Entre la jerarquización y la regulación: las iniciativas del Colegio de Graduados en Antropología en la transición dictadura-democracia

Introducción

Esta ponencia se elabora en el marco de una investigación en curso sobre la historia del Colegio de Graduados en Antropología de la República Argentina (CGA), una asociación civil creada en 1972 que tiene entre sus principales propósitos promover la jerarquización de la actividad profesional de la disciplina en Argentina. 

Nuestro propósito inicial fue reconstruir el rol que tomó el Colegio de Graduados en la etapa posterior a la dictadura de 1976-1983, su diagnóstico sobre el estado de la disciplina, su definición de las tareas a encarar en la agenda de la antropología argentina y las principales líneas de acción impulsadas. Nos planteamos estos objetivos en articulación con una investigación que nos encontrábamos realizando en paralelo sobre la reorganización del Departamento de Ciencias Antropológicas (DCA) en la Universidad de Buenos Aires luego del retorno de la democracia. El entramado de actores y espacios institucionales que podíamos reconstruir con esta articulación enriquecía la mirada tanto sobre el CGA como sobre el DCA.

Sin embargo, una vez iniciado el relevamiento documental y las entrevistas, notamos que nuestro recorte temporal inicial debía ser repensado, tanto por las características del corpus como por el desarrollo de ciertos procesos. Esto nos condujo a examinar en más detalle los años previos al fin de la dictadura militar y nos permitió trazar algunas líneas de continuidad en interés y proyectos del CGA y comenzar a identificar con mayor precisión los que surgen propiamente luego de 1983. Actualmente nos encontramos investigando las transformaciones y continuidades de la agenda gremial del CGA en los años de la transición dictadura-democracia teniendo en cuenta los siguientes aspectos: las formas de organización interna, los dispositivos de socialización de la información, la organización de actividades públicas, la activación de redes personales, la participación en instituciones y la articulación con otros espacios colegiados.

Respecto al corpus documental, hemos trabajado con los libros de Actas de Asambleas del CGA (1972-2019) y los correspondientes a las sesiones de la Junta Departamental de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (1988-1989). Asimismo, contamos con documentación del CGA que se encuentra archivada en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Debemos también destacar el listado de documentación titulado “Inventario del CGA” (22 de junio de 2006) y una serie de notas periodísticas referidas a intervenciones públicas del CGA, con relación a cuestiones vinculadas a la práctica profesional. 

La información relevada a partir de esta documentación de archivo se complementó con entrevistas realizadas a integrantes del CGA (y personas afines) cuyos testimonios contribuyeron a contextualizar los documentos, a interrogarlos y a orientar  la búsqueda de nuevos materiales. Ambos tipos de fuentes fueron procesadas en un programa de análisis cualitativo (N Vivo) que nos permitió organizar los distintos materiales en función de un esquema de nodos de análisis y de la definición de una serie de palabras clave.

Para esta ponencia nos enfocaremos en una serie de presentaciones y participaciones en encuentros que estuvieron orientadas a jerarquizar la labor de quienes se graduaban en la disciplina y al mismo tiempo ofrecer un marco regulatorio común. Las acciones a las que nos referiremos no agotan todas las realizadas en este sentido y existen otros aspectos relevantes del CGA que quedarán sin explorar; sin embargo, son a nuestro juicio un buen punto de partida porque permiten aproximarnos progresivamente a las disputas de largo aliento que sostiene el Colegio desde su creación.  

Los inicios

Tanto la práctica profesional como la docencia en el campo de la Antropología, en sentido amplio, existían en Argentina mucho antes del inicio de su historia específica como carrera universitaria de grado (a mediados del siglo XX), lo que derivó en procesos ricos en la diversidad de experiencias, pero atravesados por fuertes tensiones. En los primeros años de su existencia como carrera universitaria de grado, en los ámbitos académicos y profesionales convivieron quienes se iban graduando en las carreras recientemente creadas con una serie de personas que ejercían la antropología, daban clases en las carreras y hacían un ejercicio profesional de la disciplina, aunque provenían de otros campos (la historia, la biología, la geología, etc.) o, inclusive, de la práctica amateur.

En ese contexto, el 27 de julio de 1972 se creó el Colegio de Graduados en Antropología (CGA) a través de una asamblea general ordinaria que elige como presidente a Antonio Austral y como secretaria a Susana Chertudi. Este primer paso en el proceso de organización como asociación profesional y colegiación fue impulsado por quienes en ese momento ejercían la disciplina y tenían en muchos casos inserción institucional tanto en ámbitos gubernamentales como en las cinco universidades en las que para ese momento existía la carrera de grado: la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Nacional de Salta.

Miembros regulares

La cuestión del perfil profesional y la necesidad de contar con un título universitario específico para ejercer la Antropología constituye una tensión que está muy presente en la agenda inicial del CGA, en un momento en el que en muchos ámbitos convivían quienes se habían graduado en otras carreras universitarias, pero practicaban la antropología o la arqueología y quienes se habían graduado y ya tenían un título universitario específico, e inclusive quienes ejercían ciertos trabajos antropológicos sin contar con un título universitario.

El proyecto inicial de Estatuto, elaborado en 1972, definió el criterio de incorporación al Colegio en los siguientes términos:

Son miembros regulares: a) quienes posean título de Licenciado en Ciencias Antropológicas, Licenciado en Antropología u otros similares expedidos por Universidad nacional, Universidad Provincial o Universidad privada con títulos reconocidos por el Estado, siempre y cuando el plan de estudios abarque no menos de veinticuatro asignaturas; b) quienes posean título de Profesor o Licenciado en Historia con especialización en Antropología, otorgado por la Facultad de Filosofía con sede en Rosario con arreglo al plan de estudios que estuvo en vigencia entre 1959 y 1966; c) los argentinos con título extranjero en igual especialidad profesional, de nivel universitario similar al de los títulos mencionados en el inciso a) y que lo hayan revalidado en nuestro país. (Asamblea Ordinaria N° 1, 21 de agosto de 1973).

Sin embargo, en la primera Asamblea Ordinaria el presidente del CGA, Antonio Austral, propone que “se reconsidere el tema de la invitación, por única vez, a docentes e investigadores no antropólogos que no cumplen con las condiciones requeridas, pero que han desarrollado labor destacada en la antropología y en especial en la formación de los actuales antropólogos, para que se incorporen al Colegio en calidad de miembros extraordinarios” (Asamblea Ordinaria N° 1, 21 de agosto de 1973), tema que había sido debatido y rechazado por la Asamblea Constitutiva realizada el año anterior (Acta de Constitución, 27 de julio de 1972). El presidente formaliza su moción con la propuesta del siguiente texto: 

Podrán incorporarse como miembros extraordinarios aquellos profesionales universitarios a quienes invitare la Asamblea, aunque no posean el título exigido (...), siempre que hayan estado a cargo de cátedras universitarias en asignaturas antropológicas antes del 31 de diciembre de 1962 y formalizar en su aceptación antes del 30 de junio de 1974. (Asamblea Ordinaria N° 1, 21 de agosto de 1973).

La asamblea aprobó la incorporación de esta cláusula transitoria y se propusieron los nombres de Osvaldo F. A. Menghin, Alberto Rex González, Armando Vivante, Augusto Raúl Cortazar y Berta Vidal de Battini. Esta discusión sobre quienes pueden ser considerados miembros regulares se reactualizará en otros momentos de la historia del CGA y su reconstrucción es una de las líneas de indagación que seguimos.

Código de ética

La necesidad de elaborar un Código de Ética fue otro tópico de debate en los comienzos de la actividad del Colegio. En la Asamblea Ordinaria N° 2, el 27 de agosto de 1974, se expone una situación que muestra varias aristas del tema en debate, pero sobre todo, ilustra la dinámica de las relaciones entre los antropólogos de aquel momento, que conformaban una comunidad pequeña y estructurada a través de relaciones personales muy próximas.

En dicha asamblea, la Lic. Piña informa que ella y otras dos colegas han renunciado a sus cargos de profesoras en el Instituto de Trabajo Social, que han sido reemplazadas por el Lic. Llanos. En virtud de ello, la asociada propone que en el Código de Ética que se está preparando se incorpore una disposición por la cual el profesor que reemplace a otro debe “averiguar las causas de la renuncia y solicitar al Colegio que se expida sobre si existe falta de ética al reemplazarlo” (Asamblea Ordinaria N° 2, el 27 de agosto de 1974). El Lic. Llanos, también presente en la Asamblea, agrega que en este caso en particular se trataba de tomar el examen final a alumnos del cuarto y último año, que el instituto se cerraría definitivamente una semana después y que iba a donar los honorarios al Colegio.

Más allá del resultado de la votación (la moción resulta aprobada), tanto la situación planteada como las propuestas de regulación remiten a la idea de un grupo de profesionales que estaban vinculados por relaciones interpersonales más o menos estrechas, que desarrollaban sus actividades en espacios compartidos y ejercían un control bastante directo sobre las prácticas de sus colegas. En ese contexto, la discusión sobre el Código de Ética iba delineando también los contornos de una práctica profesional aún en construcción. Si bien este interés en torno a cuestiones éticas del ejercicio profesional no llegó a concretarse en la elaboración de un Código, recientemente (2022) tuvo lugar la formación de un Comité de Ética en Investigación (CEI-CGA). 

Relevancia social e interés nacional de la disciplina

El consenso del perfil profesional y la elaboración de un Código de Ética estaban todavía en proceso de construcción cuatro años después de la creación del Colegio, cuando el orden constitucional de la Argentina se vio roto por el último golpe de Estado (1976-1983). Durante estos años el CGA sostuvo su agenda inicial con las sucesivas presentaciones (1976 y 1979) de la ley de ejercicio profesional y de protección de patrimonio y, además, encaró diversas acciones para hacer frente al cierre, la discontinuidad y la reestructuración de las carreras de Antropología, argumentando la necesidad social de la disciplina, particularmente en términos de intereses nacionales.

La primera acción pública se llevó adelante muy temprano, en los primeros meses de 1976, luego de que el gobierno de facto pusiera en circulación un documento de trabajo elaborado por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación en el que se anunciaba un proceso de estudio para reorganizar y eventualmente cerrar las carreras de grado de Antropología, Sociología y Psicología. Ante ello, el CGA elaboró una respuesta interpelando directamente al ministro, Ricardo Pedro Bruera, en la que expresaba su posición con respecto a la medida anunciada, y la puso a disposición de los medios de comunicación. 

El diario Clarín le dio difusión al reclamo del Colegio en una nota que comienza así: “El colegio de graduados en Antropología cuestionó los lineamientos del documento de trabajo sobre reorganización universitaria, en el que se alentó la posibilidad de suspender el dictado de esa carrera y las de Psicología y Sociología”. (Antropólogos ante un tema polémico, Diario Clarín, 1976). El argumento central del rechazo a la medida se resume en que “las necesidades nacionales exigen justamente la capacitación especializada a través de carreras autónomas” y se pone énfasis también en que la creación de la carrera de Antropología en distintas universidades nacionales en esos 18 años “respondió a necesidades reales” y no al crecimiento “caótico, irracional, ilógico y antiacadémico” atribuido por el ministerio de educación de la dictadura al último cuarto de siglo de la vida universitaria (Antropólogos ante un tema polémico, Diario Clarín, 1976).

Una segunda acción importante y de alta visibilidad pública impulsada por el CGA en el año 1980 fue la recolección de firmas y fondos para publicar una solicitada en los diarios en defensa de las carreras de Antropología en el país. Allí se manifiesta la preocupación por el futuro de la carrera de Antropología en todas las Universidades Nacionales y se reafirman los argumentos en favor de mantenerla como carrera de grado dada la necesidad de formar profesionales con conocimientos teóricos y capacidad de aplicar la ciencia, por un lado, y la importancia de sostener el campo laboral de los profesionales de la disciplina.

En la copia de la solicitada que salió publicada en el diario figuran 95 firmas, recabadas a través de una estrategia de contactos personales en las redes de antropólogas y antropólogos que seguían subsistiendo a pesar de la represión y la persecución política y que, mirada desde el presente, fue también bastante riesgosa. Según los relatos de algunos colegas que participaron de esa acción, muchos de ellos no pudieron firmar o bien porque estaban en prisión política o en la clandestinidad, o porque evaluaban que era peligroso que su nombre apareciera en un medio de comunicación. En las conversaciones mantenidas con varixs graduadxs que participaron en el CGA en aquellos días hubo consenso en otorgar mucha importancia a esta acción del Colegio, no solamente como posicionamiento público sino también como forma de identificarse y reconocerse como grupo profesional.

El 8 de octubre de 1981 el CGA envía una nota al Ministro de Cultura y Educación de la Nación, que en ese momento era Carlos Alberto Burundarena, en la que expresa una vez más (ya había hecho presentaciones similares en los años anteriores) la preocupación por la situación de las disciplinas antropológicas en el país y a su vez retoma el tema de las leyes de ejercicio profesional y protección de patrimonio. Esta nota está firmada por la presidenta del Colegio, Cristina Soruco de Madrazo, y por el secretario, Marcelo Álvarez. Este es un documento muy importante para analizar la historia tanto del Colegio como de las carreras de Antropología, porque incluye un panorama general y recapitulación de lo actuado en lo relativo a:

- La situación de la carrera en cada una de las universidades nacionales en las que se dicta a esa fecha.

- El Anteproyecto de ley de Reglamentación del ejercicio de la Profesión de Antropólogo, reseñando todas las gestiones realizadas desde el año 1976 hasta esa fecha.

- El Anteproyecto de ley de Protección del Patrimonio Paleoantropológico y/o Arqueológico 

A partir de la lectura de las memorias halladas, sabemos también que, además de presentar el documento escrito, el CGA mantuvo una reunión personal con el ministro Burundarena, en la que “se expusieron los problemas de la enseñanza de la disciplina y se requirió la participación del Colegio en las instancias de análisis antes de la adopción de resoluciones definitivas” (Memoria presentada por el CGA ante la Inspección General de Justicia en octubre de 1982). 

Estas tres acciones son la parte visible, pública y documentada de un proceso que comprende una infinidad de gestiones, reuniones, entrevistas, solicitudes, etc. que no quedaron registradas, pero fueron impulsadas y realizadas desde el CGA durante los años del gobierno de facto, mucho menos visibles, pero no por ello menos importantes.

La estrategia de acciones públicas y visibilización de la situación fue posible tanto por la actividad de las autoridades del CGA como por la participación de gran parte de sus graduadxs que habían quedado fuera de los espacios académicos y profesionales, pero seguían en contacto entre ellos y con el Colegio y se sentían parte de una comunidad (sostenida en múltiples espacios de encuentro por fuera de las universidades). En la entrevista realizada a Juan Carlos Radovich (17 de marzo de 2022), hizo referencia a la dinámica de encuentro durante la dictadura que los mantenía en contacto entre ellos y con el Colegio y destacó la importancia de los cursos que organizaban por aquellos años. 

“La Asamblea”

A partir de 1984, las universidades nacionales iniciaron un camino de normalización de sus instancias de co-gobierno que incluyó la fundación y la refundación de una variedad de espacios y prácticas democráticas que se habían visto fuertemente afectadas por el clima de terror, represión, persecución política y expulsión vivido durante el periodo dictatorial. La Antropología, como carrera académica y como actividad profesional, no fue ajena a ese proceso histórico que dejó en ella marcas importantes. Por un lado, el antagonismo y la tensión en la etapa previa entre los profesionales agrupados en el Colegio y las universidades nacionales gestionadas por delegados interventores de la dictadura (algunos con cargo en las fuerzas armadas, inclusive) designados en distintos cargos académicos, dejaron paso a una etapa en la que los antropólogos fueron convocados para trabajar en las universidades en docencia e investigación, y participar en diferentes espacios de gestión. Por el otro, las épocas signadas por el riesgo continuo de cierre de las carreras dieron paso a un tiempo de fortalecimiento y consolidación de las mismas en el contexto de una política académica y científica democrática y en expansión.

Este proceso se dio en el marco de una comunidad antropológica a nivel nacional que, como se dijo más arriba, en la década de 1980 conservaba todavía las características de sus primeros años: era pequeña y sus integrantes en su mayoría estaban vinculados entre sí por relaciones profesionales y personales en algunos casos bastante cercanas. Hasta el año 1983, como se consigna más arriba, se estima que en todo el país había alrededor de 700 graduados en Antropología, y esas dimensiones se corresponden con una trama social en la que regía cierta lógica “cara a cara”, basada en relaciones interpersonales forjadas en los espacios alternativos que fueron ya mencionados, en los que se habían refugiado durante los días de la dictadura. 

Una de las primeras cosas que hizo el CGA a pocos días de finalizada la dictadura, según rememoran muchos antropólogos, fue llamar a una “asamblea”. El recuerdo de Juan Carlos (Ivi) Radovich, por ejemplo, es que “apenas asumió Alfonsín (...) en febrero de 1984 y antes de empezar el ciclo lectivo hubo una asamblea del Colegio, posiblemente en la Fundación del Banco de Boston donde el padre de una compañera era funcionario y permitió que el salón se usara (...) Eso fue resultado de toda la efervescencia que venía con la recuperación democrática y de que había posibilidad de hacer cosas, fue una asamblea muy grande”. (Entrevista a Juan Carlos Radovich, 2023)

En el libro de Actas de Asambleas del CGA (ordinarias y extraordinarias) no figura una asamblea en esa fecha. Según los registros de dicho libro, la Asamblea Ordinaria N° 11 se realizó el 25 de octubre de 1983, pocos días antes de las elecciones presidenciales de ese año mientras que la Asamblea Ordinaria N° 12 se llevó a cabo el 2 de noviembre de 1984, y no hay registro de otra asamblea entre ellas en dicho libro. El libro de Actas del Consejo Directivo del Colegio correspondiente a ese período, por su parte, lamentablemente no ha podido ser localizado a pesar de la búsqueda realizada. De todos modos, la reunión de principios de 1984 evocada por algunos colegas no parece haber sido una reunión de ese tipo.

Estas constataciones iniciales nos condujeron a la búsqueda y revisión de otro tipo de fuentes que no estaban inicialmente disponibles. Encontramos una referencia importante en la presentación anual ante la Inspección General de Justicia que hizo el Colegio en noviembre de 1984. En este trámite burocrático obligatorio para todas las asociaciones civiles, se adjunta como parte de la documentación requerida una memoria de las actividades realizadas durante el período informado, que en este caso va del 1 de julio de 1983 al 30 de junio de 1984. En dicha memoria, en uno de los puntos se consigna que: 

para el 5 de enero de 1984, se realizó una convocatoria a miembros del Colegio, profesionales vinculados al quehacer antropológico, especialistas y estudiantes, para discutir puntos fundamentales acerca de la situación de la Antropología en la Argentina. Como resultado de la misma, se formaron cuatro comisiones cuya finalidad fue tratar los siguientes temas: a) plan de estudios; b) situación de las carreras de antropología; c) situación de los institutos de investigación; y d) aspectos relacionados con la legislación sobre el patrimonio nacional antropológico. (Memoria presentada por el CGA ante la Inspección General de Justicia, 1984).

Esta es, casi con seguridad, la “asamblea” que ha quedado registrada en la memoria de la comunidad antropológica: una reunión ampliada, convocada por el Colegio, para comenzar a trabajar los ejes de la agenda de la nueva etapa que eran, por cierto, muchos y muy urgentes. Es así que, a escasas dos semanas de iniciado el gobierno del presidente Alfonsín, el CGA ya había realizado una primera actividad en la que se pusieron de manifiesto dos cuestiones: por un lado, la necesidad de convocar a todos los colegas para renovar los lazos de la red de relaciones existente y asumir un papel activo como asociación profesional; por el otro, la importancia de comenzar a discutir los temas que retoman la agenda previa del colegio y la reactualizan en puntos de trabajo para los próximos años.

De dicho documento también se desprende que en enero de 1984 representantes del Consejo Directivo del CGA se entrevistaron con el rector de la UBA y le plantearon una serie de inquietudes vinculadas con la carrera de Antropología (concursos docentes, revisión del plan de estudios, situación de institutos y museos dependientes de la Facultad de Filosofía y Letras). Por esos días también, el CGA tuvo una entrevista con el nuevo director del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, a quien se le hizo entrega de un documento sobre “Políticas de investigación”. En los meses siguientes se le pidió asesoramiento con relación al cambio de plan de estudios de la carrera de Antropología en la Universidad Nacional de La Plata, mientras que desde el Departamento de Asuntos Universitarios del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación fue convocado a prestar su asesoramiento acerca de la creación de la carrera de Antropología en la Universidad Nacional de Jujuy. 

Así, desde el inicio de la etapa democrática, el CGA se instaló rápidamente como un actor e interlocutor en las profusas reuniones que por esos días se celebraban, en el contexto de la puesta en marcha y la redefinición de las más variadas cuestiones vinculadas a la docencia y la investigación. A partir de 1984, algunxs de los afiliadxs más activos ocuparon cargos docentes y de investigación en universidades nacionales, y en algunos casos también asumieron cargos de gestión en las carreras. La actividad del CGA en los primeros meses luego de la dictadura se orientó hacia una política de participación e incidencia en diferentes cuestiones vinculadas al ámbito académico de las universidades nacionales. En simultáneo, continuó su tarea de articulación con diferentes organismos estatales para ampliar y/o consolidar los espacios de inserción profesional. El Colegio realizó gestiones ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para actualizar un pedido que ya había presentado durante los años de la dictadura, en el cual se solicitaba la inclusión de antropólogos en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, en el campo de la diplomacia. Por esa misma fecha, se propuso la incorporación de antropólogos en distintas áreas de Salud Mental, al Censo Nacional Agropecuario y a asignaturas de la escuela media.

Pasos a seguir

Las diversas discusiones y actividades que encaró el Colegio tendientes a jerarquizar y regular la práctica profesional tuvieron que adecuarse a los marcos de discusión que habilitaron los distintos contextos sociopolíticos, pero también a la notable transformación en la cantidad de graduados/as que ocurrió en solo dos décadas.  El lugar de reconocimiento y el papel activo asumido por el Colegio de Graduados en Antropología en la transición entre la dictadura y la vuelta a la democracia, junto con el cambio de escala de la comunidad antropológica y las nuevas posibilidades profesionales y laborales que se abren en la etapa de la posdictadura, iniciaron un período muy fértil para la realización de actividades y el desarrollo de proyectos. Asimismo, entre 1983 y 1985, se produjo un intenso intercambio que culminó con la reforma del estatuto del CGA. Hemos presentado algunos de estos elementos en Martinez et al. (2023) y serán objeto de análisis en una instancia posterior.

Bibliografía de la ponencia

Bibliografía y fuentes

AA.VV. Antropólogos antes un tema polémico, Diario Clarín, 1976 (s/f).

Colegio de Graduados en Antropología. (1972) (1974) Acta de Constitución. Libro de Actas. Argentina.

(1973) Asamblea Ordinaria N° 1. Libro de Actas. Argentina.

(1974) Asamblea Ordinaria N° 2. Libro de Actas. Argentina.

(1982) Memoria presentada ante la Inspección General de Justicia. Argentina. 

---. (1984) Memoria presentada ante la Inspección General de Justicia. Argentina. 

Radovich, Juan Carlos. (2022) Entrevista, 17 de marzo de 2022. Buenos Aires, Argentina.

Martínez, Josefina; Name, Julia; Costilla, Julia; Estruch, Dolores; Ramos, Alejandra. (2023). El Colegio de Graduados en Antropología en el periodo post dictadura: ejes de trabajo y articulación con la carrera de Ciencias Antropológicas de la UBA.  En Hirsch, S., Cebolla Badie, M., Muzzopappa, E. (eds.) El Colegio de Graduados en Antropología de la República Argentina: historias, trayectorias y recorridos. CGA, Buenos Aires. 91-124.