El Informe Social como fuente. Elementos para una etnografía de y para las políticas públicas

Título

El Informe Social como fuente. Elementos para una etnografía de y para las políticas públicas^[1]

Simposio No: 19

Autores

Mag. Franquelli, Carla. Profesora de Antropología e Investigadora Universidad Nacional del Comahue.

Gutiérrez, Alan. Estudiante de Trabajo Social, Universidad Nacional del Comahue.

Serrano, Sebastián Ezequiel. Estudiante de Antropología, Universidad Nacional de Rio Negro.

Lic. Torres Salazar, Belén. Profesora e Investigadora de la Universidad Nacional del Comahue.

Palabras Clave

Informe Social, Políticas Públicas, Etnografía, Sujetos Populares

El presente trabajo es un avance de lo que venimos investigando en el Proyecto denominado “Antropología Política, Cuestión Social y Feminismos Interseccionales”, dependiente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue.

Nuestro objetivo es reconocer una dimensión política popular en el proceso de confección de las diversas políticas públicas, teniendo en cuenta que éstas provienen en mayor o menor medida de conflictos sociales que pueden tener, como respuesta, la disolución por vía de la represión. Por esta razón vamos a caracterizar brevemente el rol del Estado para ver de qué modo esa dimensión política popular alcanza o no a permear el diseño de políticas públicas.

La distancia entre una respuesta represiva o una respuesta de intervención social, reside en la concepción de Estado que pivotea en función de qué perspectiva se le dé a dos pilares que nos interesan fundamentalmente: el monopolio de la violencia y la recopilación, registro y control de información de la población. Desde la conformación histórica del Estado moderno en Latinoamérica aparece la constante tensión entre dos grandes proyectos políticos, que representan roles diferenciados del “Estado” ante los conflictos sociales que expresan los sectores populares.

A partir de este posicionamiento, hemos sentido la urgencia de investigar algunas instancias del trabajo social con las que podemos evaluar el diseño de políticas públicas, aunque es cierto que ya la propia existencia de estas nos brinda coordenadas interesantes para analizar lo que entendemos por “Estado”. En este trabajo nos abocaremos a analizar los Informes Sociales en tanto documentación que el Estado genera para administrar los diferentes programas, subsidios, ayudas y coberturas disponibles.

En esta situación se nos hizo evidente que el Informe Social (en adelante IS) contiene entrevistas, que suelen ser múltiples y con seguimiento, y son el resultado de la intervención de les trabajadores sociales que cumplen con el fin de conectar un programa, recurso o subsidio con casos particulares de asistencia. La enorme cantidad de estos IS y la extensión territorial que cubren forman parte de un archivo desconocido y no sistematizado que proponemos trabajar.

La reunión y sistematización de muchos de estos IS es pasible de ser analizada como una fuente privilegiada de documentación, desde la que podremos formular una investigación antropológica sobre las políticas públicas y el Estado. Por esto mismo, nos proponemos trabajar a partir de planteos de Foucault (1975) para mostrar las operaciones lógicas que se trazan desde el Estado y sus conexiones estratégicas para la exclusión, tanto discursiva como material de diverses sujetxs. Estas operaciones de exclusión configuran un “nosotros” que, al mismo tiempo, establece como exterior al sujetx de la asistencia en tanto “obstáculo” que impide el “progreso” de la sociedad; un sujetx que debe acceder a algunos recursos pero no administrarlos. Claramente el juego de la asistencia puede darse sólo si esa lógica del Estado permanece con exclusiones que permiten al “nosotros” creer en la igualdad invisibilizando desigualdades intrínsecas del sistema capitalista: “la sociedad industrial exige que la riqueza esté directamente en manos, no de quienes las poseen, sino de los que permiten extraer de ella una ganancia al hacerla trabajar” (Foucault, 1975, p. 150). Más adelante se retomará el caso de les sujetxs catalogades como improductives. A razón de esto es menester dar cuenta de los procesos históricos particulares que fundamentan la perspectiva histórico-crítica de la cuestión social ya que entiende que el Estado es la estructura que concentra el monopolio de la fuerza y, en su expresión burguesa, genera políticas sociales sólo hasta ese punto en que sean necesarias para garantizar la acumulación. Para Netto (1992) todo conflicto es producto de la desigualdad:

“Este núcleo elemental de tensiones y conflictos aparece organizado en su modalidad típica de intervención sobre la ‘cuestión social’, conformada en las políticas sociales- intervención que la fragmenta en problemas automatizados, pero que se realiza sistemática, continua y estratégicamente, en respuestas que trascienden largamente los límites de la coerción siempre presente.” (p.76)

El conflicto nace en los sectores que parten de la certeza de no formar parte del “nosotros” discursivo de la nación, construido con los instrumentos legales e institucionales que mantienen una supuesta garantía de igualdad formal. La intervención social y el monopolio de la violencia son dos herramientas del Estado que apuntan a los sectores populares y la clase trabajadora, buscando “reparar” o anular las expresiones políticas de estos sectores.

Como venimos planteando, un eje central en nuestro análisis es la concepción de lo popular en Latinoamérica. Es así que pensamos con Argumedo (2004) que las explicaciones clásicas de sociedad, como la del marxismo, no pueden ser trasladadas a las experiencias latinoamericanas ya que contienen concepciones de sociedad cultural e históricamente diferentes. Para definir mejor a les sujetxs que quedan excluides del “nosotros” es necesario conocer las acciones políticas de los sectores populares motivadas por la certeza de la exclusión, y que provocan una ruptura hacia el imaginario de igualdad restringido.

Históricamente en Latinoamérica se enfrentan dos proyectos hegemónicos que, para este trabajo, podemos diferenciar a partir de dos elementos fundamentales: primero, el modo de enfrentar el conflicto social en el territorio, es decir, y esto está bastante estudiado, que la estructura del Estado tiene el monopolio de la fuerza pero que el sentido que cobra en cada modelo muestra una de las diferencias de mayor importancia. El segundo elemento es el acopio y utilización de la información de la población, es decir, el registro vital-civil con todas sus instituciones y variantes.  Este segundo elemento establece la relación saber-poder legitimada en la confección del dato regularizado en tanto es recopilado por el mismo Estado; o sea que, es la materia original de bases de datos específicas y controladas. 

Pensar las diferencias de proyectos políticos que orientan al Estado moderno latinoamericano consiste en identificar la existencia o la anulación de esa dimensión política popular que se comporta como punto ciego para el Estado; es decir, como el área entre los registros y el objeto de represión. 

Carballeda (2018) ubica la diferencia analizando cuál es la concepción de sujetx de lo popular que caracteriza a cada modelo. Es así que afirma que en el modelo popular se asiste a los sectores golpeados por la desigualdad valorizando su cotidianeidad cultural. En cambio, el modelo asentado en aumentar la desigualdad busca transformar el ethos de lo popular y, por esta razón, impone como parte de su acción lo represivo. A partir de lo planteado por este autor nos preguntamos: ¿qué pasa cuando el conflicto es considerado constitutivo de los sectores populares? ¿Y, qué pasa cuando es entendido como producto estructural del sistema? 

Es claro que en ambos proyectos encontramos la presencia de les trabajadores sociales pero su intervención está condicionada por la concepción de la otredad y de lo popular de uno u otro modelo. Esto nos resulta fundamental porque nos permite comprender el porqué de la existencia de tan diferentes concepciones de la intervención y de la cuestión social. Toda intervención se plasma en uno o varios IS que reproducen o rompen con las lógicas homogeneizantes sobre les sujetxs de la intervención. Pero ¿de qué modo el IS nos permite reconocer la dimensión política popular? En lo que sigue vamos a analizar un conjunto de IS para obtener algunas líneas que nos permitan responder, más abajo, a esta pregunta.

Construcción de un método etnográfico sobre los Informes Sociales

Los IS que hemos trabajado provienen de diferentes trabajadores sociales de la región norpatagónica y fueron elaborados para distintas instancias estatales (salud, violencia de género, educación, justicia). En esta primera aproximación nos enfocamos en recuperar los relatos que hay detrás de cada IS. En una mirada conjunta de los IS nos encontramos con datos concretos, estandarizados, junto a relatos vitales que les profesionales construyen cada vez. Se advierte de modo constante la descripción de casos particulares, puesta en relación con contextos determinados, lo cual le confiere una escala social, histórica y regional al sujetx singular. Esta particularidad hace que una mirada etnográfica sea pertinente para relevar qué configuraciones de sujetx hay en la confección de esta documentación.

En lo epistemológico, con relación al problema del sujetx, adoptamos la perspectiva interseccional porque desde ésta se visibilizan las intersecciones de opresión que constituyen al excluide. Para ampliar esta definición retomamos a Dorlin (2009, citada por Vigoya [2016]), quien enuncia que:

“Las teorías de la interseccionalidad se han movido entre dos aproximaciones a la dominación: una analítica y una fenomenológica. Desde la primera perspectiva, toda dominación es, por definición, una dominación de clase, de sexo y de raza, y en este sentido es en sí misma interseccional, ya que el género no puede disociarse coherentemente de la raza y de la clase. Para la segunda perspectiva, lo que es interseccional es la experiencia de la dominación, como en el caso de la compañía de General Motors analizado por Crenshaw a propósito la violencia ejercida contra las mujeres excluidas” (p. 7-8).

En lo metodológico vemos elementos que nos permiten reconocer la dimensión política popular, que los podemos construir a partir de los siguientes tres ejes:

●       Las estrategias contrahegemónicas que crean les trabajadores sociales, dentro y fuera del IS.

●       La voz del sujetx intervenide. 

●       Las prácticas críticas que superan a la estructura de los IS clásicos y estandarizados. 

Los Informes Sociales

Dentro de la estructura general de todo informe social podemos encontrar un planteo de la situación con su correspondiente justificación de gravedad, luego el marco normativo con el que se perfila una desprotección que debe ser abordada y, al final, la solicitud de asistencia a través de la mención de programas, subsidios o derivación a áreas específicas para la resolución. Generalmente se retoma una mirada positivista de la escuela clásica del trabajo social que entiende que “para intervenir en la realidad social con el propósito de modificarla hay que conocerla” (Elichiribehety, 2012, 458). 

En un grupo de IS que analizamos, la profesional que trabaja con le sujetx de la asistencia describe el caso detallando cómo ha sido su primer contacto, el relato “objetivo” (informe ambiental), la interpretación, diagnóstico y plan de acción. En concreto la práctica se efectúa en el área de salud mental. Se describe la situación de calle de un adulto mayor, con secuelas de salud provocadas por un cáncer de colon y una vida dedicada a trabajar en la construcción. Dos de los IS están dirigidos al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Neuquén legitimando los pedidos bajo la Ley Nacional 27360, la Provincial 3349 y el convenio interministerial provincial de salud con el Ministerio de Desarrollo Social. El otro está dirigido a la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Añelo (Provincia de Neuquén) con el fin de obtener un monto básico de dinero para cubrir las necesidades personales y habitacionales hasta que se haga efectiva la tramitación de la pensión universal al adulto mayor. La trabajadora social en el IS sitúa la problemática, en tanto argumentación, en la crisis habitacional producida por el boom inmobiliario de Vaca Muerta junto a la especulación, la falta de construcciones y las empresas petroleras como formadoras de precios (Aburto, 2022). 

Si miramos los últimos datos recogidos por la ENCaViAM^[2] (INDEC 2012) el cuidado de los mayores con altos niveles de vulnerabilidad recae fundamentalmente en la familia (77,4%) y, en menor grado (15,7%), sobre personas que se contratan para tal fin (especializadas y no especializadas en cuidados). En el caso de las personas mayores más jóvenes (60 a 74 años) con dependencia básica, la figura del principal cuidador recae, en mayor medida, sobre la familia (85,6%) o una persona amiga o vecina (7%). En el caso del grupo de edades más avanzadas (75 y más) pierden peso estas categorías y aumenta el porcentaje del personal no especializado (16%) y las cuidadoras especializadas (4,7%). Detrás de estos números hay sujetxs que requieren asistencia social y son institucionalizades a través de la intervención de les trabajadores sociales. Por este motivo es necesario comprender cuál es la forma en la que les profesionales deciden incidir plasmada en las elecciones discursivas en el IS, siendo este último un documento que refleja una práctica contrahegemónica al poner la situación de le sujetx intervenide como consecuencia del modelo extractivista de la economía municipal, provincial y nacional. 

Además, le intervenide queda estigmatizade dentro del modelo biomédico en un proceso de discapacitación social. Este modelo no solo impacta en la gestión de la salud, sino que posee repercusiones en la representación cultural-capitalista sobre le enferme. Taylor (2017) apunta a que este modelo de la discapacidad somete a la figura de le discapacitade a un proceso de alterización, en otras palabras, es deshumanizade. Esta es la forma en la que se trata a las personas con factores de riesgo que se describen como “más débiles” o como “una carga” que, “por su propio bien” y porque “su destino no es sobrevivir”, actualizan dispositivos naturalistas de la biopolítica del Estado moderno. Esta situación extrema nos permite analizar que el Estado funciona como garante de las relaciones de producción que mantienen a les trabajadores como sujetx de esa relación, empujando a les “no productives” a planos secundarios en el mejor de los casos.

En base a esta segmentación de le sujetx entre productive/improductive, Piña (1985) dice:

“Si la lógica de acción del mundo obrero, a nivel organizacional y simbólico, así como sus reivindicaciones históricas específicas (derecho a huelga, mejoras salariales, condiciones de trabajo dignas, etc.) son aceptadas como legítimas (en tanto posibilidad de entrar en el juego de las demandas mediante interlocutores estatales, alianzas políticas, etc.) es porque su inserción en el aparato productivo se identifica con funciones positivas y esenciales para el funcionamiento del sistema. De hecho, la problemática obrera específica en las democracias formales, es aceptada como legítima en tanto no pone en cuestión la meta de ‘desarrollo’ que se ha llegado a constituir en verdadero patrón cultural que en el campo de los objetivos ‘unifican’ al sindicato y a la industria. En el caso de la masa marginal, para seguir con el ejemplo, su existencia no se identifica con funciones positivas en la economía y, por tanto, sus reivindicaciones por consumo y mejora en las condiciones de vida a nivel local carecen de toda legitimidad en el marco cultural del ‘desarrollo´.” (p.27-28)

En tanto le adulte mayor forma parte de la otredad improductiva, ha quedado desplazade del acceso a la salud, la vivienda, la jubilación. Esto es sin dudas un registro tanatopolítico que se ejecuta en el pasaje de la vida activa a la pasiva, en donde no sólo merman las protecciones sociales sino que además se convierte en sujetx social despolitizade por definición, dado que socialmente no se le atribuye a les jubilades más actividad que la supervivencia dentro de los patrones culturales del desarrollo y las inversiones públicas y privadas que han convertido a la zona de Añelo en el corazón extractivista de la Patagonia.

Son les sujetxs de estos IS, en general, personas singulares que están atrapades en la subsistencia. Participan de un imaginario asistencialista en el que son construides como le otre deficiente, corporalidades subalternizadas, con demandas urgentes que se tramitan lentamente por los circuitos institucionales (Hermida y Alabarce: 2021). Dado que no es catalogado como urgente, la gestión de los recursos que la trabajadora social solicita suele llevar un largo proceso burocrático. 

El caso que venimos analizando puede ser visto desde la lógica del biopoder en su aspecto tanatopolítico. Es el texto de estos IS el que explica cómo le sujetx intervenide es esa expresión cuerpo-territorio, vejez-extractivismo.

Otro conjunto de IS analizados aborda casos de violencia de género. En la primera parte de la descripción de la situación se suele incluir una caracterización de la “familia” que se vuelve especialmente detallada. Si bien existen variaciones acerca de cómo volcar la información familiar y de residencia, es en estos IS donde pudimos advertir concepciones de familia y de sociedad diferentes. 

Estos IS manifiestan las necesidades de una madre soltera que convive con su madre y sus dos hijes, y solicita apoyo económico y social del plan Potenciar Trabajo para poder recuperarse de forma total de los intentos de femicidio de su ex pareja. En estos IS se narra una genealogía familiar atravesada por violencia machista. En este sentido la intervención por parte de la trabajadora social no se detiene en un enfoque puramente material. También retoma la necesidad de incluir a las redes de apoyo y la reconstrucción subjetiva de la mujer como parte del plan de acción al proyectar su emancipación. La particularidad de este informe radica en que la solicitante ha pasado previamente por diversas instituciones en las que no se le logró dar respuesta: Hogar de Protección Integral, el SAT , la defensoría, la municipalidad, el SENAF, el ETI y el Juzgado de “Familia, defensoría de menores e incapaces”. Todas estas instituciones han conformado, previamente, IS que confirman la relevancia para la intervención. Además, se adjuntan las diversas denuncias que han realizado les hijes por violencia ejercida por parte de su progenitor en estado de ebriedad y que fueron anteriormente archivadas. Desde la perspectiva de la intervención pública de la salud en Rio Negro, la atención primaria de la salud en esas infancias se lleva a cabo con acciones directas como, por ejemplo, completar cartilla de vacunación o institucionalizar en guarderías que garantizan un mínimo acceso a una alimentación básica. 

En función de la capacidad de agencia de la trabajadora social y como argumentación contrahegemónica, en el IS es incisiva en resaltar el rol activo que debe tomar el Estado en materia de derechos humanos, ya que empíricamente falta trabajo en territorio que logre, desde los agentes institucionales, erradicar la violencia de género.  Es en esta instancia donde les trabajadores sociales cobran fuerza para dar voz y garantizar el ejercicio de los derechos de las feminidades, ya que muchas veces las víctimas de violencia de género se ven excluidas de poner el cuerpo en manifestaciones públicas por sufrir amenazas de sus victimarios, o debido a situaciones de salud/enfermedad propias o de las infancias involucradas. Dentro de estos IS se observa que las trabajadoras sociales que consideran la perspectiva de género dan cuenta del trabajo de cuidados con el que carga la mujer víctima de violencia, que abarca la totalidad de las tareas domésticas y el cuidado de les hijes dentro del hogar, acompañamiento en salud y educación, y atención a otres familiares como sobrines y adultes mayores. Desde estas dimensiones de lo “doméstico” las condiciones de salud física y mental de las mujeres se encuentran comprometidas y postergadas ante las necesidades de quienes están a su cargo.

En otro conjunto de IS que analizamos, nos encontramos con la intervención frente al abuso sexual infantojuvenil. Estos IS posibilitan pensar en la vulneración de derechos más allá de la particularidad del caso y de lo descriptivo. En este sentido, a partir del cambio de paradigma que establecen la CDN^[3] (1989) incorporada en la Constitución Nacional (desde 1994) y la Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes (2005) les trabajadores sociales pueden dar cuenta de un hecho de abuso sexual en la infancia/adolescencia como expresión de una problemática social más amplia y, al mismo tiempo, hacer oír la palabra de un grupo etario específico garantizándole derechos y autonomía progresiva. En este caso, podemos enmarcar la violencia sexual ejercida hacia mujeres en minoría de edad como expresión de una sociedad patriarcal, en donde ese sector de la población tiene una doble “desventaja”: ser mujer y menor de edad. A partir de los IS analizados vemos como la intervención de les trabajadores sociales se ajusta a una doble tarea: la de iniciar el proceso formal para una denuncia, y la de acompañamiento a la víctima. Encontramos aquí una primera cuestión a resaltar: la voz de la víctima, por su minoría de edad y por la complejidad de la situación, aparece muy poco referenciada. Sin embargo, se deja entrever que existió en el marco de las entrevistas la confianza generada entre la profesional y la víctima, necesarias para poder conocer el contexto en el que ocurrió el delito. Otro aporte importante es el entramado familiar y cómo se “resuelve” al confrontar el hecho, ya que una gran proporción de los abusos a menores se dan en el seno familiar. En el caso de Argentina, para los años 2018-2019 y según el programa Las victimas contra las violencias “el 46% de los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes sucedió en el hogar de la víctima, y el 5% se dieron en la vivienda de un familiar de la víctima”^[4](p.7). Esta situación, que muchas veces es la causal de la no denuncia por parte de la víctima, también implica un acompañamiento posterior por parte de les trabajadores sociales a todo el grupo familiar. 

En otros IS analizados la intervención va dirigida a identidades sexuales disidentes. Entendemos las situaciones vitales de estes sujetxs como bolsones de exclusión marcados por la heteronormatividad. En uno de los IS trabajado, le sujetx de la intervención subsiste con el trabajo sexual autónomo que conlleva, nuevamente, a situaciones de violencia y falta de acceso a la salud. La trabajadora social expone, además, que es sobreviviente de una red de trata de la que pudo salir aunque debió migrar. Sin embargo, los datos estadísticos disponibles acerca de la ocupación de la población travesti, trans, no binarie, dejan de ser sistemáticos desde el Estado. Este problema es planteado por les activistas como una falta de representación estadística, realidad expresada en los IS.

“En la actualidad casi la totalidad de los registros administrativos y encuestas oficiales registran el género en forma binaria (varón-mujer). La Argentina no es una excepción, sino uno más en la lista de países en donde el género es una mímesis del sexo en la hechura de lo público. En 2012, el Estado reconoció el derecho a la identidad de género basado en la autopercepción y posibilitó el cambio registral sin necesidad de recurrir a la justicia ni al sistema de salud. La Ley de Identidad de Género fue pionera en el mundo en despatologizar las identidades trans. Sin embargo, este reconocimiento normativo no se trasladó uniformemente a las diversas áreas del Estado argentino. A pesar de que se destacan algunos esfuerzos puntuales a nivel nacional y subnacional para conocer las condiciones de vida de la población travesti y trans, estos no revisten carácter sistemático, ni han producido cambios de fondo en los registros administrativos, ni en las encuestas que se desarrollan con regularidad dentro del Sistema Estadístico Nacional. De hecho, muchos de ellos son el resultado del trabajo organizado de activistas travestis, trans y feministas que han intentado llevar adelante encuestas y relevamientos allí donde han encontrado una ventana de oportunidad.” (Identidades informadas, 2022, Mailén García)

Los datos relevados provienen de organizaciones como AMMAR^[5] que desde el sindicato relevan los perfiles sociodemográficos para pedir al Estado medidas de equidad laboral de manera urgente.

Retomando el análisis del IS antes mencionado, la trabajadora social solicita para la intervenida la incorporación al Programa de Fortalecimiento del Acceso a Derechos de las Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, ya que significaría un avance en dirección a la garantía de derechos, permitiéndole no solo afrontar gastos diarios y necesidades básicas sino también retomar proyectos de vida que se vieron interrumpidos por los sucesos acontecidos en su vida, tales como el acceso a la vivienda propia y la finalización de sus estudios secundarios. Finalmente, esto conlleva al empoderamiento de la solicitante para poder escapar definitivamente de la vulneración que sufrió al pasar primero por una red de trata y luego, por la ausencia del Estado, vio en el trabajo sexual su única forma de vida.

Consideraciones finales

Habíamos planteado conocer de qué modo el análisis de los IS nos permitía dar cuenta de la dimensión política de lo popular y si ésta tenía algún peso en el diseño de políticas públicas. 

Para esto, y en función de la región en la que trabajamos, seleccionamos IS de abordajes realizados en las provincias de Neuquén y Río Negro. La sistematización de esta documentación arroja una fuerte delimitación territorial y la realizamos en función de los ejes que construimos a partir de recurrencias muy claras. 

A partir del primer eje, podemos dar cuenta de las diversas estrategias contrahegemónicas que crean les trabajadores sociales, al elaborar IS que escapan a la conformación del individualismo psicologicista, proponiendo siempre al sujetx contextualizado que debe ser reconocide en sus derechos. Debido a estas estrategias, es que nos encontramos con la posibilidad de reconocer la voz de le sujetx intervenide. Este segundo eje lo vemos más como consecuencia de estas estrategias que les trabajadores sociales elaboran en cada uno de los IS, que como reflejo directo de le sujetx de la intervención. 

En función de esta dinámica entre los dos primeros ejes proponemos el tercero, que nos permite sistematizar las concepciones críticas en torno a la cuestión social de les trabajadores sociales, desde las que buscan superar la estructura de los IS clásicos y estandarizados. 

Consideramos que a partir de esta investigación se revalorizan las producciones de les trabajadores sociales, que suelen sentir que son meros operadores territoriales del Estado (en todos sus niveles) y, también, suelen manifestar que no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas que se les plantean en las situaciones de intervención. 

Esta construcción etnográfica reside en le sujetx popular en tanto sujetx políticx que plantea luchas y resistencias a las diversas capas de exclusión que enfrenta. En este sentido, no referimos al sujetx etnográficx colonial. Desde nuestra propuesta etnográfica de la investigación sobre IS podemos dar cuenta de la dimensión política de lo popular, al encontrar en estos registros sumamente organizados de la conciencia de exclusión que los sectores populares tienen y reflexionan.

Por último, pensando en que esto debe ser profundizado, el análisis etnográfico de los IS da cuenta de varios aspectos que evalúan el desempeño de las políticas públicas. Mientras les trabajadores sociales se sienten como meros instrumentos del Estado están permanentemente revinculando y resubjetivando a les sujetxs de la intervención, a partir de una escucha atenta. Plantean dos dinámicas que se dan de modo simultáneo. Por un lado, deben realizar varios IS destinados a varias instituciones o programas específicos para recomponer un mínimo de calidad de vida para la situación de intervención. En esta dinámica se plantean la idea de le sujetx fragmentade que nosotres analizamos desde la interseccionalidad. Por otro lado, dan cuenta de la existencia de condiciones de exclusión entre los programas, en los que quienes acceden a uno son excluídes de todos los otros.

Desde nuestro punto de vista, esta situación tiene que ver con que las políticas sociales mantienen la lógica de la asistencia ante las situaciones emergentes, en las que se busca evitar el conflicto o anular su posibilidad. Si abordamos el estudio etnográfico de los IS podemos modificar la lógica asistencialista subyacente dando a la dimensión política popular el lugar que la identifica.

Esta dimensión no sólo emerge desde los relatos que les trabajadores sociales construyen sobre le otre, sino también en su contribución a visibilizar la desigualdad y la exclusión, riñéndose muchas veces (claro está, esto no es en la totalidad de los IS) con sus propias prácticas y supuestos teóricos. De este modo es interesante que podamos registrar que en los IS se puede observar al sujetx excluide pero politizade en la contextualización en que se lo describe, un cuestionamiento a las limitaciones que provocan los diversos programas y las lógicas de las políticas sociales, y un uso muy consistente de datos generados por organizaciones sociales, colectivos particulares, sectores organizados, que buscan incidir en la representación estadística.

Notas de la ponencia:

[1]Sistema de referencias utilizado: Normas APA 2019.

[2] Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores. DOI:https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/encaviam.pdf 

[3] Convención sobre los Derechos del Niño

[4] Análisis de los datos del programa “Las víctimas contra las violencias” del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación y UNICEF. DOI: https://www.unicef.org/argentina/media/6776/file/Datos%20%22Las%20v%C3%ADctimas%20contra%20las%20violencias%22%202018-2019.pdf

[5] Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina

Bibliografía de la ponencia

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