Política indígena y negocios étnicos para el turismo. Los casos del Valle de la Luna, Toconao y Socaire en San Pedro de Atacama, Chile

SP.17: Antropología del turismo y conflictividad social en Latinoamérica y el Caribe

Ponentes

Nombre Pertenencia Institucional
América Valenzuela Universidad Alberto Hurtado

Introducción

 

La Ley N° 19.253 o Indígena (1993) ha velado por el reconocimiento de la diferencia cultural, promoviendo derechos especiales, una política para el desarrollo de estos pueblos y creación la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).  Desde su promulgación, ha estado atravesada por los procesos nacionales y regionales como el retorno del sistema democrático tras la dictadura militar (1973-1990), el afianzamiento del modelo económico neoliberal y la aparición de corrientes y discursos multiculturales. 

A inicios de la década de 2000, la CONADI instó a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y al Ministerio de Bienes Nacionales (MBN) en el Área de Desarrollo Indígena (ADI) Atacama La Grande, cuyo beneficiario directo es el pueblo atacameño, a poner en marcha un acuerdo para el comanejo de los sectores pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) en la Reserva Nacional Los Flamencos. Esto se dio en el contexto de la reclamación territorial del pueblo atacameño al Estado. Así, comunidades y asociaciones atacameñas participaron en la creación de una fórmula para la administración, la protección y la conservación de las especies y los recursos naturales y patrimoniales, arqueológicos e históricos.

Las comunidades demandaron que el comanejo tuviera como fin el desarrollo de negocios étnicos (NET) colectivos y estimulara otros, individuales y familiares. Con el tiempo, los NET se consolidaron y llegaron a evidenciar la existencia de estructuras de poder indígena asociadas al ascenso y la acumulación económica. Al mismo tiempo, se incrementó el peso y la profundidad de la identidad étnica atacameña en torno al control y apropiación de tales áreas y recursos naturales y patrimoniales con base en los NET. Esto sucedió porque la cuestión de la identidad étnica en San Pedro de Atacama en gran medida ha aparecido y se ha reafirmado para mediar y resolver las diferencias entre ese pueblo, el Estado, el sector privado y la sociedad nacional, así como para ajustar sus propias distancias, fragmentaciones y disputas internas (Gundermann, 1997, 2003, 2012; Morales, 2013, 2014).

En 1990, cuando la política estatal indígena tomó forma, el turismo en San Pedro de Atacama se encontraba en un momento de crecimiento. La masividad, los recursos, los bienes y los capitales culturales y naturales atacameños estaban posicionados como objetos centrales de esa actividad. Las comunidades se vieron afectadas por la invasión turística y se dieron situaciones de disputa y fricción con no indígenas y actores privados que ejercían el control de ese mercado en ascenso. Surgieron entonces las aspiraciones indígenas para incorporarse a la actividad. Junto a ello, se detectaron fallas y paradojas como el monopolio de los agentes privados en torno a los bienes y servicios turísticos, la marginalidad en el rubro de las y los atacameños, la nula regulación municipal, la contaminación medioambiental, el consumo hídrico excesivo, la masividad, la carga y la saturación de pasajeros y visitantes en las áreas naturales y los sitios patrimoniales. Además, una alta circulación de población flotante (turistas, afuerinos, migrantes, trabajadores) y la aparición de la especulación inmobiliaria y el encarecimiento de los servicios y los recursos básicos. Ahora, si bien las y los atacameños progresivamente asumieron protagonismo para enfrentarse a esas problemáticas y pusieron en cuestionamiento y en crisis la actividad turística, no interpusieron rupturas o quiebres. 

A partir de lo anterior, este trabajo analiza cómo la CONADI y la CONAF impulsaron el ingreso de las comunidades atacameñas al turismo por medio de la creación de NET con base en la administración de recursos y sitios naturales y arqueológicos. La investigación se basa en una etnografía realizada en la comuna de San Pedro de Atacama en forma previa al contexto de pandemia por el COVID-19. Posteriormente (2022), se efectuaron nuevas salidas de campo para actualizar y validar la información. Esta se recolectó cotidianamente, dada la posibilidad de acceder a una diversidad de sujetos y grupos, a sus discursos y a la observación de las interacciones, las prácticas y las relaciones de las y los atacameños con las agencias de gobierno. Se realizaron también entrevistas con funcionarios estatales para comprender sus perspectivas en torno a los NET pudiendo acceder a los contextos de interacción rutinaria en los que se encuentran implicados respecto de la política indígena local.

Los casos de estudio presentados son el Valle de la Luna, uno de los sectores más concurridos por el mercado de turistas; la comunidad de Toconao, la cual tiene en comanejo la laguna de Chaxa y el de la comunidad de Socaire, en donde se encuentran las lagunas Miscanti y Miñiques. La selección obedeció al interés de realizar comparaciones de las formas, prácticas y estrategias que estas comunidades han adoptado en torno al sistema de comanejo de las áreas de la Reserva Nacional Los Flamencos mediante la creación de NET.


Los NET 

El turismo en San Pedro de Atacama alcanzó a fines de 1990 una compleja masificación dada por la proliferación de agencias y tours operadores escasamente calificados e informales junto al aumento sostenido de visitantes, el tránsito permanente de grupos flotantes en busca de empleo y el colapso de los servicios básicos y los recursos hídricos (Valenzuela, 2022). Las actividades turísticas generaron disputas y fricciones entre los grupos que tenían el control y el monopolio y las comunidades atacameñas (Molina, 2019). Las demandas incluían el uso sin consentimiento de sus territorios, la apropiación de sus tradiciones, costumbres y memorias como bienes y productos exóticos y su relegamiento como mano de obra barata y poco calificada (Bustos, 2015; De la Maza y Calfucura, 2021). 

La regularización de los espacios territoriales demandados históricamente por las comunidades atacameñas les hizo entender que los NET podrían generarles una mejora socioeconómica significativa; por ello, las reparticiones estatales implementaron programas que incluían en la oferta turística local a las comunidades atacameñas. Así, el término NET se emplea para referir a un tipo de organización y medio para el crecimiento económico y la estimulación de fuentes de empleo local indígena, sus comunidades y asociaciones, que ha representado la posibilidad de administrar, proteger y conservar las especies y los recursos naturales y patrimoniales locales, donde, eso sí lo que fundamentalmente representan es el ejercicio del poder. Esto sucede porque los NET se desarrollan sobre sitios de gran relevancia en la vida social atacameña y permiten controlar espacios y recursos claves en la actividad turística local. Esto impulsa disputas con no indígenas, agencias estatales y operadores turísticos, así como entre las y los propios indígenas.

Los NET representan generación de utilidades y, en el campo de las relaciones interétnicas, el ascenso y acumulación económica se intenta transformar en poder político. Posibilitan una mejora económica para las comunidades indígenas porque fueron instrumentados como herramienta clave en las agendas estatales para el desarrollo comunitario y la intervención en los espacios étnicos mediante el discurso del emprendimiento turístico indígena. En la década de 2000, las nociones sobre el emprendimiento y la microempresa se expandieron a los programas estatales que situaban a las y los ciudadanos como consumidores de bienestar empoderados que podían acceder libremente a diferentes recursos y capitales proporcionados por el Estado y el mercado (De Hart, 2010). Los discursos neoliberales y las prácticas gubernamentales promovieron eficientemente que la diferencia cultural es compatible con el mercado, pues las aspiraciones empresariales o de negocios pueden estimular la adquisición de capitales y actitudes emprendedoras y, con ello, mejorar la calidad de vida y la autogestión indígena, alentar la reactivación económica y exponer y valorar las identidades locales y/o étnicas (Li, 2010). Esto contribuyó a crear expectativas en las comunidades indígenas en torno a la promoción de la autenticidad étnica y la revitalización cultural, la superación de la pobreza, la activación de formas de empoderamiento local, la asociatividad y las redes de apoyo como referentes para la autorrealización individual y colectiva y la autonomía étnica (Di Giminiani, 2018).

El Estado estableció las vías que debía tomar el desarrollo indígena a través de un modelo que ofrecía activar social y económicamente a las comunidades al reconocer que sus valores y prácticas socioculturales podían ser apetecidas y adecuadas dentro de variados mercados e incluso corregir brechas y problemas de acceso y control a determinados mercados (Colbourne, 2017), como el del turismo masivo. Se esperaba que las comunidades indígenas tienten al nicho de consumidores específicos de sus productos y mercancías, oferten sus servicios a segmentos exclusivos o poco abordados por los mercados tradicionales y expongan su potencial cultural más distintivo. La comunidad indígena debía actuar racionalmente, es decir, como una verdadera empresa (Comaroff y Comarroff, 2011), dejando de lado fragmentaciones, intereses individuales y conflictos internos.

Ahora bien, los NET son también una respuesta de las comunidades atacameñas, en acuerdo con el Estado y su política indígena, para hacer frente a la explosión y el crecimiento de un turismo masivo descontrolado, dado por la escasa resolución que el gobierno regional y local y el poder central en Chile han asumido frente a las dinámicas del extractivismo en San Pedro de Atacama. Si los NET muestran cómo la política indígena intenta enfrentar y resolver la cuestión del desarrollo indígena mediante fórmulas y estrategias específicas para el crecimiento económico, también reflejan el camino que el diverso colectivo atacameño ha tomado en torno de lo que consideran como las formas más apropiadas de alcanzar su desarrollo socioeconómico. Al mismo tiempo, expresan las relaciones, las dinámicas y las decisiones que las elites y las dirigencias indígenas imponen, negocian y disputan al interior de sus espacios locales, tanto con la multitud a la cual representan como respecto de otras comunidades atacameñas. Se trata de nuevas posiciones relacionadas con el proceso de conversión indígena como sujetos/objetos étnicos, impulsado por discursos y acciones que agentes del Estado y sus reparticiones públicas han adoptado y difundido en el contexto de la política indígena (Richards, 2016).

 

Los NET: Valle de la Luna, Chaxa y Miscanti/Miñiques

 

La Reserva Nacional Los Flamencos (Figura 1), inscrita en el SNASPE, está constituida por seis unidades que cubren aproximadamente 74.000 hectáreas. Comprende los salares de Atacama, Tara, Aguas Calientes y Pujsa, las lagunas de Chaxa, Miscanti y Miñiques, la quebrada de Soncor, el Valle de la Luna y el bosque de Tambillo. 

Figura 1. Sectores de la Reserva Nacional Los Flamencos, San Pedro de Atacama, Chile. 

Fuente: Elaboración propia.

Los NET de las comunidades atacameñas que se han establecido allí son individuales o colectivos y han contado con apoyo y recursos de la CONADI, la CONAF, el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), entre otras agencias estatales. Los individuales corresponden a emprendimientos para la producción y venta de artesanías y productos agroganaderos, pequeños restaurantes, almacenes o agencias de turismo. Los colectivos involucran a toda la comunidad indígena y las utilidades generadas en general se destinan a financiar becas de estudio, subsidios a personas mayores y/o enfermas, apoyo a las actividades comunitarias como trabajos, festividades, celebraciones o conmemoraciones e incluso para representar a la comunidad en actos culturales o ferias productivas de la región y del país.

Los NET no reemplazan ningún programa estatal de protección social. Aunque la comunidad indígena asume su administración con el objetivo de apoyar aspectos que necesitan ser atendidos, no lo hace como responsable de abordar o liderar el desarrollo indígena. Por ello, el colectivo ve con una naturalidad no exenta de matices su posicionamiento como una empresa que administra sus variados bienes colectivos, naturales y culturales.

Además de localizarse de manera estratégica en los espacios más concurridos del turismo de la comuna, los NET representan fuentes de empleo ya que necesitan un grupo estable de empleados para gestionarlos y protegerlos en todas sus áreas. Las personas empleadas son miembros de la comunidad y quien administra figura como gerente con un equipo de trabajo que permite el funcionamiento del sitio, informando, consultando y reportando las actividades, maniobras, cuentas y utilidades generadas ante la directiva de la comunidad, la cual conforma el directorio del NET. La administración se encuentra en contacto y relación con agencias y funcionarios estatales y debe responder ante la comunidad de las decisiones y pasos que se den con respecto a los ingresos, el destino y la inversión de las utilidades.

Los NET cuentan con reglamentos, horarios y valores dispuestos en la caseta de entrada. Este punto de acceso está destinado como base de operaciones para las guardias y el patrullaje que el personal turístico, de protección y conservación medioambiental realiza regularmente, así como para la entrega de instrucciones e información a las y los visitantes, control de acceso de vehículos y carga de pasajeros. Además, cuenta con protocolos diseñados para monitorear el sitio y que no se sobrepasen los sectores de conservación patrimonial o de las especies. La CONAF apoya las tareas de monitoreo medioambiental y ha capacitado a las y los atacameños en estas materias. Estas capacitaciones no solo brindan algunas habilidades para que las comunidades puedan desenvolverse a la hora de administrar un sitio natural o arqueológico; al mismo tiempo, son la vía por la cual las agencias y organismos del Estado aseguran en las y los indígenas el traspaso de ciertos parámetros para pensar y reproducir el modelo de desarrollo a través de los NET. Estos discursos y acciones han resultado esenciales para transmitir las lógicas, los conocimientos y las herramientas que han convertido a las empresas atacameñas en entidades eficientes y rentables dentro del segmento del turismo indígena y en el mercado turístico local.

La afluencia de visitantes a los sitios es constante y la carga aumenta en periodos de alta demanda turística. El aumento de este flujo es percibido como provechoso, pues significa la reactivación de los emprendimientos familiares e individuales en la comunidad, como alojamientos, comercio, gastronomía y venta de artesanías.

Debido a que la mayoría de las y los atacameños se insertan de manera asalariada en otros rubros que existen en la comuna (minería, turismo en manos no indígenas, servicios, áreas administrativas, agencias estatales) y trabajan escasamente en labores agrícolas o pastoriles, los NET reflejan cambios en las formas de empleo. Las y los atacameños valoran emplearse en los NET tanto por la estabilidad económica como porque no precisan personal calificado, pues los capacitarán y, de ese modo, adquirirán un nuevo oficio y podrán “ser útiles a la comunidad”, como explicaba un joven atacameño, guía turístico en el Valle de la Luna.

Acceder a estos trabajos no siempre depende del propio esfuerzo. También está sujeto o intermediado por la posición que el individuo ocupa al interior de la comunidad, de las redes con las que cuenta y de la proximidad que sostenga con las elites indígenas y con quienes conforman el directorio del NET. A la multitud indígena atacameña que no pertenece o no participa en las comunidades y asociaciones indígenas se le dificulta ser parte o emplearse allí.

Existe una alta rotación de empleados debido a causas diversas. Algunas personas acusan que los sistemas de turnos son desgastantes, se suma la presión laboral que conlleva la afluencia y atención diaria de visitantes y, en especial, el desdén que algunos operadores turísticos locales no indígenas expresan con quienes están a cargo de los sitios. Otros aseguran que los salarios, las prestaciones y las oportunidades laborales no se corresponden con las utilidades que los NET reciben y que, en algunos casos, no se diferencian de otros empleos asalariados de la zona.

La infraestructura y equipamiento asociadas a tales empresas (oficina, caseta de información, mobiliario, etc.) provienen casi en su totalidad de proyectos concursados por la comunidad indígena en los fondos de desarrollo de la CONADI. También, aunque en menor grado, esa esto es financiado por otras reparticiones estatales que apoyan el desarrollo económico y turístico de la región.

Las utilidades económicas de los NET provienen fundamentalmente del cobro de entrada y por concepto de servicios de guiado turístico y material informativo. Estas son destinadas a diversos proyectos de índole cultural, educativa y social que las propias comunidades y asociaciones determinan y también a la reinversión en infraestructura e insumos (recambio de letreros, señalética, materiales de escritorio, computadores, comunicación, vestimenta del personal, alimentación, primeros auxilios, etc.) y al pago de las nóminas de la plantilla. Además, el NET entrega un porcentaje fijo de alrededor del 5% del total de las utilidades anuales como impuesto a la CONAF. Esto representa uno de los conflictos que las comunidades atacameñas sostienen con esta agencia porque consideran que es abusivo e injusto.

 

El Valle de la Luna

El Valle de la Luna se encuentra en el sector N°6 de la Reserva Nacional Los Flamencos, a 12 km del pueblo de San Pedro. Como todos los recursos naturales y arqueológicos que son parte del circuito turístico de esta zona, hasta el año 2002 no contaba con ningún sistema de protección del ecosistema ni tampoco de control y administración de las visitas turísticas. El deterioro ambiental que experimentaba debido al descontrolado ingreso de visitantes se conjugó con el interés de las comunidades de Condeduque, Coyo, Solor, Sequitor, Solcor, Quitor y Larache quienes se organizaron para proteger el sitio. 

Las comunidades atacameñas de San Pedro debieron conformar una asociación bajo los estatutos de la Ley Indígena para administrar el proyecto. La asociación cuenta con un directorio compuesto por las y los dirigentes de las comunidades atacameñas, las que, a su vez, actúan como instancia consultiva y de decisión. El directorio tiene la facultad de gestionar y acceder a la oferta de proyectos, acciones y recursos dispuestos por la programación indígena en la región, así como a otras posibles fuentes de captación de capitales, financiamiento, capacitación y asesorías que ofrecen entidades no estatales y, de ese modo, dar curso a las iniciativas del NET.

Al igual que el resto de los sitios que se encuentran en comanejo y que se convirtieron en NET, el Valle de la Luna tuvo un proceso de instalación, ajuste y puesta en marcha. Se trató de un periodo durante el cual la principalmente la CONAF entregó herramientas técnicas para que la asociación se hiciera de elementos sobre la conservación, el monitoreo y el manejo de las diversas especies y los recursos naturales y culturales, así como apoyo en la planificación del trabajo de administración.

Si, en 2002, el Valle de la Luna comenzó con una cantidad discreta de trabajadores dedicados a funciones de monitoreo, protección y supervisión de la carga de visitantes, en poco tiempo la empresa creció y comenzó a explotar otros sectores del sitio, los que permitieron orientar sus actividades hacia el turismo de intereses especiales. Esto coincidía con los objetivos de las agencias y reparticiones estatales que pretendían desarrollar un modelo para el turismo no masivo, el cual podría darles a las y los atacameños un nicho de oportunidades muy diferente respecto del resto de los operadores turísticos de la zona.

Con mucha antelación, las y los atacameños tenían claridad del potencial que el Valle de la Luna podía adquirir como negocio turístico. Esto adoptó especial relevancia cuando la asociación se comprometió en regular el ingreso y el control de pasajeros al sitio y, luego, en la implementación de servicios turísticos dirigidos a segmentos que estaban fuera de la órbita de la masividad. Con esto se hizo consciente que el Valle se podía convertir en una experiencia, una actividad y un bien exclusivo y dirigido hacia un grupo de visitantes que valorara específicamente espacios que han sido históricamente de ocupación atacameña.

En un inicio existieron diferencias entre las comunidades que conformaron la asociación debido a que no existía claridad sobre si pretendían conservar y proteger el sector del turismo masivo generando o no utilidades económicas. Estas posiciones mostraban las complejidades que debía enfrentar la recién conformada empresa étnica: administrar una reserva con gran superficie y diversidad de recursos naturales y culturales y aprender a dirigir esa área como un negocio para el turismo. Pasado un periodo de dos años, el directorio de la asociación logró estabilizarse y crear un plan de trabajo en conjunto con CONAF y CONADI, lo que demuestra que las comunidades atacameñas y sus dirigentes estaban en un grado avanzado de organización social y política.

El establecimiento de una estrategia de trabajo a largo plazo para el Valle de la Luna no solo es producto de acuerdos entre las y los diversos actores atacameños y las agencias que apoyaron el sistema de comanejo. Dirigentes y elites indígenas fueron tomando conciencia de que era necesario organizarse, tomar decisiones, socializar objetivos y racionalizar las operaciones a través de una empresa que pudiera administrar un espacio para el turismo de manera eficiente y de que esto era crucial para generar poder político local y ejercerlo controlando uno de los sitios más importantes del mercado turístico. Esto fue especialmente relevante pues, por primera vez, las y los atacameños, mediante un negocio, estaban alcanzando terreno y posición frente a los grupos no indígenas y sectores privados que por décadas habían monopolizando, generado intereses y ganado capitales en el rubro turístico local.

Por otro lado, el NET del Valle de la Luna representó un espacio que podía proporcionar empleo a las y los atacameños (Figura 2). Esta cuestión se relacionaba fuertemente con la situación socioeconómica de San Pedro de Atacama ya que las y los indígenas insertos en el turismo local estaban en puestos poco calificados y con bajos salarios. El Valle como empresa étnica ofrecía emplear a personas exclusivamente de las comunidades, brindar prestaciones con mejoría respecto del mercado local y la posibilidad de capacitarse en conservación, protección del medio ambiente, gestión y administración de empresas. Pero, lo más importante era que las y los atacameños podían acceder a un empleo sin la necesidad de acreditar estudios o experiencia previa, desempeñarse como guardaparques, guías turísticos, instructores de actividades deportivas y ejercer funciones administrativas y técnicas.

Figura 2. Guías atacameños del Valle de la Luna, con turistas. Fuente: Registro de los autores.

 

El hecho de que esta asociación indígena dispusiera en el vértice de su organización a la cúpula de las comunidades atacameñas del área de San Pedro ha permitido a las elites y dirigencias indígenas mediar sus diferencias internas y los intereses de cada una de las partes que la integran (dirigentes, elites y el colectivo indígena) y así operar de manera eficiente. Desde que se constituyó, el Valle de la Luna ha establecido permanentes acuerdos y relaciones con la CONAF en lo que compete al manejo y control sustentable del área protegida y respecto de administración del sitio. De esta relación, ha resultado una permanente adecuación a la lógica del SNASPE y al trabajo que debieron establecer las comunidades atacameñas para la firma del contrato de asociatividad. Hoy, el sitio recibe visitantes a quienes se les cobra una entrada, lo que da derecho a recorrer áreas habilitadas en horario y día determinados. La visita a este sitio es masiva, pues todas las agencias y operadores turísticos la contemplan en sus recorridos por sus valores intrínsecos y su cercanía al pueblo de San Pedro. Es por ello por lo que se transformó en una de los NET más rentables y eficientes generando beneficios para casi 750 familias y otorgando empleo directo a 46 personas.

 

La laguna de Chaxa

Toconao se ubica 30 km al sur de la capital comunal San Pedro. En esta comunidad, la posibilidad de asumir el control y la administración de dos de los sitios de su territorio histórico como son el Valle de Jere y la laguna de Chaxa, han sido parte importante de sus objetivos y demandas políticas.

El Valle de Jere conforma una importante quebrada que cruza el pueblo por donde corren cursos de agua de gran calidad que permiten sustentar cultivos variados (Figura 3). Chaxa es una laguna ubicada en el salar de Atacama, a 12 kilómetros del poblado. Se trata de un ecosistema extremadamente frágil que alberga especies nativas únicas y en peligro de extinción, como la parina o flamenco andino (Phoenicopteridae andinus) y el flamenco chileno (Phoenicopteridae chilensis).

Figura 3. Vista aérea del Valle de Jere, Comunidad Atacameña de Toconao. Fuente: Roberto Vásquez.

La permanente irrupción sin permiso de operadores turísticos y visitantes en los huertos y sembradíos de Jere y la escasa capacidad de control por parte de la CONAF en el acceso de visitantes a Chaxa llevaron a establecer un convenio de asociatividad en el contexto del SNASPE. Toconao fue acompañado en el proceso de negociación por la CONADI y allí se discutieron las diversas expectativas y demandas en torno al turismo en la mesa del ADI.

La firma del contrato de asociatividad entre Toconao y CONAF se cruzaba con el proceso de mayor envergadura de la demanda territorial al Estado de Chile. Así relata las tensas negociaciones un comunero:

“(…) estaba la plana jurídica completa de Santiago de la CONAF… estaba el director regional con su comitiva y yo explicando cómo era el asunto y ya estaba enojado y porque dale que ellos son Reserva Nacional y por derecho del Estado. ¡Qué Estado! le dije yo. Al final qué Estado, si nosotros somos atacameños ¡Somos una nación aparte, hueón! ¡Con lengua y todo eso! ¡Qué hablan! Y justo llegaron los cabros y se ponen a apoyar esto y ya sabís qué más, por último, rompemos relaciones con la CONAF y nos quedamos en Chaxa y no nos sacan con nada” (Atacameño, comunidad de Toconao).

De todas las comunidades atacameñas que han desarrollado negocios étnicos en la Reserva Los Flamencos, Toconao es la que expresó los conflictos más profundos con CONADI y CONAF debido a su férrea oposición a los términos y condiciones previamente establecidos en los contratos de asociatividad. La comunidad cuenta con una élite indígena con muchos profesionales con vasta experiencia política en partidos, puestos y cargos en el gobierno regional, provincial y local. También, existen personas con trayectorias sindicales en la minería del cobre y del litio que levantaron la voz al considerar injustos los acuerdos que CONAF estaba imponiendo.

Toconao demandó que, antes de firmar el contrato de asociatividad para el comanejo de los sitios, se estableciera un acuerdo de regularización con la CONAF, la CONADI y el MBN bajo la figura de la propiedad indígena. Sin embargo, dichas áreas no podían ser desafectadas legalmente de su condición de propiedad estatal. Un contrato de asociatividad para la administración de Jere y Chaxa sin el reconocimiento estatal de que estaban en territorio toconar generaba muchas divergencias porque confrontaban valoraciones distintas sobre el territorio. Si el Estado lo veía (y lo ve) como una oportunidad rápida de crecimiento económico, en su mayoría, las comunidades locales tienen con una relación ancestral, espiritual y material con el territorio.

Los contratos de asociatividad con la CONAF fueron percibidos como extremadamente injustos porque estaban plagados de reglas para el control y la administración de los sitios y la comunidad se resistía a pagar impuesto a la agencia estatal por concepto de entradas.

“(…) se están llenando de plata la CONAF, la gente del gobierno, las agencias de turismo y nosotros siendo los dueños estamos viendo cómo pasa la plata y qué hacemos por eso, nada, después empezamos las negociaciones con la CONAF, sin mentirte como 80, 85 reuniones durante todo el año, solo para ponerse de acuerdo, ellos decían que era Reserva Nacional, al final nos trajeron abogados de Santiago y ese año dio la coincidencia que los guardaparques se fueron a un paro y nosotros aprovechamos para instalarnos ahí y de ahí no nos salimos hasta el día de hoy” (Atacameño, comunidad de Toconao).

Lo que se señala arriba refiere a la ocupación o toma del refugio de guardaparques en la laguna de Chaxa en el salar de Atacama. Toconao se movilizó en 2008 frente a la negativa de la CONAF de reconocer que ese sector les pertenecía históricamente y que, por lo tanto, les debía ser entregado en propiedad. Aunque esta agencia no tiene facultades sobre la transferencia territorial, el hecho se convirtió en un hito en la puesta en marcha del negocio étnico local pues la toma de Chaxa fue una gran acción colectiva que interpeló al sistema estatal, en la que se mostró el descontento frente a ciertos acuerdos en torno a un sistema de comanejo del territorio que ha sido dirigido, ocupado y explotado por el turismo y la minería, así como por las agencias dedicadas a la protección de los recursos naturales y al desarrollo indígena. Asimismo, la movilización toconar fue expresión del fortalecimiento, capacidad de actuación y coordinación política, como también de la disputa por intereses y visiones locales de desarrollo comunitario muy diferentes.

“Fue genial la toma. Paramos todo. Todos apoyaron. Cortamos la carretera, vino gente de San Pedro a apoyar, trajeron pancartas, llenamos con banderas negras… la huella quedó cortada completamente… los pacos no tenían idea qué pasaba… para mí fue muy importante, porque era la primera vez que nos uníamos” (Atacameño, comunidad de Toconao).

La comunidad de Toconao no estuvo dispuesta a seguir el proceso que la política indígena ofrecía regularmente a sus usuarios para recibir en administración los sitios. La falta de agilidad que se venía arrastrando desde los inicios de la política indígena en San Pedro de Atacama respecto de la regularización y reconocimiento de la propiedad y el territorio indígena se acomodó con los intereses del propio Estado, la minería, el turismo y el desarrollo científico astronómico, haciéndolos actuar con ambigüedad respecto de las reivindicaciones atacameñas. Asimismo, esta comunidad demostró que la gestión de los recursos del territorio requería de acción colectiva, esto es, la actuación, cooperación y coordinación de un conjunto de individuos, grupos y formas de organización para solucionar problemas sociales de forma comunitaria mediante el uso de la protesta y el despliegue en el tiempo de posturas y posiciones antagonistas en torno a la lucha y control por determinados capitales y bienes comunitarios (Rossi, 2009).

 

Socaire y las lagunas Miscanti y Miñiques

Socaire se localiza a 90 km al sur de la cabecera San Pedro y a 60 km de Toconao. La comunidad cuenta con dos formaciones lacustres que distan 20 km del pueblo a una altura de 4000 msnm y a los pies de los volcanes que les dan nombre (Miscanti y Miñiques). Este espacio ha sido ocupado históricamente para pastoreo, tránsito arriero y recolección de leña y plantas para uso medicinal y ritual. Alberga una vertiente llamada Nacimiento, que surte de agua al consumo y regadío local. Es una zona altamente sacralizada pues dicen que allí habitan los abuelos o antepasados prehispánicos y los Tata Mallku, espíritus de los cerros tutelares de la comunidad.

Las y los socaireños históricamente se han dedicado a las labores agrícolas y pastoriles, aunque desde los años ochenta se han insertado en la minería local de sales mixtas. Para una comunidad como Socaire, deprimida económicamente, la instalación en de un NET trajo muchas expectativas en torno a la posibilidad de fomentar emprendimientos familiares e individuales vinculados con la venta de artesanías, restaurantes, cocinerías y hospedajes.

El proyecto de comanejo de las lagunas Miscanti y Miñiques inició en 2002 (Figura 4). A diferencia de Toconao o del Valle de la Luna, no existieron mayores resistencias frente a las agencias estatales con relación al contrato y sus cláusulas. Tras el estudio de factibilidad técnica del sitio, se procedió a la instalación de una caseta en la entrada de las lagunas y una cabaña para las operaciones del personal. Paralelamente, la comunidad comenzó las etapas de capacitación y, para 2004, el sitio ya estaba en actividad.

Figura 4. Caseta y refugio del NET de la comunidad atacameña de Socaire. Fuente: Roberto Vásquez.

El principal conflicto que se presentó en Socaire en aquellos momentos fue la resistencia de la propia comunidad en torno al negocio porque se alegaba que la directiva mostraba desprolijidades en el manejo financiero y cierta molicie en realizar inversiones en el sitio por considerarlo un gasto y no una inversión para el crecimiento de la empresa. Para los interpelados, esta posición respondía a que, a diferencia de los NET ya analizados, las lagunas se ubican en el margen de la comuna sampedrina, son de acceso dificultoso y el visitante que llega es básicamente de intereses especiales, lo que generaba una cantidad de ingresos magra y estacional.

La comunidad socaireña, disconforme, presionó durante mucho tiempo a varios directorios por el modo de llevar a cabo el proyecto, por su sostenibilidad económica y, particularmente, advirtió que quienes se desempeñaran como directivos o administradores no se beneficiaran de las oportunidades que esta entidad podría generar. Así, acceder a un cargo, ya sea en la directiva o simplemente siendo administrador del bien común, implicó conflictos de intereses, muchos de los cuales tenían origen en rencillas entre familias. Pero, por sobre cualquier cuestión, las diferencias se basaban en la irritación que sentían algunos miembros de la comunidad frente a quienes percibían que administrando el NET o siendo dirigentes podrían diferenciarse económicamente, adquirir prestigio y redes de contactos con las agencias estatales y las elites de otras comunidades políticamente más preponderantes que Socaire.

En el Valle de la Luna, de cuya administración participan varias comunidades atacameñas agrupadas en una asociación, la diversidad de actores en un principio fue vista como una posible fuente de conflictos, pero finalmente tomó un efecto positivo. En Socaire, se optó por hacer la distinción entre lo que competía a la propia comunidad indígena de lo que competía a la sociedad comercial creada específicamente para administrar la empresa con el objeto de alcanzar eficiencia y éxito en el proyecto. CONAF y CONADI apoyaron este enfoque de negocios pues no tendrían que interactuar con toda la comunidad, con sus frecuentes divisiones internas e intereses en pugna que ponían en riesgo el objetivo de transformar en unidades económicamente autosuficientes a las comunidades atacameñas. De ese modo, se podrían eliminar las formas conflictivas internas y fomentar el empoderamiento indígena en el mercado.

Al común socaireño le costaba separar la empresa de la vida social de la comunidad. El NET (crecimiento, éxito, sustentabilidad) no solo interfiere el mercado (inversión, número de visitantes, etc.), sino también en principios de organización social interna (actores, conflictos, redes sociales, clientelismos, poder, etc.). Por lo tanto, muchas de las disputas por el destino de las utilidades de la administración de las lagunas Miscanti y Miñiques (y, en la actualidad, del sitio Piedras Rojas) se deben a la vigencia de tensiones entre grupos familiares, así como por cierta desconfianza inveterada hacia las elites, las dirigencias, la administración y las agencias estatales. Asimismo, aparece la idea de que todo emprendimiento individual o familiar se conecta con el NET. Esa asociación lleva a que muchos socaireños que observen cierto crecimiento económico en otras personas de la comunidad debido al desarrollo de emprendimientos individuales se sientan afectados con su poca suerte frente a la estructura de oportunidades que se teje en torno a la posibilidades mercantiles que el sitio de las lagunas en comanejo ha fomentado en el poblado.

Socaire y, en general, las comunidades atacameñas, enfrentan una serie de dificultades a la hora de desarrollar y estabilizar sus NET. Por ejemplo, varios de las y los administradores señalan que no perciben un trato justo por parte del Estado respecto de las exigencias y calidades de los servicios turísticos en comparación con los operadores privados que tienen capacidad para instalarse de manera muy prolífera en diversos nichos de la industria. A ello se suma una ausencia de capacitación a las comunidades por parte del Estado durante los últimos dos periodos concluidos de gobierno (2014-2018 y 2018-2022).

Quizás, dentro de las dificultades, esto es el mayor agravante respecto de un Estado que ha estimulado a toda costa dentro de su programación la conversión de las y los comuneros atacameños en empresarios étnicos. Salto importante para el cual, si no se cuenta con apoyo, seguimiento y capacitaciones sistemáticas, los NET se debilitan, pierden valor y terminan asimilándose al mercado turístico local con el que han competido, del que han intentado distinguirse y al que han querido regular.

 

Conclusiones

Los NET de las comunidades atacameñas se han presentado como un modelo de negocios exitoso en sus veinte años de funcionamiento. Han generado utilidades económicas y son un sistema eficiente para regular los efectos del turismo masivo y el control del territorio indígena mediante el comanejo de sus sitios naturales y arqueológicos. Asimismo, son reflejo de una estrategia de la política y la programación indígena estatal que, pese a haberse desplegado de forma amplia en San Pedro de Atacama, no lograba cristalizar el desarrollo socioeconómico del pueblo atacameño con relación al turismo.

Los NET fueron gestados por la CONADI en el contexto de las ADI e implementados por una agencia dedicada a la protección y la conservación del medio ambiente, la CONAF. Ambas imprimieron en las comunidades algunos parámetros necesarios para alcanzar el objetivo de insertarlas en el turismo local y, luego, convertirlas en empresas o negocios étnicos. Se les inculcó ser unidades eficientes, sustentables, autónomas y rentables económicamente. La CONADI transmitió también con fuerza que la inserción indígena en el turismo podía mitigar los efectos de la contaminación, controlar el flujo de visitantes en sus territorios y reactivar las economías locales. Estos estímulos estaban atravesados por un discurso sobre la particularidad cultural como valor para la creación y el empuje de emprendimientos indígenas a nivel individual y colectivo.

Las comunidades y las asociaciones atacameñas se han acogido a la idea de convertirse en empresas indígenas, pero ello no ha estado ajeno de complejidades. Por un lado, se han adecuado, pues desde el Estado les aseguraron que los NET serían la clave para mitigar la masividad, el desborde y el monopolio del turismo. Por otro, el comanejo de los sitios y su administración les ha permitido mejorar su posición política, relativa independencia económica y protagonismo en el actual sistema de relaciones interétnicas.

Aunque se trata de experiencias diferentes, los NET analizados presentan elementos y características comunes. Comienzan sus operaciones a principios de los años 2000 y, para ser administrados por las comunidades atacameñas, fue necesario que las dirigencias indígenas actuaran como un directorio que, hasta la fecha, funciona como órgano consultivo y de decisión del negocio étnico. Cada una de estas empresas tiene en su haber un conjunto de empleados que son miembros de la comunidad indígena. El personal se encarga de llevar la parte administrativa y de gestión, así como el área operativa (guías turísticos, guardaparques, personal contable, de mantención y aseo). Para acceder a estos puestos de trabajo, no son suficientes el esfuerzo y el interés individual, pues muchas veces están sujetos a la posición que ocupen en la comunidad y de las redes sociales con las que cuenten frente a las elites y las dirigencias indígenas que conforman los directorios. En efecto, la multitud indígena atacameña que no está inserta o carece de visibilidad en los espacios de las comunidades y las asociaciones limita sus posibilidades de emplearse en estas empresas.

Todos los negocios étnicos atacameños experimentaron una etapa de instalación, ajuste y puesta en marcha apoyado por las agencias estatales. La CONADI se mantuvo presente formalizando estas iniciativas a través del ADI pero el proceso fue encabezado por CONAF, la que entregó capacidades técnicas para la conservación, el monitoreo y el manejo de las diversas especies y los recursos en los sitios. En ese sentido, la programación indígena ha tenido un rol central en las fórmulas de los NET, pues desde una trayectoria de experiencias de trabajo en terreno logró coordinar múltiples acciones e instrumentos para el desarrollo indígena.

Por todo lo anterior, el análisis de los NET resulta insuficiente si los tomamos como meras entidades lucrativas, de generación de utilidades o capitales económicos. Lo que aquí se juega es como la noción de desarrollo de las agencias gubernamentales es tomada y resignificada por las comunidades y las y los individuos que la componen, agregando un sesgo de búsqueda de poder en el campo social (comunal y regional). Intervienen aquí las formas de interacción en los distintos roles y posiciones políticas y sociales y cómo estas relaciones se ejercen y expresan en el entramado étnico atacameño, en el que las agencias y agentes estales tienen estrecha participación e injerencia. Consideramos que este caso de estudio podrá ser profundizado en futuras investigaciones que permitirán alumbrar mejor aspectos poco conocidos de la relación entre agencias e individuos y colectivos portadores de aspectos distintivos (en este caso, étnicos) que plantean desafíos a las formas históricamente determinadas de gobernanza estatal.

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