Políticas públicas de alojamiento para las personas en situación de calle. La perspectiva de utilizan los servicios. Ciudad de Buenos Aires. 2023

Políticas públicas de alojamiento para las personas en situación de calle. La perspectiva de quienes utilizan los servicios. Ciudad de Buenos Aires. 2023

Resumen

El objetivo de la ponencia será, por un lado, reseñar las políticas públicas habitacionales dispuestas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para las personas y familias en situación de calle. Se trata de programas que intentan paliar la problemática a través de una dotación que incluye centros de inclusión social, hogares y subsidios para alquilar habitaciones de hotel. Los centros de inclusión son lugares para pernoctar, higienizarse y alimentarse, que pueden usarse de modo temporario y que brindan, además, talleres de capacitación o servicios de atención en salud física o psicológica. Existen centros de inclusión administrados totalmente por el estado, tales como el Azucena Villaflor para mujeres, el Félix Lora para varones o el Costanera Sur para familias, y centros co-administrados por el Gobierno de la Ciudad en conjunción con organizaciones civiles, tales como Proyecto 7, Caritas o los del Ejército de Salvación. El tema ha sido indagado por muchos investigadores desde distintas perspectivas, con lo cual, en la ponencia, se realizará la descripción de los distintos programas y políticas según lo expuesto por diferentes autores, pero centralmente se rescatará la perspectiva de quienes han asistido a los “centros de inclusión social” o utilizado el subsidio para alquilar para conocer su perspectiva. Existe una brecha importante entre las propuestas de las políticas y la mirada de quienes acceden a los servicios, por lo cual, conocer la perspectiva de quienes los utilizan, puede colaborar a acortar las distancias.

Situación de calle – Políticas públicas para situación de calle – Centros de inclusión Social

Introducción

El objetivo de la ponencia es dar cuenta de los programas y proyectos dirigidos a las personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, pero particularmente, restituir la perspectiva de quienes utilizan dichos servicios.

Como se verá más adelante, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), implementa una serie de programas que incluyen los centros de inclusión social, los hogares y los subsidios para alquilar en hoteles y/o pensiones, los cuales se dirigen a personas solas o grupos familiares. Sin embargo, y más allá de los objetivos que pueda proponerse el GCBA, lo cierto es que la población en la calle es reacia a alojarse en los centros de inclusión y tiene varios reparos sobre la gestión de los subsidios habitacionales.

El tema de los programas y políticas públicas para esta población, fue ampliamente abordada por los investigadores locales, Entre otros por Boy, 2011; Bachiller, 2021; Bascialla, 2020; Paiva, 2023, Rosa y Toscani,, 2020; Biaggio y Verón, 2009) entre los referidos específicamente a la ciudad de Buenos Aires. Aquí agregamos la perspectiva de quienes hacen uso de los servicios del GCBA.

Metodología. Alcance del término “situación de calle” y “política pública”.

La información con la cual se elaboró la ponencia surgió de las entrevistas tomadas desde el año 2018 en el marco de proyectos UBACyT y del CONICET, a personas solas, familias, sujetos que utilizan los centros de inclusión de modo intermitente, personas en la calle o en comedores populares. Todas las entrevistas se efectuaron de acuerdo con un guión que dejó abierto el camino para que aparezcan temas no previstos pero importantes a los objetivos de investigación. (Taylor y Bogdán, 1987). La interpretación se efectuó a través del análisis de entrevistas que prevé tres instancias: descripción, codificación y análisis, a través de las cuales se profundiza el nivel de interpretación del material. (Meo y Navarro, 2009)

En cuanto al alcance de la noción “situación de calle” usaremos la prevista por la Ley 3706 que establece que debe comprenderse como tales “a quienes pernocten en la calle de modo permanente o transitorio, utilicen o no la red de alojamiento nocturno y en “riesgo de situación de calle” a quienes habiten en asentamientos precarios, instituciones de las que estén próximos a egresar o tengan sentencia de desalojo firme (Ley 3706/10). (BOCBA, 2010). 

Respecto del “política pública” tomaremos la noción de Tamayo quien la define como un conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar un problema que en un determinado momento los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritario (Tamayo Sáenz, 1997)

Programas y políticas para las personas en situación de calle implementadas por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires

El primer programa para personas solas y familias en situación de calle fue formado en 1997 bajo el Decreto 607/97 del GCBA e incluía casi todas las prestaciones que existen actualmente, más allá de los cambios que se fueron operando paulatinamente. En la actualidad dependen del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y consisten en una serie de dotaciones que incluyen: los centros de inclusión social, el programa Buenos Aires Presente (BAP), el equipo móvil, la línea 108 y el operativo frío.

En cuanto a los centros de inclusión social (CIS), son un conjunto de dispositivos que permiten alojamiento temporario- en la actualidad hasta tres meses - donde las personas y familias pueden alimentarse e higienizarse y acceder a prestaciones como atención física y psicológica, documentación, talleres de reinserción laboral. Existen algunos administrados totalmente por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y otros co gestionados con organizaciones de la sociedad civil.

Existen aproximadamente 15 centros gestionados únicamente por el GCBA entre los cuales los más citados son el Azucena Villaflor, el Hogar 26 de julio para mujeres con y sin hijos, el Bepo Ghezzi, el Hogar Félix Lora, Roca 1, 2 y 3, para varones y el Centro de Inclusión social Costanera para familias. Hay aproximadamente 20 sitios co gestionados con organizaciones de la sociedad civil, entre los cuales pueden nombrarse el San Martín de Porres, San Francisco de Asís y Año Santo (Cáritas) para varones, El Hogar Monteagudo (administrado por Proyecto 7) también para varones, los hogares Betania y Amparo, para mujeres, administrados por el Ejército de Salvación, el Centro de Inclusión FRIDA también para mujeres. Dentro de la totalidad de centros de inclusión social, existen algunos orientados específicamente a albergar a personas con discapacidad, tales como HODIF o Kaupe.

En cuanto al BAP, se trata del programa Buenos Aires Presente, que fue creado por Decreto 2018/1999 (Boletín Oficial, 1999) y que consta de un “equipo móvil” formado por trabajadores sociales y otros profesionales que asisten a las personas en situación de vulnerabilidad social, entre ellas las que se encuentran en situación de calle, para llevarlas a los centros de inclusión social, orientarlas sobre subsidios o programas de atención a la salud, según el caso. Funciona a partir de las llamadas a la línea de emergencia 108, a la que pueden comunicarse los mismos sujetos en situación de calle o los vecinos. El ingreso a los centros de inclusión social siempre se produce a través de la línea 108 y la intervención del BAP.

Por último, el operativo Frío es un dispositivo que se pone en marcha durante los meses más fríos del invierno y que intensifica la asistencia a las personas que quieran dirigirse a un centro de inclusión social. Por otro lado, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires debe realizar anualmente un censo de personas en situación de calle, tal como lo dispone la Ley 3706/10.

En cuanto al subsidio habitacional (GCBA, Decreto 690/2006), se trata de un monto creado en el marco del “Programa de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad habitacional”, que consiste en un monto mensual otorgado por seis meses, renovable, dirigido a personas solas o familias en situación de vulnerabilidad habitacional. Para acceder al subsidio es necesario contar con un informe social que acredite la condición, certificado de escolaridad de los niños en caso de las familias, no poseer otro subsidio con los mismos fines, certificado de discapacidad (si corresponde) y un presupuesto emitido por un dueño de una vivienda o un hotel. En el primer caso es preciso llevar el nombre del propietario y la factura de un servicio y, en el segundo, un presupuesto emitido por un hotel formalmente inscripto.

En lo relativo al “amparo judicial” es un recurso judicial, por el cual, si es aprobado por la Justicia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe abonar, de modo permanente, el costo del alquiler de una habitación de hotel.

Las políticas según la perspectiva de las personas que utilizan los servicios. Los centros de inclusión social.  Entre el rechazo y la aceptación

Cómo dijimos anteriormente las personas que utilizan las prestaciones del estado, tienen su propia mirada sobre dichos servicios.

En cuanto a los centros de inclusión social, un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Económicas, calculó que entre el 60 y el 80% de las personas que viven en la calle no los utiliza ¿por qué motivos?

Una de las razones más frecuentemente citadas por las personas es que se producen robos en los centros de inclusión. En todas las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo, los robos aparecen en primer lugar: “Es difícil porque te roban, las zapatillas, los celulares” (C, 27 años, mujer)

La conflictividad y las peleas son otro de los aspectos más señalados en las entrevistas tomadas:

            “El parador Costanera son dos piezas grandes, una donde van las mamás con los hijos y otra donde van los papás con los hijos. Hay un espacio para cada cama o cucheta. Están todas las mujeres juntas o los hombres juntos. Hay un comedor al que van todos. Y después hay un patio bastante grande y un lugar para lavar la ropa. La convivencia es difícil, está eso de quién es mejor que quién, quién es más fuerte, quién es más grande. La violencia se te viene encima, porque no puede haber violencia, te sacan […] (C, 27 años, mujer)

            “Yo estuve muy poco tiempo en el parador de mujeres, con hijos. No podés dormir, hay gritos todo el tiempo. Hay muchas peleas, los chicos gritan. Prefiero dormir en la calle” (Daniela, mujer trans, 40 años)

La privacidad no fue un aspecto demasiado señalado espontáneamente por los entrevistados, aunque, sin embargo, ante la pregunta sobre si preferían estar en el parador o en el hotel, la respuesta fue “en el hotel, sin duda, allí tengo mis cosas, mi privacidad” (Ana, 25 años), (Daniel, 35) En el parador no podés llevar nada, sólo lo que entre dentro de los lockers, nada tuyo. Y ¿qué cosas vos sentís que son propias y llevás siempre con vos?  (entrevistadora) “Mi mochila” (Ana, 25 años).

Las normas son otro de los aspectos señalados por los entrevistados. Los reglamentos de permanencia interna son rígidos. A continuación, reseñamos las principales normas del Costanera Sur, para familias:

            “Para el ingreso de los alojados es de carácter obligatorio la evaluación profesional de los equipos del Programa Buenos Aires Presente.  Así como la ficha de admisión de este dispositivo (…) prestando conformidad respecto de este reglamento…”

            “Horario de desayuno 7 a 8 de lunes a viernes y de 8 a 9 fines de semana y feriado”

“Luego del desayuno las familias alojadas deberán realizar todas las actividades previstas y programados por los equipos profesionales correspondientes a cada grupo familias”

“Horario de almuerzo de 12 a 13 hs”

            “Por la noche el reingreso es hasta las 20.00hs”.

 “Horarios de duchas matutina de 7 a 9 y nocturno de 18 a 20”

“Horario de cena de 20 a 21.”

“A las 22.30 se apagarán las luces y artefactos electroacústicos del recinto. A partir de ese momento únicamente está autorizada la permanencia de los alojados en el sector de los dormitorios. Los días sábados hasta las 24.00”

“Está terminantemente prohibido el ingreso de hombres en el dormitorio de mujeres y viceversa”

“El personal está autorizado a revisar las pertenencias de los alojados que ingresen o egresen, como así también durante la permanencia en el centro”

“Cualquier acto de violencia verbal o física, será plausible de derivación a otro dispositivo o egreso del establecimiento, ya sea de manera voluntaria o con la fuerza pública de ser necesario”

“Cualquier situación de conflicto ya sea con otro grupo familiar o con personal del centro deberá ser informado al equipo profesional, quien comunicará al coordinador del centro, el cual evaluará la misma y resolverá la intervención a seguir, pudiendo ser ello motivo de egreso inmediato” (Extracto del Reglamento del Centro Costanera Sur, visto en Seyahian Echenique y Battini Borner, 2023)

Como puede verse, las normas son bastante estrictas respecto de la permanencia en los centros, el seguimiento de los casos por los equipos profesionales, la elaboración de fichas, los horarios para efectuar los diferentes actos de la vida cotidiana y la convivencia entre todos.

Si bien habitualmente se naturalizan estas normas, tal como afirman Toscani y Rosa (2014) el estado ejerce un tutelaje permanente sobre la vida de las personas que, por esa razón evitan en cuanto puede los centros de inclusión social, aún a costa de las pésimas condiciones de habitabilidad de los hoteles o de quedar en situación de calle. Algunos extractos de las entrevistas tomadas, dan cuenta de ello:

            “Las reglas de un parador son muy malas para la gente, para quien no tiene información. No podía ingresar nada de los alimentos que yo compraba, tenía que ser lo que ellos te dan. Tenés que aceptar el horario de levantarte, de 8 a 13 en un patio con los niños, tenés que aceptar todas las normas. Y entonces tomé mi forma de ver las cosas, el nene tenía retraso madurativo. No acepté y me fui con mi marido a la calle” (M, 53 años, mujer).

El consumo es otro de los problemas, dado que no se puede ingresar: “Yo no prefiero ni el hotel, ni el parador. En el Uspallata, que es el último que estuve, como tuve una recaída se me cerraron las puertas del lugar. Me robaron las cosas y no me volvieron a hacer el ingreso. Y no es que yo me comporté mal o haya ingresado en consumo, yo nunca le falté el respeto al lugar”. “Cierran la puerta a muchas mujeres que están en consumo, cuando volvían no le daban el ingreso, y esa persona no sale del consumo. Y a veces vuelven lastimadas (A, 35 años)

Como dijimos, los robos, la violencia, el consumo de estupefacientes a pesar de la prohibición, son parte de los tópicos frecuentemente citados por las personas respecto de la cotidianeidad de los centros de inclusión. El “trato”, en especial del personal de seguridad o no profesional, es referido como otro de los aspectos negativos.

             “Hay que hacer todo lo que quiere él (coordinador CIS”) son parte de los relatos escuchados en las entrevistas, en este caso, respecto del centro de inclusión para mayores de 60 años.

“Los operadores seleccionan a quien dejar más tiempo, no se manejan igual con todo el mundo”. (A, 35 años)

Si bien la mayoría de las personas en situación de calle prefieren no asistir al centro de inclusión social, hay casos en los que, si bien no aceptan el CIS como la mejor opción, se adaptan al ambiente y a sus normas y con ello logran armar una vida:

“Prefiero dormir en el parador. Ahora tengo un trabajo de seguridad entre las 14 a 22.00. Y siempre que haya lugar me permiten ingresar. Ayer pude dormir, bañarme, luego vengo acá al centro de día, almuerzo y luego voy a trabajar”. “Cuando te acostumbras al ambiente, es mejor el parador” (F, 41 años)

“Cartoneamos durante el día, vendemos y dormimos en el parador.” (C y D, hombres, cerca de 35 años)

Como se ha visto, hemos transmitido algunas de las perspectivas de aquellos que utilizan los centros de inclusión social. A pesar de que existen historias de vida que agradecen la intervención de los centros de inclusión, la visión mayoritaria es preferir la calle o permanecer en los centros aceptando la tutela y las normas impuestas el estado.

El BAP y la línea 108

             La principal queja sobre el Programa Buenos Aires Presente y la línea 108 es el tiempo que tardan en asistir desde el lugar de donde fueron llamados.

            “Llamo al 108 a las 7 de la mañana, 24 horas me vienen a buscar. Mientras tanto me podría pasar cualquier cosa: la lluvia, la enfermedad…” (D, 42 años, varón)

            Más allá de las opiniones de los usuarios, me interesa aquí trasladar mi propia perspectiva sobre la línea 108 y el BAP, a los cuales acudí, como vecina, en busca de atención para adolescentes o personas en situación de calle con problemas psiquiátricos.

            Tal como mencionó el entrevistado, el tiempo de espera al BAP puede estipularse en horas, de modo que, si el llamado es el del vecino ante una emergencia, es posible que al llegar la persona ya no esté en el lugar.

El traslado del BAP a los centros de inclusión social, a hospitales u otro sitio de atención a la salud física o mental, se produce solamente con la anuencia de la persona en emergencia. Nunca es compulsivo. Esta norma, que en principio puede considerarse razonable, no lo es cuando se trata de personas con problemas psiquiátricos, que no están en condiciones de decidir por sí mismas por su estado de salud mental. En estos casos, el BAP no interviene y la persona queda en la calle en estado de total indefensión y con problemas psiquiátricos severos.           

La asistencia del BAP se realiza sólo ante llamada de los vecinos o de la persona que se encuentra en la calle, con lo cual, no realizan recorridos territoriales espontáneos, sino a demanda, lo cual quita efectividad al programa, además de la tardanza en atender la situación. En este sentido, las organizaciones sociales que trabajan con personas en situación de calle, sí recorren las calles de a pié o en automóviles, están más disponibles para la atención espontánea de necesidades:  problemas urgentes de salud, crisis devenidas de adicciones, documentación o información sobre subsidios, además de la alimentación respectiva. Más allá de que la cobertura territorial y asistencial de las organizaciones nunca puede compararse con la potencia y recursos de que dispone el estado, debiera valorarse su modalidad operativa.

El subsidio habitacional. Decreto 690/06

Como dijimos, el subsidio habitacional consiste en un monto por seis meses, renovable, para solventar un alquiler para personas solas o grupos familiares. Por su monto, el subsidio sólo alcanza para cubrir los gastos de una habitación de hotel.

Los problemas con el subsidio son varios. Uno de ellos es que el monto se desactualiza y no alcanza a cubrir los costos solicitados. Cuando el subsidio se da de baja o no cubre las personas o familias deben retirarse del hotel y volver a la situación de calle o conseguir ingresos para completar el monto requerido.

Para obtener el subsidio es necesario llevar el presupuesto que consiste en una tarjeta con el monto, firmada por el dueño del hotel. Hay hoteles que entregan la tarjeta con el presupuesto y otros que no. Con lo cual, es en sí mismo una tarea conseguirlo y, en ocasiones, hay que pagar por ello.  Tal como relata una entrevistada, “Para ser sincera yo tuve que pagar para que me den el presupuesto.” (A, 35 años)

El estado solicita el presupuesto y un recibo mensual de un hotel formalmente habilitado, aunque en los hechos, y según relatan varios entrevistados, se trata de  lugares con problemas severos de higiene y salubridad, húmedos, oscuros y sin ventanas.

Los lugares aceptados por el GCBA, los habilitados, son los menos confortables para los usuarios:

“Hoy vivo en una pieza en una villa. Es mil veces mejor. Donde vivo ahora sólo comparto el baño, tengo mi pieza, mi ventana, mi lugar. Pero no puedo presentar el recibo porque es una villa, no tengo cómo verificar que yo alquilo. Pero es mucho mejor. Para juntar el dinero que me piden hago changas, cuido nenes, personas mayores, salgo a pedir, trato de llegar al monto para asegurarme mi lugar” (A, mujer, 35 años)

            En el caso de los grupos familiares, los cuartos de hotel no sólo son sucios y oscuros, sino pequeños para el uso de los niños.

“Me preocupan las nenas, antes ellas tenían mucho espacio, allá donde vivíamos en una casa en Lugano. Es que durante la pandemia no eran tan exigentes con los papeles del subsidio, ahora sí. Y en la pieza no tienen espacio para ellas” (M, 27 años, mujer).

Si se sigue el relato de las entrevistas, el sueño es comprar o alquilar una casa: “En vez de que me den dinero todos los meses, prefería que me den a pagar un departamento” (M, 55 años), “Me gustaría que me dejaran ir a otra provincia con el subsidio. Se puede alquilar en provincia de Buenos Aires y Capital. Pero acá la educación es mejor, tenemos más posibilidades.” (M, 27 años, mujer)

            La burocracia, el “papeleo” y el someterse a los informes habitacionales, sociales y de salud que solicita el estado, con preguntas y requerimientos que, en ocasiones, no comprenden totalmente, es otro de los aspectos señalados por los entrevistados.

            “Negarte un trámite porque te falta un papel es bastante común. En vez de ayudarte a buscarlo, te lo niegan. Después te ponen miles de palos en la rueda, te piden un montón de papeles que si no los tenés o no los podés conseguir, no obtenés lo que necesitás” (D, 42 años, varón)

Conclusiones:

Como vimos hasta aquí, los robos, los conflictos, las normas, la burocracia, la diferencia entre el monto del subsidio y el precio requerido por el  mercado o la exigencia en las condiciones de “formalidad” de los lugares para son parte de los problemas mencionados por las personas que fueron entrevistadas durante el trabajo de campo.

Es posible afirmar que el estado y sus políticas necesitan cumplir requisitos y objetivos que, en ocasiones, difieren de las necesidades reales de esas personas. Entre ellas: la inexistencia de conflicto dentro de los centros de inclusión, la separación según género, la salud y escolaridad de los niños, los horarios de ingreso y egreso, la documentación requerida para acceder a las prestaciones, las fichas médicas y sociales, los horarios para comer, higienizarse o dormir o las condiciones de “habitabilidad” requeridas para otorgar el subsidio habitacional, son parte de las normas solicitadas.

En ese intento, el estado ejerce un “tutelaje” (Rosa y Toscani, 2020) respecto del cual las personas y las familias implementan diferentes alternativas: huir de los centros de inclusión o utilizarlos esporádicamente, usar algunas prestaciones de la política pública en todo o en parte o “negociar” entre las solicitudes del estado y las propias necesidades. Entre ellas, pagar por el presupuesto del hotel para obtener el subsidio habitacional, alquilar un cuarto en una villa en tiempos de pandemia porque los controles sobre los requisitos no era tan exhaustivos, usar la tarjeta “ciudadanía porteña” que otorga el GCBA para alimentos, pero “cartonear” para pagar la pensión en la villa, adaptarse a la vida en los centros de inclusión social, trabajar durante el día y dormir en ellos, tener sexo en albergues transitorios mientras dure la permanencia en el centro de inclusión, son parte de las múltiples tácticas que implementan las personas para adecuar los recursos a sus necesidades, dando cuenta de su capacidad de “agencia”, es decir, de introducir modificaciones y decidir, a pesar de las circunstancias y dentro de la paleta de opciones disponibles.(Giddens, 2011)

Para cerrar vale recurrir a la noción de política pública utilizada inicialmente, que la define como como el conjunto de acciones orientadas a tratar los problemas que, en un determinado momento, los “gobiernos y los ciudadanos” marcan como prioritarios. Respecto de ello, vale señalar la ausencia de la voz de los ciudadanos que utilizan estos servicios, tanto en el diseño, como en la implementación de las políticas dirigidas a ellos. Tal vez un diseño más participativo, que tuviera en cuenta la perspectiva de quienes utilizan las prestaciones, diera mejores frutos respecto de los resultados de las políticas y estrecharan la distancia entre los requerimientos del estado y las necesidades de las personas solas y familias.

Bibliografía de la ponencia

Bibliografía

Bachiller, Santiago. 2021. COVID-19 y personas en situación de calle en Caba: viejos y nuevos desafíos para las políticas públicas. En Ciudadanías 8, Universidad Nacional de Tres de Febrero: 1-29

Bascialla, Andrea. 2020. Programas sociales y personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Un mapa conceptual http://revistas.untref.edu.ar/index.php/ciudadanias/article/view/548 (7/3/2021)

Biaggio, Mariana 2009.Cerca y lejos de la calle: una aproximación etnográfica a un programa de asistencia transitoria a la emergencia habitacional en la ciudad de Buenos Aire. En Cuaderno Urbano. Espacio, cultura y sociedad Vol 8, N° 8, Universidad Nacional del Nordeste.

BOCBA (Boletín oficial de la ciudad de Buenos Aires) 2010 Ley 3706 Protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle. https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/165158 (7/3/2022)

Boletín Oficial. 1999. Programa Buenos Aires Presente. Decreto 2018, octubre de 1999 https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/24180 (17/3/2023)

Boy, Martín .2011. Políticas sociales para personas que viven en la calle. Un análisis comparativo entre el caso de la Ciudad de Buenos Aires y del Distrito Federal. En Quid 16, noviembre 2011-octubre 2012, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

Giddens, Anthony.(2011. La constitución de la sociedad. Bases para una teoría de la estructuración. Buenos Aires: Amorrortu.

Meo, Analía y Navarro, Alejandra. 2009.  La voz de los otros, Buenos Aires: Omicron System

Paiva, Verónica.2023. Grupos familiares con hijos en situación de calle. Ciudad de Buenos Aires. 2022. En Cuestión Urbana N° 13, Centro de Estudios de la Ciudad, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Rosa, Paula. y Toscani, María de la Paz. 2020. Habitantes intermitentes, entre la calle y el hotel-pensión. Nuevas aproximaciones a una vieja problemática en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Revista colombiana de sociología (43) 2. https://doi.org/10.15446/rcs.v43n2.82811 (27/4/2023)

Seyahian Echenique, Emilia y Biattini, Borner, Pilar. 2023. Centro de Inclusión social Costanera Sur:de-construcción de la atención a quienes están en situación de calle”. Tesina para la carrera de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, UBA

Tamayo Sáenz, Manuel. 1997. El análisis de las políticas públicas. En Bañon, R. y Carrillo, E. (comp.) La Nueva Administración Pública, Alianza, Madrid.

Taylor, Steve y Bogdan, Robert. 1987. Introducción a los métodos cualitativos de investigación, Barcelona: Paidós