El gobierno de la población en el Conurbano Bonaerense. Políticas y articulaciones de una agencia municipal y una universidad nacional.

Introducción

     En los últimos años, la cuestión del estado ha vuelto a estar en el foco de la discusión pública, de la mano de discursos que cuestionan tanto las retóricas que ponderan un conjunto de derechos a garantizar como fines prioritarios, y a la democracia como régimen político que dirime el acceso a ocupar cargos gubernamentales, como la capacidad del estado para garantizar un umbral mínimo de bienestar a la población. Atendiendo a estos fenómenos, desde la teoría antropológica se revitalizó un debate acerca de la sustancia de la política, que pretende interrogar estos cuestionamientos con las herramientas de la investigación empírica y la discusión conceptual de la disciplina (Fassin, 2018). Esta ponencia se inscribe en este escenario internacional y nacional, y se propone aportar a la discusión a partir del diálogo entre dos investigaciones llevadas a cabo en un mismo distrito del Conurbano Bonaerense, en torno a las políticas públicas y relaciones sociales desplegadas en una universidad pública y una dependencia del gobierno municipal. Con foco en estos procesos concretos, los cuales seguimos etnográficamente desde hace algunos años, nos interrogamos: ¿En qué consiste la tarea de los gobiernos locales? ¿Qué cosas hacen quienes se desempeñan como agentes estatales en dependencias territorializadas? ¿Qué asuntos están a su alcance y cuáles no lo están? ¿Cómo se relacionan con la población? ¿De qué manera se hace posible (o no) atender las necesidades y demandas de la población local?

     Existe un relativo consenso entre la bibliografía de las ciencias sociales sobre la limitada autonomía normativa y financiera para hacer frente a las demandas y problemáticas sociales que, desde el retorno a la democracia, los gobiernos municipales han debido afrontar. El tema fue abordado por distintas disciplinas, pero fundamentalmente desde las ciencias políticas. Más allá de los matices que esta literatura presenta, y de las heterogeneidades municipales que identifica, en grandes trazos el estado local conurbano es revalorizado y jerarquizado por las relaciones próximas a la sociedad y por ser “la cara visible del estado” pero, como contracara, destacan serias limitaciones estructurales, con relativa autonomía jurídica pero no real, dependiente de otros niveles estatales, de escaso y débil desarrollo institucional, de gestión ineficiente, con reducidos recursos técnicos y financiero-presupuestarios que lo convierten en objeto discrecional de transferencias y control político por parte de los otros niveles estatales (Bennardis, 1999; Cravacuore, Ilari y Villar, 2004; Cravacuore, 2007, Pirez, XX; Cravacuore y Villar, 2014; Alonso et al, 2016; Alonso y Gutiérrez, 2016; Rofman y Foglia, 2020).

Ante este complejo escenario, dicha bibliografía pondera la importancia de la articulación entre niveles estatales - especialmente ante problemas sociales que traspasan jurisdicciones político-administrativas – y se pregunta por el modo en que las formas de articulación afectan las políticas en los municipios. Donde esa articulación no existe o es escasa disminuye la capacidad de implementación de una política pública por parte del estado municipal (Alonso, el al, 2016). En este marco, estudios afirman que en los estados locales del conurbano prevalece una “soberanía del bache” en tanto autoridades y funcionarios municipales (y también de otros niveles estatales) evaden y limitan las articulaciones interjurisdiccionales para el abordaje de problemas metropolitanos – como los de salud o medioambientales - a partir de cálculos racionales de costo beneficio político-electorales, con el propósito de resguardar sus ya restringidos márgenes de autonomía y, al mismo tiempo, evitar ser responsabilizados por la ciudadanía (Alonso y Gutierrez, 2016). En ese sentido, estos trabajos sostienen que la articulación entre niveles de gestión estatal es más bien escasa, y que esto se comprende mejor considerando la autonomía de los gobiernos municipales, tanto para hacer (apelando o no a distintas articulaciones) como para “no hacer”, eludiendo los costos de articular con otros niveles de gestión, aun a riesgo de no ejecutar políticas públicas (Gutiérrez y Alonso, 2018).

En diálogo con esos debates, esta ponencia propone explorar distintas aristas en torno a cómo la política se hace cargo de la vida (o no lo hace), en un municipio del Conurbano Bonaerense, que es caracterizado por la literatura y diversos informes como una jurisdicción de escaso desarrollo industrial, déficit financiero asociado a una escasa recaudación fiscal, y atravesado por niveles de desocupación y NBI superiores a casi la mayoría de los otros distritos del Conurbano Bonaerense.^[i] Nos apoyamos en nuestras investigaciones, y también en un desplazamiento de la teoría antropológica que propuso repensar los procesos políticos tomando distancia de la forma de la política para atender a su sustancia, dejar de ocuparse con centralidad de las modalidades de organización, el trabajo de las instituciones, para darle centralidad a lo que constituye la materia de la acción política (Fassin, 2018: 15). Este planteo parte de la idea de que, aquello que concita el interés y da lugar a la acción política, no es algo dado de antemano sino que es producto de la acción humana. Y sostiene que el objeto de la política es estar vivo y vivir bien, lo que supone un ejercicio del poder sobre los cuerpos y una serie de elecciones o posicionamientos morales (Fassin, 2018). Esta propuesta, articulada con los aportes de las teorías que enfocaron la acción popular colectiva inscripta en la producción de la ciudad y el hábitat (Holston, 2009), permite captar los modos en que se interrelacionan los esfuerzos de autoconstrucción, lucha, organización y reflexión de habitantes del Gran Buenos Aires que, a lo largo de décadas, vienen debatiendo y produciendo acciones en pos de vivir bien, las cuales suponen tanto la procura de un cierto umbral de bienestar como la construcción de formas de vida en común (Manzano, 2020).

Este escrito se sustenta en dos líneas de investigaciones etnográficas que estamos desarrollando en el mismo distrito^[ii]. Una de ellas con habitantes de distintos asentamientos y miembros de un área de hábitat del gobierno municipal, la otra en una Universidad Nacional. En las próximas páginas, desarrollamos datos y describimos episodios acerca de las políticas desplegadas (o no) en el barrio y la universidad, dando cuenta de las problemáticas y demandas emergentes, de las articulaciones entre instituciones que involucran, entre otros asuntos. Este recorrido nos permitirá profundizar en una discusión que venimos sosteniendo acerca de los modos en que se producen el estado y las políticas públicas en el nivel local, revisitando la cuestión de los límites y distinciones entre agencias y niveles estatales, y también, en ese marco, las relaciones entre Estado y Sociedad.

 

Armar proyectos y equipo para mejorar la vida de la gente que vive muy mal

Está muy feo el barrio, la gente vive muy mal, nos repitió en múltiples ocasiones Laura, la responsable del área municipal que tiene a su cargo las políticas de hábitat orientadas a los asentamientos del distrito, en nuestras conversaciones sobre la Reja. Dicha área municipal fue creada y formalizada aproximadamente en el año 2016^[iii]. Cuenta con una pequeña oficina en uno de los edificios municipales, en la que además de Laura trabajan cotidianamente cuatro trabajadores/as en dos computadoras que posan sobre los tres escritorios que disponen. Dos de ellos son profesionales de urbanismo y geografía respectivamente, una estudiante avanzada de la carrera de sociología y un personal administrativo.

La Reja, en cambio, es un asentamiento que comenzó a conformarse en la década de 1990 con unos pocos pobladores cuando todo era campo todavía. Hoy se estima que viven allí entre 200 y 250 familias, en unas 25 manzanas de tamaño dispar, limitadas en dos extremos por un arroyo y las vías del ferrocarril.  A medida que uno se aproxima a La Reja, las calles asfaltadas y una relativa urbanización van dando paso a calles de tierra y un aumento de terrenos baldíos. También las casas de losa y ladrillo van deviniendo en otras más precarias, de madera, lona e incluso nylon, algunas sin piso ni baño, donde las situaciones de hacinamiento son frecuentes. A la precariedad de las viviendas también se suma aquella relativa a las infraestructuras y servicios. Habitantes que se proveen de agua con mangueras que facilitan vecinos/as que cuentan con perforaciones y bombas eléctricas, pozos ciegos sin tapa o perforaciones de agua inconclusas, cableados eléctricos sumamente precarios, entre otros^[iv].

Los primeros contactos de Laura y de dos de los trabajadores/as del área de hábitat municipal con pobladores del barrio, especialmente mujeres, se produjeron a partir de una política de microcréditos para el mejoramiento habitacional^[v] con perspectiva de género, que la dirección buscaba implementar allí. Para ello, había presentado un proyecto al gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de Las Margaritas - una organización que Laura fundó, junto a vecinas/os del barrio donde vive, como parte del proceso de lucha por el acceso y mejoramiento de la infraestructura y los servicios a principios del año 2000 - ya que solamente están saliendo los microcréditos para organizaciones sociales.

Previamente a la presentación del proyecto al estado provincial, se había puesto en contacto con Mirta, una pobladora de la Reja a quien Laura conocía de Las Margaritas, y junto a ella había recorrido el barrio. Fue Mirta junto con Rosario, otra habitante de la Reja que gestiona un comedor, quienes convocaron a varias mujeres a asistir a la primera reunión por los microcréditos con el área municipal de hábitat, un sábado de abril de 2022.

Ese día, en una habitación del comedor, están presentes unas catorce mujeres con aproximadamente diez niños/as e integrantes de distintas instituciones públicas y organizaciones: Laura y dos trabajadores/as del área municipal de hábitat, dos mujeres que integran un área de Desarrollo Comunitario del estado local, Natalia que integra Las Margaritas, y María y yo, docentes-investigadoras de dos universidades nacionales, cada una acompañada de estudiantes que integran los respectivos equipos de investigación y extensión. Además, se encuentra Sofía quien junto a María integran Proyectar Habitar, una organización conformada por arquitectos/as y urbanistas. La mayoría han sido convocadas por Laura a la reunión, y en particular la invitación a María y a nosotras porque desarrollamos proyectos colaborativos – de diagnóstico en nuestro caso^[vi] y de vinculación/extensión en el de María - cuya contraparte asociada es el área municipal de hábitat. También está presente Juan, integrante de Techo Argentina, organización que trabaja en el barrio desde principios del año 2020, y que están finalizando la reunión de una mesa de trabajo comunitaria en esa habitación que el comedor les presta.

La sala está relativamente oscura y aún está prendido un proyector donde Juan, voluntario de Techo, está mostrando una imagen de un salón comunitario que, financiado por una empresa de productos de higiene personal, planifican construir en el barrio con una metodología similar a la que utiliza la organización para la construcción de casas de emergencia - de madera y en altura - que también se pueden observar en distintos lotes del barrio. Juan señala que lo que queda es definir el terreno donde el salón comunitario será construido. También vienen trabajando sobre cartelería de identificación de calles, algunas ya colocadas, y sobre tachos de residuos que están confeccionando.

Seguidamente Juan menciona que quiere mostrarle a las chicas de la municipalidad una herramienta para armar en conjunto. Abre un mapa en la computadora destacando que es una herramienta útil para que todas las organizaciones plasmen las actividades que van a estar haciendo en el barrio. Entonces, Laura señala que le parece conveniente dividir la reunión: por un lado, la mesa de Techo y por otro, el equipo que le vamos a poner un nombre así no hay confusión. Ese equipo incluye, desde la perspectiva de Laura, a quienes estamos presentes en la reunión, y en principio también a las organizaciones sociales que tienen proyectos en el barrio, incluida Techo. Seguidamente, Laura despliega sobre la mesa en la cual posan la computadora y el proyector, un gran mapa del barrio y comienza a mostrar las manzanas en las que inicialmente se va a trabajar con la política de microcréditos de mejoramiento habitacional. El mapa, por su tamaño, contrasta con aquel mostrado por Juan. También la presencia de varias áreas del municipio junto a miembros de las dos universidades nacionales, y de una cantidad significativa de mujeres respecto a las que habitualmente asisten a la mesa de Techo, hecho por el cual, según Mirta, la organización estaba evaluando irse porque no hay participación^[vii]. Además, anuncia que en lugar de treinta microcréditos, como había hablado con Mirta, serán cincuenta para el barrio. Destaca también que en una reunión entre la Secretaría de Obras Pùblicas municipal y funcionarios nacionales del Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) pusimos este barrio en ponderación del Ministerio [de Hábitat de Nación], acentuando en la zona una intervención fuerte del Estado nacional, provincial y municipal, y que lo que falta es que se organicen acá.

Acá la gente va a responder mientras no vengan a chamuyar políticos responde Rosario. Acá la gente trabaja, quiere que mejore el barrio. Venían políticos, nos prometían, se sacaban fotos con los chicos y no volvían más.

Laura retoma la palabra y con énfasis dice: yo hago política, ocupo un puesto institucional. Pero política que se compromete en el día a día. Política como herramienta de cambio, esta es la política que nos merecemos.

Una semana después varias mujeres con sus niños/as esperan en fila traspasando la puerta de entrada de la misma habitación del comedor. Adentro, el espacio está lleno. Detrás de tres escritorios improvisados se ubican María, de la universidad y Proyectar Habitar, junto a Sofía y Rosario, anotando para los microcréditos. También llega Natalia de Las Margaritas que se incorpora a la tarea detrás de una de las mesas. El procedimiento para anotarse está organizado del siguiente modo: una de las mesas está destinada a anotar a las nuevas que están asistiendo por primera vez. Las otras dos a quienes ya vinieron a la reunión y se encuentran en el grupo de WhatsApp que Mirta armó por los microcréditos. A cada mujer que pasa le realizan algunas preguntas guiándose por una ficha que armó María: datos personales y de contacto, información laboral y educativa de los miembros de la familia, algunas características de la vivienda y de las infraestructuras domiciliarias, y cuál es el mejoramiento que les gustaría realizar. Son treinta mujeres en total las que anotan ese día, incluyendo nueve nuevas.

Entre quienes se anotan se encuentra Belén, que vive en una de las manzanas de la Reja que está recién siendo poblada, pegada a las vías del ferrocarril. Vive junto a su marido y su pequeña hija en una casilla de trozos de madera, machimbre y techo de lona negra - al que ella le dice carpa - que consiguieron cuando compraron el terreno en el año 2021. Como no tienen baño, para asearse utilizan un fuentón tratando de no salpicar mucho el piso que es de tierra para no hacer tanto barrial. Romina, otra vecina que también se anota, tiene dos hijos pequeños, y habita con ellos y su marido, una de las casas de emergencia de Techo, que consta de un único ambiente. Allí cocinan, duermen, miran la tele, juegan, aunque a diferencia de Belén cuenta con baño y no les entra agua cuando llueve. Con el microcrédito Romina quiere seguir avanzando en la construcción de dos ambientes de material que empezaron a edificar en el mismo lote cuando salieron sorteados por el programa MI PIEZA^[viii]. Su vecina de al lado, Julieta, vive en el barrio desde chica, hace más de veinte años. Su casa, que comparte con su marido, dos hijos y un sobrino, es de dos ambientes de material separados por una cortina. Como le entra agua por el techo de chapa averiado, lo quiere arreglar, y además tiene la esperanza de que le alcance el subsidio del microcrédito para cambiar la puerta de entrada que no puede cerrar.

Además de anotar, en esas semanas siguientes María y Sofía, acompañadas por algunas estudiantes y por Mirta, hacen visitas a las casas para tomar medidas y ver las mejoras que quieren realizar, cuando Laura les solicita que no se apuren porque los microcréditos van a tardar, espaciando de este modo las visitas y reuniones, hasta finalmente ser suspendidas indefinidamente, porque según me comentó Laura con la con la ley no pasa nada, no está saliendo nada en relación a la política de mejoramiento habitacional vinculada a la Ley de Acceso Justo al Hábitat.  

Desde dicho momento y hasta abril 2023, Laura no volvió a organizar reuniones con las vecinas del barrio, a pesar de las múltiples preguntas y demandas que las mujeres colocaron en el grupo de whatsapp. Solo fue ocasionalmente a la Reja para reunirse con Mirta y María por un nuevo proyecto de extensión universitaria que María quería implementar. En el marco de la implementaciòn de este nuevo proyecto, María y su equipo, junto a algunas vecinas del barrio, definieron avanzar, entre otras cosas, con la construcción de una suerte de escalera hecha con cubiertas de vehículos para subir el terraplén de las vías del tren que los/as habitantes del barrio cruzan para tomar el colectivo, y María le propuso a Laura ir al barrio para tal actividad. Sin embargo, Laura rechazó la invitación argumentando yo represento al estado y no puedo ir a la construcción de un cruce con cubiertas.

No obstante, durante este tiempo en la oficina municipal, ademàs de continuar con la búsqueda de articulaciòn y financiamiento con áreas nacionales , otros asuntos ocuparon a Laura, tales como coorganizar una capacitaciòn para referentes/as barriales de distintos asentamientos en una de las universidades y realizar gestiones ante ciertos acontecimientos que sucedieron en el barrio. 

Así, por ejemplo, en Junio de 2022 se contactó con un compañero del municipio vecino – separado del barrio la Reja por un arroyo - cuando de madrugada una retroexcavadora posicionada en dicha jurisdicción aledaña acompañada por la policía destruyó el puente peatonal – bajo el argumento de que el puente constituía una vía de escape de delincuentes - que los/as habitantes del barrio la Reja utilizaban para cruzar el arroyo e ir a la escuela y acceder también al transporte público^[ix]. Posteriormente consiguió que personal de la Secretaría bajo la cual se ubica Laura en el organigrama municipal, hiciera un nuevo puente provisorio para cruzar el arroyo.  Y desde agosto a diciembre del mismo año se ocupó de convocar a las/os referentes y capacitar en alguno de los encuentros coorganizadas por el àrea municipal de hàbitat y un proyecto de extensión universitaria también bajo nuestra dirección. En una de dichas capacitaciones Laura se dirigió a las referentes/as, incluida Mirta, con lo siguiente: hay mucha demanda, a nosotros nos piden sillas de ruedas, y a mí me parte el corazón. Pero nosotros no nos tenemos que abocar a esto. El que pide una silla de ruedas, nosotros ¿qué vemos?: una rampa, el acceso, cómo toma el colectivo, esas cosas.

Además, durante esos meses en la oficina del área de hábitat municipal el proyecto de urbanización para el barrio la Reja comenzó a tomar forma a partir de recorridos y toma de medidas en el barrio y del sostenimiento de conversaciones con algunos/as habitantes y del armado del pre proyecto para presentar al PROMEBA que elaboraron dos de los trabajadores/as del área.

Entre julio y octubre de 2023, cuando se desplegaba la campaña electoral, algunas de las mujeres que se habían anotado para el microcrédito recibieron los materiales para hacer los mejoramientos en sus casas, aunque fueron muchas menos que las originalmente previstas. También durante ese período, la Secretaría de obras municipal, bajo la cual Laura trabaja, asfaltó la avenida de acceso al barrio - que a esa altura era de tierra -, y realizò mejoramientos de las calles internas con azulejos partidos y nivelándolas, además de colocar a lo largo de esas mismas cuadras tubos de desagüe pluvial que habían sido comprados por los habitantes de la Reja. Finalmente, en diciembre pasado y antes de la asunción del nuevo presidente electo en el país, el área municipal de hábitat presentó el proyecto PROMEBA para la Reja al Ministerio de Hábitat de Nación.

La obstinación de Laura con la búsqueda de financiamiento y articulación con áreas nacionales (PROMEBA) y/o provinciales (microcréditos) para el barrio la Reja, y la ponderación de este barrio en la reunión con funcionarios del PROMEBA - remitía, segùn sus palabras, a que las mujeres de la Reja - y en general sus habitantes - pudieran vivir en un lugar que valga la pena vivir y a que esta última política posibilitaba, desde su punto de vista, un abordaje integral que es lo que necesita el barrio^[x]. Además de las viviendas y las infraestructuras, otras problemáticas preocupaban a Laura tales como los niveles de alfabetizaciòn de muchas de las mujeres que asistieron a las reuniones, varias de las cuales no habían terminado la escuela primaria,^[xi] como Belén, que prácticamente no sabe escribir. También le preocupaba la autoestima en que se encuentran las mujeres, y por ello quería implementar un taller de trabajo autogestivo y otro de infancia cuidada y reproducción consciente, asuntos que el programa PROMEBA permitía abarcar.

Lo descrito hasta aquí nos permite realizar algunas primeras reflexiones. En primer lugar, y a diferencia de aquellos trabajos que destacaron la evitación y escasa articulación entre gobiernos locales y otros niveles estatales, advertimos que la vinculaciòn y articulación tanto con otras agencias de distintos niveles estatales, incluidas las universidades, como con organizaciones profesionales y sociales, se torna una actividad central entre las tareas cotidianas del área de hábitat local, y especialmente de Laura, su directora, quien realiza un esfuerzo constante por concretar articulaciones con las distintas entidades.

Si bien sus esfuerzos de articulación han arrojado al momento resultados acotados en el barrio La Reja, limitados a la implementación de algunos microcréditos para mejoras habitacionales financiados por el gobierno provincial, se evidencia la relevancia que cobran porque de ellas depende la posibilidad de continuar haciendo obras en un municipio con déficits de vivienda e infraestructura tan extendidos. Ello sumado a los escasos recursos humanos y presupuestarios del área, limitó las posibilidades de implementar efectivamente políticas que mejoren las condiciones de vida de los habitantes de la Reja. Y, aún cuando la intervención directa del gobierno local en la construcción de un puente y el asfaltado y mejoramiento de calles, haya resultado en una mejora, las demandas de la población, el anhelo de implementar una “política integral”, hacen necesario armar un equipo más amplio para afrontar tales desafíos.

Tanto por medio de intervenciones municipales como de aquellas que involucran (intentos de) articulaciones, las condiciones de vida de los habitantes de la Reja se constituyen en materia de la política y las políticas. Devienen sustancia de muchas de las actividades cotidianas de los integrantes del área municipal, en fundamento para la evaluación de cuál es la política más adecuada para la Reja y en la ponderación del barrio ante funcionarios nacionales del PROMEBA, en los avances en tomar medidas y armar proyectos, como también en el contacto realizado con el municipio vecino y las gestiones con otras áreas del estado local ante la destrucción del puente.

Por otra parte, el recorrido del apartado da cuenta de una trama de instituciones estatales y no estatales que se imbrican en la producción y gestión de políticas y en los procesos disputados de gobierno de territorios y poblaciones: integrantes de una universidad nacional y de las Margaritas anotando a las mujeres, la presentación de los microcréditos a Provincia de Buenos Aires a través de la organización que Laura fundó junto a vecinos/as de su barrio. El gran mapa desplegado por Laura, la presencia de varias áreas del municipio, de miembros de dos universidades nacionales y de otras organizaciones sociales presentadas por Laura como equipo, y la apelación a los tres niveles estatales - nacional, provincial y municipal -, constituyen prácticas cotidianas. En ese marco, la presencia de organizaciones como Techo, que también realizan mejoras en el barrio como cartelería y cestos de basura, y hasta construyen viviendas, permite pensar que la apelación al equipo y la demostración de fuerza que supone convocar una reunión con numerosos vecinos y diversas instituciones, es también una forma de remarcar la soberanía del estado y la autoridad de Laura como su representante. Al mismo tiempo, la negativa a inaugurar una escalera construida con neumáticos establece distinciones entre el estado y algunas de esas mismas organizaciones.  Finalmente, las restricciones presupuestarias del área de hábitat y los fallidos intentos de articulación, o las extensas temporalidades de los procedimientos burocráticos, erosionan la legitimidad del estado y la autoridad de sus agentes. 

 

Una universidad en el Conurbano: proyectos que desbordan competencias y articulaciones potentes

En este mismo distrito se sitúa, desde hace poco más de diez años, una universidad nacional que imparte diecinueve carreras, incluyendo quince de grado y cuatro de pregrado. Estas carreras, en conjunto, convocaron durante el primer cuatrimestre de 2023 a un total aproximado de 29.500 estudiantes, incluyendo 18.500 que se inscribieron a materias de carreras de grado, y también 11.000 que completaron la inscripción del curso de inicio universitario^[xii]. Además, la universidad dicta dieciséis posgrados, y realiza numerosas actividades de investigación, extensión, cooperación e intercambio internacional, entre otras. Este conjunto de actividades se sostienen con el trabajo, mayormente asalariado y registrado, de más de 1000 trabajadores y trabajadoras, contando tanto personal docente como no docente.

La institución está emplazada, dentro del distrito, a unos 600 metros de la estación del ferrocarril y de una de las principales avenidas. Cuando comenzó a funcionar, la calle que comunicaba el edificio universitario con estas vías de circulación, estaba asfaltada. Pero las veredas eran de tierra, por lo que se hacía necesario transitar a pie, por la calzada, los días de lluvia. En aquel entonces, los comercios ubicados en ese trayecto se concentraban, casi sin excepción, en las cuadras más próximas a la estación. A poco de comenzar las clases, comenzaron a abrirse nuevos bares, kioscos, alguna fotocopiadora. Y una cuadrilla municipal cubrió la vereda con baldosas. A aquellos cambios le sucedieron otros a lo largo de los años, de distinta envergadura. Entre ellos, en 2022 fueron desalojados numerosos comercios para realizar obras en la estación de trenes que, entre otros cambios, mejoren la conexión con la Universidad.

Al igual que la mayor parte de las universidades “públicas” -término utilizado en Argentina para designar a aquellas de gestión estatal-, esta institución depende del estado nacional en términos financieros, administrativos y jurídicos. Desde el punto de vista formal, estas casas de estudios no tienen relación con los gobiernos locales más allá de la que puedan establecer por medio de convenios de cooperación interinstitucional. Y, aún cuando las relaciones entre universidades e instituciones locales haya sido objeto de interés de distintos estudios sociales, generalmente encontramos que los enfoques se han centrado en la transferencia de conocimiento, la extensión y otros aspectos de las “relaciones de la universidad con la comunidad” (Pedroza, Schneider y Roca, 2018; Brugaletta, González Canosa, Starcenbaum y Welschinger, 2019). La decisión de analizar los datos de campo producidos en una investigación centrada en una universidad nacional, en el marco de una reflexión sobre el gobierno en el nivel local y los modos de relacionamiento estado/población, surge de una serie de indicios empíricos que fuimos identificando desde las primeras etapas de indagación, cuando advertimos la centralidad que había tenido el gobierno municipal en el proceso de creación de la universidad, y también de otros indicios posteriores, como la intensa imbricación que tiene el gobierno municipal en el crecimiento de la institución académica y la creación de nuevas carreras.^[xiii]

Entre los indicios que nos sugirieron atender las imbricaciones de la universidad y el gobierno local, destaca especialmente el esfuerzo municipal invertido en la construcción de grandes edificios. Al día de hoy, la universidad cuenta con seis edificios en funcionamiento y otros cuatro en obra. De todos ellos, la “Constructora municipal”, que conforma parte del estado municipal, edificó los cuatro de mayor envergadura, incluyendo las tres sedes en las cuales se ubican las aulas para el desarrollo de clases de distintas carreras, y el edificio de la biblioteca. En tanto que la universidad adquirió un edificio terminado donde se ubican distintas oficinas administrativas, y construyó un playón deportivo. Además de estos seis edificios, otros cuatro están en construcción. El más grande de ellos está a cargo de la constructora municipal y se trata de una nueva sede para el desarrollo de carreras de grado y posgrado, y se lo suele denominar como “Facultad de robótica”. Pese a que no existe participación ni acuerdo formal alguno con la universidad, se lo menciona en actos institucionales como uno de los proyectos vigentes de la casa de estudios, destacando siempre que se trata de una obra municipal. En cuanto a los otros edificios en obra, se trata de un aulario y comedor universitario, un edificio que contiene un natatorio y también más aulas, y un edificio de laboratorios e investigaciones en temas del campo de la salud. En estos casos, las obras están a cargo de la universidad y se financian con fondos provenientes de agencias internacionales, o bien por medio de programas específicos para el desarrollo de infraestructura en el ámbito científico, siempre con la intervención del estado nacional. El primero de estos edificios está próximo a finalizar, luego de más de 8 años de la firma del convenio que le dio origen. El segundo es más reciente pero está menos avanzado, y del tercero apenas se han edificado los cimientos (“la carpeta”). Resulta pertinente señalar, respecto del uso de los edificios construidos por el municipio, que en distintos momentos se han ido realizando arreglos tendientes a formalizar la situación: la universidad, por ejemplo, adquirió las dos primeras sedes con fondos previstos para ese fin por el estado nacional, los cuales fueron transferidos al municipio en el marco de un convenio específicamente celebrado para ello. En tanto que otra de las sedes, un edificio de aulas de 20.000 mts², está en usufructo transitorio, cedido por el municipio, también en el marco de otro acuerdo refrendado por los organismos específicos del gobierno universitario y del municipal^[xiv]. Finalmente, destaca entre todos un edificio donde funcionan oficinas y la biblioteca de la universidad. Es notablemente más pequeño que los de aulas, pero cuenta con un amplio y vistoso espacio de lectura y trabajo abierto a estudiantes, docentes y a toda la comunidad, con préstamo de libros y mesas de reuniones, así como con puestos de trabajo equipados con enchufes y conexión a internet. Este edificio, además de equipamiento de trabajo, está dotado de algunas luminarias ornamentales muy vistosas, que llaman la atención, y contrastan con la estética ascética de las demás edificaciones. Su edificación llevó cerca de diez años. La constructora municipal edificó la estructura de tres pisos, cimientos, escaleras y demás. Una vez finalizada esta etapa, la universidad tomó a su cargo la finalización de las obras con fondos provenientes de la Fundación Banco Provincia, dependiente de una entidad bancaria estatal, la cual disponía de una línea de apoyo económico para equipar instituciones de la Provincia de Buenos Aires.

Más allá del detalle, lo que se evidencia es que el estado municipal ha tenido y continúa teniendo protagonismo indiscutido en la edificación de las sedes universitarias, contrariando las imágenes de impotencia, ausencia de recursos y demás carencias con las que suelen caracterizarse los gobiernos municipales, desde la literatura. ¿Cómo se explican tantos recursos destinados a estas obras, correspondientes al estado nacional, en un distrito en el cual son tantas las necesidades insatisfechas? ¿Cómo dialogan estas obras con las imágenes de estados sin recursos? ¿Y con los límites jurisdiccionales? Para pensar estos interrogantes, podemos tomar distintos datos elaborados a lo largo de la investigación. En primer lugar, los relatos de origen de la universidad, reproducidos una y otra vez en distintos actos institucionales por estudiantes, trabajadores universitarios/as e integrantes de organizaciones sociales, habitantes del distrito, remiten a un proyecto político originado en los primeros años del actual milenio, en tiempos de una profunda crisis económica, orientado a “proveer un futuro” a niños y jóvenes nacidos y criados en ese territorio, y también al esfuerzo de los y las trabajadores/as municipales que sufrieron durante años descuentos sobre sus salarios para solventar las obras de edificación de la universidad. Por otra parte, estos relatos permiten captar un contraste entre esos proyectos vitales de los que la universidad es emblema y orgullo, con las carencias de un municipio joven que, hasta hace menos de treinta años, no tenía ni siquiera un cementerio para enterrar allí a sus muertos, tampoco contaba con hospitales. Del mismo modo, la universidad como fuente de empleo asalariado y registrado contrasta con la realidad extendida en un distrito que al día de hoy ofrece escasas posibilidades de trabajo a sus habitantes, quienes en su mayoría deben desplazarse a otras zonas de la ciudad para ir a trabajar (Isacovich y Wagener, 2021).

En segundo lugar, haremos referencia a una serie de políticas implementadas desde la universidad, las cuales pueden pensarse como parte de las numerosas interacciones de la población con el estado en el nivel local, y de las tramas de gobierno. Se trata de acciones orientadas a estudiantes, trabajadoras y trabajadores de la universidad^[xv]. Todas estas personas organizan alguna parte de sus rutinas en torno a los estudios superiores, aprenden contenidos específicos y lenguajes profesionales, establecen vínculos. De esta manera, un aspecto destacado de la participación de la universidad en el gobierno de la población local se organiza en torno a la enseñanza/aprendizaje. Tal organización se vio interrumpida de manera abrupta cuando, en marzo de 2020, el gobierno nacional argentino dispuso una serie de medidas tendientes a restringir fuertemente la circulación, ante la llegada del primer caso de COVID-19 al país. Estas medidas, tuvieron impacto inmediato en el ámbito educativo, y como corolario, resulta iluminador analizar las adecuaciones de la actividad universitaria en ese período para los fines de esta ponencia.

En la universidad donde se enfoca esta investigación, las clases habían comenzado hacía apenas una semana cuando se dispuso la suspensión total de las actividades presenciales. A los pocos días, por medio de una serie de normativas internas, se establecieron pautas para la “continuidad pedagógica” en entornos digitales: un nuevo reglamento académico “de emergencia”, nuevas “aulas virtuales” o bien la adecuación de aquellas que sólo existían como complemento de instancias presenciales, entre otras acciones. En el curso de las semanas subsiguientes, la Secretaría Académica de la universidad elaboró y puso en circulación materiales didácticos dirigidos a orientar a los y las docentes en el uso de los recursos para la enseñanza virtual, tutorías en diversas modalidades remotas para acompañar a los y las estudiantes en la continuidad de sus estudios adecuada a esos formatos. Todo ello al mismo tiempo que se redefinían los canales de comunicación, se adecuaban contenidos y materiales didácticos de las materias, etc^[xvi]. Las clases, de alguna manera, continuaban con formatos diversos y con resultados desiguales. Docentes y estudiantes reorganizaban sus dinámicas de estudio y de trabajo, sus modalidades de relaciones entre sí y entre pares, adecuándose a las nuevas condiciones y regulaciones, pero también demandando otras formas posibles de virtualizar la enseñanza-aprendizaje: con mayor interacción cara a cara, con horarios delimitados para recibir y responder consultas, etc. 

Más allá de las clases virtuales, algunas áreas de la universidad también sostenían sus tareas, por ejemplo áreas administrativas encargadas de compras y liquidaciones de sueldos, áreas de investigación. En tanto que en otras como las de posgrado o extensión universitaria, en un comienzo se manifestaron más dudas sobre la pertinencia de continuar –adecuando las acciones a las nuevas condiciones- o esperar a que fuera posible retomar la presencia física en la universidad. En conversaciones informales con autoridades universitarias que mantuvimos y registramos en aquellos meses de máximo aislamiento del año 2020, advertimos una preocupación por mantener la conexión con estudiantes, docentes y participantes de las distintas actividades de la universidad, como los integrantes de equipos deportivos o asistentes a talleres de extensión. En esa preocupación, es posible suponer que hubiera algún temor por la continuidad de lo construido, de la afluencia de estudiantes a la universidad, los puestos de trabajo. Pero había también una reflexión permanente sobre la vulnerabilidad de la población local, que se comprende mejor teniendo en cuenta las características del mercado de trabajo y condiciones de vida de la población del distrito (referidas en la nota al pie N°1). Su preocupación se asociaba a una lectura de la relevancia que podía tener la actividad universitaria para sostener en distintos sentidos la vida cotidiana de las personas del distrito que acudían a la casa de estudios. Estas personas, al ir a estudiar, a practicar un deporte, o a sostener alguna otra actividad, encontraban una cierta rutina, una serie de vínculos (con docentes, con pares, con personal administrativo). Y esto, en el discurso de aquellos funcionarios universitarios, era valorado como relevante para sostener el ánimo y los canales de comunicación con personas que podían estar pasando situaciones de intensas privaciones y profundo malestar.

A su vez, la universidad fue durante ese tiempo el ámbito para la implementación de políticas tales como: un centro de monitoreo de casos de covid-19 del distrito, un vacunatorio, un voluntariado para el acompañamiento a adultos/as mayores. También un fondo solidario que recaudó dinero entre docentes y estudiantes para adquirir alimentos y distribuirlos a comedores populares de la zona, o bien acciones puntuales de asistencia alimentaria sobre estudiantes cuyas situaciones particulares llegaban a instancias de la universidad en forma de demandas. Asimismo, la institución recibió denuncias acerca de casos de violencia de género que atravesaban estudiantes mujeres (en sus domicilios), ante las cuales activó dispositivos de escucha y derivación. Algunas de estas acciones fueron impulsadas, promovidas y eventualmente coordinadas desde ministerios o agencias estatales de nivel nacional (como la gratuidad de las descargas de internet en sitios académicos); otras de nivel provincial (el monitoreo remoto de casos de covid-19), en tanto que la asistencia alimentaria, por ejemplo, se realizó en articulación con autoridades municipales, y todo ello en relaciones cotidianas con estudiantes y docentes, cuyas demandas, eventualmente, dieron lugar a la emergencia de estos nuevos dispositivos referidos, así como a la adecuación de normas preexistentes que no contemplaban las situaciones emergentes.

Este apartado da cuenta de cómo la concreción de proyectos políticos y vitales, como estudiar en la universidad, se hace posible por medio de políticas cuya producción desborda los límites jurisdiccionales. Esto es notable en tanto la universidad, nacional, surge inicialmente de una serie de acciones municipales, las cuales se actualizan a lo largo del tiempo en forma de nuevos edificios, demandas de nuevas carreras, etc. En esa producción, el municipio tiene un lugar sumamente relevante, pero es en torno a la universidad que se articulan distintas agencias tales como programas nacionales de ciencia y tecnología, bancos públicos u organizaciones comunitarias, cuyos aportes confluyen en la construcción de grandes edificios, la distribución de vacunas o de alimentos, entre otras acciones. Así, lejos de la dependencia municipal, la escasez de recursos y la limitada articulación, lo que encontramos es una potencia significativa del accionar del estado distrital, que se hace vigoriza a través de esas articulaciones.

La creación de la universidad da cuenta de una imaginación política que desborda las competencias municipales. Esta creatividad, no se comprende desde un enfoque que reduce la interpretación de las articulaciones entre niveles estatales a una acción racional de cálculo de costos y beneficios ajustados a los plazos electorales, porque se trata de una política a muy largo plazo, que supone una enorme inversión de esfuerzos realizada en forma previa y sin garantías. No obstante, como pudimos relatar, estos esfuerzos dieron frutos, y entre esos frutos se habilitó una posibilidad para que el estado, en el nivel local, tome a su cargo aspectos de la vida de la población que hasta entonces no podía abarcar, como la posibilidad de proyectar estudios universitarios. De esta manera, y retomando la cuestión de la sustancia de la política, vemos, a diferencia de las lecturas que postularon la limitación de la política municipal a una “soberanía del bache”, cómo el municipio toma a su cargo el desafío de impulsar la creación de instituciones de formación superior, como modo de apostar a una vida mejor, más allá del alcance de sus competencias específicas. Y, al mismo tiempo, cómo la universidad toma parte en asuntos alejados de sus incumbencias tradicionales, como los temas de salud y alimentación de la población local, aún aquella que no asiste a la casa de estudios.

 

Conclusiones

Esta ponencia propone una contribución a los debates vigentes acerca de la capacidad del estado para garantizar derechos y generar niveles de bienestar. Se sustenta en un trabajo de investigación desarrollado en un distrito del Conurbano Bonaerense atravesado por déficits de infraestructura, vivienda, trabajo, entre otros indicadores de las desfavorables condiciones de vida de su población. Al indagar en las políticas públicas movilizadas desde el área de hábitat municipal y desde una universidad nacional, identificamos que estas políticas, especialmente cuando se materializan (en obras de mejoramiento urbano, infraestructura universitaria, alimentos distribuidos, etc), se hacen posibles por medio de una serie de articulaciones entre distintas dependencias del estado nacional, provincial y/o local, pero también con bancos públicos, organizaciones sociales, así como con los propios habitantes del distrito. En este sentido, una primera cuestión a señalar es que, a diferencia de lo que sostuvieron estudios políticos que advirtieron la escasa voluntad de articulación de los estados municipales, en pos de garantizar su soberanía ante poderes de mayor jerarquía, encontramos un esfuerzo permanente por generar articulaciones que hagan posible estas políticas.

Al analizar los procesos que investigamos de manera relacional, detectamos contrastes entre los asuntos y dispositivos por medio de los cuales las distintas áreas con las que trabajamos toman a su cargo, en algún sentido, la vida la población. Por un lado, el área de hábitat municipal logra con mucho esfuerzo articulaciones de alcance limitado, que se traducen en pequeñas obras de mejoramiento parcial en algunas unidades habitacionales y algunas calles. Por otro, la universidad aporta evidencia de una potencia mayor de otras áreas del estado municipal, que da lugar a la construcción de grandes edificios, y habilita así, tras un conjunto de acuerdos institucionales, normativas nacionales y articulaciones a distintos niveles, el despliegue de un conjunto de políticas que atraen una masiva afluencia de estudiantes y trabajadores/as para enseñar/cursar carreras universitarias, entre otras actividades. Asimismo, en estas articulaciones se hace evidente que no se trata de municipio y universidad como entidades totales, discretas, que entablan relaciones entre sí, sino de articulaciones entre áreas municipales y nacionales que confluyen (como en la edificación de la biblioteca) y se distancian (cuando los microcréditos no llegan).

Ahora bien, ¿cómo se explica esta potencia diferencial, cómo entender que un distrito en el cual no dispone de fondos para aspectos tan urgentes como el techo de una vivienda sí los consiga para edificar una biblioteca y colocar allí luminarias vistosas y puestos de trabajo con conectividad digital? ¿Esto permite afirmar que, en este distrito, el estado –más allá de las distinciones entre niveles jurisdiccionales- toma a su cargo de manera muy limitada la política habitacional, y en cambio se ocupa en forma más decidida de otras dimensiones de la vida, como los estudios superiores? Tal vez, pero en todo caso, ¿cómo se entiende esta prioridad? Si bien no es posible dar una respuesta acabada, nuestra hipótesis es que el proyecto de la universidad, permitió al Municipio establecer una articulación de largo alcance con el estado nacional, que no solamente dio pie a una afluencia de fondos y políticas públicas persistente en el tiempo, sino que atrae diversos actores con capacidad e interés para continuar articulando y armando equipo. De ser así, la apuesta que supone dedicar tanto esfuerzo a producir obras que corresponden a otros niveles estatales, podría ser una forma de impulsar con toda la potencia disponible esas articulaciones. Lejos de una soberanía del bache, y también de la subordinación a una dependencia paralizante, lo que encontramos es un desborde de las propias competencias y una creatividad política que hace posible la ampliación de la estatalidad en el nivel local, en este caso, a través de la creación de una universidad y su continuidad en la apertura de nuevas carreras. 

Finalmente, queremos hacer una reflexión acerca de la propuesta antropológica de recuperar la preocupación por la sustancia de la política. Esta propuesta afirma que, ese movimiento, supone tomar distancia del interés por la forma de esta actividad. Nuestro trabajo da cuenta de la relevancia de las articulaciones para materializar esa sustancia en acciones, edificios, normas, en parte porque los municipios no disponen de los recursos ni de las competencias para resolver de manera autónoma y aislada (y, posiblemente algo similar pueda afirmarse acerca de otros niveles estatales, aunque no haya sido trabajado en este escrito). Por ello, nos preguntamos si es posible esa distinción entre forma y sustancia, o si es inevitable seguir mirando de qué manera se producen los proyectos, al tiempo que recuperamos la pregunta por la materia a la que estos se abocan, las dimensiones de la buena vida y la vida en común a las que atienden.

Notas de la ponencia:

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^[i] El distrito tenía, en el año 2010, un 12% de hogares con NBI, el quinto índice más alto del Conurbano (Observatorio del Conurbano Bonaerense, 2021). Está entre los municipios más desindustrializados del GBA, con una participación de la industria en el Producto Bruto Geográfico de 7,.2% (Álvarez Newman, 2018), siendo el sector servicios, incluido el comercio, el que alcanza casi el 85% de dicho Producto (Langer, Monasterio y Kodric, 2021). De la población activa, solo el 46,79% son trabajadores/as asalariados registrados, situándose en tres puntos porcentuales por debajo de la media provincial. Sus ocupaciones predominantes son en los rubros de la construcción (18,94%), la producción de bienes (13,71%), la limpieza doméstica y no doméstica (11,26%) y el comercio (10,42%) (Álvarez Newman, 2018). Distintos estudios dieron cuenta de cómo en los años subsiguientes se incrementaron los puestos de trabajo en el marco de proyectos y/o cooperativas modeladas por la implementación de políticas sociolaborales y habitacionales con transferencias monetarias (Dzembrowski, 2018). En tanto que los puestos de trabajo registrados en locales situados en el distrito apenas superaban los cinco mil 5000 en 2005 (Álvarez Newman, 2018), lo que convierte a José C. Paz en un distrito “dormitorio”, en el sentido de que su población se traslada para trabajar en otros distritos (Chiara y Di Virgilio, 2005). A su vez, el distrito presentaba de acuerdo con el Censo 2010, solo un 44% de los hogares habitando en viviendas con una calidad constructiva satisfactoria y el 88,67% tenía conexiones a los servicios básicos de calidad insuficiente, muy por debajo de los porcentajes de otros partidos del Conurbano. Por otra parte, según el Monitor de Barrios Populares del Registro Nacional de Barrios Populares, en diciembre del 2023 existen en el distrito 53 asentamientos donde habitan 15.999 familias aproximadamente.

^[ii] Proyecto UBACyT 20020220300203BA “Formas de organización colectiva, políticas estatales y éticas ordinarias: antropología de los modos de vida de los sectores populares urbanos”. Dirigido por Virginia Manzano. / Proyecto PID 45-2023 “Ciudad y Estado en el Conurbano Bonaerense: un estudio antropológico de la producción de infraestructuras y políticas, urbano-habitacionales y universitarias”. Dirigido por Paula Isacovich.

^[iii] Sobre el proceso de creación de área, y más ampliamente sobre la producción de estatalidad en el nivel local se puede consultar Isacovich y Wagener (2021).

^[iv] Muchos de los habitantes de la Reja se dedican al cartoneo y venta de ropa, como carreros de otros materiales que venden en la chatarrería del barrio, al trabajo en el sector de la construcción, textil y como trabajadoras domésticas. Además, algunos de los/as pobladores gestionan pequeños kioscos barriales, montan y atienden puestos en una importante feria cercana, trabajan en el bien desarrollan actividades laborales o de formaciòn a través del programa Potenciar Trabajo (en cooperativas de trabajo, en relevamientos del Registro Nacional de Barrios Populares - RENABAP, en comedores comunitarios, etc).

^[v]La política de microcréditos para el mejoramiento habitacional consistía a inicios del 2022 en un subsidio inicial de 40.000 pesos, que una vez certificado y rendido, se acompañaba por un segundo desembolso de otros 40.000 pesos bajo la forma de microcrédito, con recupero de cuotas

^[vi] Se trata del proyecto de investigación y transferencia "Diagnóstico para la implementación de políticas: infraestructuras, servicios urbanos y modos de vida en asentamientos del distrito"

^[vii] La participación de vecinos/as del barrio también fue tema de conversación entre Juan y Rosario dos sábados más tarde cuando ese día sólo habían asistido dos mujeres a la reunión de la mesa de Techo.

^[viii] El programa MI PIEZA que consiste en una asignación monetaria para la mejora o ampliación de viviendas está orientado a mujeres, mayores de 18 años, residentes en barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). 

^[ix] Según las encuestas y entrevistas realizadas a habitantes del barrio La Reja, las personas en edad escolar que allí habitan asisten a escuelas localizadas en ambos distritos. Lo mismo sucede con el acceso al transporte público, especialmente colectivos.

^[x] El Programa de Mejoramiento de Barrios tiene como propósito “mejorar de modo sustentable el hábitat de los hogares residentes en villas y asentamientos” para lo cual define cuatro componentes: legalización de la tenencia de la tierra, provisión de infraestructura, equipamiento y saneamiento ambiental, acompañamiento y fortalecimiento de comunitario y fortalecimiento de las capacidades de gestión para las unidades ejecutoras, entre otros (Ministerio de Hábitat de Nación).

^[xi] Los resultados de una encuesta realizada por el equipo de investigación a 48 hogares de la Reja arrojaron que de un universo de 104 personas de 19 años o más, el 18% cuenta con primario incompleto, y el 28,84% con primario completo.

^[xii] Se trata de un ciclo de un cuatrimestre de duración, que consta de tres asignaturas/talleres con una carga de clases semanales de 4 hs de duración: Vida universitaria, Lectura y escritura, y Matemática. Son de cursada obligatoria pero no requieren aprobación.

^[xiii] La sanción de la Ley por la cual fue establecida la creación de la universidad, aprobada por el Congreso Nacional, fue precedida de la construcción del edificio universitario. La edificación estuvo a cargo de la constructora municipal, con fondos municipales y sobre terrenos fiscales en propiedad del estado nacional, utilizados sin previa autorización (Isacovich, 2018). Años después, el intendente anunció, en un acto público, la creación de la carrera de medicina, e impulsó un petitorio para reclamar la apertura de esa carrera (Isacovich y Wagener, 2021).

^[xiv] La necesidad de celebrar acuerdos entre agencias estatales tiene relación con aspectos jurídicos, como la posibilidad de destinar fondos nacionales a obras realizadas en un edificio municipal, pero también recuerda que son entidades diferentes actuando de manera articulada. La contracara de estos acuerdos, son las múltiples tensiones que se evidencian en las disputas por los modos de nombrar los edificios, las placas que distinguen a las autoridades de las áreas de gobierno que participaron de la construcción, entre otros aspectos que no alcanzamos a tratar en este trabajo por razones de espacio.

^[xv] Si se toma en consideración que esta casa de estudios está situada en un municipio de 323.918 habitantes, es posible dimensionar la relevancia de una institución que reúne, contabilizando solamente a los y las estudiantes, un número de personas que alcanza al 10% de la población del distrito. Aún cuando la procedencia geográfica de estas personas sea mucho más amplia, el porcentaje da cuenta de una concentración destacada en la región.

^[xvi] Asimismo, en articulación con el Ministerio de Educación de la Nación, se implementaron algunas políticas orientadas a intervenir sobre las condiciones de acceso a la enseñanza virtual. Por ejemplo, se dispusieron plataformas de acceso gratuito a contenidos digitales (es decir que permitían descargar documentos de internet tales como textos, clases, videos, etc, sin consumir datos de los planes de conectividad digital de los y las estudiantes y docentes). También se distribuyeron algunas tablets.

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