sombra ideológica que predomina en la mayoría de la población, los líderes populistas acentúen sus comportamientos autoritarios, su alejamiento de los problemas de la ciudadanía, la monopolización de los canales de movilidad política a su favor y la intromisión política – u obstaculización – de la justicia.  

De esta realidad, hemos identificado dos principales proposiciones que relucen como puntos de atención. Primero, para que una narrativa política discrepante cale en las ideas y acciones de la población civil es imprescindible que los distintos actores que lo componen se alineen o contradigan el mensaje que se difunde - o se intenta dar por hecho - mediante la interpretación del discurso, y este a su vez depende de la apropiación o negación de los fundamentos fácticos que respaldan o relativizan la información. Segundo, los medios de comunicación (presentado aquí como el derecho y recurso que tiene la población civil para poder recepcionar contenido informativo) cumplen una función crucial en el control de la información, el forjamiento de percepciones sociales comunes y en las opciones políticas que pueden conocer los ciudadanos. Por lo que el seguimiento de estos medios no debe ser considerado una acción menor en la población, sino como un poder influyente en la creación de idearios, criterios y hasta estigmas que calan en las acciones políticas de los individuos en sociedad. 

Sabiendo esto, ponemos a colación un término que ha sido relegado a lo más inusual de nuestra conciencia cívica-ciudadana: la sensatez; que bajo nuestro entendido es la capacidad de una persona para cernir la información más veraz y actuar del modo más adecuado. No sólo la sensatez - regido por la lógica, el sentido común y los valores culturales - al momento de interpretar los discursos e ideologías de personalidades, partidos políticos o colectivos civiles, sino la sensatez al momento de fiscalizar y demandar las acciones punibles de los funcionarios públicos que irrumpen en el sistema ideal del Estado. La sensatez intercede cuando un ciudadano está actualizado y observa críticamente las condiciones que compartimos abarcando sus impactos en la mayor cantidad de escenarios sociales, aplicando la capacidad lógica al momento de recepcionar información e interpretar los hechos, y buscando siempre medios informativos que procuren moralmente la verdad y la transparencia.

Para ello es indispensable poder diferenciar los propósitos de comunicación entre individuos, colectivos y frentes políticos y los medios por los cuales se popularizan, asimismo diferenciar la conducta normativizada de las acciones anómalas a las normas. Recalcamos que para que pueda efectuarse este desarrollo civil es imprescindible una conducción educativa de calidad, que maneje la información en beneficio de una conducta ciudadana consciente de la repercusión de las decisiones y acciones individuales en el espacio social donde se desenvuelven.  

 

A manera de conclusión

La “política” general del ejercicio democrático en los últimos años ha resaltado un dañino hábito que, podría decir, es un principio de la cultura política hegemónica en nuestros días. El fundamento normativo y práctico que sostienen los cargos de las autoridades recientes encargadas de la legislación, el gobierno, la justicia y la fiscalización, no representan una interpretación sensata de los discursos y la decisión consciente de un elector, así como la veracidad de los ideales y necesidades de un ciudadano que desea liderar las principales tareas que competen a los organismos del Estado. Por el contrario, representa el resultado de una tradición de “antivoto”, mejor explicado, un mecanismo de poder democrático mediante el cual la población puede fugar de una decisión pintada como macabra o hasta catastrófica por una decisión menos terrible. Depende de cada persona proyectar tales escenarios en las opciones políticas en competencia. En los últimos años para los votantes (obviando a los acompañantes partidarios) no existen opciones electorales prolijas.

Del mismo modo, los gobiernos en las últimas décadas se han enfocado más en la asistencia precaria de las necesidades sociales más superficiales sin estimar un desarrollo integral a mediano o largo plazo, por lo menos, en las problemáticas narradas en este trabajo. Sobre esta realidad, el mestizaje y la convergencia migratoria de las que aún no es consciente la mayoría poblacional, reproduce un estilo de vida aclimatado por el constante conflicto entre intereses, demandas o percepciones. Situación que abre el camino a la incursión del liderazgo populista, alrededor del cual se movilizan políticamente los distintos grupos de la población peruana. Podemos llamar a esta tendencia “captura del poder político”. Y como espectadores, en el Perú los partidarios o adeptos políticos están distraídos en sus propios planes como para visionar políticas democráticas prácticas e integrativas.

Ello resulta en que el Perú no solo sea un país exótico en el campo de la biodiversidad, la cultura o la historia, sino que los hábitos políticos que han conformado las acciones del Estado y. el mal llamado “pueblo”, también lo convierten en un escenario extraño, hasta contraproducente para lo que se puede entender como “conciencia social” o “beneficio público”. Un Estado con un aparente cáncer en etapa de metástasis provocado por la introducción de especies parasitarias. Y un pueblo que “no se equivoca”, aun cuando vemos que entre sus grupos confluye una hegemónica cultura de desinformación, desinterés e informalidad.

Como hemos visto, la costumbre de la gente de adaptarse a estas circunstancias adversas ha procedido a imponer una percepción del Estado como el ente proveedor de servicios y al gobierno de turno como la oportunidad de entablar alianzas o aspirar una carrera para conseguir puestos de intervención en el destino público, sin contar con los méritos mínimos o la profesionalización adecuada.

En este sentido, la cultura política de la población peruana, generalmente, se inscribe en la politización de las intenciones y acciones de grupos exclusivos de la población. Con ello se dificulta el acuerdo de estrategias netamente políticas entre frentes sociales cuando se asumen retos, necesidades comunes o proyectos de envergadura. Algo que claramente reluce de esta situación es el constante reclamo de la población por la afección de sus libertades y por la ausencia -o en otros casos la imposición- del Estado, con el cual no puede hacerse efectiva el diálogo político para efectuar acciones de cambio. En la población que integramos, los procederes individuales no se conectan con las causas sociales, tal cual las intervenciones del Estado no se conectan con las demandas sociales.

Es indudable entonces el poder de decisión de cada persona sobre las ideologías que adopta o los contenidos culturales que consume, el valor fáctico de las fuentes informativas que consulta o la crítica por los sesgos de la información que recibe. Bajo este prospecto se resalta la influencia de nuestra conducta social: cómo el individuo convive en un Estado que por su naturaleza surge de “la autorregulación interna y en el interés común” (Krader, 1972, p. 33) y que, inmerso en constantes debates teóricos y movimientos anarquistas, es una responsabilidad humana del que no podemos ser ajenos.

Objetivamente nuestro futuro social es una responsabilidad ciudadana. El individualismo es una característica que ha acompañado la conducta civil, desarrollado en un medio social informal, politizado y educacionalmente poco potenciado. Justamente, queda la intención fundamental es resaltar la conciencia de la vida en sociedad, siendo el resultado de una relación funcional y provechosa entre relaciones productivas prácticas, políticas públicas eficaces y una educación de calidad, los cuales deben primar como los principios civiles para la convivencia y el desarrollo de todos los peruanos. Ante esta realidad tengo la visión de una creciente cultura mestiza, que persigue el conocimiento y la apropiación intercultural del patrimonio, los símbolos y las expresiones, producto de la integración social en el Perú y la construcción de un Estado-nación basada en ella.

Notas de la ponencia:

[1] Sistema de referencias bibliográficas: Normas APA, 7ª ed.

[2] La frase hace referencia a un cántico que se convirtió en una composición musical de origen andino, el cual se origina en el clamor de los pobladores del sur altoandino del Perú, donde se concentran las víctimas de la represión del actual gobierno.

[3] La última publicación del Índice de Desarrollo Humano (IDH) para el año 2021 ubica al Perú en el puesto 84 con 0.762 puntos sobre 1, descendiendo 5 puestos en comparación al IDH del 2019, y colocándose por debajo de otros países de la región como Chile y Argentina, alcanzando la categoría de nación con desarrollo humano alto (IPE, 26 de noviembre de 2021).

[4] Entre enero y junio del 2023, la inversión privada registró un retroceso acumulado de casi el 11%. “Este resultado combina los efectos del estallido social y las anomalías climáticas del inicio de año, así como las secuelas de la alta incertidumbre regulatoria y baja confianza empresarial registradas durante buena parte del 2021 y 2022” (IPE, 18 de agosto de 2023).

[5] Entre abril del 2021 y marzo 2022 la tasa de empleo informal del Perú fue de 76,1%. El empleo informal afecta a 9,54 millones de peruanos, mayoritariamente en el área rural (95.3%) que en el área urbano (70.6%) (El Comercio, 15 de junio de 2022).

[6] "Históricamente, los episodios de crecimiento acelerado en el Perú – y en países en desarrollo en general – han sido seguidos por episodios en los que crece a su promedio histórico (que en los últimos cincuenta años ha sido de poco más de 3%)" (Ganoza y Stiglich, 2015, p. 45)

[7] Para mayor detalle se puede visualizar la nota del Mincetur (2 de febrero de 2022) sobre las estadísticas de las exportaciones en el año 2021 y el reporte de las exportaciones del primer trimestre del año 2022 realizado por el gremio empresarial Comex Perú (6 de mayo de 2022).

[8]  Los montos de inversión minera, principal fuente de ingresos fiscales para el país, hasta junio del 2023 alcanzaron el 2% del PBI, cifra inferior al alcanzado en los últimos años dorados (2013-2014), el llamado “superciclo de precios de los minerales”, donde llegó a casi 5% del PBI. “La poca predictibilidad del clima de negocios en la minería dificulta el aprovechamiento del potencial geológico que ofrece el país” (IPE, 18 de agosto de 2023).

[9] A los que denomino como “politricksters peruchos”.

[10] Los llamados “clanes” de la política que lideran los movimientos partidarios más conocidos del país, como los fujimoristas, los apepistas, los cerronistas, los etnocaceristas, los apristas y otras pequeñas coaliciones de los extremos políticos.

[11] “Los bandidos pasajeros montan organizaciones que entran a la política con una clara lógica comercial. Son empresas políticas con fines de lucro, prácticas muy agresivas y un comportamiento antisistema que hace el país menos gobernable y más desinstitucionalizado” (Ganoza y Stiglich, 2015, p. 92).

[12] Ejemplos como el gobierno de Alberto Fujimori previo al autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992, el de Martín Vizcarra en el 2018 con la alianza (aparentemente pactada) que estableció con la bancada de Fuerza Popular, y el de Dina Boluarte con su refugio en los sectores políticos de derecha desde el inicio de su presidencia en diciembre de 2022.

[13] Véase el caso del sitio arqueológico Kuélap (El Comercio, 10 de abril de 2022), cuyos muros que se preservaron desde la etapa prehispánica, empezaron a derrumbarse a vista y paciencia de las autoridades nacionales. Otro es el caso de las intervenciones del crimen organizado en lugares de valor cultural, como fue el caso del sitio arqueológico de Caral, considerada la urbe más antigua de América, que estuvo al amparo de los invasores de terrenos que amenezaron en reiteradas ocasiones a la arqueóloga Ruth Shady, sin contar con la protección adecuada del Estado (BBC News, 6 de enero de 2021). 

Bibliografía de la ponencia

Asensio, R. (2021). El Profe. Cómo Pedro Castillo se convirtió en presidente del Perú y qué pasará a continuación. Instituto de Estudios Peruanos (Perú Problema, 66).

BBC News Mundo (6 de enero de 2021). Ruth Shady: la denuncia de amenazas de muerte de la arqueóloga peruana, la guardiana de la ciudad más antigua de América. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-55554507

Comex Perú (6 de mayo de 2022). Exportaciones peruanas en el primer trimestre de 2022 crecen un 3% y los envíos no tradicionales, un 25%. Semanario 1118 – Comercio exterior. https://www.comexperu.org.pe/articulo/exportaciones-peruanas-en-el-primer-trimestre-de-2022-crecen-un-3-y-los-envios-no-tradicionales-un-25

Constitución Política del Perú (29 de diciembre de 1993). Art. 44.

Cotler, J. & Cuenca, R. (2014). Las desigualdades en el Perú: balances críticos. Instituto de Estudios Peruanos (Estudios sobre Desigualdad, 2).

Dargent, E. (2019). Demócratas precarios. Élites y debilidad democrática en el Perú y América Latina (3ª ed.). Instituto de Estudios Peruanos (América Problema; 27).

El Comercio (10 de abril de 2022). Fortaleza de Kuélap: reportan derrumbe de muro del complejo arqueológico. https://elcomercio.pe/lima/sucesos/kuelap-reportan-derrumbe-de-un-muro-del-complejo-arqueologico-video-amazonas-tingo-ministerio-de-cultura-cultura-chachapoyas-rmmn-noticia/

El Comercio (15 de junio de 2022). INEI: Desempleo cae a 6,0%, pero aumenta la informalidad entre las mujeres jóvenes. https://elcomercio.pe/economia/peru/inei-desempleo-cae-a-60-pero-aumenta-la-informalidad-entre-las-mujeres-jovenes-rmmn-noticia/

Foucault, M. (2019). Microfísica del poder (1ª ed.). Siglo Veintiuno Editores.

Harris, M. [1968] (1997). El desarrollo de la teoría antropológica. Una historia de las teorías de la cultura (13ª ed.). Siglo Veintiuno Editores.

Huerta, A. (10 de febrero de 2020). El humor como mecanismo de unión y empoderamiento. TEDx UCAL. https://youtu.be/XvnBLKDsnkA

Krader, L. (1972). La formación del Estado. Labor S.A. 

Instituto Peruano de Economía (26 de noviembre de 2021). Índice de Desarrollo Humano - IDH. https://www.ipe.org.pe/portal/indice-de-desarrollo-humano-idh/  

Instituto Peruano de Economía (18 de agosto de 2023). Inversión privada tendría su tercer peor resultado en 20 años. https://www.ipe.org.pe/portal/inversion-privada-tendria-su-tercer-peor-resultado-en-20-anos/

Matos-Mar, J. (1986). Desborde popular y crisis del Estado. El nuevo rostro del Perú en la década de 1980 (3ª ed.). Instituto de Estudios Peruanos (Serie Perú Problema, 21).

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2 de febrero de 2022). Exportaciones peruanas alcanzan récord en 2021 y superan los US$ 56 mil millones. Nota de prensa. https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/581099-exportaciones-peruanas-alcanzan-record-en-2021-y-superan-los-us-56-mil-millones

Sagasti, F. (2021). Imaginemos un Perú mejor … y hagámoslo realidad. Planeta.

Suing, D. (2021). Año del Bicentenario del Perú: doscientos años de una República sin práctica. https://www.researchgate.net/publication/350589056_Ano_del_Bicentenario_del_Peru_doscientos_anos_de_una_Republica_sin_practica

Ganoza, C. & Stiglich, A. (2015). El Perú está calato. El falso milagro de la economía peruana y las trampas que amenazan nuestro progreso (1ª ed.). Planeta.

Torres, A. (2020). Elecciones y decepciones. Historia de una democracia en construcción (1ª ed.). Planeta.

Unicef (1991). El ajuste social. Perú: hacia un desarrollo esencial. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.