«Soldados son pueblo uniformado»: alternancia partidista y significados de la militarización en México (2018-2024)

Introducción

El cambio de partido en la presidencia en el México del año 2000, después de 71 años de partido hegemónico, significó para la academia una divergencia metodológica y consecuente constitución en grupos claramente definidos. ¿Era aquello una simple alternancia partidista o una transición a la democracia? Mientras académicos e intelectuales debatían airadamente en el campo de las ideas sobre la democracia en México, un aspecto relevante de las democracias liberales en América Latina permaneció intacto: las fuerzas armadas. Mientras en países como Argentina o Chile, las propias milicias iniciaron el proceso de democratización y su posterior retraimiento –y sometimiento– a la esfera civil, en México prácticamente permanecieron intactas tanto en funciones como presupuestalmente. Así, al no haber propiamente vivido bajo una dictadura militar, no se buscó reformar la institución militar, ni subsumirla a autoridades civiles. Por el contrario, a partir de 2006 se desplegaron fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) para coordinarse con la recientemente creada Policía Federal en tareas de la «guerra» contra el narcotráfico declarada por el expresidente Felipe Calderón. Sin un marco jurídico debidamente constituido su accionar continuó y para el sexenio siguiente, bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que buscó legitimar la presencia de las fuerzas armadas por medio de la Ley de Seguridad Interior, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Pese a haber prometido el regreso castrense a los cuarteles, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) no ha hecho más que profundizar su despliegue, tanto en tareas de seguridad como en el grueso de la administración pública. Sin embargo, la violencia en materia de extorsión, desapariciones y asesinatos ha continuado con un alza sostenida desde 2006. Ante un proyecto militarista –o el impulso por imponer la cultura, lógica y valores militares– que trasciende sexenios y aparentes diferencias políticas, partidistas e ideológicas, es necesario delinearse preguntas de corte antropológico que se concentren en el punto de vista de los actores. ¿Son proyectos culturales realmente opuestos democracia y militarización en el imaginario nacional?, ¿qué significados se atribuyen al despliegue y presencia castrense en la vida cotidiana del país?, ¿qué refiere ser «pueblo uniformado» para la narrativa oficial? Estas tres preguntas particulares se plantean como un ejercicio exploratorio de una investigación doctoral en ciernes. Esta aproximación inicial la planteo desde un enfoque etnográfico de los diarios como productos culturales (Gupta, 1995; Lomnitz, 2008), así como de las narrativas sobre las instituciones (Forero, 2016; Jimeno, 2016) reflejadas en discursos presidenciales y sus respectivas versiones estenográficas que permiten dilucidar los significados en el despliegue de las Fuerzas armadas en el México contemporáneo.

I. El creciente papel de las Fuerzas Armadas en el México contemporáneo

La violencia en el México contemporáneo no se puede entender sin dos factores nodales: la alternancia partidista y las fuerzas armadas. Si bien México pertenece a una serie de países que logró alcanzar la democracia –al menos electoral– a en la década de los noventa coincidiendo con los que el politólogo Samuel Hungtingon (1993) denominó la «tercera ola democrática», inicialmente se logró a nivel subnacional con gobiernos estatales vinculados a la histórica fuerza opositora comandada por el Partido Acción Nacional (PAN) y posteriormente al partido de izquierda, nacido de la decisión del partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Dicha ruptura provocó, a grandes rasgos, el surgimiento del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que comenzó a gobernar entidades, particularmente en el centro y sur del país, mientras el partido identificado como de derecha se volcó en el centro y norte del país. Así, perdiendo fuerza, el sistema de partido hegemónico perdió fuerza, logrando que en 1997 la capital se ganara por la izquierda partidista y perdiera también la mayoría en la Cámara baja. Asimismo, en el año 2000 la alternancia a nivel federal relevó al PRI por el PAN en el Ejecutivo Federal con el primer presidente de la alternancia: Vicente Fox Quezada.

Sin embargo, algunos estudiosos de las instituciones como Benítez Manaut (2021) señalan que lo que él llama transición democrática –yo soy más bien escéptico y lo establezco como simple alternancia– dejó intocada la institución militar por excelencia: los militares. Esto, dado que todo el siglo XX se había alcanzado un acuerdo tácito entre autoridades civiles y militares para dejar una suerte de autonomía funcional que permitió que en el siglo pasado no se instauraran dictaduras militares como en cono sur y, por su parte, lograr que el sistema de partido hegemónico se consolidara como vía única de acceso al poder. En otros términos, los militares nunca buscaron realmente instaurarse por el gran poder acumulado en el partido oficial. Para lograrlo, se le concedieron ciertas prebendas al ejército como autonomía de gestión, presupuestal y administrativa. Así, la transición no influyó en lo absoluto en las Fuerzas Armadas, sino que, por el contrario, éstas contaron con gran capacidad de acción y requerimiento ante una debilidad del poder civil. De esta manera, la transición se vinculó al aumento de la violencia por el crimen organizado y, con ello, al aumento también de funciones y atribuciones militares en gobiernos civiles.

A la par de este argumento, Carlos Flores (2013), sociólogo del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) señala que la transición democrática en un país con Estado débil condujo a una democratización selectiva de instituciones en las que hubo algunas, digamos, más beneficiadas que otras. En este desarrollo puede encuadrarse a las Fuerzas Armadas. Mientras algunas instituciones como la presidencia, los Congresos o recientes creaciones para la protección de derechos de tercera y cuarta generación, llevaron la bandera de la democratización en términos de derechos, algunas otras instituciones como las militares quedaron anquilosadas y sin un ánimo real de modernización institucional. Además de su inmovilidad, cada vez más fueron requeridas para tareas de seguridad pública. Esto es claro cuando, en 1996, la SCJN permite que las Fuerzas Armadas puedan ser utilizadas en materias de seguridad pública. También, cuando, como señalan Passos y Martínez (2019), el proceso de constabularización o ensanchamiento de tareas militares, éstos se incorporan permanentemente al Consejo Nacional de Seguridad Pública, y dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se crea un centro especial de doctrina en seguridad pública.

 

Gráfica 1. Presupuesto asignado a las FA (2012-2022)

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de Mexicanos Unidos Contra la Corrupción (MUCC) (2021)

Gráfica 2. Homicidios y desapariciones (2006-2021)

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del INEGI (2020) y Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) (2023)

 

 

Lo anterior es visible cuando, en 2006, el presidente emanado del PAN, Felipe Calderón (2006-2012), decidió desplegar al ejército para labores de seguridad en coordinación con la Policía Federal. Dicho despliegue fue duramente criticado desde las posiciones hoy oficialistas. Paradójicamente, el número de homicidios comenzó a crecer proporcionalmente al despliegue de las Fuerzas Armadas y al presupuesto asignado. Con el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se buscó crear una Ley de Seguridad Nacional (LSI) para dar certeza legal y un marco jurídico a la actuación militar. Sin embargo, dicha Ley fue impugnada y declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Para 2018, la situación parecía cambiar pues el candidato Andrés Manuel López Obrador anunciaba su cruzada para devolver al ejército a sus cuarteles. Sin embargo, lo primero al iniciar su sexenio fue decretar la permanencia de las fuerzas castrenses hasta 2024 (DOF, 11/05/2020). Posteriormente lo ampliaría hasta 2028 en lo que, desde posiciones críticas se ha denominado un «acuerdo militarista» (MUCD, 20/07/2023). También, creó la Guardia Nacional que es, de nacimiento, una institución civil, pero que rápidamente apresuró el paso para enviarla a la Secretaría de la Defensa Nacional:

Entonces, ¿qué quieren un García Luna en la Guardia Nacional? No. Queremos que así como en la Secretaría de la Defensa está una rama que es la Fuerza Aérea, y otra que tiene que ver con el Ejército y las zonas militares, ahí esté la Guardia Nacional, actuando con respeto a los derechos humanos (La Jornada, 14/06/24)

Al no contar con los votos necesarios en el Congreso para una reforma Constitucional de tal calado, decidió hacerlo por vía Leyes secundarias, lo cual la SCJN rechazó por considerarlo inconstitucional en 2023 (El País, 18/06/2023). Por ello decidió apurar una nueva reforma ahora para 2024 cuando una nueva legislatura se conforme a partir de las elecciones del próximo 2 de junio:

Algo que es fundamental, que tenemos que resolver para prevenir, el que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena, para que no se corrompa la Guardia Nacional, como sucedió con la Policía Federal que quedó al garete, dependiendo de Seguridad Pública, bueno, de (Genaro) García Luna (López Obrador, 20/02/2024)

Como intentaré mostrar más adelante, el presidente sostiene un sistema clasificatorio dicotómico y excluyente en el que el orden civil se encuentra totalmente «podrido» y «corrompido», mientras las Fuerzas Armadas, particularmente el ejército, es considerado «incorruptible» y moralmente superior al orden civil, por lo que el impulso presidencial que ha recibido sólo es resultado de su patriotismo y desinteresado espíritu de ayuda al sujeto político de la actual «transformación»: el «pueblo».

II. La transferencia de atribuciones a las Fuerzas Armadas y su significado

En las viñetas anteriores he intentado dar un breve panorama con ejemplos que dibujan los esfuerzos por desplegar a las Fuerzas Armadas, así como su intento por legitimarlo y justificarlo, y cómo han tomado la discusión pública, particularmente dentro del sector gobernante. En el primero, son claros los reiterados intentos presidenciales para interpretar y reescribir la historia de manera que la presencia de las Fuerzas Armadas, particularmente del ejército, aparezca en los eventos coyunturales o «transformaciones» que han «antecedido» a la actual. Dichas revueltas –independencia, guerra civil y revolución– han sido reducidas a «liberales» contra «conservadores». «Patriotas» contra «injerencias extranjeras». A proyectos de nación aparentemente encontrados en los que sólo uno resulta vencedor, claro, con ayuda del elemento armado siempre del «lado correcto de la historia».

En el segundo, una columnista, activista y militante del partido oficialista, redacta un texto en clara apología a la presencia de las Fuerzas Armadas en la vida pública del país. De nuevo, se recupera su presencia en la historia y en la Revolución Mexicana para intentar normalizar su presencia 120 años después, en clara ausencia de un conflicto armado o guerra civil. En su justificación, la autora señala que la necesidad de la presencia permanente, más allá de la guerra externa o interna, responde a un aura patriótica. En caso del activismo antimilitarista que, a la par, ha tomado también una pequeña parte de la esfera pública –con claras tendencias asimétricas–, para la autora esto sólo puede responder a la traición a la patria. Sentenciando «Quién pretende recluir a los militares en los cuarteles traiciona a la patria.», afrenta a los activismos antimilitaristas no sólo como activistas, sino como traidores al proyecto, al país, a la patria. El uso de referentes abstractos como ambiguos es útil para poder clasificar y reducir proyectos políticos diversos en categorías y hermenéuticas oficialistas.

Este es el caso de la investigación de R3D, colectivo que, junto con Artículo 19, entre algunos otros, han tomado la bandera antimilitarista como punto de lucha ante un desbordado presidencialismo apoyado de las instituciones armadas como «instituciones pilares del Estado mexicano». En un juego de suma cero (Robledo, 2022; MUCD: 2021): mayor apoyo, presupuesto e intervención de las fuerzas armadas significa menor participación de instituciones estatales civiles y organizaciones civiles y no gubernamentales. No es casualidad, entonces, que el presidente diariamente dedique críticas a la llamada sociedad civil y se desborde en elogios hacia las fuerzas Armadas. En el caso del reportaje publicado por R3D –Ejército Espía (2023) y Ejército de Bots (2024), de los que hablaré más adelante–, se demuestra que, sólo gracias a filtraciones de terceros, se puede conocer que el Ejército tiene entre sus filas labores de inteligencia y espionaje, elementos que, en la ley, sólo se reservan para autoridades civiles. De facto, el ejército espía, aunque no esté legalmente permitido. Y se niega a informar acusando «seguridad nacional» (Aristegui Noticias, 07/02/2024).

Como se puede observar, tanto por el discurso presidencial, como por sus réplicas oficiales a través de militantes, así como por organizaciones críticas, la imagen y funciones de las fuerzas armadas no sólo ha ido en aumento discursivo, sino que lo ha acompañado un fuerte despliegue en términos de elementos, presupuestal y de funciones. Por ejemplo, una reciente investigación de México Evalúa, organización civil encargada en investigaciones en materia presupuestal gubernamental, que en su informe Números de erario pudo identificar un aumento de 41.5% en gasto militar, llegando hasta los 210 mil millones de pesos. En contraparte, también se reportó un decremento del 50.9% en gastos policiales de orden civil, que obtuvo un aproximado de 62 mil millones de pesos. Esto significa que las instituciones militares tuvieron un presupuesto 239% mayor que las instituciones civiles de seguridad. Entre los entes civiles consideró a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPyC) y la Secretaría de Gobernación (Segob). Entre las militares, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN) que, aunque está considerada dentro del ámbito civil, es operada, adiestrada y administrada de facto por los militares. También la investigación resalta que la institución más beneficiada fue la Sedena con un presupuesto programado –que no es lo mismo que el ejercido– de 130 mil millones de pesos. Es decir, casi la mitad del presupuesto destinado a seguridad. Asimismo, documentó el crecimiento en 177% de los fideicomisos o recursos y fondos especiales poco sujetos a rendición de cuentas (México Evalúa, 2024).

Otro ejemplo, ahora en materia de atribuciones, es el Inventario nacional de lo militarizado (PPD, S/f) desarrollado por el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas (CIDE) que muestra las atribuciones que han sido transferidas de la esfera civil a la esfera militar, más allá de la seguridad, entre 2007 y 2021, año en que el proyecto concluyó. Por ejemplo, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha delegado 20 funciones y presupuesto a las Fuerzas Armadas. Le sigue la Secretaría del Bienestar con 17, el Servicio de Administración Tributaria con 14, la comisión Nacional Forestal con 14, la Secretaría de Comunicaciones, Transportes e Infraestructura con 13. En total, el Inventario rastrea 227 funciones que han sido trasladadas legal –o incluso ilegalmente – de la esfera pública a la esfera militar. Entre ellas, 29 tareas de seguridad pública y 33 proyectos de obra pública como trenes, carreteras, aeropuertos, hospitales, aduanas, entre muchos otros. Ejemplo de lo anterior, es un reciente caso donde el presidente ordenó al Ministerio de Comunicaciones, infraestructura y transportes, no licitar el mantenimiento a carreteras pese a tener un presupuesto asignado por el Congreso que debería asignarse. En su lugar, el presidente ordenó al Ejército hacerse cargo del mantenimiento a carreteras federales. Si bien se filtró un documento oficial del Ministerio de Finanzas en enero del presente año, no fue sino hasta la declaración en la conferencia matutina del presidente que él ordenó la cancelación de las licitaciones:

nos sale mejor, hacen un buen trabajo y si una obra que cuesta mil millones la hacen en un año, una empresa constructora la cobran en 2 mil y en vez de hacerla en el año, la hacen en dos… ya no son mil ni son dos mil, son tres mil o cuatro mil y ya no se hace dos años en cuatro años o no se hacen, entonces que se vayan a robar más lejos mejor, ya eso se acabó (Animal Político, 20/02/2024).

Así, el presupuesto discutido y aprobado por el Congreso ha sido cancelado de facto por el presidente, lo cual viola flagrantemente la Ley de Egresos que considera como facultad única de la Cámara de Diputados la asignación del presupuesto. Argumentando la corrupción imperante en la obra pública, realiza una maniobra que termina fortaleciendo la influencia e intervención del ejército en la vida pública. El traslado del mantenimiento de carreteras federales del orden civil al orden militar por la supuesta incorruptibilidad del ejército muestra que el despliegue de las Fuerzas Armadas han concentrado, además de atribuciones y presupuesto, control del territorio nacional. Asimismo, el presidente considera que la obra pública es cara e ineficiente. Por tal motivo, debe enviarse a una institución cuyo objetivo es la eficiencia y el patriotismo, así como la ausencia aparente de ganancia, pues además del menor tiempo de ejecución, es más barato su desarrollo.

III. La interpretación presidencial de las Fuerzas Armadas

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha insistido desde su ingreso a Palacio Nacional (nueva residencia oficial del ejecutivo federal) en la participación cada vez mayor de las Fuerzas Armadas en la vida pública del país. En esta insistencia, ha recurrido a la historia, particularmente a la Revolución Mexicana en partida doble: primero, para buscar afirmar que el ejército mexicano tiene un origen popular y revolucionario, que se alzó contra las injusticias y al golpe de Estado de Victoria Huerta, casualmente omitiendo que éste fue comandado por Venustiano Carranza - quien se autombró autoridad de facto pese a la existencia de un constituyente y presidentes interinos.

Además de la supuesta extracción social popular de las fuerzas armadas que, bajo su perspectiva, las distingue de la formación elitista del resto de los países, la narrativa presidencial ha buscado enfatizar que el motivo de la derrota de Francisco I. Madero, uno de los artífices iniciales dentro de la historiografía de bronce de la Revolución Mexicana, se debió a que no llevó a cabo alianzas con las Fuerzas Armadas, pese a que sí las tenía con sectores sociales en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. En otras palabras, para Andrés Manuel López Obrador, Francisco I. Madero falló a la hora de tejer alianzas no sólo con el sector civil, sino también faltó elaborarlas con el sector militar.

En todo caso, la traición contra Madero ayuda a entender el porqué de nuestra estrategia política. Si no estuviéramos respaldados por la mayoría de los mexicanos, y en especial por los pobres, ya nos habrían derrotado los conservadores o habríamos tenido que someternos a sus caprichos e intereses para convertirnos en simples títeres o peleles de quienes ya se habían acostumbrado a robar y a detentar el poder económico y político en nuestro país, ya se sentían los dueños de México (López Obrador, 20/11/2022)

De tal manera, el ejército –y en general las fuerzas armadas– han sido objeto de una lucha de significados claramente asimétrica. Por un lado, se tiene la narrativa oficialista impulsada por un presidente venido de izquierda donde se exalta la figura militar, sus funciones, su disciplina, así como su extracción social ya no sólo histórica, sino presente, frente a la corrupción civil y extremismo activista de aquellos que alguna vez lo acompañaron.

En numerosas ocasiones el presidente López Obrador se ha comparado al expresidente Francisco I. Madero como el mandatario “más atacado” en la historia, sólo por debajo de él. Además, según sus propias palabras, han tenido que sortear una “reacción conservadora” y por parte de la “oligarquía”. Bajo este esquema de pensamiento, ellos, civiles, han tenido que sostenerse por sus propios medios ante un escenario hostil a la revolución maderista como a la transformación obradorista. Este imaginario, sin embargo, se diferencia, como ya introduje anteriormente, de que el actual presidente ha establecido vínculos de sostenimiento con las fuerzas armada a quien, en la conferencia del 20 de febrero de 2024, elogió:

Pero sí les estoy yo dando toda la confianza, porque he sido correspondido, es decir, han cumplido, me han ayudado muchísimo. Las dos secretarías que más me han ayudado en todo el proceso de transformación que nos ha tocado llevar a la práctica son la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa…

Bueno, pero de todos, porque se trata de instituciones que son como pilares del Estado nacional, Marina y Defensa. Entonces, les tengo toda la confianza. Además, me han demostrado con hechos, eficacia, responsabilidad, calidad en el trabajo, honestidad, lealtad. Y no es a mí, es lo que nosotros representamos, representamos los intereses de los mexicanos, estamos aquí por el pueblo de México, por los morenos y por los blancos, por todos (López Obrador, 20/02/2024).

El anterior discurso lo pronunció en la conmemoración del 112 aniversario de la Revolución. En él destacó los errores de Francisco I. Madero, pues no consolidó los vínculos con las fuerzas armadas. Él, por el contrario, lo ha hecho y les ha brindado la confianza tanto a los marinos como a los militares. A diferencia de la revolución, los apoyos sociales y apoyos en los militares han permitido llevar a cabo el proyecto personal del presidente, la “transformación”. Como instituciones pilares del Estado mexicano, ha relegado a instituciones civiles, pues si algo tienen son valores que no han sido compartidos como la “eficacia”, la “responsabilidad”, la “calidad en el trabajo”, “honestidad” y “lealtad”. De nuevo, un juego de suma cero. Más confianza en los militares es menos confianza en los órdenes civiles que, en numerosas ocasiones ha repetido que están “podridas”. En contraparte, la exaltación de las fuerzas armadas las clasifica como impolutas e incorruptibles.

No es casualidad, entonces, que un año después, en verano de 2023 que un huracán arrasó las costas mexicanas de Acapulco, el presidente haya ordenado a las fuerzas armadas a tomar control del territorio. Totalmente excluidas, las instituciones civiles de todos los niveles de gobierno fueron ordenadas de permanecer al margen de la situación:

Quiero decirles que a partir de mañana vamos a comenzar con un puente aéreo y utilizando el transporte de la Secretaría de la Defensa, también el transporte aéreo, terrestre, de la Secretaría de Marina. Vamos a comenzar a abastecer de alimentos, despensas; pero vamos a procurar que haya alimentos calientes, no sólo la despensa.

Y también decirles que la distribución de las despensas —porque ya tenemos experiencia lamentablemente en estos casos— queremos que la distribución de las despensas las haga la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, no las autoridades civiles ni del gobierno federal, ni del gobierno estatal, ni del gobierno municipal y mucho menos organizaciones sociales llamadas no gubernamentales o de la sociedad civil, para que nadie se aproveche de la necesidad de la gente[1]. En forma directa se va a atender a todo el pueblo, a todos los damnificados de Acapulco (López Obrador, 26/10/2023).

Como puede leerse, la entrega de ayuda humanitaria fue facultad exclusiva, por orden del presidente, atribuida a las Fuerzas Armadas. Ni el gobierno federal, ni el gobierno estatal, ni el gobierno municipal –los tres bajo la insignia del oficialismo– serían los encargados de atender a la población. Menos aún las organizaciones civiles o no gubernamentales a las que el presidente en numerosas ocasiones ha acusado de “injerencistas” o responder a intereses extranjeros para atacar a su gobierno. Así, el orden civil quedó nuevamente relegado porque, al parecer presidencial, sólo pueden aprovecharse de la tragedia con intereses indecibles. Por el contrario, la única vocación de las fuerzas armadas, patrióticas, es la ayuda “directa”, sin mediación de algún otro órgano de gobierno.

En este caso, ante un desastre natural, el presidente decidió, sin amparo de algún tipo de Ley o declaración de suspensión de garantías, dejar todo tipo de manejo de la situación de desastre a las Fuerzas Armadas. La respuesta no se hizo esperar. Colectivos y organizaciones gubernamentales, así como partidos de oposición decidieron desoír la orden para entregar directamente la ayuda sin mediación del gobierno. Dos polos opuestos. Tanto el presidente desconfía del orden civil-gubernamental, como lo hacen las organizaciones civiles ante la posibilidad de lucrar con la tragedia[2]. La desconfianza permea todas las dimensiones de la vida social y política del país.

Dicha decisión, como señalé, fue combatida jurídicamente a través de amparos y un fallo de un juez federal que ordenaba al ejecutivo federal el libre tránsito de personas. También fue combatida socialmente, ya que diversos colectivos humanitarios se volcaron hacia el puerto para brindar ayuda, desconociendo la orden a todas luces ilegal del presidente para favorecer el protagonismo y exaltar la necesidad exclusiva de las fuerzas armadas en tareas humanitarias.

IV. La reproducción militarista en la historia

Una reciente columna de opinión escrita por Paola Félix Díaz –quien se ostenta como activista contra la trata de personas y militante del partido oficialista, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y trabaja activamente en la campaña de la candidata Claudia Sheinbaum– en uno de los diarios de circulación nacional, la autora sentencia que «Quien pretende recluir a los militares en los cuarteles traiciona a la Patria». Esta frase forma parte de un texto más amplio en el cual no sólo intenta demostrar la importancia y necesidad de desplegar a las Fuerzas Armadas –en este caso, a la Secretaría de la Defensa Nacional, el ejército– a lo largo y ancho del territorio nacional, pues éstas fuerzas, además de ser «cercanas a la sociedad», «ha estado ahí para salvaguardar la grandeza de nuestro país»:

Si alguna institución ha estado cerca a la sociedad en los momentos más difíciles y goza de su confianza y respeto es el Ejército Mexicano que, de forma solidaria, valiente y responsable ha contribuido al progreso nacional en distintos momentos de la historia nacional y de diferentes maneras. En las catástrofes naturales, en las pandemias, en la crisis de inseguridad, en la construcción de nueva infraestructura, en las regiones más alejadas y en las ciudades siempre ha estado el Ejército, para cuidar, acompañar, rescatar y defender a las y los mexicanos. Ha estado ahí para salvaguardar la grandeza de nuestro país y para tender los puentes necesarios que nos permitan transitar de la opresión a la libertad y de la marginación al bienestar (Félix, 22/02/2024).

A decir de la activista, las Fuerzas Armadas, y particularmente el ejército, es la única institución que ha permanecido cercana a la sociedad en los momentos más complicados, como desastres naturales o pandemias. Ninguna institución de carácter civil lo ha estado, no sólo en presencia física sino también en valores, pues se destacan la «solidaridad», la «valentía» y la «responsabilidad». Esto, explica, se debe a su origen social y revolucionario, pues surgió, según la narrativa oficial, «para desconocer y combatir al usurpador Victoriano Huerta, luego del golpe de Estado contra Madero»[3]. De esta manera, se establece una línea clara entre la usurpación del ejecutivo por parte de Victoriano Huerta y un ejército formado por Venustiano Carranza para levantarse en armas. Sin más profundización en la complejidad del proceso revolucionario, Paola Félix Díaz, descendiente de Porfirio Díaz, establece que, por tanto, el origen del ejército no puede considerarse como de élite, pues este calificativo definiría el accionar de los «usurpadores». Por el contrario, dado que se levantó en armas, se considera que: «Su origen no es bélico sino social, es una organización castrense que nació del pueblo y tiene la firme convicción de alcanzar la justicia social».

Otro contorno más se señala en la élite contra el «pueblo» que tiene la «firme convicción de alcanzar» algo tan ambiguo como la «justicia social». En este punto se comienza a dilucidar que ese constructo denominado pueblo es, está, y estará, del lado de la «justicia social». El lado correcto de la historia, contra las élites tiranas. Más allá de lo confuso que puede ser el lenguaje utilizado con términos como «pueblo», «justicia social», lo que busco señalar son dos cosas: por un lado, una suerte de hermenéutica histórica sobre la guerra que busca exaltar las figuras militares sobre aquellas civiles (Gusterson, 2007; Lutz, 2002). Reintepretar la historia y producir un relato que legitime la presencia actual. La forma oficial de enseñar historia debe centrarse en las figuras castrenses más que en las civiles a pesar de un largo siglo XX en el cual las figuras verde olivo fueron prácticamente llevadas a un segundo plano en materia de exposición mediática oficial. Bajo este marco de interpretación, las guerras se produjeron por falta de acuerdos civiles y (Forero, 2016) la búsqueda de Porfirio Díaz, élite, por perpetuarse en una «tiranía» sin controles políticos y sociales fue neutralizada por un naciente ejército, fénix, social y comprometido con la «patria». El ejército es salvador y preservador de la democracia y la República. Al igual que en los desastres naturales, las fuerzas armadas son siempre una fuerza de reacción, pero también permanente que es llamada, solventadora.

Por el otro, la creación de sistemas clasificatorios dicotómicos que buscan reducir el conocimiento historiográfico a bandos claramente delineados, con contornos ideológicos opuestos –retomando el punto anterior– y que se preservan en una suerte de historia unidireccional, pero a la vez, espiral. Muy cercana a la metáfora del eterno retorno de Giambattista Vico, donde las «transformaciones» –la primera, la segunda y la tercera; las pretéritas al actual gobierno y las que dan sentido– refieren a los mismos actores: liberales contra conservadores. Patriotas contra apátridas. Pueblo contra oligarquía. Pero la nueva interpretación supone que el ejército no es una élite, como en todo el mundo. Ya lo ha expresado el presidente: un ejército excepcional de las condiciones, pues no responde a ninguna otra formación militar en el mundo.

Vienen de abajo y tienen como origen e identidad el México profundo; el soldado es pueblo uniformado y por eso nunca traicionará a su gente, a la libertad, a la justicia, a la democracia y a la patria… A diferencia de otros ejércitos, el nuestro surgió para oponerse al golpe de Estado que culminó en el asesinato del presidente (Francisco I.) Madero y del vicepresidente (José María) Pino Suárez, y para defender la democracia y la legalidad. El soldado es pueblo uniformado y por eso nunca traicionará a su gente, a la libertad, a la justicia, a la democracia y a la patria (Proceso, 20/11/2023).

En este punto, el ejército, como figura mítica y ontológica, no conlleva la contradicción entre élite y pueblo. El ejército es pueblo uniformado. Desde su genealogía histórica hasta su conformación social, es pueblo. Se levantó contra el usurpador –élite– e impuso un gobierno emanado de la Revolución, el PRI. Y el gobierno con acento social –tanto el revolucionario como el actual, heredero– es acompañado de un ejército de las mismas características que permaneció en las sombras hasta ahora que ha vuelto «a responder al llamado del pueblo», sostiene Paola Félix. Además de ser la excepción en su sistema clasificatorio dicotómico entre élite y pueblo, también es inaplicable otra más:

Asumir a plenitud lo anterior significa reconocer la genealogía de nuestras Fuerzas Armadas; son pueblo y son gobierno, una dualidad que se expresa en sus acciones cotidianas en beneficio de la sociedad y en sus atribuciones dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. (Félix, 22/02/2024).

El ejército puede ser pueblo, pero al mismo tiempo –y esto es revelador– puede ser gobierno, pues se elimina el carácter exclusivamente civil del gobierno para dar paso a un gobierno conjunto entre militares y civiles. El uso mítico de las fuerzas armadas, su historia, pero también de ciertas atribuciones simbólicas que las vinculan con la pureza al estilo de Mary Douglas busca difuminar las contradicciones inherentes entre militares y democracia. No sólo han estado allí desde el inicio de la República, sus fieles acompañantes, sino que también son el garante último de la democracia. Siguiendo a la antropóloga Ana María Forero, el imaginario de las fuerzas armadas es su permanencia atemporal y guardián último de la democracia y los valores. Por ello acusa de traidores de la patria a quienes denunciamos la militarización del país y exigimos el regreso de los militares a sus cuarteles.

V. El ejército es pueblo uniformado

La postura del presidente, según ha expresado, es porque el ejército, en su extracción histórica y presente, es “pueblo uniformado”. En otras palabras, busca difuminar la separación entre civiles y militares. Por su extracción histórica, pues es un ejército revolucionario que se alzó en armas contra Vitoriano Huerta. Por ello, ha sido enfático en diferenciar al ejército mexicano de otros en el mundo con vocación oligárquica y de defensa de las élites. Al contrario, es social y no sólo no es parte de las élites sino que lucha contra ellos. Pese a su, digamos, politización inicial para derrocar una dictadura, el presidente, en su narrativa, considera que el ejército es apolítico y, si ha actuado de manera reprobable, por ejemplo, como la violación a derechos humanos, masacres o desapariciones, es por órdenes de civiles corrompidos. Ante la acusación de activistas y periodistas que se protege al ejército desde la posición presidencial, el Ejecutivo respondió:

Se protege al Ejército porque es una institución fundamental para el Estado mexicano. Y no es un Ejército represor, es un Ejército que ha cumplido órdenes de civiles para llevar a cabo actos de represión lamentables pero que ha actuado siempre recibiendo órdenes de los presidentes. Porque no se debe de olvidar que el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Entonces, nos quedamos con la idea de que el Ejército es represor y se nos olvida que este Ejército surge de un movimiento revolucionario, surge para enfrentar el Golpe de Estado de Victoriano Huerta (Proceso, 10/04/2023)

En numerosas ocasiones se ha acusado al presidente de defender a las fuerzas armadas de diversos señalamientos. Además de la defensa activa, aumento de influencia y partidas presupuestales, ha llamado la atención de algunos colectivos que acusan de “militarización”, la más profunda desde 2006 al menos. Si bien no hay una discusión amplia en torno al concepto de militarización y, en ocasiones, de militarismo, se ha popularizado su uso como consigna política contra un proyecto que inicialmente se lanzaba contra el uso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública y ahora, por el contrario, se profundiza su presencia en todas las dimensiones de la vida social, política, económica y cultural del país. Ante esta acusación, el presidente ha establecido una lucha frontal contra los críticos en general, pero particularmente contra quienes nos oponemos al despliegue legal, ilegal y son controles claros de las Fuerzas Armadas ya no sólo en materia de seguridad, sino en infraestructura, control y vigilancia de carreteras, como del ciberespacio, entre muchas otras.

Su argumentación se centra en dos variables: una empírica y otra cultural, dirigida a los valores intrínsecos y casi ontológicos que poseen las fuerzas armadas, en un sistema clasificatorio dicotómico. El ejército, como ya he comentado, proviene de fuerzas revolucionarias y alimentadas del “pueblo”; no forma parte de las élites, sino que surgió desde abajo para combatirlas. Así, su extracción social histórica ha marcado la narrativa de defensa de su papel contemporáneo. Por otro lado, los valores. La cultura del ejército se centra, según el presidente y el oficialismo en general, del lado del “pueblo”, convirtiéndose en “pueblo uniformado”. En otras palabras, el ejército posee un conjunto de valores inherentes a las fuerzas armadas mexicanas –y que no se comparten con ninguno otro cuerpo armado del mundo– que los distingue. Tales valores se centran en el trabajo, la lealtad, el patriotismo, el servicio y la incorruptibilidad:

Por eso, mi agradecimiento al Ejército. En vez de militarizar al país, como sostienen nuestros opositores y — sí lo voy a decir— conservadores, en vez de eso, en vez de estar pensando en la militarización del país, lo que está quedando de manifiesto es que los soldados de México, el soldado es pueblo uniformado, las mujeres y los hombres de las Fuerzas Armadas son trabajadores, son leales y son patriotas (López Obrador, 19/02/2024).

Ante las acusaciones de militarización, subraya que el ejército es pueblo uniformado y cumple cabalmente con su trabajo que es patriótico y no se compara con agentes privados ni busca lucrar, por ejemplo, con la obra pública. Quienes acusan de militarización, como señala también Paola Félix, son antipatriotas. Su condición excepcional, según el presidente, pasa por lo impoluto de los valores, sus condiciones, pero también la disciplina con la que realizan su trabajo. Al igual que con el Huracán Otis, la comunidad imaginada de la nación se reduce al pueblo y al pueblo uniformado que son moralmente puros en oposición a los “injerencistas”, antipatriotas, y abiertos “conservadores”. 

Para la guía moral del pueblo y su preservación, el presidente decidió publicar la Cartilla moral elaborada en los primeros años del siglo pasado por un filósofo nacionalista. Con esa guía, pretendía:

…reafirmar valores morales, culturales, espirituales, porque fue tremendo lo que sucedió durante el periodo neoliberal, apostaron a destruir valores, a que todo fuese materialismo, que todo fuese el dinero y, fíjense, diseñaron un modelo mundial para fraccionar las necesidades, demandas del pueblo: el movimiento ambientalista, derechos humanos, la diversidad sexual, la defensa de los animales, un abanico de demandas y de causas a defender. (Gobierno de México, 14/07/2021).

Así, ejército y valores son parte de un proyecto nodal de transformación. La noción de “pueblo uniformado” revela el ideal de persona que debería conformar la nación imaginada. Para crearla, las fuerzas armadas toman el lugar de las instituciones civiles que quedan excluidas de la transformación de un país. Los valores y las fuerzas armadas deben ser los únicos instructores de la vida pública. Mientras tanto, el modelo mundial de las personas animalistas, las personas activistas de las diversidades sexuales, los derechos humanos y otras demandas tienen que fenecer en aras de un proyecto único que ofrece el nuevo oficialismo, pues ellas responden a agendas mundiales y no patrióticas.

Epílogo: la militarización y sus efectos

El 27 de febrero de 2024, la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D), publicó una investigación titulada Ejército de Bots: Las operaciones militares para monitorear las críticas en redes sociales y manipular la conversación digital (2024). La Red ha sido uno de los principales colectivos dirigidos a la denuncia de violaciones a derechos de tercera y cuarta generación vinculados con las Tecnologías de la información, y particularmente el derecho a un internet libre. Denunció en su momento la Ley Sopa o Stop Online Piracy Act y su intento de legislación en México que finalmente fracasó y ha mantenido una actitud crítica hacia los intentos de las distintas administraciones por profundizar la vigilancia en la red. Mayormente en el campo del derecho, la R3D: «es una organización mexicana dedicada a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital. Utilizamos diversas herramientas legales y de comunicación para hacer investigación de políticas, litigio estratégico, incidencia pública y campañas con el objetivo de promover los derechos digitales en México. En particular, la libertad de expresión, la privacidad, el acceso al conocimiento y la cultura libre». También esta organización ha sido fundamental para conocer el papel de las Fuerzas Armadas operando un software israelí de monitoreo, seguimiento y, por qué no decirlo, espionaje telefónico que no se ha centrado en el crimen organizado sino en activistas, defensores de derechos humanos y políticos, incluso oficialistas. Dicha denuncia, aún en curso, ha tenido uno de los episodios más estrepitosos del choque de poderes, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ordenado tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –el Ministerio de finanzas– entregar, publicar y transparentar la información financiera y contratos referentes a la compra del software. La respuesta, por parte del Gobierno, ha sido negar la información argumentando «seguridad nacional» y reservar la información por cinco años, es decir, cuando ya no se encuentre el presidente actual.

Si bien la R3D se vincula más al litigio estratégico y a la denuncia tanto en redes como en tribunales hacia los intentos por un mayor control del ciberespacio, la investigación más recientemente publicada versa en torno a dos temáticas impulsadas desde el Gobierno Federal dirigidas a influir el libre acceso a internet. Así, denuncia la existencia del Centro de Operaciones del Ciberespacio (C.O.C.), «una unidad dependiente de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional», es decir, el órgano militar de mayor rango después del Secretario de la Sedena y su incursión en internet para investigar quién está detrás de ciertas cuentas que critican tanto al gobierno como al ejército en redes sociales, así como todo detrás de ellas: quiénes son, qué hacen, de dónde publican y por qué publican. En otros términos, una investigación de grado militar hacia críticos del gobierno en turno y las Fuerzas Armadas de las que se ha apoyado para su proyecto de «transformación». Esta investigación complementa una anterior denominada Ejército Espía (2023), también publicada por R3D, en la cual se muestra cómo el ejército adquirió el software Pegasus para espiar a activistas, políticos del mismo oficialismo, así como críticos.

Recientemente se conoció la iniciativa legislativa impulsada por Morena, el partido en el poder, en la cual se busca reglamentar la navegación en internet y que las Fuerzas regulen la vida en internet. Organizaciones como Artículo 19 señala que promueve la militarización del ciberespacio pues las Fuerzas Armadas pueden monitorear regularmente la actividad en la red para llevar a cabo operaciones militares «sin definir con precisión el tipo de actividades que podrían llevar a cabo las fuerzas armadas, bajo qué procedimientos y con qué salvaguardas.». Asimismo, tanto el gobierno federal como las fuerzas armadas pueden dar de baja direcciones IP y dominios sin conocer ningún tipo de procedimiento, argumentando amenazas a la seguridad nacional. En conclusión, legaliza el espionaje militar (Article 19, 27/07/2024).

Conclusiones

¿Qué nos dice lo anterior de un nuevo tipo de gobernanza? Si bien es muy pronto para conocerlo, la profundización de las tareas del ejército y la exaltación de valores, moralidad y una cultura abiertamente militarista plantea desafíos a corto y mediano plazo. Algunos estudios se han encargado ya de comenzar a analizar los efectos de la militarización y el militarismo, su condición cultural, sobre las democracias actuales Por ejemplo, Catherine Lutz ha investigado la militarización de la sociedad en Estados Unidos, donde, desde la infancia, se encuentra cada vez más borrosa la aparente frontera que las separaba. Con un modelo educativo que cada vez más se acerca a cumplir con las condiciones de una economía de guerra, la antropóloga observa con detalle etnográfico la construcción de sujetos de la militarización: jóvenes, niños y niñas que valoran más una carrera militar que una civil. Asimismo, las determinantes económicas que llevan a jóvenes a optar por un camino castrense sobre otro que no ofrece las más mínimas condiciones de estabilidad.

Por otra parte, el antropólogo Hug Gusterson (2007) señala la condición global del militarismo: no hay instituciones actuales que no hayan sido tocadas por la ambición militar y de seguridad nacional, aunque esto signifique el detrimento de sus intervenciones. Para Gusterson (2007) y Lutz (2002), el militarismo como condición cultural lleva a pensar que los militares son primordiales para los intereses del propio Estado y su misma la preservación. Se está reconvirtiendo una sociedad donde la paz era la normalidad en una donde el Estado de guerra (warfare) es la normalidad. El estado de excepción se vuelve la norma: la violencia preservadora de derecho. Sin embargo, el militarismo es una categoría bastante amplia y ésta tiene sus especificidades, lo que llama “las culturas del militarismo”. Fue una en el siglo XIX con los inicios de la revolución industrial, pasando al ejército de masas del siglo XX. Posteriormente siguió el “nuclearismo” donde los grandes ejércitos aparentemente se redujeron en aras de un conocimiento técnico-científico mayor. Posterior a la guerra fría, nuevas doctrinas aparecieron, particularmente la de la seguridad nacional. Nuevos enemigos han surgido, entre países, pero también al interior de ellos. Ya no son las guerrillas sino movimientos en internet que el ejército vigila, críticos de sus tareas y de los gobiernos en turno, como lo ha revelado la investigación de R3D.

Dichos desafíos democráticos nos obligan, primero, a tomar posición. Recuerdo la ocasión pasada que visité Argentina, en 2019, donde existía un entusiasmo generalizado por la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, el primer presidente de “izquierda” desde Lázaro Cárdenas. Escéptico, yo respondía que sus alianzas pragmáticas para llegar a la presidencia después de la elección posiblemente fraudulenta de 2006, se encontraban en dirección de un viraje de 180 grados. Ahora queda claro que estas alianzas incluían a las Fuerzas Armadas. De ello nos enteramos gracias a las filtraciones de Wikileaks, donde en una entrevista con el embajador de Estados Unidos, el actual presidente, en 2006, se sinceraba sobre su interés por militarizar el país, aun cuando en sus campañas prometió regresar a ejército a sus cuarteles después de que Felipe Calderón los sacara a las calles sin un marco legal ni diagnóstico para desarrollar tareas de seguridad pública. Hoy, ese hombre que prometió desmilitarizar el país ha profundizado su presencia con intentos legales para perpetuarla no sólo en materia de seguridad, sino de infraestructura, obra pública, educación, procuración de justicia, entre otros.

 

 

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Bibliografía de la ponencia

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