Entre deseos y demandas. Iniciativas de acceso igualitario a paternidades

homoparentales mediante gestación solidaria.

Estefanía Victoria Ayala, estefaniaayala85@gmail.com  Instituto de Ciencias Antropológicas, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Resumen

La gestación solidaria (GS), es una práctica de procreación que involucra un acuerdo mediante el cual una mujer gesta con el propósito de transferir sus derechos maternos a los padres/madres de intención. Además de presentarse como una alternativa para frente a la infertilidad en parejas heterosexuales, la GS se ha instalado como una vía de acceso a la homoparentalidad masculina. En Argentina, la Ley Nacional N° 26862/2013 de Reproducción Médicamente asistida establece que las Obras Sociales y prepagas tengan la obligación de cubrir tratamientos de alta como de baja complejidad. Esta ley fue producto de una larga lucha de colectivos reunidos en asociaciones y ONG's que procuraron la regulación de las Tecnologías reproductivas (TRA) y el acceso a través del sistema de salud público. Sin embargo, la GS no se incluyó en la reglamentación y quienes desean llevar adelante dicha práctica no cuentan con herramientas que regulen el procedimiento que realiza en un escenario paralegal. Organizaciones LGBT habían acompañado la propuesta de su regulación legal en el Anteproyecto del nuevo Código Civil y Comercial (CCyC) y continúan haciéndolo tras haberse eliminado de su versión promulgada. El argumento central es que la GS representa la única opción que tiene una pareja de varones cis homosexuales de tener un/a hijo/a con lazo genetico, aunque sólo con uno de ellos, y reconocer consecutivamente ambos vínculos filiatorios, por lo que conforme a los principios de igualdad y no discriminación, ese se convierte en un argumento a favor de su legitimidad, especialmente luego de la ley de matrimonio igualitario y de las modificaciones en el nuevo CCyC que vinieron a equiparar el acceso a la adopción conjunta.

Para el presente trabajo me interesa recuperar las experiencias de algunos actores del movimiento LGBT que continúan con la búsqueda de legitimidad de los procesos de GS y del acceso igualitario a la Ley 26862. Los sujetos con los cuales estoy llevando adelante la investigación son padres de la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Estos, si bien siempre fueron ajenos al universo del activismo LGBT, el “deseo” de formar una familia los llevó a un proceso de reconocimiento como sujetos políticos y de algún tipo de participación en el movimiento, gestionando y demandando políticas públicas desde su cotidianidad. En ese sentido, y en base al trabajo etnográfico que vengo realizando, apuntó a una reflexión sobre la articulación entre la construcción de políticas públicas y los reclamos de sectores del movimiento LGBT, poniendo el foco en los sentidos de la experiencia colectiva de estos sujetos, en los modos en que están organizando sus demandas y en las concepciones y prácticas que articulan esos reclamos con la producción de políticas públicas.

Palabras Claves: gestación solidaria; homoparentalidades; demandas.

Introducción

Dentro de las Tecnologías de Reproducción Asistida (TRA), la Gestación Solidaria^[1] (GS), es una práctica de procreación que involucra algún tipo de acuerdo mediante el cual una mujer gesta con el propósito de transferir sus derechos maternos al o a los padres/madres de intención, quienes a su vez están -uno o los dos- genéticamente vinculados con el/la bebe. Además de presentarse como una alternativa para solucionar la infertilidad en parejas heterosexuales, la GS se ha instalado como una vía de acceso más “pragmática” a la homoparentalidad masculina (Vespucci G. , 2017)[2].

En Argentina la Ley Nacional N° 26862/2013^[3] de Reproducción Médicamente asistida establece que las Obras Sociales y prepagas tienen la obligación de cubrir tratamientos de alta como de baja complejidad. Esta ley fue producto de una larga lucha de colectivos reunidos en asociaciones y ONG's que procuraron no sólo la regulación de las TRA, sino también el acceso a través del sistema de salud público. Sin embargo, la GS no se incluyó en la reglamentación, por lo tanto, quienes desean llevar adelante dicha práctica no cuentan con herramientas que regulen el procedimiento y se realiza en un escenario paralegal^[4].

Algunas organizaciones LGBT^[5] habían acompañado la propuesta de su regulación legal y continúan haciéndolo tras haberse eliminado de su versión promulgada. El argumento central es que la GS representa la única opción que tiene una pareja de varones de tener  un/a hijo/a con lazo genético, aunque sólo con uno de ellos,  y reconocer  consecutivamente ambos vínculos filiatorios, por lo que conforme a los  principios de igualdad y no discriminación, ese se convierte en un  argumento a favor de su legitimidad, especialmente luego de la ley de matrimonio igualitario y de las  modificaciones en el nuevo CCyC que vinieron a equiparar el acceso a  la adopción conjunta.

Para el presente trabajo me interesa recuperar las experiencias de algunos actores que son parte del movimiento LGBT y que continúan con la búsqueda de legitimidad de los procesos de GS y del acceso igualitario a la Ley 26862. Los actores con los cuales estoy llevando adelante la investigación son padres de entre 25 y 55 años, pertenecientes a estratos medios de la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. La particularidad de algunos de ellos es que eran ajenos al universo del activismo y el “deseo” de formar una familia los llevó a un proceso de reconocimiento como sujetos políticos y de algún tipo de participación en el movimiento, gestionando y demandando políticas públicas desde su cotidianidad.  En ese sentido, apuntamos a una reflexión sobre la articulación entre la construcción de políticas públicas y los reclamos de sectores del movimiento LGBT, poniendo el foco en los sentidos de la experiencia colectiva de estos sujetos, en los modos de organización de sus demandas de acceso a la GS y en las concepciones y prácticas que articulan esos reclamos con la producción de políticas públicas.

Consideraciones teóricas y metodológicas

El concepto de hegemonía a veces es interpretado como la función de dominio ejercida en el cuadro de una oposición entre clases hegemónicas y subalternas. Sin embargo, la oposición hegemónico/subalterno es un equívoco que se ha reproducido olvidando las formas de resistencia y creatividad transformadora de los agentes subalternos. Por esto es fundamental para la comprensión de las relaciones hegemónicas el análisis concreto y “situado” de las relaciones de fuerza, que actúan, no sobre el sujeto ya constituido, sino sobre la construcción de la subjetividad.

Partiendo de ello, para el presente trabajo retomamos el concepto central de hegemonía como un proceso de dominación y de lucha problemático, disputado y político (Roseberry, 2002). En tanto entendemos a la hegemonía como un proceso, y a la institucionalidad como la cristalización histórica de un estado histórico de las relaciones de fuerza social. Como afirman Grimberg, Ernandez y Manzano (2011) la hegemonía es un proceso histórico de configuración de relaciones de poder que genera marcos cambiantes para el ejercicio de la dominación y la resistencia, la aceptación, el consentimiento y la negociación (Grimberg, M; Ernandez, M. y Manzano, V., 2011).

Asumimos la centralidad de captar las articulaciones entre procesos de dominación y resistencia, considerando el modo que adquieren históricamente expresiones particulares en el marco de relaciones de hegemonía (Grimberg M. , 1997). La noción de campo de fuerzas^[6] tiene la fortaleza de operativizar una concepción procesual y hegemónica de lo social, permitiendo captar tensiones, correlaciones de fuerzas cambiantes y condicionamientos recíprocos entre las instancias cristalizadas de las relaciones de dominación y las diversas modalidades de acción potencialmente disruptiva. Desde esta perspectiva, incluso las prácticas de resistencia son modeladas por el ‘sistema’ de dominación mismo, en tanto el proceso hegemónico constituye el material y marco significativo para actuar en el mundo (Roseberry, 2002).

El Estado, en este esquema, configura escenarios de disputa, delimitando modalidades y lenguajes dentro de los que se hacen posibles prácticas de movilización específicas (Grimberg, M; Ernandez, M. y Manzano, V., 2011). En esta línea, consideramos necesario concebir al Estado más allá de sus instituciones, pretendiendo a su vez rebasar la concepción de sus acciones como meras estrategias de represión y/o cooptación (Grimberg & Fernández Álvarez, 2009). En consecuencia, creemos que se vuelve preciso enfocarse más bien en el análisis de las tramas de relaciones y la multiplicidad de interacciones en las que se comprometen diversos actores dando origen a prácticas relativamente indeterminadas y potencialmente contrahegemónicas.

Grimberg (1997) señala que, los procesos de demanda y acción colectiva deben entenderse en su doble carácter de procesos históricos y cotidianos de vida, que involucran a colectivos y sujetos. Como proponen Manzano y Ramos (2015) si el campo ideológico es contradictorio y los momentos hegemónicos son procesos incompletos de unificación a través de alianza estratégicas el ser tampoco es un sujeto unificado. En ese sentido el sujeto afectivo existe en sus compromisos, articulando desde sus propias experiencias sociales distintas posiciones. Así, estos sujetos que se encuentran para conformar o participar en alguna lucha, debieron reconocerse juntos en alguna desigualdad. Las autoras proponen la noción de compromisos vinculantes para entender las articulaciones del encuentro histórico entre trayectorias que juntas “entretejen discursos, afectos, acciones, intereses y proyectos” (Manzano y Ramos, 2015, pág. 19).

Sobre la base de esta construcción conceptual, en el presente trabajo recuperamos las trayectorias y las experiencias de las personas involucradas por sobre los acontecimientos con mayor resonancia pública, tratando de ilustrar cómo la búsqueda de formar una familia devino en un elemento de lucha por conquista de derechos.

En cuanto a lo metodológico, desde la antropología se han planteado discusiones sobre los modos de producir conocimiento y la forma de relacionarnos desde la academia con los grupos con los que investigamos. Se han establecido nombres como “antropología colaborativa” o “activista” al hablar de estos enfoques. Siguiendo la propuesta de Joanne Rappaport (2007) la etnografía colaborativa parte de un diálogo de saberes para la construcción de conocimientos a través de instancias de co-teorización y de reflexión colectiva sobre los métodos, las técnicas y los posicionamientos epistemológicos involucrados en el proceso de investigación, para lo cual nos invita a abrir las agendas de investigación a las epistemologías subalternas y a sus objetivos políticos (Rappaport, 2007).

Esta perspectiva nos invita a situar nuestras preguntas en el ¿para qué y para quién? y que nuestros trabajos no respondan únicamente a problemas teóricos o disciplinares, sino que también sean relevantes para los sujetos con quienes trabajamos, quienes son co-protagonistas del proceso de investigación. Desde este enfoque, se recupera la reflexividad y la condición de productores de conocimiento de los sujetos con quienes trabajamos buscando que nuestras investigaciones se conecten con sus propias preocupaciones. Como sugiere Fernández Álvarez (2017) el ejercicio como investigador/a antropólogo/a puede pensarse como una participación que supone un diálogo, intercambio y autorreflexión y cuyo compromiso se define desde la investigación (Fernández Álvarez M. I., 2017).

El movimiento LGBT en Argentina y el reclamo familiarista

Las relaciones entre el Estado y las agrupaciones que representan a lesbianas, gays, bisexuales y trans en Argentina han variado desde la década de 1960. Es posible identificar tres etapas caracterizadas por posicionamientos y estrategias de las organizaciones y el Estado: la primera de reivindicaciones en torno a la “libertad sexual” en las décadas de 1960 y 1970; la segunda etapa de “organización”, anclada en los derechos vulnerados y en la perspectiva de derechos humanos en la década de  1980 y 1990 y, finalmente, la etapa de la “institucionalización”, que refiere a la incorporación de los/ as militantes LGBT en diferentes organismos estatales (2003-2015), así como a la incorporación de ciertas demandas históricas de la comunidad en la agenda pública y política (Villalba, 2018).

A inicios de la década de 1940 se iniciaron, en los grandes centros urbanos, los Edictos Policiales. Se trató de normas inconstitucionales, elaboradas por los propios cuerpos de policía que daban capacidad a las fuerzas policiales para actuar en materias tales como la prostitución y lo que se consideraba perturbación de las buenas costumbres, como el uso de ropas femeninas por parte de varones, originando muchas veces la detención de personas, además de otras arbitrariedades que se acentuaron bajo los gobiernos de facto. Bajo la dictadura del General Juan Carlos Onganía (1966-1970) las policías redoblaron las intervenciones de control de la moral. Pero ese interregno coincidió con el fermento de la radicalidad política y el surgimiento de numerosos movimientos políticos y sociales. Uno de esos movimientos fue el Frente de Liberación Homosexual (FLH) que reunió sobre todo a jóvenes intelectuales homosexuales de izquierda (Bazan, 2004) (Meccia, 2006) (Simonetto, 2014).

La historia de FLH tuvo algunos antecedentes, pero el más próximo fue la agrupación denominada Nuestro Mundo, surgida en 1968 a la que dio especial impulso Héctor Anabitarte, militante del Partido Comunista, formando el primer grupo de militancia homosexual de América Latina. Este movimiento comenzó a plantear como problemas a considerar en la agenda política valores de su vida cotidiana, el hacer público lo privado, el autoafirmarse como sujetos homosexuales en la sociedad. Esto último suponía una reversión identitaria en la categoría de interpelación definida como homosexual, que, de ser el término médico para clasificar una enfermedad, pasó a ser una categoría política afirmativa de la diferencia (Figari, 2012).

En agosto de 1971, Nuestro Mundo comenzó a relacionarse con intelectuales de clase media y, manteniendo su autonomía, dieron origen al Frente de Liberación Homosexual (FLH). El FLH se conformó como una organización que nucleaba a varios grupos independientes de jóvenes, intelectuales, feministas, profesionales, trabajadores y sindicalistas, y que se proponía combatir el modo de opresión sexual heterosexual compulsivo y exclusivo (Perlongher, 2008).

En 1973 cesó el período dictatorial; fue el momento de apogeo y esplendor del FLH y en mayo de ese año, llevaron a cabo la primera manifestación pública homosexual de Argentina en el marco de la asunción presidencial de Héctor José Cámpora. Las reivindicaciones principales giraban alrededor de la derogación de los edictos policiales y la liberación de los homosexuales detenidos en la cárcel de Devoto a causa de la legislación que criminalizaba y penalizaba la homosexualidad.

Entre 1973 y 1976, el FLH buscó acercarse a otros espacios de militancia y partidos políticos para incluir las demandas propias en reivindicaciones políticas y sociales más amplias, en consonancia con el espíritu de Néstor Perlongher –uno de sus principales referentes– de construir una “ligazón entre la liberación nacional y la liberación sexual” (Perlongher, 2008, pág. 80). En sintonía con el contexto de movilización de la época y a partir de la iniciativa de Perlongher, el FLH se acercó a los espacios de la izquierda peronista. Sin embargo, esta alianza fue breve porque reveló que la mayoría de las agrupaciones y partidos políticos no estaban dispuestos a incluir las luchas de los homosexuales en sus banderas.

El arribo de la dictadura militar en 1976 extinguió la posibilidad del activismo debido a la ferocidad de la persecución desatada. A partir de entonces, la dictadura secuestró, desapareció y asesinó a miles de argentinos, entre ellos a militantes homosexuales, aniquilando de esta forma toda posibilidad de continuidad del movimiento. El FLH decidió su autodisolución y muchos de sus miembros se exiliaron. Entretanto, la división Moralidad de la Policía Federal emprendía una “campaña de limpieza” para purgar las calles de homosexuales (Modarelli, 2001).

Hubo que esperar el fin del Terrorismo de Estado para restablecer la agencia por derechos y a partir de 1983, tuvieron lugar varios acontecimientos que conformaron un escenario diferente para el activismo de la diversidad sexual: la expansión de diversos movimientos de defensa de los derechos civiles, la politización de la intimidad a partir de las reivindicaciones feministas -lo personal es político-, debates en torno a la patria potestad compartida y el divorcio vincular, sumados a la creciente visibilidad de la diversidad sexual debida a los reclamos de intervención estatal de algunos grupos por la difusión del VIH-sida.

A pesar del contexto de apertura democrática y del auge social del discurso de los derechos humanos el clima de represión y hostigamiento hacia el colectivo LGBT se mantuvo. En 1984, se creó la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), la cual se identificó desde sus inicios como una organización de derechos humanos y adoptó como lema que “el libre ejercicio de la sexualidad es un derecho humano”.

Entre mediados y fines de los años noventa, las reivindicaciones homosexuales y las polémicas sobre sus modos de vida comenzaron a tener una traducción familiarista. En este período se registra una proliferación de organizaciones gay-lésbicas cuyo principal recurso de disputa fue una política de visibilización (Vespucci G. , 2017). Si bien el familiarismo no fue el único discurso esgrimido por este amplio movimiento llegó a convertirse en un símbolo de lucha traccionado por las organizaciones con mayor peso político y alcance mediático: la Comunidad Homosexual Argentina (CHA, desde 1983) y, a partir del 2006, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT).

En estos años, a las luchas encarnadas en las consignas de las décadas anteriores se les sumó la lucha contra el VIH-sida, cuyas demandas fueron configuradas en términos del derecho a la salud, y contra la discriminación. En este marco, la situación legal de las parejas se convirtió en tema urgente ante la inminente posibilidad de desaparición física que trajo la epidemia del VIH/SIDA. Una intensa campaña de gestión de apoyos políticos y movilizaciones públicas lideradas por la CHA y la FALGBT, enfrentando una dura oposición conservadora, tuvo como resultado la aprobación, en diciembre de 2002, de la primera Ley de Unión Civil en América Latina.

Gracias a este logro, se consolidaron los arreglos domésticos homoconyugales que el activismo enmarcaba en sus demandas de reconocimiento social y legal, inaugurando el derrotero de reclamos de derechos familiares que llegan hasta el presente. Importa señalar que esa particular realidad difícilmente podría haber sido inteligible en un terreno cultural y político sin la mediación de un discurso activista que seleccionaba un trazo de la cotidianeidad del universo de las parejas homosexuales: la familia. Hasta los ‘90 las políticas homosexuales se habían orientado a un reclamo de libertad negativa, un derecho a existir, a ser, a ejercer la homosexualidad (Vespucci, 2014), y aunque estaba en curso el proceso de formación de prácticas y sentidos familiares hacia el interior del universo homosexual, el discurso público aún no afirmaba el derecho a fundar una familia.

Debemos remarcar que dicha operación simbólica no es exclusiva del movimiento homosexual. El marco interpretativo familiarista es característico de otros movimientos sociales y de derechos humanos: Madres de Plaza de Mayo, Abuelas, Familiares, Hijos, Hermanos (Jelin, 2007), ya que no sólo conforma una ideología global que intenta garantizar el derecho a la familia, sino porque puede operar performativamente como un lenguaje idóneo para canalizar conflictos políticos variados (Visacovsky, 2007). En esta clave, el proceso de formación de sentidos y prácticas familiares en los modos de vida homosexuales estuvo acompañado y avalado por un marco interpretativo integrado por el discurso de los derechos humanos y el discurso de la igualdad jurídica y ciudadana. Al mismo tiempo, dichos anclajes estuvieron atravesados por el argumento de la afectividad, del amor y del deseo.

Existe un cierto consenso en considerar a la sanción de la ley conocida como “matrimonio igualitario” como el punto de inflexión en este proceso de demanda por parte de las organizaciones LGBT frente al Estado. Tanto la aprobación de esta ley como la socialización del debate fueron claves para que dos años más tarde se sancionara la Ley de Identidad de Género y, en términos más generales, para que la diversidad sexual y de género fuera incorporada en la elaboración e implementación de políticas públicas. A partir del debate y la posterior sanción de estas leyes, el movimiento LGBT en nuestro país se ha constituido como un actor social y político de relevancia, ha demostrado su capacidad de poner en agenda del Estado y la sociedad las demandas del colectivo, además de participar activa y visiblemente para garantizar el acceso a los derechos conquistados.

Experiencias compartidas y demandas

El desarrollo del siguiente apartado se guía por un interrogante acerca de los actores con quienes hemos emprendido el proceso de investigación. En nuestros encuentros y en el devenir de sus relatos acerca de sus experiencias de vida más allá de tratamientos reproductivos surge la pregunta de ¿cómo se reconocen? ¿cómo se posicionan? y ¿qué prácticas llevan adelante en su cotidianeidad para demandar el derecho a formar una familia?

Los padres que colaboran en la investigación son hombres de entre 25 y 55 años que viven en la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. En su mayoría son profesionales de clase media. La mayoría de ellos no se había reconocido a sí mismo “militante” o “activista” del movimiento LGBT previo al “deseo” de ser padres. Podría decirse que “deseo de formar una familia” los llevó a un proceso de reconocimiento como sujetos políticos, de algún tipo de identificación y de participación en el movimiento, gestionando y demandando políticas públicas en su cotidianidad.

En las primeras conversaciones manifestaron lo importante que era visibilizar sus historias, preferían dejar de lado el anonimato, aunque sí resguardar los nombres de sus hijo/as. En su mayoría habían realizado en más de una ocasión entrevistas para medios de comunicación -radio y televisión.

Nikolas Rose (2012) propone pensar las TRA como ‘tecnologías de la esperanza’, cuya principal característica es la visión de futuro, resultante de una histórica educación-disputa y negociación de actores y colectivos en relación con la salud, la filiación, los cuerpos, el conocimiento y las prácticas de la ciencia y la tecnología (Rose, 2012). Son tecnologías que invocan sistemas de creencias establecidos, como el de la familia nuclear, el deseo y el derecho de acceso a los mismos, abriendo el juego hacia nuevos roles parentales.

La noción de familia no siempre ha significado lo mismo, en múltiples momentos la disputa sobre qué se entiende por familia, cómo debe ser, qué se estima positivo y qué negativo para una organización familiar ha dado como resultado diferentes visiones. Tradicionalmente, cada época ha producido un modelo hegemónico de familia que se presenta a sí mismo como si fuera el único (Fonseca, 2007).  En las sociedades occidentales, la idea de familia como una realidad natural es una creencia muy arraigada que presenta a la familia nuclear heterosexual como forma ideal de organización y un desprendimiento de nuestra propia naturaleza. El carácter heterosexual resulta fundamental en este modelo de familia^[7]. Este modelo ha logrado sostenerse y reproducirse a partir de instituciones que legitiman y privilegian la heterosexualidad en conjunción con variados mecanismos sociales que incluyen la invisibilización, exclusión y persecución de todas las manifestaciones que no se adecuen a él.

A través de la normativa, el Estado delimita lo que es o debe ser una familia, es decir, aquellos que quieren o pueden casarse, y qué formas de unión pueden adquirir el estatus de familia. Además, establece lo que es un hijo/hija desde el punto de vista legal y los derechos y obligaciones de los padres y parientes en las relaciones familiares. En términos generales, a través de esta monopolización del reconocimiento y la consiguiente creación de un vocabulario relacionado, el Estado, en todas sus manifestaciones, toma el control y normaliza las situaciones, creando órdenes simbólicos que permiten la inteligibilidad de las relaciones entre los individuos (Butler, 2006). 

En esa línea, un ámbito de actuación son las políticas de salud reproductiva que establecen la viabilidad y limitaciones de la procreación.  La normativa no prohíbe explícitamente la GS, pero tampoco la regula.  En el año 2013 la Comisión Redactora del Anteproyecto de Reforma y Unificación del Código Civil y Comercial la había incluido en el articulado del Proyecto, estableciendo los requisitos, el proceso a seguir y los efectos que alcanzan a quienes celebraron el contrato, pero esta fue suprimida por la Cámara de Senadores. En ese sentido, podría decirse que la legislación en Argentina supone la desigualdad para con varones y parejas de varones en el acceso a las TRA y las paternidades.

Previo a la sanción de Ley de Reproducción Médicamente Asistida un símbolo fundamental en el reclamo de las parejas lesbianas y gays fue el ‘amor', la afectividad y los derechos humanos como lo habían sido por el matrimonio igualitario. Así el amor y el deseo se constituyen para estos padres como criterios que resultan necesarios y suficientes para justificar la reivindicación del derecho de acceso a la GS, la cual representa la única opción que tiene una pareja de varones de tener un/a hijo/a con vínculo genético, aunque sólo con uno de ellos, y reconocer consecutivamente ambos vínculos filiatorios.

De esta forma, el primer obstáculo que tuvieron que enfrentar estas parejas fue el reconocimiento y, frente a ello, la necesidad de visibilizar que en sus cotidianidades - de parejas que quieren ser padres- se vehiculizan los mismos valores y sentimientos que para el resto de las familias. Por ello, el amor y el deseo son las cartas que utilizan en la búsqueda de ese reconocimiento en la igualdad de acceso. El discurso del derecho a formar una familia toma fuerza para vehiculizar demandas de derechos “a ser padres biológicos”.

Iniciativas, acciones y demandas

El objetivo que persigue el presente apartado es el de recuperar las prácticas de estos actores cuando quieren formar una familia, dando cuenta de las tramas de relaciones históricas y cotidianas en las que tienen lugar sus iniciativas y prácticas. En ese sentido, ¿qué hacen estos sujetos cuando quieren ser padres y formar una familia emparentada genéticamente?

Reconocemos dos tipos de prácticas: las que se vinculan específicamente con el proceso, que tienen como objetivo llevar adelante el tratamiento, y por otro lado las que realizan en la cotidianeidad para demandar reconocimiento y acceso igualitario.

Una miembro del Instituto contra la Discriminación de Defensoría del Pueblo CABA y de la Federación Argentina LGBT (FALGBT) describió las primeras acciones que posibilitaron que hoy exista cierto “protocolo” a seguir para realizar el tratamiento en Argentina. Según su testimonio, en primera instancia fueron las experiencias que le llegaron a la Federación las que invitaron a miembros del colectivo y de la Federación a problematizar el tema y en función de ello emprender iniciativas y demandas:

“La primera pareja que se acercó era una pareja que lo había hecho en la India, en un momento en que la India decidió cerrar la gestación solidaria para parejas del mismo sexo, entonces tuvimos que hacer un trabajo de ir a hablar con el embajador, hacer toda una gestión, hablar con el canciller en su momento (...) esa fue nuestra primera aproximación, al principio con un poco de prejuicio sobre el tema, nos preocupaba cuál era la relación con esas mujeres gestantes en la India, y en qué condiciones estaban, cuál era la situación de las donantes de gameto, bueno, un montón de cosas que nos preocupaban y que tenían que ver con prejuicios que fuimos desarmando a medida que fuimos conociendo las situaciones en definitiva” (Fragmento de conversación, Agosto 2022).

Frente a esto, algunos de los miembros de la FALGBT emprendieron un relevamiento de lo que implicaba esta práctica en el exterior que es donde la mayoría las realizaban. Eso implicó ver las cuestiones legales, discutir los aspectos económicos implicados y principalmente analizar los roles de los actores involucrados: padres, donantes y gestantes. De acuerdo a lo que sostiene la entrevistada, esto implicó una búsqueda de casos que se extendía más allá de los que les llegaban por inconvenientes, de parejas que no militaban en la FALGBT, y se gestionaron reuniones a fin de escuchar sus experiencias, de intercambiar y discutir aspectos relativos a posicionamientos acerca del rol de las mujeres que formaban parte del procedimiento y a las relaciones de poder que atravesaban el tratamiento.

Así mismo, comenzaron a llegar a la FALGBT y al Instituto contra la Discriminación casos de personas que comenzaban a gestionar este procedimiento en Argentina:

“Había mucha inquietud para hacerlo acá en Argentina, se dio el debate en el código civil y participamos en el congreso en el debate del código civil y decidimos litigar uno de los casos acá, por una medida cautelar que permitiera que no se tuvieran que judicializar los casos y que pudieran registrar directamente sin judicializar la filiación, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, porque es un juicio que lamentablemente tiene que darse a nivel local, salvo que se encare de una manera mucho más riesgosa, en realidad, porque los juzgados civiles de familias tienen mucha más injerencia la iglesia católica, entonces sería mucho más riesgoso encararlo por ahí, así que decidimos encararlo como una cuestión registral a nivel local, entonces lo hicimos en la Ciudad de Buenos Aires” (Fragmento de conversación, Agosto 2022).

A partir de esa primera sanción, se fueron sumando casos y más sujetos acudieron a la para poder realizar el procedimiento en Argentina. Para estos padres si bien en el exterior “todo es más sencillo” los costos en dólares están lejos de sus realidades. Las palabras de Ezio mencionan ese primer paso que hacen muchas parejas que no militan en la Federación pero que en pos de “formar una familia” acuden a ella:

“Sacamos un turno y fuimos a Procrearte y si, ahí lo hacen, pero la pareja debe llevar a la gestante, ellos no se encargan de esa búsqueda…y mediante la clínica llegamos a María de la Defensoría del Pueblo, que es activista de derechos LGBT y bueno ella trabaja para el sector antidiscriminación y fue la que nos asesoró acerca de cómo hacerlo acá” (Fragmento de conversación, octubre 2021)

Esta “asesoría” es el comienzo del tratamiento, pero también de cierto devenir activista, de un compromiso por la causa que implica reconocimiento e iniciativas personales y colectivas en función del reclamo de acceso igualitario a las TRA y del reconocimiento de público de estas familias, que tal como ellos sostienen no son “nuevas”.

Desde los estudios de parentesco es posible considerar que, pese a reconocer que el parentesco es un hecho social, la familia tiene la impronta de la dicotomía naturaleza/cultura. Es decir, la naturalización de la familia se refuerza en el hecho de tratarse de una institución que refiere a la reglamentación social de actividades de base biológicas como el sexo y la reproducción. En lugar de pensarse a la familia como unidad natural, ‘célula básica’ de cualquier sociedad, puede pensarse como una institución clave para la salud mental de todo individuo. Desde esta perspectiva, la familia pasa a ser analizada como una noción política, científica e históricamente situada (Fonseca, 2007).

Para Gramsci, la hegemonía es una visión del mundo compartida, un “sentido común” que en forma articulada favorece la dominación, determina prácticas sociales e instituciones. Abordar los procesos de resistencia implica considerar el modo que adquieren históricamente expresiones particulares en el marco de relaciones de hegemonía (Grimberg, 1997). Desde este enfoque, es importante que miremos las expresiones de los procesos de resistencia a partir de las interacciones que se establecen con determinadas agencias y agentes estatales, dando cuenta del modo que inciden en ellas tradiciones de lucha y procesos organizativos.

Activistas de la FALGBT fueron quienes realizaron las iniciativas para que se llame “gestación solidaria” a lo que muchas veces se llama “gestación por sustitución”, “subrogación de vientre” o “alquiler de vientre”. El giro lingüístico no es ingenuo:

“En la gestación solidaria muchas veces quienes llevan adelante el embarazo son personas conocidas de las requirentes, en donde el aspecto económico puede estar plenamente ausente, y aun cuando está presente, dado que un embarazo genera gastos y lucro cesante para la persona que gesta, encontramos que en la mayoría de los casos sí existe un sentido de la solidaridad presente en la motivación de todas las partes” (Fragmento de conversación con integrante de la Defensoría y de la FALGBT)

Actualmente la FALGBT tiene dos proyectos de ley sobre el tema. Uno habla de modificar el Código Civil y Comercial, para que sea más claro que la GS es una técnica dentro de las TRA. Y otro más completo regula todos los pasos de la GS. Una dirigente política sostuvo que lo fundamental es darles resguardo a quienes quieren llevar adelante el procedimiento, generando un marco legal que evite cualquier tipo de explotación y que de esta forma “el Estado medie y acompañe para resguardar los derechos de todes”.

Volviendo a la pregunta de ¿qué hacen estos actores cuando quieren formar una familia? hemos mencionado la articulación de reclamos de parte del movimiento LGBT con las prácticas de agentes estatales en función de la búsqueda de políticas públicas. En adelante me interesa describir las prácticas que llevan adelante los actores en la cotidianeidad y como al llevarlas adelante se producen devenires activistas.

Retomando el trabajo de Manzano y Ramos (2015), los compromisos vinculantes son una articulación estratégica y afectiva resultante de encuentros y negociaciones de un ser juntos. Esos procesos de vinculación y compromiso se inician cuando sujetos con trayectorias heterogéneas se cruzan en la experimentación de algún conflicto, interés o reclamo común “comparten sus historias, sus conocimientos y experiencias, se conocen entre sí, interpretan juntas experiencias presentes e identifican coincidencias en sus proyectos de vida” (Manzano y Ramos, 2015, pág. 20). A excepción de una pareja, la mayoría de los padres con los que hemos tenido vinculación no militaban ni eran activistas en lucha y demanda de derechos. A todos ellos los unió una cuestión común: el deseo de ser padres biológicos y de formar una familia. Si bien ellos así lo expresan, consideramos que más allá de ese “deseo” la condición de género y clase funda esta identificación con pares.

Dubar (2000) piensa a la identidad como una construcción en la articulación de un plano biográfico y relacional, y es el resultado individual y colectivo, subjetivo y objetivo, biográfico y estructural de diversos procesos de socialización que construyen los individuos y definen las instituciones. De esta manera, “los otros” asumen un papel crucial: es a través de las miradas con los otros que nos miramos a nosotros mismos y nos construimos como sujetos. Pero no adoptamos esa mirada ajena de forma inalterable, sino estableciendo con ella transacciones que se procesan en un plano subjetivo y objetivo, condicionadas por nuestra propia trayectoria como sujetos y por el contexto de acción atravesado por relaciones de desigualdad social y de disputa política (Dubar, 2000).

Tal como se ha mencionado, de acuerdo con lo que manifiestan los sujetos lo que condujo a unificarse, organizarse y llevar adelante acciones colectivas e individuales para dar a conocer sus historias y demandar políticas públicas fue el querer ser padres de un/a bebe emparentada genéticamente. Asimismo, estas nociones vinculadas a la efectividad se entrecruzan con el discurso de la igualdad como ciudadanos:

“El deseo de querer ser papá fue lo más importante (...) proyectamos una familia juntos así que, si está la posibilidad de tener un hijo “de sangre” o que el bebé que nazca tenga un vínculo genético con alguno de nosotros, ¿Por qué no? deberíamos poder acceder como cualquier pareja heterosexual a la ley que lo garantiza” (Fragmento de conversación con Matías, octubre 2021)

Frente a este “deseo'' comienzan una “investigación” sobre el tema. Si bien en principio todos han manifestado intentar acceder en el exterior debido a un mayor resguardo legal en referencia a sus paternidades, los costos excesivos (de cien mil dólares en adelante) son un factor determinante para analizar las posibilidades de llevar adelante el tratamiento en Argentina. Allí comienza un camino en el que se encuentran con otros sujetos en la misma situación. Como lo expresan las palabras de Juan:

“Sí, igual, también está la cuestión, ver cómo toda esta cuestión social ¿no? los ciudadanos de primera, los ciudadanos de segunda, y te diría que hasta un ciudadano de tercera ¿no? porque el ciudadano de primera seríamos, nos tenemos que poner en ese lugar, nosotros que vivimos en Ciudad de Buenos Aires, que contamos con los recursos, así no sea la misma cantidad de plata que se destinan a hacerlo en Estados Unidos, necesitás contar con los recursos, que se yo, hoy en día ponele que son U$S 30.000 seguro todo el proceso, le pagás a la clínica, la obra social de la gestante, lo que le pagás a la gestante, y el hecho de vivir en Ciudad de Buenos Aires es que te facilita porque es el único lugar, creo, no sé si alguno más, pero creo que es el único lugar en Argentina, dónde a través de una jurisprudencia vos la anotás como hija tuya” (Fragmento de conversación, mayo de 2022)

Es decir que los que los lleva a relacionarse y establecer unidad con otros en la misma situación es la idea de formar una familia y la imposibilidad de acceso frente a lo que consideran debería ser un derecho. En principio la mayoría accede a las clínicas- ya que en las páginas web de estas las promocionan- y de allí comienza el camino de búsqueda de la mujer gestante y de pasos legales y contractuales requeridos previos al tratamiento. En ese camino entran en contacto con otros que están en la misma búsqueda y en un acercamiento a organizaciones, como la FALGBT.  Leo, comentaba que en la búsqueda llegaron a un grupo de Facebook llamado “Gestación Subrogada Argentina” el que hay más de 400 familias. Allí se vincularon con personas de la FALGBT y entre ellas, muchas parejas que empezaban a realizar el tratamiento. Así entraron a un circuito de intercambio de información de “cómo hacerlo acá…y entre todos nos fuimos dando el aliento para hacerlo, nos fuimos dando las condiciones, explicando un poco, no sabíamos los grises de la ley.”

La mayoría cuentan que han accedido al matrimonio igualitario pero que no habían militado en la lucha por el acceso. En parte porque en esos momentos no habían blanqueado su sexualidad o porque no se sentían interpelados y otros porque eran bastante jóvenes en ese entonces. Ahora bien, con el “deseo” de formar una familia se enfrentan a una condición de acceso desigual y es allí en donde comienzan a llevar adelante iniciativas con pares, las que muchas veces surgen de la acción individual en la cotidianeidad.

Tal como sugieren Manzano y Ramos (2015) recuperar las experiencias e incluir los procesos de subjetivación emergentes, nos invita a ver cómo las personas encaran proyectos colectivos, redefiniendo las identificaciones, deshaciendo y recomponiendo los modos de hacer, de ser y de decir definidos por el orden hegemónico (Manzano y Ramos, 2015). Los contactos con pares visibilizan que lo personal es político: discuten acceso desigual a las TRA, pero también aspectos de la crianza, de acceso a la salud y derechos laborales como las licencias de paternidad. Lo hacen público a través de redes sociales, tanto en grupos cerrados de Facebook, como en blogs y perfiles de Instagram en donde cuentan sus historias de “amor” suben fotos de sus vidas e hijo/as, narran sus procesos de gestación, pero a la vez hacen publicaciones sobre los obstáculos en ese proceso y se da una asesoría cruzada acerca de los mismos, circulan contactos de médicos/as, clínicas, abogados, gestantes y otros actores intervinientes.

 “(...) Y metiéndonos en el grupo llegamos a hacer entrevistas…nosotros a otros… a médicos, abogados, a escribanos, a psicólogos, entonces, todo el grupo como que iba captando la idea de uno, de otro, como que iban explicando y cómo se podía llegar a hacer, y bueno como que llegamos a tener cierto protocolo por decir de alguna forma y eso compartirlo y obviamente discutirlo (Fragmento de conversación con Matías, abril de 2022).

Otras de las iniciativas es dar a conocer sus reclamos en diversos medios de comunicación. Son los propios padres quienes ante alguna complicación en el proceso se acercan a productores televisivos o radiales para dar una entrevista. En éstas dan a conocer su experiencia, apuntan al reconocimiento del acceso a ser padres y expresan argumentos en función de “ataques” que han recibido por los canales de comunicación anteriormente mencionados. En ocasiones dan las entrevistas con algún/a abogado para que comente como ha sido el procedimiento y despejar incertidumbres acerca del mismo, pero a la vez estos padres discuten el rol de las gestantes -una de las principales críticas desde algunos sectores del feminismo^[8]-, aspectos económicos y licencias de paternidad, y cuestiones éticas vinculadas a las elecciones durante los tratamientos.

“En esto ayudan los medios, o sea que el caso se haga mediático, que nosotros hagamos presión y todo y terminamos consiguiendo licencia, es lo que proponemos en proyecto de ley, consiguiendo licencias igualitarias, o sea, tenemos 3 meses como maternidad, bueno, nosotros las pedimos en el trabajo como licencia por crianza. Así le pusimos, y me parece que este caso fuerza un poco a que en algún momento la licencia termine siendo igualitaria. Porque creo que vamos a eso… Y ahora estamos peleando por el jardín maternal, el nombre… ¿viste?... hay que cambiar… o hay que expandirlo… no sé… o los cambiadores exclusivos en los baños de mujeres, tiene que haber en el baño de varones” (Fragmento de conversación con Gerardo, noviembre de 2021)

Ahora bien, este devenir se construye en sus luchas cotidianas y es histórico. La mayoría comentan que con sus círculos cercanos y en ambientes laborales deben emprender iniciativas y discusiones que implican poner en tensión la noción de familia, la crianza y la paternidad. Situaciones en las que tuvieron que hacer quejas en las clínicas y discutir la falta de instrucción en materia de género y sexualidades por parte del personal. En una charla, Matías y Leo mencionaron que ellos habían escrito a la clínica e incluso a blogs de doctores porque en los cursos de preparto y crianza solo se dirigen a madres, así que ellos escribieron diciéndoles “me encanta, pero la crianza no es solo femenina, acá hay dos papás, o un papá solo, que quizás tenga dudas y no hay ningún curso que podamos anotar”.

Otro de los temas que batallan cotidianamente es negociar licencias por paternidad en sus trabajos -en algunos casos llegando a disputar judicialmente- o simplemente discutiendo la conformación de su familia con sus compañeros/as. Es así que, el conjunto de acciones e interacciones desarrollados en lo cotidiano como en el encuentro con pares o con otro tipos de actores -como pueden ser periodistas, médicos, diputados, etc.-  forman parte del mismo proceso de hegemonía, en el que desarrollan prácticas que simultánea y contradictoriamente implican cuestionar/impugnar algunos aspectos de las relaciones de dominación-subordinación, mientras reproducen, negocian o resignifican en el desarrollo de iniciativas en sus vidas cotidianas.

Para cerrar, nos interesa destacar que, en ese devenir activista de los actores, tal como sostuvo Fernández Álvarez (2011) las emociones constituyen un registro que permite explorar el modo en que más allá de la intención de las personas se van entramando relaciones para el desarrollo de acciones comunes, tanto en el plano de la legitimación y expresión pública de las demandas como en la intimidad y cotidianeidad del “hacer juntos/as” (Fernández Álvarez M. I., 2011).

A Modo de cierre.

En el presente trabajo hemos analizado la articulación entre la construcción de políticas públicas y los reclamos de sectores del movimiento LGBT. Hicimos foco en los sentidos de la experiencia colectiva de los sujetos y en los modos en que organizan sus demandas del derecho a formar familias y al acceso a la GS. Para ello en nuestro análisis incluimos un apartado que contextualiza brevemente la trayectoria del movimiento LGBT en nuestro país, y sus principales luchas vinculadas al derecho de conformar familias poniendo en juego nociones como la afectividad - el amor y el deseo- y el derecho a la “igualdad de acceso como ciudadanos”. Seguido a ello, describimos una diversidad de prácticas que tuvieron lugar como parte de las acciones de la FALGBT para brindar un marco de acción a los sujetos y luego nos centramos en las prácticas cotidianas de los padres a fin de restituir el sentido que las diversas modalidades de acción colectiva cobran para los sujetos en el marco de sus condiciones de vida y en sus devenires activistas. Para tal fin hemos visto cómo estos padres en sus cotidianidades llevan adelante iniciativas que parten de concepciones y discursos hegemónicos vinculados a la afectividad, la igualdad y la familia -como en diferentes momentos de las luchas del movimiento LGBT- los cuales les permiten definir y sostener sus demandas, y que a nuestros fines analíticos refuerzan la idea de que la hegemonía debe ser pensada como un proceso histórico “de configuración de relaciones de poder que genera marcos cambiantes para el ejercicio de la dominación y la resistencia, la aceptación, el consentimiento y la negociación” (Manzano, V., Fernández Álvarez, M. I., Triguboff, M., y Gregroric, J. , 2008, pág. 8).

Notas de la ponencia:

[1] Término utilizado por los sujetos con los que hemos trabajado.

[2] Para las referencias bibliográficas se utilizan normas APA sexta edición.

[3] Desde 2013, Argentina cuenta con una Ley Nacional de acceso integral a los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida -Ley 26.862/2013- la cual regula, entre otros, la cobertura de los tratamientos con donación de embriones, y su criopreservación. Sumado a ello, se cuenta con un Código Civil y Comercial que legisla la filiación derivada de técnicas de reproducción humana asistida y permite la revocación del consentimiento para realizar reproducción asistida hasta antes de la implantación del embrión.

En el artículo 8 se establece que el sector público de la salud, las obras sociales y la medicina prepaga deben prestar esta cobertura. Es así como la ley reconoce la voluntad procreacional# como un derecho, en este sentido establece que la cobertura debe estar incluida dentro del Plan Médico Obligatorio, ampliando los usos legítimos del cuerpo en relación con el campo médico. El reconocimiento de esta voluntad amplía el reconocimiento de la mater-paternidad social y cambia la situación legal de la madre “no biológica”, modificando que únicamente fuera reconocida como madre legal a la “gestante”.

Entre las agrupaciones que demandaron la Ley de Fertilización Asistida, podemos mencionar algunas como Concebir, Develar, Abrazos x dar Vida, Sumate a dar vida, Lesmadres y otras organizaciones del movimiento LGBT. Todas estas organizaciones nucleaban pacientes autoconvocados imposibilitados de concebir naturalmente, los cuales alegaban que la no concreción de dichos ‘deseos’ implicaba para ellos procesos de sufrimiento y vulnerabilidad por no poder tener hijos/as biológicos, lo que manifestaban como una imposibilidad en el ejercicio pleno de la ciudadanía.

[4] Utilizó escenario paralegal para referir a los acuerdos o arreglos monetarios entre las partes- padres comitentes y gestantes- que no están bajo ningún tipo de contrato ni regulados, como así también al resto de acuerdos y estrategias llevadas adelante por los padres asesorados por profesionales para poder inscribir al/la recién nacido/a como sus hijos en CABA.

[5] Si bien el termino LGBTIQ+ es el más apropiado para referirse a los colectivos lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer -y final se suele añadir el símbolo + para incluir todos los que no están representados en las siglas anteriores- decido utilizar la sigla LGBT ya que a lo largo de mi vinculación con la temática los actores con los que interactuamos se reconocen bajo esta denominación.

[6] En este sentido, E.P. Thompson plantea que las transformaciones políticas posibles en un momento histórico determinado se encuentran condicionadas - pero no determinadas- por la situación hegemónica imperante en ese momento histórico. En efecto, desde su perspectiva, el poder define los límites del “campo de fuerzas” dentro del que prácticas, estrategias y construcciones culturales de los dominados adquieren sentido, de modo relacional, en vinculación-oposición con lo dominante (Thompson, 1995).

[7] El modelo de familia nuclear heterosexual monogámico, que continúa operando como ideal regulador en la sociedad, también privilegia el vínculo biológico, unificando procreación, sexualidad y convivencia.

[8]  Destacamos que desde el feminismo las miradas varían entre quienes ven en las tecnologías una fuente de opresión sobre el cuerpo de las mujeres y su reproducción y plantean la abolición de la GS; por otro lado, se han presentado perspectivas que ven en las tecnologías una fuente de liberación y apuntan a la regulación de la GS; y otras que no forman parte de la polarización y proponen recuperar las experiencias de las mujeres gestantes para identificar las singularidades que dan cuenta de un abanico de maneras de sentir y ver las relaciones mujeres-tecnológicas (Ayala, 2023).

Bibliografía de la ponencia

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