Violencias escritas y cuerpos narrados. Un análisis etnográfico sobre el “libro de la morgue” de 1976, en Córdoba, Argentina

Violencias escritas y cuerpos narrados. Un análisis etnográfico sobre el “libro de la morgue” de 1976, en Córdoba, Argentina

 

Lucia Rios

Resumen

Messina (2019) plantea que quizás una de las mayores dificultades de enfrentarnos analítica y metodológicamente al problema de la violencia, sea la evanescencia de su concepto. Ello, no sólo porque parece producirse de múltiples maneras, sino que también refiere a que desconocemos casi por completo, qué es aquello que la caracteriza. Esta propuesta surge a partir de abordar uno de los modos posibles de manifestación de la violencia, a partir de indagar etnográficamente en torno a los cadáveres de personas asesinadas por motivos políticos en los 70 en Córdoba, centrándome en el modo de construcción del “enemigo” a partir de las prácticas al momento del deceso, entendiendo por prácticas al tratamiento de los cadáveres, sean referidas a su “eliminación” física o a la escritura en torno a éstos. Me interesa mostrar como este tratamiento fue “traducido” en los documentos elaborados por los morgueros en Córdoba, en 1976, sosteniendo una articulación entre cuerpo, violencia y escritura en la configuración de un cuerpo escrito. Un cuerpo configurado a partir de la escritura cuyo rastro queda en los documentos. Una escritura producida por terceros que pueden omitir, agregar, modificar cualidades sobre ese cuerpo escrito que es, a su vez, un cuerpo narrado, atravesado por el lenguaje (Das, 2016) y por la violencia. Para ello, me centraré particularmente en abordar la configuración del “libro de la morgue”, un “libro índice” que originalmente era un libro matriz de la cárcel donde se consignaban datos sobre el delito cometido y el imputado. Allí están inscriptas las personas fallecidas que pasaron por la Morgue Judicial entre 1969 y 1980. A partir del análisis de esa documentación, mis interrogantes giraron en torno a: ¿Cómo puede “leerse”, a través de esta escritura, la violencia escrita en esos cuerpos por parte del Estado y, en términos más generales, el trato a los “enemigos” una vez muertos? ¿Qué indicios puedo encontrar en el “libro” vinculados a las prácticas represivas de entonces? Este trabajo se presenta como una primera continuación de las indagaciones realizadas para mi tesis doctoral centrada en el año 1975 en Córdoba, atendiendo a que en 1976 se produjeron una serie de cambios que repercutieron y se articularon con las practicas represivas que ya se encontraban vigentes en la provincia, como ser la presencia de la Justicia Militar como otro de los actores que comenzó a intervenir en el espacio cotidiano de la Morgue Judicial de la Provincia de Córdoba y en las prácticas administrativas del registro de los cadáveres en dicha institución.

Palabras claves: Cadáver, escritura, violencia, documentos, morgue.

Introducción

Messina (2019) plantea que una de las mayores dificultades de enfrentarnos analítica y metodológicamente al problema de la violencia, sea la evanescencia de su concepto. Ello, no sólo porque parece producirse de múltiples maneras, sino porque desconocemos casi por completo, qué es aquello que la caracteriza.

Partiendo de allí, es que esta propuesta surge a partir de abordar uno de los modos posibles de manifestación de la violencia, a partir de indagar etnográficamente en torno a los cadáveres de personas asesinadas por motivos políticos en los 70 en Córdoba. Esta ponencia nace como continuidad de las indagaciones realizadas para mi doctorado en ciencias antropológicas, donde me centré en el modo de construcción del “enemigo” a partir de las prácticas al momento del deceso en el año 1975 en Córdoba, entendiendo por prácticas al tratamiento de los cadáveres, referidas a su “eliminación” física o a la escritura en torno a éstos.

Ahora, me interesa mostrar cómo este tratamiento fue “traducido” en los documentos elaborados por los morgueros en Córdoba ya en el año 1976, año de inicio de la última dictadura cívico-militar argentina, sosteniendo una articulación entre cuerpo, violencia y escritura en la configuración de un cuerpo escrito. Un cuerpo configurado a partir de la escritura cuyo rastro queda en los documentos, escritura producida por terceros que pueden omitir, agregar, modificar cualidades sobre ese cuerpo escrito que es, a su vez, un cuerpo narrado, atravesado por el lenguaje (Das, 2016) y por la violencia.

En este sentido, la apuesta es considerar también una dimensión productiva de la violencia, la cuál produce determinadas identidades en su ejercicio, dotando de sentidos específicos a las mismas en un momento específico de nuestra historia. Así, si tal como señala Messina (2019) la pregunta por el “qué”, por la esencia de la violencia, es algo que se nos escurre, entonces, en términos más foucaultianos, la pregunta deberá hacerse por el cómo de esa violencia, un cómo que es, mayoritariamente, múltiple, contingente y contextual.

Para ello, me centraré particularmente en abordar la configuración del “libro de la morgue”, un “libro índice” que originalmente era un libro matriz de la cárcel donde se consignaban datos sobre el delito cometido y el imputado. Allí están inscriptas las personas fallecidas que pasaron por la Morgue Judicial entre 1969 y 1980. Dicho libro se encuentra en formato digital resguardado en el Archivo Provincial de la Memoria (APM)

A partir del análisis de esa documentación, mis interrogantes giraron en torno a: ¿Cómo puede “leerse”, a través de esta escritura, la violencia escrita en esos cuerpos por parte del Estado y, en términos más generales, el trato a los “enemigos” una vez muertos? ¿Qué indicios puedo encontrar en el “libro” vinculados a las prácticas represivas de entonces? Tal como señalara antes, este trabajo se presenta como una primera continuación de las indagaciones realizadas para mi tesis doctoral centrada en el año 1975 en Córdoba, atendiendo a que en 1976 se produjeron una serie de cambios que repercutieron y se articularon con las practicas represivas que ya se encontraban vigentes en la provincia, como ser la presencia de la Justicia Militar como otro de los actores que comenzó a intervenir en el espacio cotidiano de la Morgue Judicial de la Provincia de Córdoba y en las prácticas administrativas del registro de los cadáveres en dicha institución.

 

Breve marco sobre el APM

 

El APM se encuentra ubicado en la ciudad de Córdoba, en pleno centro urbano. Se compone de tres casonas de estilo colonial, de paredes blancas -de a tramos intervenidas con contenido social y político- ubicado en el Pasaje Santa Catalina, una calle peatonal con adoquines que pasa por el costado de la Catedral.

Hace unos años se encontraba sobre su puerta de ingreso una gigantografía del rostro de Santiago Maldonado[1]. Hoy esa fotografía ya no está, pero en una de sus paredes del frente (la de la derecha, mirando el ingreso de frente) se encuentra la silueta de Jorge Julio López[2], desaparecido en democracia. En la pared de la izquierda, una huella dactilar se configura con los nombres de las víctimas de la violencia estatal desde 1969 en adelante.

La presencia de la huella, marca biológica de la identidad, se hace pública y presente en un espacio que otrora fuera un Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio y que pretendía justamente eliminar cualquier rastro identitario y singular. En este punto considero que los documentos, fondos, series que el APM resguarda, son también huellas

de los circuitos que pretendían ser borrados, de los cuerpos que debían ser ocultados, de las vidas que tenían que ser silenciadas en su paso a la clandestinidad.

El edificio del APM se encuentra emplazado a la vuelta del Cabildo Histórico, ubicado sobre la plaza San Martin, la más concurrida y transitada del centro de la ciudad, rodeada de bancos, comercios y peatonales. Estas menciones ilustran que el APM se ubica en una zona céntrica que cuenta desde décadas con una circulación constante de personas, autos particulares y autobuses. Este hecho no es menor dado que el ahora Archivo Provincial de la Memoria, en las décadas de 1960 y 1970 fue una de las dependencias policiales de la provincia, el llamado Departamento de Informaciones de la Provincia de Córdoba “D2”. Tal como se expresa en el Informe[3] de la causa denominada “Menéndez III”, también conocida como “Juicio La Perla” o la Megacausa la Perla[4] (2012):

“El Departamento de Informaciones (D2) estaba a cargo de un jefe y un subjefe bajo el mando de los cuales estaban las “brigadas”. Éstas no eran otra cosa que patotas encargadas de secuestrar, torturar y trasladar a los secuestrados a los distintos Centros Clandestinos. Y en algunos casos, también asesinaron y desaparecieron, tal como se probó en los juicios “Menéndez II” (2009) y “Videla” (2010)”. (p.108)

El “D2” se fue constituyendo como un Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de aquellas personas sospechadas de “subversión”, que operaba en pleno centro de la ciudad cordobesa. Su presencia en pleno centro de la ciudad permite pensar en varias cuestiones. Una de las consideraciones de este escrito, es que, en los años previos a la última dictadura cívico-militar argentina, particularmente en el año 1975, se configuró una visibilidad (Foucault, 1968) propia de un contexto histórico mediante prácticas que permitían hacer visible y narrable, una escalada de violencia (Servetto, 2004) tanto en el país como en Córdoba. En este sentido, es interesante notar que, entrado el año 1975, este espacio que conserva su carácter como dependencia del Estado (ya que la policía funcionó allí hasta 2006) representaba un lugar donde los ciudadanos sentían que encontraban protección, cuidado, resguardo, características que convencionalmente presenta la policía (Tiscornia, 1999). Ello, mientras que el mismo funcionó al mismo tiempo como un espacio de clandestinidad, represión y tortura. La condición hibrida que adquiría el edificio en tanto dependencia policial y centro clandestino significaba un espacio donde lo estatal se fraccionaba de manera dual (Duhalde, 1999) entre lo clandestino y lo legal.

Para el 24 de marzo de 1976 y en pleno golpe cívico militar en nuestro país esas dependencias albergaron al Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, el cual según señala la página oficial del APM, “fue creado como división especial para perseguir y reprimir lo que consideraba un tipo diferenciado de delito definido genéricamente por el terrorismo de Estado como subversión”[5]

En la actualidad el APM está definido por la ley y por las referencias de quienes trabajan y visitan al espacio como un Sitio de memoria y como un archivo, creado por Ley Provincial de la Memoria 9286 aprobada unánimemente por la Legislatura de Córdoba en marzo de 2006. Dicha Ley establece la conformación de la Comisión Provincial de la Memoria, la creación del APM y el funcionamiento de estas instituciones en las tres casonas coloniales ubicadas entre el Cabildo y la Catedral, sede de la Central de Policía hasta fines de los años 80.

Tal como mencionara en la introducción de este trabajo, me centraré en trabajar aquí con

el llamado por los morgueros como el “Libro de la Morgue”, donde se encuentran inscriptas las personas fallecidas cuyos cuerpos pasaron por la morgue del Hospital San Roque durante los años 1969 y 1980. Dicho libro contiene 401 fojas numeradas y está en el Juzgado N° 3 por ser material probatorio en juicios por delitos cometidos en la última dictadura cívico-militar argentina. El documento relevado es la digitalización realizada en el APM del libro original, digitalización que se encuentra resguardada en dicha institución.

Antes de adentrarnos en el análisis de los documentos, valen algunas menciones en relación a la morgue de la provincia de Córdoba.

 

Algunas claves sobre la Morgue

La morgue de la provincia de Córdoba fue creada en 1920 ante la necesidad de realizar autopsias en el marco de pericias judiciales. Se ubicaba en el antiguo edificio del Hospital San Roque, calle Rosario de Santa Fe 374, en pleno centro de la ciudad capital. A partir de 1950, tanto la morgue como el hospital pasaron a depender del gobierno provincial, por lo que, durante los ’70, recibió numerosos cadáveres producto de la represión. La morgue funcionó allí hasta 1990 para luego trasladarse al Instituto de Medicina Forense en barrio General Paz.

Una cuestión a atender en la década del 70 en Córdoba, y particularmente en el año 1976, tiene que ver con que primero lo “irregular” y luego lo “clandestino” adquirió una mayor presencia en el tratamiento de los cadáveres en la morgue del San Roque. En el Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) se encuentra el testimonio de Francisco Rubén Bossio, quien fuera ayudante técnico de autopsias. Bossio narraba:

“Yo advierto que comenzamos a recibir cadáveres que algunas veces venían con remito pero que la mayoría de las veces venían sin nada. Esto se constata en el año 76. La mayoría de las veces remitía los cadáveres al personal policial y otras veces la Gendarmería, el Ejército o en conjunto entre los grupos de las Fuerzas de Seguridad. Los funcionarios que iban entregando eran tenientes o subtenientes cuyos nombres no recuerdo. A veces venían con grupos de diez o doce soldados, pero yo no prestaba atención. Estos cadáveres tenían las siguientes características: venían heridos de balas, algunos con muchas perforaciones; en algún caso hasta ochenta, en otro diecisiete, por ejemplo. Venían todos con los dedos pintados y con marcas evidentes de torturas. Tenían marcas en los puños como si hubieran sido atados con piolas. Esporádicamente aparecían algunos destrozados, muy abiertos. Después de las primeras tandas llegan otras de cinco, de ocho, y otra de siete.

Se ordenó la evacuación de los cadáveres del hospital (…) Lo hicimos en las dos camionetas, dos viajes en el mismo camión con treinta cadáveres en cada vuelta que se colocan en una fosa del cementerio San Vicente. Quiero aclarar que esta fosa era nueva, la inauguramos nosotros”. (Informe CONADEP, 1984, p.177)

Este relato permite atender al devenir del tratamiento de esos cadáveres que pasaron de un registro sistematizado en los documentos estatales en los primeros años de la década de los 70, a un ocultamiento total, materializado en la ausencia de documentación elaborada en la morgue y en la existencia de fosas comunes, traslados nocturnos y ningún registro de identificación.

Los “Cadáveres de la Represión”.

En las entrevistas realizadas durante la investigación en curso a forenses y morgueros, se volvió recurrente la mención de los “cadáveres de la represión”, con características similares a las referidas por Bossio.

Ello me significó un elemento de análisis, ya que esa definición me llevó a considerar que se constituyeron como un tipo de cadáveres distinto de los que ingresaban por suicidios, robos, accidentes. ¿Qué era aquello que hacía que un cadáver fuera “de la represión”? ¿Qué características diferenciales presentaban? ¿Cómo eran registrados en la escritura?

Asimismo, esta “tipología” de cadáveres me llevó a considerar un modo de relación entre el cuerpo y el contexto político. En un contexto de prácticas represivas explícitas que aun a inicios de 1976 convivían con las clandestinas, atendiendo a una escalada de violencia que tomaba cada vez más fuerza, las muertes producidas empezaron a generar cadáveres con características particulares, al punto tal de adquirir en el cotidiano de la morgue su propia nominación.

Los cadáveres de la morgue ya tienen una cualidad distintiva: algo en torno al fallecimiento debe ser esclarecido. Debido a eso, hay un procedimiento que se realiza sobre el cuerpo, lugar donde se inscribe aquello que puede ser “leído” para decodificar lo que debe ser “revelado”. Asimismo, en ese contexto específico, hay cadáveres que presentaron características recurrentes o semejantes, tal como sucedió con los “cadáveres de la represión”.

La referencia en las entrevistas a que los cadáveres “estaban destrozados, pero nadie decía nada y nosotros tampoco” evidenciaba el miedo que la situación provocaba en los empleados de la morgue, dado que no era habitual recibir cadáveres con esas características. Las mismas daban cuenta de la alevosía en el asesinato, dejando marcas en los cuerpos. Esto me llevó a preguntarme por un modus operandis donde las lesiones realizadas podrían dar cuenta de la firma (Segato, 2013) de los perpetradores y de una performance de la crueldad como parte de estas escenas.

En este sentido, resulta interesante considerar cómo el Estado durante 1976 siguió generando procesos de escritura burocrática, siendo que en esa misma proliferación de documentos es posible considerar indicios (Ginzburg, 2003) de la violencia ejercida.

 

 

 

“Entradas y Salidas”. Los Registros en el “Libro de la Morgue”

El ingreso de un fallecido a la morgue era registrado en el libro correspondiente, un “libro índice” de tapa dura, originalmente un libro matriz de la cárcel donde se consignaban datos sobre el imputado y el delito cometido.

En el “Libro de la Morgue” se encuentran inscriptas las personas fallecidas cuyos cuerpos pasaron por la morgue del Hospital San Roque durante los años 1969 y 1980. Contiene 401 fojas numeradas y está en el Juzgado N.° 3 por ser material probatorio en juicios por delitos cometidos en la última dictadura cívico-militar argentina. El documento relevado es la digitalización realizada en el APM del libro original.

Tal como se expresa en la ficha de archivística ISAD (G) del APM elaborada por el Área de Archivo y Conservación, este libro registra los ingresos de cadáveres tipificados como “muerte de etiología dudosa” consignando datos referidos en detalle a continuación.

El libro posee una tapa dura de color negra, desgastada por el paso del tiempo. En su interior, las hojas amarillentas presentan una serie de columnas divididas por líneas rojas:

“número de orden”, “entrada” (dividida en día, mes y año), “procedencia”, “delito”, “imputado”, “nombre del padre”, “nombre de la madre”, “prontuario” (que a su vez se divide en número y sección), “P.M” (dividida en día, mes y año), “P.P” (dividida en día, mes y año), “Excarcel” (dividida en día, mes y año), “damnificado”, “salida” (dividida en día, mes y año), “destino” y “observaciones”. Estas categorías responden a que, tal como señalara, el libro era originalmente utilizado en las penitenciarías, por lo que esas categorías dan cuenta de ese “circuito” específico.

Sobre estas columnas, personal de la morgue realizaba una división (con lapicera) sobre las columnas ya presentes, que daba lugar a 18 columnas “reconfiguradas”. Esto me hizo pensar en la conformación de una “hoja de ruta” donde cada columna daba cuenta de una “parada” en el recorrido que el cadáver hacía dentro del procedimiento.

La primera columna es el “número de orden” que comienza el 1 de enero. No hay un libro por año, pero el inicio de cada año se consigna en el comienzo de una nueva hoja. Las anotaciones, en cursiva y en imprenta, se hacían con lapicera negra o azul de manera cronológica. La columna siguiente denominada “entrada” se corresponde con la fecha (dividida en día, mes y año) del ingreso del cadáver a la morgue, mientras que la tercera columna pasa a denominarse como “recibido”, que es el espacio donde se consigna el nombre del morguero que lo recibe. Algunos trabajadores se limitaban aquí a firmar mientras que otros asentaban su nombre y apellido. La cuarta columna se corresponde con la hora de ingreso del cadáver.

La quinta columna se denomina “procedencia” e indica la localidad en la que el cadáver fue encontrado o la dependencia policial que remitía. En la sexta columna, denominada “cadáver”, figura el nombre del fallecido. Si no hubiese identificación, se anotaba NNM o NNF (NN masculino y NN femenino, respectivamente). En la séptima columna aparece la categoría “Forense”, donde se consignaba el nombre del médico forense que revisaba el cuerpo. Aquí los registros se hacían con el apellido. A veces se indicaba también la sigla “Dr.”, dando cuenta del rango profesional. En la octava columna, denominada “juzgado”, se indicaba al juzgado encargado del procedimiento.

En la novena columna, “autopsia”, se indica si se realizó “autopsia” o “reconocimiento”.

La décima columna denominada “fecha” indica la fecha de autopsia o reconocimiento, mientras que en la undécima columna denominada “causa” se especificaba la “causa de muerte” redactada por los morgueros con la información obtenida de las personas que ingresaban el cuerpo. Es decir, se completaba antes de la realización de la autopsia, muchas veces tomando nota de lo señalado por el mismo personal policial. La “causa de

muerte” no respondía a causas clínicas, es decir, médicas. Ello me permite considerar que aquello que quedaba finalmente consignado en el libro como “causa de muerte”, atendiendo también al relato de mis entrevistados, podría haber sido producto de una escritura que se realizaba bajo presión, coacción de las fuerzas represivas, haciendo que en la escritura (que en teoría visibiliza) se produjera el “ocultamiento” de lo acontecido. En tal sentido, tomar registro de estas causas me resultaba relevante a los fines de buscar indicios que me llevaran a considerar cómo en esa escritura, escueta, estandarizada, comenzaba “a colarse” la violencia y la represión en 1976.

Volviendo al Campo

En el ingreso del APM me recibe una señora mayor, muy agradable, que no he visto antes, se comunica telefónicamente con el área de investigación para avisar de mi llegada y me indica que puedo subir al primer piso, donde me están esperando. Ingreso por la biblioteca hasta las áreas de trabajo, y ahí me encuentro con uno de los empleados en el patio interno. Nos damos los buenos días y continúo hacia la escalera que me lleva al área de investigación. En la sala hay música (suena Queen de fondo), y se encuentre bien iluminada y acomodada. Una computadora me espera en una mesa grande para mi sola. El sol entra en la ventana, pero afuera está fresco. Saludo a las chicas del área de investigación, llevo criollitos para el desayuno y me esperan con agua y mates.

Pasado ya unos meses de “cerrado” el campo para la tesis doctoral, comienzo a retomar el trabajo con el libro de la morgue, ahora si ya centrándome en el año 1976. En relación a las anotaciones, noto que se hacen siempre a mano. Mayoritariamente, la escritura se hace en lapicera azul y en cursiva, aunque por momentos aparece una letra imprenta y puede que también haya algunas escrituras (las menos) con lapicera negra. La caligrafía puede cambiar en una misma hoja, lo que da cuenta de la intervención de distintas personas en el documento. La cantidad de ingresos registrados para los meses que van desde enero a agosto inclusive son: 109 ingresos para el mes de enero de 1976, 106 ingresos para febrero (ese año fue bisiesto) 96 para marzo, 106 para el mes de abril, 119 para mayo, 128 para junio, 125 para julio, 113 para agosto. Es decir, en el libro de la morgue se consignan un total de ingresos 902 ingresos desde el 1 de enero de 1976 hasta el 31 de agosto, siendo que el total de ingresos hasta el 31 de diciembre de 1976 es de 1311.

En relación a las “causas de muerte” registradas en 1976, del total de los 902 ingresos obtenidos hasta ahora -31 de agosto de 1976 inclusive- encuentro consignadas 873 en la columna destinada a tal fin. Es decir, hay 29 “causas” que no fueron consignadas, lo cual, tal como me señalaron mis entrevistados, podría ser el indicio de una irregularidad en el procedimiento. Asimismo, dentro de las “causas” registradas, 42 se mencionan como “se ignora”. En mi registro tomo nota de las siguientes dado que podrían estar vinculadas tanto a prácticas represivas al momento del deceso, como también me permiten considerar aquello que mencionaban mis entrevistados en relación a cómo se llenaban estos formularios, a veces con información que las mismas fuerzas proporcionaban al momento del ingreso del cadáver a la morgue. Las “causas” que me resultan interesantes para el año 1976, hasta el 31 de agosto inclusive, son:

“Causas de muerte”                                              Cantidad

Enfrentamiento                                                         9

Enfrentamiento con policía                                     30

Enfrentamiento con fuerzas armadas                      24

Lo encontraron en un baldio                                    1

Enfrentamiento con fuerzas de seguridad               24

Enfrentamiento armado                                           5

Enfrentamiento con el ejército                                10

Enfrentamiento fuerza militar                                  8

Ajusticiado                                                               7

Fallece en campo de la ribera                                   1

Enfrentamiento con extremistas                               1

Enfrentamiento militar                                             2

Enfrentamiento jefatura “fuga”                                3

Se tirotean con comando                                          2

Lo balearon en el auto                                              2

Herido de bala                                                         49

Atentado terrorista                                                   1

Baleado en la via publica                                         3

Lo balea comando extremista                                  1

Baleado en su domicilio                                           2

En cuanto a estos datos, hay algunas cuestiones que quisiera señalar. Lo primero que noto en todas estas “causas”, es la presencia notable tanto de muertes producidas por armas de fuego, como la nominación en las “causas de muerte” como “enfrentamiento” en una amplia gama de variantes.

En este punto, es necesario recordar que la noción de “enfrentamiento” fue introducida por las fuerzas -y reforzada por los medios de prensa- como una noción que daba cuenta de una lucha entre pares, siendo que en realidad esos “enfrentamientos” no eran otras cosas que “enfrentamientos fraguados”, eufemismos para ocultar lo que en realidad habían sido asesinatos por parte de las fuerzas represivas. Este elemento me lleva a pensar tanto en la escalada de violencia que se vivía en Córdoba ya con la presencia de Menéndez40, como también me remite a las menciones de uno de mis entrevistados trabajadores de la morgue, quien me señalaba que para inicios de 1976 y durante ese año, “todos esos muertos que entraban como “muertos por enfrentamiento”, rebalsaban el espacio que había en la cámara frigorífica del San Roque y quedaban ahí por días pudriéndose” (Registro de entrevista del 15/01/2021).

Asimismo, resulta llamativa la “causa” “fallece en campo la ribera”, siendo que el Campo La Ribera ya constituía para entonces un Centro Clandestino de Detención, Tortura y Extermino, siendo hoy también Sitio de memoria en Córdoba. Este punto es algo que aparece como distintivo de los registros del 75, en donde los centros clandestinos no figuraban en los registros administrativos. La presencia de estos registros fue nodal para la reconstrucción del circuito de la represión en años posteriores, dando cuenta de la presencia de nuevos lugares y de nuevos actores como parte tanto de la escalada represiva que se venía viviendo en la provincia desde 1974, como también de la existencia de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que serían reconocidos como tales décadas después[6].

En relación a los meses, noto que el “enfrentamiento con extremistas” se consigna como “causa de muerte” en abril de 1976, mientras que “enfrentamiento fuerza militar”, “enfrentamiento con el ejército” “enfrentamiento con fuerzas de seguridad” y “enfrentamiento con fuerzas armadas” comienzan a registrarse desde abril (luego del golpe militar) llegando a su punto más álgido en julio y agosto.

Los “enfrentamientos con la policía” se consignan desde enero hasta julio, dando cuenta de la presencia de otras fuerzas represivas en la provincia desde la mitad del año. Es de notar también que las causas “lo encontraron en un baldío”, “baleado en su domicilio” como otras que no aparecen aquí enunciadas, como el hallazgo de cuerpos baleados en pozos o con bombas, respondían a las metodologías de asesinato de la época, tanto por las fuerzas de seguridad, como por organismos paraestatales como el Comando Libertadores de América[7].

Estas referencias me llevan a pensar en la configuración de una relación entre el cadáver, a partir de las “causas de muerte” y el contexto político local en la cual nociones como “ajusticiado”, “enfrentamiento armado”, “enfrentamiento con extremistas” referían a sentidos y a autoridades específicas.

De igual modo, es interesante ver como parecieran hacerse presentes ciertos juicios de valor en relación a la escritura de las “causas”, pensando aquí en la referencia al “ajusticiado”, o como también hay “causas” en las cuales se hace foco en el “hecho” mientras que otros parecieran hacer eje en la persona. En relación a lo primero, en las “causas” tales como “enfrentamiento”, “atentando”, pareciera que el foco es la acción, mientras que en “ejecutado”, “ajusticiado”, “baleado”, el eje pareciera estar en el sujeto.

En relación a esta distinción, las “causas” me permitieron comprender que la inscripción de esas muertes en la documentación producida por el Estado, coadyuvaron a la construcción de una identidad “subversiva”, “enemiga”, inclusive cuando no se está hablando de la persona, sino cuando se refiere a la acción, tal como se expresa en la causa “atentado terrorista”.

En referencias tales, la acción es “terrorista” porque lo eran los muertos implicados, aunque no se los nombre. Por otra parte, también propiciaron la configuración de una visibilidad, donde dichas caracterizaciones podían traducirse en el orden de lo narrable, atendiendo al marco (Butler, 2010) donde esos términos circulaban.

Me interesa señalar también algo que aparece también en el campo, y que al menos puedo consignar aquí brevemente, aunque la cantidad de apariciones no ha sido sistematizada aún. En la columna denominada “juzgado”, desde el mes de marzo de 1976 -el 26 de marzo- comienza a aparecer la figura de “justicia militar” como modo de consignar al interior de la misma.

Al respecto, me interesa traer a colación las palabras de uno de los entrevistados[8] para esta investigación, quien señalaba que

“En el 76 ya algo cambia, aparece la Justicia Militar que se sumaba a la federal y a la provincial que ya existían. Ahí, los cuerpos ya comienzan a tener distintos caminos. En el caso de la Justicia Provincial todo seguía como antes, los cuerpos que entraban siempre requerían autopsia. En el caso de la Justicia Federal, una gran mayoría, lo que se mantenía de los años anteriores. Ahora bien, la Justicia Militar nunca requería una autopsia. Sin autopsia los cuerpos permanecían en la morgue, se los llevaban de noche y ahí fueron a parar a las fosas del Cementerio San Vicente. Los registros escritos de la Justicia Militar refieren solo al ingreso y a las salidas, en el renglón del medio no hay nada porque no opera autopsia. El “Flaco” Piccardi, cuando ingresó, era el que más cadáveres llevó al cementerio. Los camiones militares generalmente venían de noche con órdenes escritas de llevarse los cuerpos y los morgueros ayudaban”. (Registro de entrevista del 15/01/2021).

Lo interesante de esta mención es que ya no sólo comienzan en el 76 a parecer consignados en el "libro de la morgue” espacios que antes no se encontraban allí y que comienzan ahora a marcar un circuito de la represión, sino que también comienzan a hacerlo otros actores como parte del engranaje del terrorismo de Estado que había cobrando un impulso notable en la provincia luego del golpe del 24 de marzo de 1976, aunque previo a ello dicha escalada de violencia ya había sido registrada por los medios y por la ciudadanía en general. A pesar de las continuidades que subyacen a los periodos históricos, la presencia de los centros clandestinos y de la justicia militar en los registros burocráticos de la morgue, dan cuenta de que también hay algo que cambia, o al menos algo que se complejiza, que se agrega, para conformar el entramado represivo ya propio de la clandestinidad imperante. Aunque, no obstante, no deje de ser un punto a atender el hecho de que esos espacios y esos sujetos vinculados a los accionares clandestinos, comienzan, paradójicamente, a hacerse presente en la escritura. Así, un modus operandi de la violencia adquiere ya no sólo la dimensión productiva que mencionara antes, sino también un núcleo paradojal, de nuevo, entre lo visible y lo no-visible, o lo visible y lo clandestino.

Muzzopappa y Villalta (2011) sostienen que trabajar sobre la documentación producida por las distintas burocracias administrativas se transforma en una potente herramienta etnográfica que permite acceder a una de las formas en las que se ejerce el poder del Estado, “en su capacidad de transformar y generar” (2011, p.18). Siguiendo esta línea es que el breve análisis aquí presentado de la documentación trabajada permite ver una de las formas de ejercicio soberano del Estado en una de sus formas de ejecución del poder, generando tipos de identidades (mediante la consideración de las “causas de muerte”) que responden a contextos sociopolíticos particulares. Estos modos de configurar identidades desde la muerte me llevan a pensar nuevamente en una dimensión productiva de esta última, centrando la mirada en los documentos producidos por una institución pertenecientes a la esfera estatal.

 

Finalizando el recorrido

En este escrito me enfoqué en analizar los documentos de la morgue judicial de Córdoba producidos en 1976, particularmente el llamado “libro de la morgue” elaborado por los morgueros en aquel entonces. Los interrogantes que me guiaron fueron: ¿Cómo puede “leerse”, a través de esta escritura, la violencia escrita en esos cuerpos por parte del Estado y, en términos más generales, el trato a los “enemigos” una vez muertos? ¿Qué indicios podía encontrar en el “libro de la morgue” vinculados con la violencia?

Para abordarlos, inicié la ponencia considerando tanto algunas cuestiones generales del APM, lugar donde actualmente se encuentra resguardada dicha documentación, para luego dar cuenta de algunas dimensiones -también generales- sobre la morgue judicial de la provincia de Córdoba, sus lógicas administrativas de esa dependencia y al tratamiento general de los cadáveres. Cadáveres cuya descripción implica que hayan sido “leídos” y que, a su vez, me permite también “leer” a mí en el presente los la configuración de un cuerpo escrito. Allí pude, mediante referencias a las “causas de muerte” tales como “enfrentamiento extremista”, mostrar cómo aun en la muerte, se tornaba necesario asociar la figura del “enemigo” a determinados sujetos.

Esto me llevó a pensar en una vida política del cadáver (Verdery, 1999), donde el cuerpo se torna un locus de sentidos asociados a aquello que debía quedar en el orden de la condena, pensando inclusive en un modo de existencia “otro” en la que una ontología clásica dicotómica entre lo vivo y lo muerto se ve de hecho “eclosionada” a partir de aquello que los muertos siguen generando (Despret, 2021), sentidos específicos que los ubican de alguna manera aún en ciertas dimensiones del mundo social.

Asimismo, las “causas de muerte” sistematizadas me permitieron comprender que la inscripción de esas muertes en la documentación, coadyuvó, por un lado, a la construcción de una identidad “extremista”, “subversiva”, inclusive cuando no se está hablando directamente de la persona, sino cuando se refiere a la acción. En referencias tales como la que mencionara recién, “enfrentamiento extremista” las acciones son “extremistas” porque lo eran los muertos implicados, aunque no se los nombre. Por otra parte, también propiciaron la configuración de una visibilidad, donde dichas caracterizaciones podían traducirse en el orden de lo narrable, atendiendo al marco (Butler, 2010) en el que dichos términos se originaban, circulaban y adquirían sentido.

De igual modo, tal como señalara antes, a pesar de las continuidades que subyacen a los periodos históricos, la presencia de los centros clandestinos y de la justicia militar en los registros burocráticos de la morgue, dan cuenta de que también hay algo que cambia, o al menos algo que se complejiza, que se agrega, para conformar el entramado represivo ya propio de la clandestinidad imperante. Aunque, no obstante, no deje de ser un punto a atender el hecho de que esos espacios y esos sujetos vinculados a los accionares clandestinos, comienzan, paradójicamente, a hacerse presente en la escritura. Así, un modus operandi de la violencia adquiere ya no sólo la dimensión productiva que mencionara antes, sino también un núcleo paradojal, de nuevo, entre lo visible y lo no-visible, o lo visible y lo clandestino.

Muzzopappa y Villalta (2011) sostienen que trabajar sobre la documentación producida por las distintas burocracias administrativas se transforma en una potente herramienta etnográfica que permite acceder a una de las formas en las que se ejerce el poder del Estado, “en su capacidad de transformar y generar” (2011, p.18).

Siguiendo esta línea es que el análisis aquí presentado permite ver tanto, una de las facetas productivas de la violencia -plasmada en la escritura administrativa y que, articulada a la escritura y al cuerpo, genera tipos específicos de identidades- como también una de las formas de ejercicio soberano del Estado en una de sus formas de ejecución del poder, generando tipos de identidades que responden a contextos sociopolíticos particulares. Estos modos de configurar identidades desde la muerte me llevan a pensar en una dimensión productiva de esta última, a la cual puedo acceder centrando la mirada en los documentos producidos por distintas instituciones pertenecientes a la órbita de la esfera estatal.

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[1] Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto, tras la violenta represión de Gendarmería iniciada en la Lof en resistencia Cushamen, en la provincia de Chubut, Argentina. Maldonado estuvo desaparecido 78 días, hasta que su cuerpo sin vida fue encontrado el 17 de octubre en el Río Chubut, a 400 metros río arriba de donde fue visto por última vez, un lugar que según el registro de las fuerzas ya había sido anteriormente “rastrillado”.

[2] Jorge Julio López había estado desaparecido desde octubre de 1976 hasta junio de 1979 durante la última Dictadura Cívico Militar y, por segunda vez, en septiembre de 2006. El 20 de junio de 2006, en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata, se inició el juicio oral en La Plata sobre los nuevos casos conocidos en el Juicio por la Verdad que no habían sido incluidos en el juzgamiento del año 1985. Entre ellos, el de Jorge Julio López y el de Patricia Dell Orto y Ambrosio de Marco. Jorge Julio López brindó su testimonio el 28 de junio. El 18 de setiembre, día en que debía acompañar a las abogadas y los abogados que alegaban en su nombre, desapareció por segunda vez.

[3] El informe denominado Megacausa “La Perla”. Informe sobre el Juicio al terrorismo de Estado en Córdoba fue elaborado por el Área de Legales, Investigación y Comunicación (ALIC) de la agrupación HIJOS regional Córdoba, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, y de las instituciones dependientes de la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba (Archivo Provincial de la Memoria y los Espacios para la Memoria y la promoción de los Derechos Humanos “La Perla” y “Campo de la Ribera”). Disponible en https://apm.gov.ar/em/megacausa-%E2%80%9Cla-perla%E2%80%9D-informe-sobre-el-juicio-al-terrorismo-de-estado-en-c%C3%B3rdoba

[4] La causa denominada “Menéndez III” acumuló un total de 16 expedientes y varios desgloses que convocan a declarar a casi 900 testigos y que reúnen los casos de 416 víctimas entre asesinados, desaparecidos y sobrevivientes. La mayoría de ellos pasaron por La Perla, uno de los centros clandestinos de detención más grandes del país, aunque también hay casos de cautiverio en los centros clandestinos Campo de la Ribera, Departamento de Informaciones de la Policía “D2” (en sus sucesivas sedes), Casa de Hidráulica y Puesto Caminero de la localidad de Pilar. Hoy los tres primeros lugares tienen sus puertas abiertas al público y funcionan como Espacios para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos. La causa tuvo 45 represores imputados, con todas las garantías procesales aseguradas para obtener un fallo legítimo y reparador. La mayoría de los imputados son o fueron miembros del Ejército entre oficiales, suboficiales y personal civil de inteligencia (PCI) y de la Policía Provincial. Se encuentran también imputados miembros de Gendarmería y de la Fuerza Aérea

[5] Información obtenida en https://apm.gov.ar/apm/rese%C3%B1a-hist%C3%B3rica-d2 Ultimo ingreso: 13 de noviembre de 2023

[6] Los Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en Córdoba fueron: El “Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba”, que funcionó de 1974 a 1983, ubicado en el Pasaje Santa Catalina, en pleno centro de la ciudad cordobesa. “La Ribera”, que función de 1975 a 1979, ubicado en la zona noreste de la ciudad de Córdoba, a pocos metros del Cementerio San Vicente. La “Casa de la Dirección General de Hidráulica del Dique San Roque”, que funcionó desde 1976 a 1980, en la localidad de Carlos Paz. “Malagueño” o “La Perla chica”, que funcionó de 1976 a 1979 en la entrada de la localidad de Malagueño, cerca de la autopista que conduce a la ciudad de Carlos Paz. “La Perla”, que funcionó entre 1976 y 1978, ubicada sobre la ruta número 20 que une las ciudades de Córdoba y Carlos Paz. Información disponible en el catálogo Centros Clandestinos de Detención en Córdoba, elaborado por la Comisión Provincial de la Memoria, año 2009

[7] La aparición en la escena pública cordobesa del Comando Libertadores de América data de mediados de 1975. Si bien fue conocida como la versión cordobesa de la Triple A, Duhalde (1999) considera que entre ambas organizaciones existieron claras diferencias: mientras que la Triple A tenía mayor autonomía operativa en relación con las FFA, el CLA tuvo una dependencia orgánica del III Cuerpo de Ejército, en tanto estaba a su frente un militar, el Capitán Vergez. El CLA fue una organización en la que se plasmó el ingreso activo del Ejército en la represión clandestina del Estado, y cuya marca registrada fue la alevosía de los crímenes cometidos y las metodologías de tortura al momento del asesinato.

[8] La entrevista fue realizada a David, médico forense que ingresó a la Morgue judicial en 1985 y que continúa desempeñándose ahí en la actualidad.

Notas de la ponencia:

[1] Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto, tras la violenta represión de Gendarmería iniciada en la Lof en resistencia Cushamen, en la provincia de Chubut, Argentina. Maldonado estuvo desaparecido 78 días, hasta que su cuerpo sin vida fue encontrado el 17 de octubre en el Río Chubut, a 400 metros río arriba de donde fue visto por última vez, un lugar que según el registro de las fuerzas ya había sido anteriormente “rastrillado”.

[2] Jorge Julio López había estado desaparecido desde octubre de 1976 hasta junio de 1979 durante la última Dictadura Cívico Militar y, por segunda vez, en septiembre de 2006. El 20 de junio de 2006, en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata, se inició el juicio oral en La Plata sobre los nuevos casos conocidos en el Juicio por la Verdad que no habían sido incluidos en el juzgamiento del año 1985. Entre ellos, el de Jorge Julio López y el de Patricia Dell Orto y Ambrosio de Marco. Jorge Julio López brindó su testimonio el 28 de junio. El 18 de setiembre, día en que debía acompañar a las abogadas y los abogados que alegaban en su nombre, desapareció por segunda vez.

[3] El informe denominado Megacausa “La Perla”. Informe sobre el Juicio al terrorismo de Estado en Córdoba fue elaborado por el Área de Legales, Investigación y Comunicación (ALIC) de la agrupación HIJOS regional Córdoba, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, y de las instituciones dependientes de la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba (Archivo Provincial de la Memoria y los Espacios para la Memoria y la promoción de los Derechos Humanos “La Perla” y “Campo de la Ribera”). Disponible en https://apm.gov.ar/em/megacausa-%E2%80%9Cla-perla%E2%80%9D-informe-sobre-el-juicio-al-terrorismo-de-estado-en-c%C3%B3rdoba

[4] La causa denominada “Menéndez III” acumuló un total de 16 expedientes y varios desgloses que convocan a declarar a casi 900 testigos y que reúnen los casos de 416 víctimas entre asesinados, desaparecidos y sobrevivientes. La mayoría de ellos pasaron por La Perla, uno de los centros clandestinos de detención más grandes del país, aunque también hay casos de cautiverio en los centros clandestinos Campo de la Ribera, Departamento de Informaciones de la Policía “D2” (en sus sucesivas sedes), Casa de Hidráulica y Puesto Caminero de la localidad de Pilar. Hoy los tres primeros lugares tienen sus puertas abiertas al público y funcionan como Espacios para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos. La causa tuvo 45 represores imputados, con todas las garantías procesales aseguradas para obtener un fallo legítimo y reparador. La mayoría de los imputados son o fueron miembros del Ejército entre oficiales, suboficiales y personal civil de inteligencia (PCI) y de la Policía Provincial. Se encuentran también imputados miembros de Gendarmería y de la Fuerza Aérea

[5] Información obtenida en https://apm.gov.ar/apm/rese%C3%B1a-hist%C3%B3rica-d2 Ultimo ingreso: 13 de noviembre de 2023

[6] Los Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en Córdoba fueron: El “Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba”, que funcionó de 1974 a 1983, ubicado en el Pasaje Santa Catalina, en pleno centro de la ciudad cordobesa. “La Ribera”, que función de 1975 a 1979, ubicado en la zona noreste de la ciudad de Córdoba, a pocos metros del Cementerio San Vicente. La “Casa de la Dirección General de Hidráulica del Dique San Roque”, que funcionó desde 1976 a 1980, en la localidad de Carlos Paz. “Malagueño” o “La Perla chica”, que funcionó de 1976 a 1979 en la entrada de la localidad de Malagueño, cerca de la autopista que conduce a la ciudad de Carlos Paz. “La Perla”, que funcionó entre 1976 y 1978, ubicada sobre la ruta número 20 que une las ciudades de Córdoba y Carlos Paz. Información disponible en el catálogo Centros Clandestinos de Detención en Córdoba, elaborado por la Comisión Provincial de la Memoria, año 2009

[7] La aparición en la escena pública cordobesa del Comando Libertadores de América data de mediados de 1975. Si bien fue conocida como la versión cordobesa de la Triple A, Duhalde (1999) considera que entre ambas organizaciones existieron claras diferencias: mientras que la Triple A tenía mayor autonomía operativa en relación con las FFA, el CLA tuvo una dependencia orgánica del III Cuerpo de Ejército, en tanto estaba a su frente un militar, el Capitán Vergez. El CLA fue una organización en la que se plasmó el ingreso activo del Ejército en la represión clandestina del Estado, y cuya marca registrada fue la alevosía de los crímenes cometidos y las metodologías de tortura al momento del asesinato.

[8] La entrevista fue realizada a David, médico forense que ingresó a la Morgue judicial en 1985 y que continúa desempeñándose ahí en la actualidad

Bibliografía de la ponencia

Butler, J. (2010). Marcos de guerra: las vidas lloradas. México: Editorial Paidós-

 

Das, V. (2016). Violencia, Cuerpo y lenguaje. México DF: Fondo de Cultura Económica

 

Despret, V. (2021). A la Salud de los Muertos. Relatos de quienes quedan. Buenos Aires: Editorial Cactus, 2021.

 

Duhalde, E. L. (1999). El Estado Terrorista Argentino. Quince años después, una mirada crítica. Editorial Eudeba.

 

Foucault, M. (1968). Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

 

Ginzburg, C. (2003). Tentativas. Michoacán: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

 

Messina, (2019). Escribir la violencia. Hacia una escucha de la destrucción del lenguaje. En I. Ferber, A.L. Messina y A.Potestá (Ed.)Escribir la violencia. Hacia una gramática del grito (pp.7-18). Santiago de Chile: Metales pesados.

 

Muzzopappa, E. y Villalta, C.  2011. Los documentos como campo. Reflexiones teórico-metodológicas sobre un enfoque etnográfico de archivos y documentos estatales. Revista Colombiana de Antropología, 47(1).

 

Segato, R. (2013). La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Territorio, soberanía y crímenes del segundo Estado, México DF: Editorial de la Universidad del Claustro Sor Juana.

 

Servetto, A. (2004). Córdoba en los prolegómenos de la dictadura. La política del miedo en el gobierno de Lacabanne. Estudios. (15)

 

Tiscornia, S. (1999). Entre el imperio del «Estado de policía» y los límites del derecho Seguridad ciudadana y policía en Argentina. 1. V. Centro de Estudios Legales y

Sociales-CELS: Derechos Humanos en la Argentina: Eudeba.

 

Verdery, K. (1999) The Political Lives of Dead Bodies. Nueva York, Columbia University Press, 1999.

 

Documentos

 

Archivo Provincial de la Memoria. Fondo documental “Morgue Judicial”, Sección “Hospital San Roque”. Serie “libro matriz”, Córdoba, 1976.

 

Páginas web

 

Archivo Provincial de la Memoria. Página oficial del Archivo Provincial de la Memoria de la Provincia de Córdoba. https://apm.gov.ar/apm/portada Fecha de último ingreso 1/12/2021.

 

Informes

 

H.I.J.O.S. - Regional Córdoba, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba y de las instituciones dependientes de la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba (2012). Informe Megacausa “La Perla”. Informe sobre el Juicio al terrorismo de Estado en Córdoba. Archivo Provincial de la Memoria y los Espacios para la Memoria y la promoción de los Derechos Humanos “La Perla” y “Campo de la Ribera”. Disponible en https://apm.gov.ar/em/megacausa-%E2%80%9Cla-perla%E2%80%9D-informe-sobre-el-juicio-al-terrorismo-de-estado-en-c%C3%B3rdoba

 

Informe CONADEP, septiembre de 1984. Disponible en https://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/argentina/informe-de-la-CONADEP-Nunca-mas.htm