“Nosotros construimos este barrio, ahora otros se lo apropian”: (Des)ordenamiento territorial y colonización popular urbana en el municipio de Pasto, Colombia

“Nosotros construimos este barrio, ahora otros se lo apropian”: (Des)ordenamiento territorial y colonización popular urbana en el municipio de Pasto, Colombia

Introducción

En enero de este año, 2024, en Colombia, experimentamos una fuerte temporada de sequía y altas temperaturas atribuidas al fenómeno de El Niño y la crisis climática. Entre enero y febrero, se registraron más de 500 incendios forestales que, entre otros ecosistemas, afectaron los páramos, los cuales abastecen de agua gran parte de las ciudades en Colombia. Se declararon 190 municipios en alerta por riesgo de desabastecimiento hídrico. Mientras que agricultores y pescadores alertaban sobre pérdida de cultivos y escasez de peces por la disminución de las lluvias y el agua en ríos, arroyos y ciénagas. En medio de esta situación, sobre la carretera nacional Variante Oriental de Pasto, en las inmediaciones del corregimiento de Mocondino, brotan gotas de agua permanentemente, las cuales provienen de una fuga en la manguera del acueducto comunitario que suministra agua a esta localidad. En estos momentos, este hecho amenaza con la suspensión del suministro de agua para 3000 personas de Mocondino, Puerres y Canchala, en el suroriente de Pasto. Esto, como veremos, es una de las expresiones de la transformación territorial e hidrosocial en el valle de Atriz de la que hablaremos en esta ponencia. 

La construcción de la variante culminó en el año 2013 luego de que las fuerzas antimotines de la policía aplacaran violentamente las protestas de pobladores de Mocondino que impidieron por unos meses la finalización de las obras en el tramo que partiría en dos la parte alta del pueblo y el antiguo camino que comunicaba las infraestructuras de su acueducto comunitario (redes y tanque de abastecimiento). Desde entonces, la variante atraviesa los corregimientos de la periferia oriental de Pasto, en la parte alta del valle de Atriz, Morasurco, Buesaquillo, Mocondino, Jamondino y Catambuco; con una longitud de 22 kilómetros, 7 puentes vehiculares y el túnel de Daza de 1.710 metros, en las faldas del cerro Morasurco (Ani, s.f.).

Así como sucede en Mocondino, en varios puntos por donde atraviesa la Variante, o la pana, como se conoce popularmente, es posible observar otras mangueras, colgadas con cables de acero. Gracias a estas infraestructuras, conocidas como “cerchas”, pobladores que habitan el alto valle de Atriz se continúan autoabasteciendo de agua para consumo humano, doméstico, agricultura y crianza de animales. Sin embargo, lo hacen en condiciones de inestabilidad e incertidumbre creadas por esta nueva carretera, pues las mangueras que antes estaban enterradas pasaron a estar a la intemperie, expuestas a múltiples factores que pueden dañarlas y generar crisis por falta o escasez del agua. Como en el caso actual de Mocondino.

En esta superposición de caminos, viales e hídricos, se reflejan algunos rasgos de la transformación territorial que está viviendo el borde periurbano de Pasto a partir de la construcción de la variante. Una transformación que ha implicado la ruptura de ordenamientos territoriales e hídricos preexistentes, junto a repercusiones sobre las vidas de las poblaciones de los entornos rurales y los barrios populares autoconstruidos en la periferia de la ciudad. Así como múltiples disputas y tensiones entre formas de habitar y significar los territorios, con el predominio de un proyecto territorial urbano. 

La variante es una expresión de este proyecto territorial, aunque sus alcances trascienden el ámbito local. Esta carretera nacional fue concebida como una vía estratégica para la integración regional, al hacer parte de uno de los Ejes de integración y Desarrollo de  la  Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), el cual comprende el Corredor Rumichaca-Pasto y el Corredor  Intermodal Tumaco-Belem do Pará que comunica el Pacífico colombiano con el Atlántico brasileño (Perugache, 2022). 

A escala local, la variante, junto con otras infraestructuras, son comprendidas dentro de un plan para cambiar los usos del suelo en el borde oriental de la ciudad, con fines urbanísticos, industriales y comerciales. El Plan de Ordenamiento Territorial de Pasto 2014-2027 (POT) (el cual es un instrumento básico de ordenamiento y planificación del territorio en Colombia) contempla dos áreas de expansión urbana en zonas aledañas a la vía, a partir de la nueva figura de “corredores suburbanos”. A estas dos zonas, se suma un ajuste extraordinario al POT en el que se autorizó el uso del suelo para “actividades relacionadas con depósitos” en el sector de Cujacal, donde actualmente están operando megabodegas de la comercializadora colombiana Alkosto.

Esta transformación territorial ha traído intereses asociados a un tipo de urbanización especulativa y neoliberal, junto con la proliferación de infraestructuras logísticas que aprovechan este eje estratégico de comunicación y comercio. De otra parte, también ha generado distintas respuestas, interacciones y significados sociales en torno a la transformación territorial y las infraestructuras, como expondremos en esta ponencia. 

Para entender lo anterior es necesario presentar un contexto del proceso de configuración urbana de Pasto en las últimas décadas, lo cual haremos a continuación. Seguido de esto nos adentraremos en los dos casos de estudio, lo que nos permitirá entender las consecuencias puntuales que ha traído la vía en la vida de pobladores rurales y urbano-populares del oriente de Pasto. Luego propondremos algunos puntos de reflexión, sobre la relación de la vía y el proyecto de urbanización especulativa predominante en Pasto. Finalmente abordaremos algunas conclusiones. 

La configuración territorial del valle de Atriz

La variante es una expresión de la relación que la ciudad ha construido históricamente con quienes habitan el alto valle de Atriz y de la continuidad del proceso de conquista hidrosocial de los territorios que allí se han forjado, producidos a través de largos procesos de interacción humano-ambientales. Con la fundación de Pasto en 1539 en la parte baja del valle de Atriz, la población nativa que allí habitaba, a la cual los cronistas y conquistadores dieron el denominativo de Quillasingas, empezó a ser desplazada y congregada por los europeos y criollos en la parte alta, ocupando las laderas montañosas. Este hecho, sumado a la extracción y explotación de recursos naturales para la construcción y mantenimiento de la emergente ciudad, especialmente madera y leña, y la imposición y extensión de nuevos cultivos, especialmente gramíneas, constituyó uno de los momentos de mayor impacto sobre el paisaje del valle de Atriz (Martínez, 2005). Esto también definió una de las características centrales de la configuración socioespacial de este lugar, con la existencia de dos espacios claramente diferenciados en términos socioculturales y ambientales, con un valle alto que ha aportado la mayor parte de recursos humanos y naturales para el sostenimiento del valle bajo, predominantemente urbano.

Hasta el siglo XIX, los viajeros y aventureros que llegaron a Pasto describieron y resaltaron un paisaje similar al de la temprana época colonial, este es, un valle caracterizado por sus bosques, vegas de ríos y una variedad de sembradíos entre los que se resaltaban los trigales, así como la existencia de dos zonas claramente diferenciadas: la villa en la parte baja del valle y en las montañas y laderas de sus alrededores un conjunto de caseríos habitados por familias indígenas (cf. Comisión Corográfica, 2002; Triana, 2021).

Estos poblados indios siguieron existiendo bajo la figura de resguardo hasta mediados del siglo XX. Posterior a la disolución del régimen de propiedad comunal sobre la tierra, estos fueron convertidos en veredas y corregimientos, integrados y sujetos al municipio de Pasto con sus antiguas denominaciones. Sin embargo, con algunas excepciones, como las parcialidades de Chapal y Pandiaco las cuales fueron integradas poco después de mediados del siglo XX como barrios de Pasto, los antiguos resguardos siguieron siendo habitados por descendientes de la población indígena, sin mayores cambios en la propiedad de la tierra. Y aunque sus habitantes dejaron de ser considerados como indígenas y como “menores de edad”, tal como eran tratados en ese momento por la legislación colombiana, siguieron siendo sujetos de relaciones serviles, trabajando de manera gratuita en la ciudad, y siendo discriminados por su condición étnico racial.

En las últimas décadas del siglo XX, y particularmente desde la década de 1990, la expansión de la ciudad hacia el alto valle de Atriz ha impactado de manera significativa los antiguos pueblos de indios. A pesar de que quienes habitan actualmente estos lugares mantienen una fuerte dependencia económica de la ciudad,  aún conservan prácticas asociadas a la vida campesina, como el cultivo de alimentos, la pequeña ganadería para la producción de leche y la cría de especies menores. Además, una parte de la población de los corregimientos del municipio de Pasto se ha autoreconocido étnicamente desde la década de 2000, a través del uso de garantías constitucionales y procesos organizativos en defensa de derechos territoriales y autonómicos. 

Sumado a lo anterior, en algunos corregimientos, y en especial en las áreas limítrofes entre estos y el casco urbano de Pasto, habita un conjunto de población resultado de dos procesos de poblamiento. Uno, de familias que llegaron a la ciudad con anterioridad a la década de 1990, provenientes de otras zonas del departamento de Nariño y de otros barrios de Pasto, las cuales protagonizaron importantes procesos de colonización popular urbana, autoconstrucción y lucha por la vivienda digna. Otro, de una población migrante que llega en situación de vulnerabilidad, principalmente desplazada por el conflicto armado interno colombiano, cuya llegada a la ciudad se acentúa a partir de finales de los noventa e inicios de los 2000, desde otras zonas del departamento de Nariño y el departamento del Putumayo.

Lo anterior dibuja en la actualidad un panorama complejo en el conjunto del alto y bajo valle de Ariz, caracterizado por la superposición de experiencias diversas de poblamiento, con la existencia de relaciones de solidaridad entre los sectores urbano-populares y rurales, pero también de tensiones y conflictos, especialmente por el control, manejo y uso del agua. Esta tensión se ha agudizado en los últimos años por la llegada de nuevos actores a los corregimientos y áreas periurbanas de Pasto, motivada por la construcción de grandes obras de infraestructura y por cambios en las políticas de ordenamiento territorial y la definición de los usos del suelo. 

De la variante a la urbanización: relatos de cambio en la zona oriental del valle de Atriz

Ilustraremos esto a continuación a partir de la reconstrucción de dos casos en la zona oriental de Pasto, los cuales han sido abordados por el Instituto Andino de Artes Populares (IADAP) de la Universidad de Nariño y por la investigación de tesis de maestría en Estudios Socioambientales de FLACSO, Ecuador, que desarrolla la coautora de esta ponencia. En el primer caso centraremos nuestra atención en la situación actual de San Isidro Cujacal, una pequeña comunidad campesina cuya actividad productiva ha sido transformada como resultado de la construcción de la variante, la instalación de un parque logístico al pie de esta infraestructura vial y el despojo de su principal fuente de agua para riego. En el segundo caso, nos acercaremos a las experiencias de autoconstrucción y de colonización popular urbana protagonizadas por habitantes de barrios populares ubicados en la periferia nororiental y suroriental de Pasto.

Habitar la frontera

El 25 de noviembre de 2023, en la vereda San Isidro, desde muy temprano se escuchaba hablar a los vecinos y vecinas de un mismo evento: “la reunión del agua” que se celebraría en la tarde en el salón comunal. Se trataba de la asamblea de la Asociación de Acueducto y Alcantarillado Cujacal Centro, acueducto comunitario que abastece de agua esta vereda, junto a otras del sector. Al final de la tarde inició la reunión con aproximadamente 200 personas. Casi todos los vecinos de San Isidro estaban presentes ya que uno de los temas centrales de la Asamblea era el aumento de la presión hidráulica para su vereda.

El presidente del Acueducto presentó la propuesta de aumentar de ¾ a una pulgada de agua para San Isidro, considerando las necesidades de esta comunidad y la capacidad hídrica del acueducto. Manifestó que los mayores de San Isidro han sido líderes antiguos del acueducto comunitario y pidió que se aprobara la propuesta con un aplauso para la comunidad de San Isidro. Los asistentes respondieron con entusiasmo y el sonido de sus aplausos se sintió en todo el salón. Sin embargo, un hombre mayor interrumpió. Advirtió que había que tener cuidado con estas decisiones porque los usuarios aumentaban y el pueblo de Cujacal se podía quedar sin agua. Señaló que era el Municipio el que debía abastecer a San Isidro, porque ya “eran comuna, antes eran 12 usuarios y ahora se están urbanizando”, complementó.

Ante  esta intervención, la presidenta del Canal de Riego San Isidro, Martha Chinchajoa, respondió: “No somos comuna, somos Cujacal San Isidro. Por las obras nos dividieron, pero somos de aquí. Somos de Cujacal Centro, Buesaquillo”. Explicó que son los mismos vecinos pero que sus hijos están creciendo y también quieren construir sus casas. Por último, pidió apoyo porque, además del agua de riego, tienen una problemática real de escasez de agua potable y “parece que de todos lados nos quieren sacar”. Nuevamente, el presidente del Acueducto intervino, afirmando que los de San Isidro eran y siguen siendo de “nuestro sector” y no se les podía negar agua potable porque es un derecho humano. Así, quedó aprobada la propuesta y la reunión continuó tratando otros temas.

Este evento nos da claves importantes para acercarnos al territorio de Cujacal San Isidro y al entorno rural y periurbano en el que se encuentra inmerso. Así mismo, nos da luces sobre las implicaciones de la variante en los tejidos sociales y las formas de significar estos cambios por los distintos actores. Asuntos cruzados por el agua que reúne, separa, moviliza, posibilita, impide o dificulta la vida en estos lugares. El agua que, junto a la tierra, también es privatizada y urbanizada en medio de los procesos de transformación territorial.

El hecho que se reúna la gente alrededor del agua para tomar decisiones sobre su manejo, distribución, reparaciones y cambios en las infraestructuras, muestra que la vida en estos territorios se organiza a través de relaciones de intercambio recíprocas y procesos de construcción de bienes comunes, como el acueducto y el canal de riego comunitarios. En los que han sido claves instituciones propias como las mingas y las asociaciones conformadas por personas elegidas de las mismas comunidades. Sin embargo, estos entramados comunitarios son entidades complejas y ambiguas que han experimentado distintos cambios a lo largo del tiempo. Aunque están arraigados en arreglos sociales cotidianos, espacios asamblearios y esfuerzos colectivos, también adoptan formas y discursos de los modelos de gestión estatal, empresarial y urbana. Un ejemplo es la comprensión del agua como un derecho humano fundamental, o de la población de San Isidro como “usuarios del agua”.

Además, como se evidencia en el debate de la asamblea, la construcción y delimitación del "bien común" es motivo de múltiples tensiones y disputas. En estas, la diferenciación en torno a lo urbano y lo rural tiene gran peso, representada por comunas y barrios en la ciudad, y veredas y corregimientos en el campo. Así, se entiende que la cobertura del acueducto comunitario de este sector debe llegar hasta donde empieza la ciudad, pues en los barrios y comunas la gestión del agua recae en el municipio, de lo contrario se podrían “quedar sin agua”, por la densidad y alta demanda de estos lugares.  En esta asamblea también se evidencia la coexistencia de distintas aguas y usos del agua en estos territorios: el agua potable para consumo humano y doméstico y el agua de riego para las labores agropecuarias.

Por otro lado, la controversia en la asamblea sobre la cobertura del acueducto comunitario tiene que ver con la separación de San Isidro generada por la variante y sus impactos en las relaciones y tejidos sociales con el agua. Actualmente, en la división político-administrativa, San Isidro es una de las veredas del corregimiento de Buesaquillo, al nororiente de Pasto. Su historia está ligada al sector conocido como Cujacal por las relaciones vecinales y de parentesco, los bienes comunes y procesos organizativos. Sin embargo, desde 2015 la variante separó a San Isidro de este sector y de la parte alta del corregimiento de Buesaquillo. Así, San Isidro quedó en medio del borde periurbano de Pasto y la nueva carretera. Esta separación física ha alterado los caminos, encuentros y rutinas que antes unían a estos territorios. De la mano de lo anterior, la gente de San Isidro comienza a percibirse, menos como parte del entorno rural y comunitario, y más como integrantes de los barrios y comunas.

La controversia también se relaciona con la inseguridad hídrica generada por la carretera en un contexto de crisis climática. Como mencionamos al inicio, la construcción de la vía rompió territorios y caminos del agua, dejando expuestas las mangueras de los sistemas de abastecimiento hídrico que antes estaban enterradas y ahora cuelgan a la intemperie. En las proximidades de Buesaquillo, quedaron en el aire la manguera del canal de riego comunitario de San Isidro y la manguera del Acueducto Cujacal Centro que lleva el agua potable a esta población. Por esta nueva condición, no llega agua potable suficiente y de manera continua a los y las pobladoras de San Isidro, quienes, además, perdieron el agua de riego desde el 2019 hasta la fecha.  

Hace cinco años el agua dejó de fluir por el canal de riego comunitario. Su curso fue interrumpido desde la fuente por la construcción, al otro lado de la carretera,  de un parque logístico para la operación de megabodegas comerciales de Alkosto, comercializadora colombiana de electrodomésticos, llantas, motos y productos diversos. Estas bodegas secaron el ojo de agua que abastecía el canal, destruyeron el tramo de la red que pasaba por este terreno e impidieron el tránsito de la comunidad por el antiguo camino de este sistema de riego. La falta del agua de riego por este tiempo ha afectado la economía y el bienestar de la mayoría de las familias de San Isidro, por la pérdida de sus cultivos y animales, especialmente cuyes y conejos (Asociación Canal San Isidro, 2022).

El Estado fue uno de los actores claves en esta problemática hídrica. En el POT del municipio 2015-2027, a cargo de la Secretaría de Planeación y aprobado por el Concejo municipal, a través de un cambio irregular, se autoriza “actividades relacionadas con depósitos” en el sector de Cujacal, calificado como suelo rural,  en un área que coincide exactamente con el lote donde se construyeron las bodegas comerciales. Otras entidades implicadas fueron la Corporación Autónoma Regional de Nariño (autoridad ambiental) y la Curaduría Urbana Segunda (entidad privada con funciones públicas), las cuales otorgaron respectivamente la concesión de aguas y las licencias urbanísticas a este proyecto.

Otro elemento que sale a flote en esta asamblea, es la urbanización de San Isidro desde dos puntos de vista distintos. Uno que señala que antes eran solo 12 usuarios y ahora se están urbanizando, por tanto son barrio, y otro que enfatiza en el crecimiento de las mismas familias que siguen perteneciendo al entorno rural y comunitario de Cujacal Centro, Buesaquillo. Ambos apuntan elementos importantes para aproximarnos al territorio de San Isidro desde su heterogeneidad y su evolución en el tiempo.

En este territorio se entrelazan diversas dinámicas y procesos territoriales. Por un lado, una historia de poblamiento que se origina en la migración de familias desde pueblos cercanos a este sector y en un crecimiento basado en la reproducción de las familias, migración de parientes y  procesos de autoconstrucción de viviendas, caminos y sistemas comunitarios para el abastecimiento hídrico. Según las memorias de la comunidad, hace alrededor de 100 años y hasta antes de la construcción de las bodegas comerciales, las familias se abastecían del mismo ojo de agua para sus labores agropecuarias, a través de un canal de riego comunitario construido con mingas y cuotas familiares. Como resultado de este proceso, en San Isidro habitan actualmente 35 familias, la mayoría son propietarios y herederos de terrenos familiares y están vinculadas entre sí por relaciones de parentesco. Por otro lado, la relación comunitaria en torno al agua se expresa en sus fiestas de San Isidro Labrador, patrono de los campesinos y de la lluvia, las cuales se celebran a finales del mes de junio, con misas, caravanas, juegos tradicionales y la construcción de un altar de alimentos que se ofrendan a este santo. 

Por otro lado, estas dinámicas familiares y comunitarias coexisten con distintos actores y proyectos territoriales. Entre estos, los propietarios invisibles de extensos pastizales, los herederos que no viven en la vereda y las empresas constructoras cuyos proyectos se encuentran a la espera de condiciones propicias para ser desarrollados (cambios en el POT y acceso a servicios públicos domiciliarios). Estos elementos, sumados al crecimiento de los barrios vecinos en las comunas 10 y 11,  los flujos nacionales y supranacionales, la valorización de la tierra y las nuevas actividades económicas que trajo la construcción de la variante, hacen de San Isidro un territorio complejo donde confluyen distintos intereses en relaciones de tensión y disputas. 

En medio de estos procesos, los habitantes de San Isidro han tenido relaciones diversas con la ciudad y las infraestructuras. Por ejemplo, la mayoría de los hombres de la vereda participaron como obreros en la construcción de la variante. Mientras que las mujeres suben los fines de semana a un tramo de esta carretera, que se usa como mirador de la ciudad, para vender comidas típicas como fritadas, choclos  con queso y postres. En general, desde las primeras generaciones, los hombres se han dedicado a oficios relacionados con la construcción de viviendas y grandes obras de infraestructura, como carreteras, hidroeléctricas y centros comerciales, tanto en los barrios de la ciudad como a nivel regional y nacional. Las mujeres, por su parte, han estado más ligadas al cuidado de los hogares,  huertas y animales en la vereda, combinando estas labores con trabajos en la ciudad, como empleadas domésticas, niñeras y vendedoras de hortalizas y plantas medicinales en las plazas de mercado y barrios populares.

Actualmente, estas relaciones se vienen intensificado por diversos factores. Uno de ellos tiene que ver con la dificultad de seguir cultivando y criando sus animales sin el agua de riego, especialmente en el caso de las mujeres. Otro con que miembros de las nuevas generaciones han accedido a diversos trabajos y ocupaciones en la ciudad como estudiantes universitarios, enfermeras, ingenieros, vigilantes y profesionales en estudios relacionados con la producción agropecuaria. A diferencia de sus padres, madres y abuelas/os, que en su mayoría solo estudiaron hasta los primeros grados de primaria, los jóvenes han accedido a niveles de educación secundaria y superior. La mayoría no se proyecta como trabajadores del campo porque no ven en esta vida posibilidades de progreso y bienestar.

Sin embargo, como lo refleja la intervención de la Presidenta de la Asociación en la asamblea, este territorio también es significado como un territorio campesino ligado a la herencia cultural, las labores agrícolas y al entorno rural y comunitario de Cujacal y Buesaquillo. Las huertas, los cultivos de cebolla, la hoz para cortar la hierba de los cuyes, las gallinas, patos, conejos, cuyes, cerdos y vacas, también son parte de la historia y el presente de San Isidro. Los sonidos y ritmos de sus animales, mingas y fiestas conviven con la velocidad y los motores de la carretera. Además, actualmente, la comunidad está impulsando la construcción de un reservorio, abastecido por una nueva fuente hídrica, para restablecer el acceso al agua de riego. A través de mingas para recoger fondos, así como de acciones de incidencia política para que este proyecto haga parte del nuevo plan de desarrollo del municipio. 

“Nosotros construimos este barrio, ahora otros se lo apropian” 

El 8 de marzo de 2018 algunos habitantes de la vereda Dolores y de los barrios Rosal de Oriente, Popular, Brisas de Oriente, Arnulfo Guerrero y del condominio Pinar del Río, se concentraron en la Glorieta del Campesino, un sitio representativo ubicado al oriente de Pasto, donde comienza la carretera que comunica a la ciudad con El Encano y el departamento del Putumayo. La concentración fue encabezada por los representantes de las juntas de acueducto y las juntas de acción comunal de estos barrios y de Dolores, quienes desde octubre de 2017 habían manifestado su preocupación por la explotación de una cantera ubicada en inmediaciones de la Peña Blanca, en el corregimiento de Mocondino. Los habitantes de estos sectores denunciaron que este proyecto extractivo ponía en riesgo el abastecimiento de agua para sus acueductos comunitarios, de los cuales se beneficiaban alrededor de 1.500 familias (Marcharán contra licencia a una cantera en Dolores, 2018).

El proceso de unidad contra la cantera marcó un hito importante en la movilización social de los sectores populares del suroriente de Pasto, debido al carácter conflictivo que, en general, ha caracterizado la relación de los barrios con los habitantes de las veredas Dolores y Mocondino en torno al acceso, el uso y la distribución del agua en la zona. También este proceso de movilización nos permitió evidenciar que la defensa del agua y la gestión comunitaria no solo ha tenido lugar entre las comunidades rurales del alto valle de Atriz sino también en barrios periféricos de Pasto. Esto no es circunstancial. La reconstrucción de la historia de poblamiento de estos lugares muestra cómo el agua ha jugado un rol esencial en la configuración del espacio y en el fortalecimiento de identidades comunitarias, debido a los estrechos lazos sociales que se han creado y fortalecido como resultado del manejo comunitario del líquido (Perugache, 2022).

El caso de El Popular ejemplifica lo anterior. Este barrio, cuyos representantes participaron de la concentración de 2018, fue fundado a finales de la década de 1970 por militantes del Partido Comunista Colombiano que integraban la Central Nacional Provivienda, creada en la ciudad de Cali en 1959. Esta organización tuvo un papel fundamental en los procesos de “colonización popular urbana” en Colombia. Sus protagonistas principales fueron migrantes campesinos afectados por la violencia política de mediados del siglo XX en el país. Provivienda promovió la creación de barrios mediante invasiones de lotes baldíos y ociosos y ejidos municipales, y diversas acciones colectivas como “movilizaciones, marchas, bloqueo de vías, pedreas, resistencia al desalojo, reclamaciones escritas, memoriales a las autoridades, recolección de fondos en bazares, festivales, mingas y trabajos colectivos de autoconstrucción” (Naranjo, 2014, p. 99).

Según la investigadora María Elvira Naranjo (2014), quien ha reconstruido la historia de este movimiento, la creación de los barrios iba de la mano de la formación y la militancia política y de la creación de lazos de solidaridad que se nutrían del “saber ancestral” y el apoyo mutuo de las familias destechadas, lo que llevaba a la creación de una fuerte identidad barrial que se expresaba desde el mismo nombre del barrio (p.106).

La dinámica organizativa en los nuevos barrios se caracterizó por el apoyo mutuo entre los vecinos y la conformación de asambleas y comisiones encargadas de organizar el trabajo voluntario. En el caso de El Popular, en la primera asamblea del barrio liderada por Efraín Cueltán se trazaron las calles y lotes, planeados con anterioridad, y se convocaron los trabajos comunitarios en los que se movilizaban cerca de 800 personas (Barrio Popular, 2008). Debido a la falta de servicios públicos, uno de los primeros trabajos fue la construcción del acueducto y el alcantarillado.

Sin embargo, en el barrio recuerdan que esto no fue fácil. Además de la oposición gubernamental para la instalación de las mangueras y tuberías y de los frecuentes enfrentamientos con la policía, los primeros habitantes del barrio no tuvieron una buena relación con sus vecinos de Dolores y Mocondino. Las primeras controversias entre estos sectores y El Popular se ocasionaron por la desviación de las acequias y por la contaminación del agua debido a que esta se conducía por un cauce destapado. Cuando faltaba el agua, los habitantes del barrio debían subir a la parte alta para limpiar y quitar las desviaciones de la acequia, lo que conllevaba a constantes enfrentamientos con los habitantes de Dolores.

Hacia inicios de la década del 2000, casi 25 años después de la fundación del barrio, la Junta de Acción Comunal de El Popular logró completar el entubamiento del agua y suspender definitivamente el abastecimiento de la antigua acequia. Así como construir un nuevo tanque de almacenamiento en el que se implementó un sistema de pequeña cloración para purificar el agua, trabajo que se hizo a través de mingas.

Aunque las relaciones de El Popular y los habitantes de los barrios vecinos con la vereda Dolores fueron mejorando con el tiempo, en parte por la lucha conjunta emprendida contra la cantera, aún afloran algunas tensiones. Sobre todo, debido a las diferencias en los usos y cantidad del agua disponible para estas poblaciones, lo que incide sobre quién o quiénes tienen derecho de acceso al líquido. Esta pregunta ha cobrado más vigencia en los últimos años debido a la llegada de nuevos competidores por el agua los cuales se han visto atraídos por la valorización de las tierras ubicadas al pie de la Variante Oriental la cual atraviesa la vereda Dolores y el corregimiento de Mocondino. 

En otra zona del oriente de Pasto, por donde también atraviesa esta vía, los intereses por la tierra y el cambio en el uso del suelo están afectando, como ya vimos, a la población campesina de San Isidro Cujacal, pero también a los habitantes de los barrios periurbanos de la Comuna 10, en un sector conocido tradicionalmente como Aranda. De acuerdo al POT del municipio de Pasto, el Plan Parcial Aranda-Metropolitana prevé la construcción de 9.000 viviendas correspondientes a 34.200 habitantes futuros por medio de una iniciativa pública-privada destinada a aminorar el déficit de vivienda en el municipio. Para garantizar esto se han hecho inversiones públicas en infraestructuras hidráulicas para abastecer de agua este y otros desarrollos inmobiliarios,  a través del trasvase de agua de la cuenca del Río Bobo (Empopasto, 2019). Así como en la pavimentación de la Avenida Aranda la cual contempla conectar el centro de Pasto con el sector norte de la Variante Oriental.

Quienes habitan los barrios de la Comuna 10 consideran estos planes como una amenaza a los procesos de colonización popular urbana de los cuales han sido protagonistas, al promover un tipo de urbanización que podría romper los procesos de solidaridad y reciprocidad y las identidades barriales que allí han prevalecido. 

Al igual que en el sector suroriental del valle de Atriz, en la zona nororiental la creación de la mayoría de barrios populares fue protagonizada por asociaciones de vivienda que, como respuesta al déficit habitacional y la falta de políticas estatales, se acercaron cada vez más a los territorios ocupados por descendientes de los antiguos resguardos de Aranda y Tescual. Aquí también, las primeras experiencias de colonización popular urbana pueden rastrearse a mediados de la década de 1970 con procesos promovidos por Provivienda y el Partido Comunista Colombiano (Barrio Popular, 2008; Naranjo, 2017; Perugache, 2022). 

El barrio La Independencia, por ejemplo, “inició con la ocupación espontánea de algunas familias que levantaron sus ranchos a la orilla de un camino abandonado”. Allí Provivienda asesoró a 200 familias de destechados en un centro de inquilinos para capacitarlos y planear una ocupación masiva, proceso que contó con la autorización del Personero municipal, lo que evitó enfrentamientos e intentos de desalojo por parte de la policía (Naranjo, 2018, pp.227-228).

En los ochenta se fundaron en Aranda barrios como La Libertad, promovido por el Partido Comunista Colombiano, La Floresta, La Esperanza y Santa Matilde. Entre 1990 y 1995 se crean barrios como Prados del Norte, Portal de Aranda, Villas del Norte, Niño Jesús de Praga, San Albano; y entre 1995 y 2000 Quillotocto, Nuevo Sol, Villa Guerrero y Sol de Oriente. En el caso de este último barrio su fundación se remonta a la Asociación de Vivienda Arco Iris la cual se constituyó en 1996, vinculando a 62 familias que no contaban con vivienda propia y que inician el proceso de vivienda de interés social con INVIPASTO (Instituto de Vivienda de Pasto). La Asociación estuvo vinculada a la Corporación Nuevo Arco Iris, una Organización No Gubernamental para la Paz y el Desarrollo, creada en el marco de la ejecución y desarrollo de los compromisos asumidos en el Acuerdo Político Final, suscrito entre la Corriente de Renovación Socialista y el Estado Colombiano, el 9 de abril de 1994.

Conforme los nuevos barrios populares se fueron acercando a las tierras habitadas por la población nativa de carácter predominantemente rural, se originaron tensiones, pero también condujo a procesos de negociación tendientes a garantizar el acceso a servicios básicos, principalmente el agua. En el barrio Sol de Oriente, por ejemplo, ubicado en límites con el corregimiento de Morasurco, se recuerda que el suministro del agua se hacía inicialmente a través de una manguera que se surtía del acueducto comunitario de San Antonio de Aranda. 

Actualmente el Instituto Andino de Artes Populares realiza una investigación de tipo colaborativo con los habitantes de Sol de Oriente, con la finalidad de reconstruir la memoria histórica de la Asociación de vivienda Arco Iris, documentar el proceso de autoconstrucción del barrio y aportar con insumos al proceso de organización para hacer frente al Plan Parcial Aranda Metropolitana.

La urbanización especulativa frente a la urbanización popular

La variante materializa la  relación  desigual que históricamente ha existido entre el bajo y el alto valle de Atriz, basada en la extracción de recursos como el agua y en la imposición de usos del suelo indeseables. Pero esta infraestructura vial es una expresión de una forma de urbanización de tipo especulativa que empieza a predominar a partir de los noventa del siglo pasado en la ciudad de Pasto.

A partir de esta década factores como la apertura económica impactaron amplios sectores sociales a nivel regional, conllevando a la pauperización de familias campesinas debido a la importación de alimentos y con esto la mercantilización del suelo rural como alternativa económica, sobre todo de aquellas tierras ubicadas en las zonas periurbanas. También, durante esta década hay un crecimiento en el flujo de dinero proveniente del contrabando con el Ecuador y del narcotráfico, esto último a raíz del desplazamiento hacia Nariño, particularmente hacia la Costa Pacífica, de las actividades ligadas a la producción y comercialización de sustancias de uso ilícito como la cocaína. En este contexto, Pasto, como capital departamental y principal centro urbano a nivel regional, se convierte en un "punto nodal para las actividades financieras encubiertas que impulsan el comercio y la urbanización" (Cerón, 2006, p.52).

Desde la década de 1990 se observa un cambio en la magnitud y las dinámicas de la urbanización sobre el valle de Atriz, con un notable incremento del área construida. Cerón (1999, p.410) muestra que, de las 1.400 hectáreas del perímetro urbano en 1985, se pasa a 2.000 en 1990 y a 2.500 en 1999. Este hecho va a significar la incorporación con fines de urbanización de zonas del alto valle de Atriz que habían mantenido un uso del suelo predominantemente agrícola. Paula Martínez (2005) encontró que durante los años de 1994 y 1995 se vivió un período de inusitado aumento en la construcción en Pasto, superando la barrera de los cien mil metros construidos. El ritmo de este tipo de urbanización será predominante durante la década del 2000 y 2010.

Según el Informe de Coyuntura Económica Regional para el departamento de Nariño, en el período 2010-2015, las variaciones de metraje de las obras culminadas para el área urbana de Pasto presentaron oscilaciones positivas destacables en 2011 (62.3%) y 2013 (62.2%) y negativas en 2010 (-30.2%) y 2012 (-16.5%). Tan sólo durante el cuarto trimestre de 2015, en el área urbana de Pasto se construyeron 104.173m2, representando un incremento de 103.4% frente a 2014. Del metraje de obras culminadas en 2015, el 82.6% se concentró en apartamentos y casas (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016, pp. 50-51). Según cifras de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) solo en diez años, entre 2005 y 2015, se construyeron en Pasto 14.559 viviendas, equivalentes al 35% del total del municipio (Ruales, 2018, p. 82).

El modelo de urbanización especulativa afecta a la población rural del alto valle de Atriz, a través de la desposesión de las antiguas tierras comunales para ser destinadas a usos del suelo indeseables, como por ejemplo la variante. Como vimos para el caso de San Isidro, esto ha incidido en una presión cada vez mayor sobre la disponibilidad hídrica de estos sectores, así como sobre la gestión comunitaria del agua, caracterizada como todo un entramado de instituciones, normas e infraestructuras con un fuerte significado social y cultural. Esta gestión ha garantizado el uso del agua para fines múltiples, tanto humano y doméstico como aquellos conexos a las prácticas de vida campesina que se siguen reproduciendo en áreas periurbanas y rurales de Pasto. 

Pero también el modelo de urbanización especulativa afecta a la población urbana popular y marginalizada ya que la mercantilización del suelo rompe con los procesos de solidaridad y reciprocidad y de construcción de identidades barriales fuertemente arraigadas al territorio que caracterizaron los procesos de colonización popular urbana, predominante en el valle de Atriz hasta la década de 1990. Las organizaciones sociales protagonistas en la construcción de la vivienda popular en Pasto hasta la década de 1990 han sido reemplazadas por actores con capacidad económica y fuertes conexiones políticas. Algunos de estos están integrados a Camacol, un poderoso gremio con gran influencia en el ordenamiento territorial y la construcción de vivienda en el municipio y el país.

A nivel local, los intereses de este gremio y de otros actores involucrados en el uso mercantilizado del suelo han sido favorecidos a través de dos vías: cambios en los esquemas de planeamiento territorial vigentes y en el uso del suelo, como sucedió de manera abrupta en San Isidro; y, a través de la construcción de infraestructuras como vialidades y el suministro de servicios públicos, principalmente de agua, con recursos públicos. Como lo han comprobado otros estudios, lo anterior demuestra que la planificación urbana en Pasto ha estado definida predominantemente por un enfoque de mercado en la que "el uso del suelo se supedita a una percepción de funcionalidad económica para satisfacer intereses particulares (agentes inmobiliarios) y para cubrir el requerimiento de espacio libre para el crecimiento urbano" (Ruales, 2018, p.20).

Este enfoque dominante en la planificación territorial de Pasto se sostiene desde dos argumentos. El primero, es la existencia de un déficit de suelo en la ciudad tanto para uso urbano como para el desarrollo actividades logísticas, industriales y agroindustriales, estas últimas limitadas además por las restricciones de carga y descarga que rigen en el perímetro urbano. El segundo argumento, aunado al primero, es la existencia de un déficit hídrico en el municipio de Pasto, lo que ha conllevado a una progresiva expansión del sistema de acueducto de la ciudad por medio del trasvase de la cuenca del Río Bobo y la consecuente disminución del agua en las poblaciones ubicadas en esta cuenca, como el caso del municipio vecino de Tangua. 

Estos hechos, relacionados con la urbanización especulativa predominante en Pasto desde los noventa, guardan similitudes con un proceso a nivel planetario, en el que la producción intensiva de espacio construido se ha convertido en el principal motor del proceso de acumulación capitalista representando cerca del 60% del valor total de activos globales (Delgado, 2019b, p. 72). Se ha catalogado a este proceso como de “urbanización planetaria neoliberal” (Sabino, 2020), caracterizado por un doble papel de los estados, en la desregulación y descentralización en la planificación del uso del suelo, conllevando a la mercantilización y privatización del espacio, al tiempo que allanando el camino para “establecer condiciones favorables a la inversión inmobiliaria y de expansión y renovación de infraestructura (desde cuestiones relacionadas al acceso del suelo y al ordenamiento territorial, hasta el establecimiento de incentivos y de legislación fiscal, bancaria y financiera)” (Delgado, 2019b, p.73). 

En el caso del valle de Atriz estas redes de complicidad público-privadas, si bien se intensifican en las últimas décadas, tiene su origen por lo menos desde mediados del siglo XX, tras el proceso de disolución de resguardos de origen colonial. Después de este hecho los dueños de extensos fundos en el valle de Atriz, pertenecientes a las élites locales, se favorecieron con la valorización de sus tierras, por la ampliación de la red maestra de acueducto y alcantarillado y la construcción de vías, cuyo costo fue asumido con recursos públicos del municipio (Cerón y Ramos, 1997, p. 546). 

En este sentido, estaríamos hablando sobre todo de la intensificación de un tipo de urbanización capitalista, intrínsecamente de carácter especulativo, que ha conllevado a una producción desigual del espacio o un desarrollo geográfico desigual (Delgado, 2019a; Harvey, 2012). Esto ha afectado a la población urbano-popular y marginalizada, y a quienes viven por fuera de la ciudad, en espacios considerados históricamente como “lugares incomunicados y baldíos, o como “tierra de nadie”, negando las antiguas redes de intercambio y los intrincados y largos procesos de interacción humano-ambientales que han estructurado por siglos esos entornos” (Perugache, 2022, p.62).

Como se ha señalado desde la ecología política urbana, las ideas y expresiones materiales que componen los ambientes urbanos que son controlados, manipulados y sirven a los intereses de determinado sector se produce a expensas del deterioro de las condiciones sociales, físicas y ecológicas y las cualidades de los humanos y no humanos en otros lugares (Heynen, Kaika y Swyngedouw, 2006, pp. 6,11; Quimbayo y Vásquez, 2016, p.46). Esto es lo que ha caracterizado la relación de Pasto con sus entornos, ya no solo con el alto valle de Atriz, sino con regiones vecinas como viene sucediendo en la cuenca del Río Bobo, donde los planes a futuro por parte del acueducto de Pasto, de ampliar cada vez más el caudal de aguas trasvasada hacia la ciudad, amenazan el futuro hídrico de quienes allí viven.

Conclusiones

La superposición de caminos, viales e hídricos, que caracterizan la transformación territorial que está viviendo el borde periurbano de Pasto a partir de la construcción de la variante, nos invita a reflexionar y quizá a partir de ahí a complejizar la relación campo-ciudad. Esto, sumado a las diversas experiencias de urbanización que han marcado el proceso de configuración territorial de Pasto y el valle de Atriz en su conjunto, conlleva a pensar la urbanización como un proceso heterogéneo, de continua transformación socio-ecológica, que involucra una diversidad de espacios y poblaciones, humanas y no humanas, que se construyen en correspondencia unas a las otras a través de relaciones desiguales de poder (Heynen, Kaika y Swyngedouw, 2006; Tzaninis, et al., 2020). En este sentido resulta relevante el llamado de Tzaninis y compañía (2020) y el de otros autores (Delgado, 2020; López, 2016; Radonic y Kelly-Richards, 2015; Vásquez, 2020) de tomar en serio lo que sucede en los espacios suburbanos, exourbanos o periurbanos por ser un paisaje emergente donde se traslapan las dinámicas asociadas a lo rural y lo urbano que a su vez condicionan, impulsan y determinan los procesos de urbanización. Esto no solo con la finalidad de entender el flujo metabólico de recursos, energía, materia e información sino también para comprender las prácticas cotidianas que tienen lugar allí (Perugache, 2022). Esto tiene dos implicaciones.

Por una parte, supone complejizar la comprensión de los procesos de urbanización, aspecto que resulta preponderante para el caso de estudio de nuestras ciudades latinoamericanas,  desde las “diversidades y particularidades territoriales de comunidades, individuos, subjetividades y sistemas de conocimiento local” (Quimbayo y Vásquez, 2016, p. 45). 

Por otra parte, esto exige un compromiso empírico con las prácticas cotidianas que se escenifican en los márgenes de las ciudades y más allá de estos márgenes con el fin de develar las complejas configuraciones sociales y materiales que tienen lugar allí, así como las diferencias internas que se producen. Ante lo cual podemos resaltar el papel de las infraestructuras (acueductos, vialidades), así como su estudio etnográfico, con el fin de problematizar las relaciones desiguales de poder en el ordenamiento del territorio, el acceso y uso del agua y las estrategias que los actores ponen en juego en estos escenarios (cf. López, 2016; Radonic y Kelly-Richards, 2015).

Las infraestructuras encarnan formas específicas de poder y autoridad, vinculadas con discursos de modernidad y desarrollo; y pueden generar o perpetuar distintas violencias (impactos sociales y ambientales de grandes proyectos o formas de exclusión, desconexión o inclusión desigual en el funcionamiento de las infraestructuras) (Camargo y Uribe, 2022). Así, las infraestructuras transmiten conocimientos, significados y valores que entran en disputa en escenarios de confrontación por la apropiación y distribución de los recursos. Como lo refieren Hommes y Boelens (2017), estos elementos configuran imaginarios hidrosociales y territoriales específicos que más que meros aspectos discursivos o simbólicos sobre el territorio y el agua, son fuerzas que se materializan en proyectos geográficos y artefactos (pp. 73- 74).

Notas de la ponencia:

Nota 1: Sistema de citación en formato APA

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